Judicial
Víctima logró denunciar a una ladrona de buses tras varios meses de verla atracando en la ruta 13 y reconocerla por no tener un brazo
Con las pruebas presentadas y el testimonio de la mujer, la presunta ladrona espera ser llevada a juicio por el delito de robo agravado el cual será presidido por el Tribunal Primero de Paz de San Salvador en abril.
A Claudia V., no le importó seguir incorporando delitos a su lista criminal. Su vida era la delincuencia y delinquía en las unidades del transporte público hasta que una de sus víctimas, cansada de verla todos los días en las mismas fechorías, decidió denunciarla pues logró reconocerla debido a que no tenía un brazo.
La delincuente es una mujer de 42 años de edad y dice ser una vendedora en el mercado de Soyapango, en San Salvador. Claudia era una mujer que no podría pasar desapercibida entre la gente ya que su porte robusto, su cabellera rapada, muchos tatuajes, un lunar en el ojo izquierdo y una mano amputada era su característico del resto de las personas. Era su estilo del cual se sentía orgullosa, pero que tiempo después le traería grandes consecuencias.
Según el expediente judicial, los hechos sucedieron el 10 de abril de 2018 a mediodía. Ana (nombre modificado por seguridad) regresaba a su casa después de su jornada habitual, abordó la ruta 13 y como era usual se sentó al medio del bus al lado del pasillo. Confiada en que nada sucedería, se relajó y disfruto del viaje.
Mientras esto pasaba, Claudia ya estaba dispuesta a dar uno de sus primeros atracos. Estaba en una de las paradas de la colonia Los Alpes, en San Salvador, y le hizo parada a la ruta. Se subió, pagó su pasaje y, cual águila, observó a su víctima desde el frente del autobús.
El vehículo comenzó a caminar y sin andar con rodeos se puso a un lado de Ana, quien creyó que necesitaba permiso para sentarse al lado de la ventana, pero la mirada seria de Claudia advertía otra cosa.
“Hazte para allá y cállate. No vayas a estar diciendo nada”, le dijo Claudia con un tono amenazante, según lo plasmado en el expediente judicial. Esto provocó que inmediatamente la mujer obedeciera, y sin titubear, logró acorralarla al fondo del asiento.
“Somos cuatro y ya viste que ando armada”, fue la amenaza mientras levantaba con sigilo su camisa para dejar ver su arma mohosa, seguido de esto comenzó a hacer señas de la Mara Salvatrucha (MS), expone el expediente judicial.
“Abrí la cartera”, ordenó. Ana dejó entrever todas sus cosas a la ladrona quien, con temor a ser descubierta, comenzó a sacar todas las pertenencias de valor que pudiera encontrar. Con un gran apuro le robó su billetera con $200, una celular propiedad de la empresa en la que trabajaba y todos sus documentos. La delincuente se levantó y se bajó corriendo de la unidad en una parada de la línea férrea sobre la calle Agua Caliente.
Ana no volvió a ver atrás, estaba asustada y sin saber qué hacer. De pronto, echó un vistazo por la ventana y vio como Claudia se cruzaba la calle con tranquilidad para abordar otra ruta 13 que estaba estacionada.
La captura
Según el expediente judicial sobre el caso, el largo historial de Claudia se remontaba incluso a un caso de agresiones por el cual fue procesada. Esto ocurrió contra una persona en la colonia La Campanera en 2010 y había sido catalogada como una delincuente común.
Desde entonces, continuó atracando en los buses. Ana, de hecho, a pesar del robo no dejó de usar esa misma ruta y eventualmente encontraba a su asaltante a quien prefería no mirar. Una vez marcada la rutina de la criminal, decidió interponer una denuncia para evitar que otras víctimas cayeran en sus garras.
Claudia pesar de sus precauciones jamás pensó volver a caer en las manos de la justicia. Sin embargo, durante un procedimiento en las cercanías de la colonia 5 de Noviembre luego de que Ana la denunciara.
Su captura fue efectiva cinco meses después del ataque durante un patrullaje preventivo de la Policía, ya que gracias a sus características fue fácil determinar que era ella. Ahora se encuentra resguardada en el centro penal de mujeres en Ilopango.
Con las pruebas presentadas y el testimonio de la mujer, Claudia espera ser llevada a juicio por el delito de robo agravado el cual será presidido por el Tribunal Primero de Paz de San Salvador en abril.
Nota tomada de El Salvador Times
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
