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Por desobedecer cuarentena domiciliar más de 3,000 salvadoreños han sido llevados a centros de contención
Desde mediados de marzo hasta, ayer, domingo 24 de mayo, elementos policiales y de la FAES, han retenido a más de 3 mil salvadoreños por desobedecer la cuarentena domiciliar, y los ha llevado a distintos centros de contención en todo el país, informó el gobierno esta tarde.
La cuarentena domiciliar obligatoria que se mantiene tras la entrada en vigencia del decreto ejecutivo número 26, del pasado 20 de mayo, busca evitar el contagio masivo de covid-19 en la población, señalan las autoridades.
En los primeros cuatro días de haber entrado en vigencia el decreto 26, la Policía y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) han implementado 102 controles vehiculares en diferentes puntos del país, entre los que destacan San Salvador, Santa Ana y Sonsonate.
Durante los controles, los policías y soldados verifican que las personas que salen de sus casas sean parte de los grupos autorizados por la normativa.
En esos puntos de control, las autoridades han ubicado 21 personas, 19 hombres y 2 mujeres, cuando se encontraban incumpliendo la cuarentena domiciliar. Ocho de ellos fueron localizados en el departamento de Usulután; siete en San Salvador; cuatro en Morazán y dos en Chalatenango. A todos los llevaron a consulta médica para descartar la posibilidad de tener COVID-19, y luego trasladados a un centro de cuarentena.
El trabajo que llevan a cabo los policías y militares en la verificación de la cuarentena domiciliar es paralelo a la ejecución del Plan Control Territorial, el cual continúa dando grandes resultados para el bienestar de la población, como la reducción sostenida de los homicidios, señaló el gobierno a través de un comunicado de prensa.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, junto a la ministra de Vivienda Michelle Sol, verificaron los allanamientos que la Fiscalía General de la República (FGR) efectuaron este martes en las instalaciones de la Corporación Argoz S.A. de C.V. cuyos representantes fueron capturados.
Según la Fiscalía, esta corporación fue denunciada y ahora es investigada por vender inmuebles en la zona rural del país sin tener los permisos correspondientes o documentos que los acrediten como propietarios, lotificadores o para parcelar los terrenos.
Por estos señalamientos, la Fiscalía confirmó la captura de Rodrigo Javier Gómez Farfán y Leticia Farfán de Gómez; además, dio a conocer que hasta el momento son 116 lotificaciones las denunciadas por las irregularidades cometidas por Argoz S.A. de C.V. y otras sociedades vinculadas a esta corporación, entre las cuáles están: Fomento Rural Inmobiliario S.A. de C.V.; Protege S.A. de C.V.; Gómez Farfán S.A. de C.V.; Nido de Aguila SA. De C.V.; Katamarán S.A. de C.V.; Sociedad Fimento Inmobiliario S.A. de C.V.
La institución detalló que Argoz vendía los inmuebles a precios accesibles por montos de entre $1,000 y $5,000, para los cuales brindaba facilidades de pago a las víctimas.
«Realizaban contratos de promesa de venta a nombre de otras sociedades a quienes las víctimas cancelaban cuotas muy bajas», comunicó la FGR.
Fuentes fiscales agregaron que «Una vez terminados los pagos, los compradores intentaban registrar los terrenos en el Centro Nacional de Registros, pero no podían ya que los terrenos no estaban registrados como propiedad de la corporación Argoz».
DIPUTADOS PIDEN INVESTIGAR POR ESTAFA A ARGOZ
No es la primera ve que esta empresa lotiticadora aparece salpicada por estafas. En noviembre de 2021, diputados del partido Nuevas Ideas acudieron a la Fiscalía a interponer una denuncia para que investigara a Argoz por señalamientos de que no otorgaba escrituras por terrenos vendidos.
En esa ocasión fue denunciada por el delito de estafa agravada en perjuicio de por lo menos 360 familias que compraron propiedades en el departamento de La Paz.
Los legisladores afirmaron que las víctimas se quejaron de que Argoz no les había entregado documentos que los acreditara como dueños legítimos de los terrenos, a pesar de que contaban con los recibos de pago, la certificación de cancelación de crédito y el contrato de arrendamiento con promesa de venta.
La información obtenida por los diputados en el CNR reveló que el patrimonio de esa cuestionada empresa en ese momento era de $4.8 millones.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla admitió la demanda civil presentada en contra del exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas y su grupo familiar, señalados por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República de haberse enriquecido de forma ilícita.
La demanda civil es por incremento patrimonial no justificado que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le detectó en el ejercicio de su cargo entre el 1 de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2014, durante el mandato presidencial de Mauricio Funes, que fue el primer gobierno del FMLN.
En la investigación que hizo Probidad, el ex funcionario no pudo justificar 12 irregularidades por un monto de $308,252.08. A Rivas le cuestionan cinco irregularidades en concepto de depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito por $265,055.49, mientras que su grupo familiar tuvo un incremento patrimonial no justificado de $43,196.59.
Al iniciar el juicio civil el ministerio público pidió que se les aplique los artículos 20 y 21 de la Ley de Enriquecimiento ilícito que establece un régimen sancionatorio de condena a devolver el monto con el cual se enriquecieron ilícitamente y la inhabilitación para ejercer un cargo público por período de 10 años.
Luego de admitir la demanda, la Cámara debe notificar a Rivas y su familia para que presenten sus argumentos y después señalar la audiencia preparatoria que es la primera diligencia del juicio civil.
Al menos dos personas resultaron lesionadas tras sufrir un fuerte accidente de tránsito, esta mañana de martes, en San Miguel.
De acuerdo con la información, dos vehículos impactaron de frente en la zona del Carao, cantón El Delirio, en citado departamento.
En redes sociales circulan fotografías del aparatoso choque frontal que pudo ser causado por la invasión al carril contrario.
Hasta el momento se desconoce el estado de salud y nombres de las víctimas.
