Judicial
Víctima logró denunciar a una ladrona de buses tras varios meses de verla atracando en la ruta 13 y reconocerla por no tener un brazo
Con las pruebas presentadas y el testimonio de la mujer, la presunta ladrona espera ser llevada a juicio por el delito de robo agravado el cual será presidido por el Tribunal Primero de Paz de San Salvador en abril.
A Claudia V., no le importó seguir incorporando delitos a su lista criminal. Su vida era la delincuencia y delinquía en las unidades del transporte público hasta que una de sus víctimas, cansada de verla todos los días en las mismas fechorías, decidió denunciarla pues logró reconocerla debido a que no tenía un brazo.
La delincuente es una mujer de 42 años de edad y dice ser una vendedora en el mercado de Soyapango, en San Salvador. Claudia era una mujer que no podría pasar desapercibida entre la gente ya que su porte robusto, su cabellera rapada, muchos tatuajes, un lunar en el ojo izquierdo y una mano amputada era su característico del resto de las personas. Era su estilo del cual se sentía orgullosa, pero que tiempo después le traería grandes consecuencias.
Según el expediente judicial, los hechos sucedieron el 10 de abril de 2018 a mediodía. Ana (nombre modificado por seguridad) regresaba a su casa después de su jornada habitual, abordó la ruta 13 y como era usual se sentó al medio del bus al lado del pasillo. Confiada en que nada sucedería, se relajó y disfruto del viaje.
Mientras esto pasaba, Claudia ya estaba dispuesta a dar uno de sus primeros atracos. Estaba en una de las paradas de la colonia Los Alpes, en San Salvador, y le hizo parada a la ruta. Se subió, pagó su pasaje y, cual águila, observó a su víctima desde el frente del autobús.
El vehículo comenzó a caminar y sin andar con rodeos se puso a un lado de Ana, quien creyó que necesitaba permiso para sentarse al lado de la ventana, pero la mirada seria de Claudia advertía otra cosa.
“Hazte para allá y cállate. No vayas a estar diciendo nada”, le dijo Claudia con un tono amenazante, según lo plasmado en el expediente judicial. Esto provocó que inmediatamente la mujer obedeciera, y sin titubear, logró acorralarla al fondo del asiento.
“Somos cuatro y ya viste que ando armada”, fue la amenaza mientras levantaba con sigilo su camisa para dejar ver su arma mohosa, seguido de esto comenzó a hacer señas de la Mara Salvatrucha (MS), expone el expediente judicial.
“Abrí la cartera”, ordenó. Ana dejó entrever todas sus cosas a la ladrona quien, con temor a ser descubierta, comenzó a sacar todas las pertenencias de valor que pudiera encontrar. Con un gran apuro le robó su billetera con $200, una celular propiedad de la empresa en la que trabajaba y todos sus documentos. La delincuente se levantó y se bajó corriendo de la unidad en una parada de la línea férrea sobre la calle Agua Caliente.
Ana no volvió a ver atrás, estaba asustada y sin saber qué hacer. De pronto, echó un vistazo por la ventana y vio como Claudia se cruzaba la calle con tranquilidad para abordar otra ruta 13 que estaba estacionada.
La captura
Según el expediente judicial sobre el caso, el largo historial de Claudia se remontaba incluso a un caso de agresiones por el cual fue procesada. Esto ocurrió contra una persona en la colonia La Campanera en 2010 y había sido catalogada como una delincuente común.
Desde entonces, continuó atracando en los buses. Ana, de hecho, a pesar del robo no dejó de usar esa misma ruta y eventualmente encontraba a su asaltante a quien prefería no mirar. Una vez marcada la rutina de la criminal, decidió interponer una denuncia para evitar que otras víctimas cayeran en sus garras.
Claudia pesar de sus precauciones jamás pensó volver a caer en las manos de la justicia. Sin embargo, durante un procedimiento en las cercanías de la colonia 5 de Noviembre luego de que Ana la denunciara.
Su captura fue efectiva cinco meses después del ataque durante un patrullaje preventivo de la Policía, ya que gracias a sus características fue fácil determinar que era ella. Ahora se encuentra resguardada en el centro penal de mujeres en Ilopango.
Con las pruebas presentadas y el testimonio de la mujer, Claudia espera ser llevada a juicio por el delito de robo agravado el cual será presidido por el Tribunal Primero de Paz de San Salvador en abril.
Nota tomada de El Salvador Times
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que nueve pandilleros de la MS-13 recibieran penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de los distritos de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
El ministerio público informó que los pandilleros Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, fueron condenados a 90 años de cárcel, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez recibieron penas de 60 años de prisión.
La FGR procesó a los pandilleros por asesinatos cometidos contra un trabajador y de un comerciante. Además, los acusó de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos.
En su cuenta en X la institución recordó que los dos hermanos se dirigían hacia su trabajo cuando los pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.
El informe oficial indica además que otros pandilleros recibieron penas carcelarias que van desde los 30 a los 20 años de prisión. Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS-13.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por otra parte, la Fiscalía informó que Alexander Joel Torres Moreno, alias el Sangriento (prófugo) y Rigoberto Vladimir Velásquez Amaya, fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio agravado de dos hermanos.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2014 en el sector conocido como La Quebrada, de la colonia Santa María, del distrito de La Unión. Según la acusación fiscal, Velásquez Amaya se comunicó con una de las víctimas y le pidió que llegara al lugar para hablar, pero era una trampa para asesinarlos.
La FGR logró además, que José Mariano Martínez Calderón sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada.
