Judicial
Víctima logró denunciar a una ladrona de buses tras varios meses de verla atracando en la ruta 13 y reconocerla por no tener un brazo
Con las pruebas presentadas y el testimonio de la mujer, la presunta ladrona espera ser llevada a juicio por el delito de robo agravado el cual será presidido por el Tribunal Primero de Paz de San Salvador en abril.
A Claudia V., no le importó seguir incorporando delitos a su lista criminal. Su vida era la delincuencia y delinquía en las unidades del transporte público hasta que una de sus víctimas, cansada de verla todos los días en las mismas fechorías, decidió denunciarla pues logró reconocerla debido a que no tenía un brazo.
La delincuente es una mujer de 42 años de edad y dice ser una vendedora en el mercado de Soyapango, en San Salvador. Claudia era una mujer que no podría pasar desapercibida entre la gente ya que su porte robusto, su cabellera rapada, muchos tatuajes, un lunar en el ojo izquierdo y una mano amputada era su característico del resto de las personas. Era su estilo del cual se sentía orgullosa, pero que tiempo después le traería grandes consecuencias.
Según el expediente judicial, los hechos sucedieron el 10 de abril de 2018 a mediodía. Ana (nombre modificado por seguridad) regresaba a su casa después de su jornada habitual, abordó la ruta 13 y como era usual se sentó al medio del bus al lado del pasillo. Confiada en que nada sucedería, se relajó y disfruto del viaje.
Mientras esto pasaba, Claudia ya estaba dispuesta a dar uno de sus primeros atracos. Estaba en una de las paradas de la colonia Los Alpes, en San Salvador, y le hizo parada a la ruta. Se subió, pagó su pasaje y, cual águila, observó a su víctima desde el frente del autobús.
El vehículo comenzó a caminar y sin andar con rodeos se puso a un lado de Ana, quien creyó que necesitaba permiso para sentarse al lado de la ventana, pero la mirada seria de Claudia advertía otra cosa.
“Hazte para allá y cállate. No vayas a estar diciendo nada”, le dijo Claudia con un tono amenazante, según lo plasmado en el expediente judicial. Esto provocó que inmediatamente la mujer obedeciera, y sin titubear, logró acorralarla al fondo del asiento.
“Somos cuatro y ya viste que ando armada”, fue la amenaza mientras levantaba con sigilo su camisa para dejar ver su arma mohosa, seguido de esto comenzó a hacer señas de la Mara Salvatrucha (MS), expone el expediente judicial.
“Abrí la cartera”, ordenó. Ana dejó entrever todas sus cosas a la ladrona quien, con temor a ser descubierta, comenzó a sacar todas las pertenencias de valor que pudiera encontrar. Con un gran apuro le robó su billetera con $200, una celular propiedad de la empresa en la que trabajaba y todos sus documentos. La delincuente se levantó y se bajó corriendo de la unidad en una parada de la línea férrea sobre la calle Agua Caliente.
Ana no volvió a ver atrás, estaba asustada y sin saber qué hacer. De pronto, echó un vistazo por la ventana y vio como Claudia se cruzaba la calle con tranquilidad para abordar otra ruta 13 que estaba estacionada.
La captura
Según el expediente judicial sobre el caso, el largo historial de Claudia se remontaba incluso a un caso de agresiones por el cual fue procesada. Esto ocurrió contra una persona en la colonia La Campanera en 2010 y había sido catalogada como una delincuente común.
Desde entonces, continuó atracando en los buses. Ana, de hecho, a pesar del robo no dejó de usar esa misma ruta y eventualmente encontraba a su asaltante a quien prefería no mirar. Una vez marcada la rutina de la criminal, decidió interponer una denuncia para evitar que otras víctimas cayeran en sus garras.
Claudia pesar de sus precauciones jamás pensó volver a caer en las manos de la justicia. Sin embargo, durante un procedimiento en las cercanías de la colonia 5 de Noviembre luego de que Ana la denunciara.
Su captura fue efectiva cinco meses después del ataque durante un patrullaje preventivo de la Policía, ya que gracias a sus características fue fácil determinar que era ella. Ahora se encuentra resguardada en el centro penal de mujeres en Ilopango.
Con las pruebas presentadas y el testimonio de la mujer, Claudia espera ser llevada a juicio por el delito de robo agravado el cual será presidido por el Tribunal Primero de Paz de San Salvador en abril.
Nota tomada de El Salvador Times
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
