Nacionales
Piden castigar con dos a cuatro años de cárcel a quienes maltraten animales
Los ministros de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Agricultura y Ganadería, David Martínez, presentaron una pieza de correspondencia que contiene reformas a los artículos 261 y 263 del Código Penal, para llevar a prisión a las personas que cometan el delito de maltrato animal.
“Tenemos conciencia plena de nuestra parte social que también conecta con evitar el maltrato animal. Este Gobierno está con ustedes y sepan que desde las instituciones de justicia estamos firmes en combatir estos ilícitos, atrás han quedado los maltratos denunciados en redes sociales que se quedaban en la impunidad”, afirmó el ministro Villatoro.
La pena impuesta sobre aquel que se declare culpable de agresión contra un animal aumentará hasta en una tercera parte cuando se hayan utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida animal.
También, en los casos que se haga con saña, es decir, con violencia y crueldad; cuando se cause al animal la pérdida o inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal; y cuando estos hechos se hubieren ejecutado en presencia de un menor de edad.
El ministro Villatoro aseguró que la premisa bajo la cual actuarán las autoridades es que “si (una persona) tiene la capacidad de maltratar a un animal, también lo hará con un ser humano”.
“Queremos construir la sociedad que nos merecemos, esto pasa por el respeto a la vida de los seres humanos y animales”, añadió.
El funcionario también advirtió que serán sancionados quienes organizan peleas de perros. “No son personas buenas los que están atrás de estas peleas irregulares”, dijo.
Las reformas propuestas establecen que en caso de que el maltrato infringido haya causado la muerte del animal se impondrá, adicionalmente, la prohibición de tenencia por el mismo plazo de la condena, y la inhabilitación especial en el caso de personas que ejerzan profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.
Para que la población denuncie hechos de maltrato animal, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) creará una plataforma para que los salvadoreños hagan llegar a las autoridades la información pertinente.
La presentación de la pieza fue acompañada por la diputada de Nuevas Ideas, Ivonne Hernández. “Nuestro país avanza hacia un Estado y marco jurídico integral. Este tema va a contribuir al país porque vamos a cerrar un tipo de violencia social”, expresó la parlamentaria.
Reformas al Código Penal fortalecerán nueva Ley de Bienestar Animal
El pasado 18 de enero, los diputados de la Comisión Agropecuaria emitieron dictamen favorable a la Ley de Bienestar Animal, la cual marca un precedente al reconocer, por primera vez, a los animales como seres sintientes.
La nueva ley se verá fortalecida al contar con las herramientas legales para castigar con prisión de dos a cuatro años a quienes maltraten animales, gracias a las reformas propuestas al Código Penal.
La normativa busca educar a la población desde sus primeros años de vida, a través de la promoción del cuido y bienestar de los animales por parte del Ministerio de Educación, Ciencia y tecnología (MINEDUCYT), al incluir en su currículo de enseñanza las buenas prácticas en el trato hacia los animales.
Además, determina obligaciones para los responsables de animales, entre ellas destaca la identificación de la mascota mediante placa y microchip, así como inmunizarlos contra enfermedades de riesgo zoonótico y protegerlos de las enfermedades propias de su especie, para ello, se deberá llevar el control de vacunación y procurar el control de la reproducción de sus animales.
También se deberá mantener al animal con un número apropiado de mascotas para evitar el hacinamiento, proporcionándole alojamiento, alimento, agua y abrigo según su especie.
Asimismo, la normativa contempla las acciones que se deberán tomar en caso de agresividad de un animal. En primera instancia, los responsables deberán garantizarle un proceso de rehabilitación y readaptación para corregir la conducta.
La anterior normativa, creada en 2016, nunca garantizó los derechos de los animales; tampoco establecía sanciones para los autores de delitos en contra de estos seres vivos, ya que, ni siquiera tipificaba a los animales como seres sintientes.
“Había una ley, pero no las herramientas y facultades para las instituciones que velan por implementar la justicia en el país”, detalló el ministro de Justicia y seguridad, Gustavo Villatoro.
Instituto de Bienestar Animal asegurará cumplimiento de nueva ley
El Instituto de Bienestar Animal (IBA), creado a partir de la nueva normativa, se encargará de garantizar que se cumpla lo dispuesto en favor de los animales.
El IBA se encargará también de administrar el primer hospital veterinario público “Chivo Pets”, creado gracias al excedente de $4 millones generado por la inversión en Bitcoin efectuada por el Gobierno, gracias al apoyo de la nueva Asamblea Legislativa.
Además, se convertirá en una institución autónoma del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Esta nueva institución trabajará de manera articulada con las alcaldías, otras carteras de Estado, la Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Nacional Civil (PNC).
EN la nueva ley se ha regulado que quienes se dediquen a la cría, venta, hospedaje, guardería y centros de adiestramiento de animales de compañía, estén obligados a contar con los permisos de funcionamiento emitidos por el IBA.
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Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
