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¿Por qué la FGR se resiste que Jueces y Magistrados imparciales conozcan el caso Corruptela?
Después de dos años de estar diligenciando el caso conocido como «Corruptela» el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, se declaró incompetente para procesar en audiencia preliminar al expresidente Mauricio Funes, al exfiscal Luis Martínez, a los empresarios Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais y Aldo Vinicio Parducci, y 25 imputados más.
En el expediente el Ministerio Público señala que los acusados formaban parte de una red de corrupción que operaba en las entrañas de la Fiscalía General de la República (FGR), y que la entregas de dádivas económicas a cambio de favores a personales; así como la exclusión de funcionarios y empresarios de investigaciones de casos, era la conducta criminal de los imputados
El Juzgado Cuarto de Instrucción al decidir que ya no seguirá procesando a la presunta red de corrupción enviará el expediente al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, La Libertad, para que realice la audiencia preliminar que estaba programada para este 7 de enero.
Fuentes cercanas al caso han cuestionado en reiteradas ocasiones del por qué la fiscalía ha caído en el delito de omisión y a quiénes protegen el tan sonado caso “Corruptela”: ¿Qué tanto miedo tiene la FGR que se les salga de su control de la Cámara primera?, ¿Por qué la Fiscalía no quiere que un tribunal imparcial sin prejuicios conozca el caso Fabricado Corruptela? y ¿Qué arreglos tenía el exfiscal general Douglas Meléndez con la Cámara primera y el Juez cuarto de instrucción que no quiere que conozca jueces y cámaras imparciales?, sostiene las fuentes.
Cabe mencionar que el fiscal general, Raúl Melara, sorprendió el pasado 20 de diciembre, con solicitud de sobreseimiento express, para continuar favoreciendo y protegiendo sin justificación, a fiscales señalados en casos que han sido manipulados y que han sido denunciado mediáticamente.
Por lo tanto, las fuentes cuestionan: ¿Qué espera Melara para separar los fiscales señalados de cometer acciones que rayan con ilícito que han sido denunciados ante los Derechos Humanos como la FGR?
Para fortalecer el proceso judicial a fin de presentarlo a los tribunales, el entonces fiscal general, Douglas Meléndez, junto a un grupo de auxiliares trató de coaccionar bajo amenazas a varios empleados de la institución, para que se declararan testigos criteriados a fin de mentir durante el proceso judicial.
“Si no accedían iban a ser procesados como cómplices y les decían que les iban a fabricar pruebas. Los sometieron a largos interrogatorios sin la presencia de abogados y varios los tuvieron encerrados en bodegas”, narró en su momento una abogada defensora de uno de los empleados del ministerio público que fue amenazado.
Tras la salida de Douglas Meléndez de la FGR, los empleados amenazados denunciaron ante la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos los atropellos de los que eran víctimas y al final renunciaron a ser criteriados. “No podía mentir sobre situaciones que a mí no me costaron”, comentó uno de los afectados.
La abogada de Arriaza y él mismo presentaron un escrito a la juez Cuarto de Instrucción de la capital, Lila Álvarez Blanco, para solicitar que enviara el proceso judicial a una instancia competente, ya que si el proceso continuaba en San Salvador este podría terminar siendo nulo, debido que el territorio donde se supone ocurrieron los presuntos hechos no están en la jurisdicción de competencia de la instancia judicial.
Proceso lleva más de dos años
El caso Corruptela fue revelado en la administración del fiscal Douglas Meléndez quien ordenó captura para su antecesor, Luis Martínez.
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La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto inició este viernes el estudio de la propuesta de presupuesto estatal para 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó el proyecto y señaló que habrá una necesidad de financiamiento de $515 millones, que podría cubrirse con emisión de títulos valores o con préstamos complementarios. Atribuyó esa brecha a la expansión del gasto en educación y a las inversiones vinculadas a ese sector.
La apuesta central del documento es educación. El monto propuesto es de $3,416 millones, equivalentes al 8.1 % del PIB estimado para 2027 y al 27.5 % del presupuesto total. De esa cifra, $2,700 millones corresponden a la asignación directa del Ministerio de Educación. El resto se reparte en proyectos educativos de otras instituciones. Entre las partidas específicas figuran $118.5 millones para la Universidad de El Salvador, $100 millones para el proyecto Dos escuelas por día y $112 millones para el plan de mejoramiento de centros escolares que ejecuta la Dirección de Obras Municipales. Posada dijo que el cálculo usa el PIB estimado de 2027 y que, de tomarse el de 2026, la inversión educativa representaría el 8.9 %. “Nunca se había visto en el país un presupuesto tan alto para el Ministerio de Educación”, afirmó.
En otros sectores, la propuesta incluye $59 millones para el bono agrícola, $60 millones para los agromercados y $150 millones para el funcionamiento de DoctorSV. Las remuneraciones aumentan 1.9 % y la adquisición de bienes y servicios crece 28.3 %. Durante la sesión, la diputada Claudia Ortiz cuestionó recortes de $80 millones en la red de hospitales públicos y de $55 millones en el primer nivel de atención en salud. Posada respondió que los recursos para hospitales están contemplados, que las compras de medicamentos se centralizan para ganar eficiencia y que el presupuesto es una planificación preliminar. “No hay ninguna falla”, dijo. Explicó que las variaciones durante el año se deben a excedentes de ingresos, nuevos préstamos y mandatos legales.
En la comparecencia también estuvieron el viceministro de Hacienda, Luis Sánchez; el director general del Presupuesto, Carlos Salazar, y el director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera. La comisión acordó un calendario de ocho jornadas para escuchar a titulares de ministerios e instituciones. Las próximas sesiones incluirán a Justicia y Seguridad Pública, Defensa y la Fiscalía General de la República; luego a Obras Públicas, la DOM y Desarrollo Local, y después a Agricultura, Medio Ambiente y Turismo.
Educación está prevista para la sexta jornada. Economía y Salud comparecerán en la séptima, junto con otras instituciones. Posada insistió en que el documento es una planificación de partida y que puede incorporar proyectos o recursos adicionales cuando se aprueben durante el ejercicio fiscal.
#Política | La Comisión de Hacienda inició este viernes el estudio del Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó los detalles de las asignaciones y la necesidad de emitir deuda para cubrir la brecha presupuestaria.
— La Noticia SV (@lanoticiasv) October 9, 2026
La Fiscalía General de la República (FGR) verificó la destrucción de 35,009.61 gramos de droga, valorada en $52,230.86, vinculada a 48 casos de incautaciones realizadas a escala nacional.
El procedimiento se llevó a cabo en el predio Changallo, ubicado en el distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este, con el acompañamiento de agentes de la División Antinarcóticos y personal del Laboratorio de Sustancias Controladas del Centro de Investigación Forense de la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía detalló que, del total de droga destruida, 34,525.81 gramos correspondían a marihuana, 410.55 gramos a cocaína y 73.311 gramos a metanfetamina.
«La destrucción de los estupefacientes se desarrolló por mandato judicial, como parte del proceso penal contra las personas capturadas durante las incautaciones», indicó el fiscal que verificó el procedimiento.
Según la institución, la droga fue decomisada durante operativos realizados por las autoridades en los últimos años en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y San Salvador.
Por otra parte, durante los siete años de gestión del presidente Nayib Bukele, la Marina Nacional y la Policía han incautado un total de 90.1 toneladas de diferentes tipos de drogas, valoradas en $2,141 millones.
El último cargamento mencionado en el informe fue incautado el pasado 17 de julio por la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Marina Nacional, a 947 millas náuticas (1,764 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.
Durante ese procedimiento, las autoridades decomisaron 1.36 toneladas de cocaína y capturaron a los ciudadanos ecuatorianos Jhony Eugenio Garay Velis, de 42 años, y Pedro Leonardo Delgado Pilligua, de 31.
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