Judicial
FGR pide suspender proceso contra Muyshondt, Lüers y Arístides Valencia en caso Tregua
El Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador, a petición fiscal, prorrogó para el 19 de junio de 2021 el plazo de instrucción del caso donde procesan al alcalde capitalino Ernesto Luis Muyshondt García Prieto, el exministro de Justicia y Seguridad, Benito Antonio Lara Fernández, el exministro de Gobernación, Ramón Arístides Valencia Arana, Wilson Alexander Alvarado Alemán y el periodista Arn Richard Lüers, conocido como Paolo Lüers y Mario Alberto Mijangos, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude procesal.
La solicitud de ampliar a seis meses más se debe a un escrito presentado por la representación fiscal para realizar más diligencias de investigación autorizadas por la jueza y por considerarla compleja y con múltiples eventos.
Entre las diligencias a desarrollar están reconocimientos en rueda de personas, inspecciones oculares, entrevistas a testigos ofrecidas por los imputados, vaciado de información de dispositivos electrónicos y solicitud de bitácoras de teléfonos, así como analizar videos. El plazo de instrucción original vence este 14 de diciembre.
La investigación del presente caso se originó debido a declaraciones de dos testigos criteriados de oportunidad denominados “Noé” y “Salomón”, quienes eran miembros activos de grupos terroristas en la época en que presuntamente ocurrieron los hechos. Estos señalaron que se mantenían negociaciones con beneficios bilaterales entre maras y dichos actores políticos que benefició a terroristas al interior de los centros penales y a los que estaban en libertad, presuntamente.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los delitos se cometieron durante el período de octubre de 2013 a febrero de 2015. Presuntamente los políticos, tanto del FMLN y ARENA, se habían reunido con miembros de tres estructuras terroristas en el marco de las elecciones presidenciales del 2014.
Presuntamente el FMLN, según los testigos, pagó a estos grupos un total de 433 mil dólares. Mientras que ARENA pagó 138 mil dólares, presuntamente con la intención de salir favorecidos en las elecciones de alcaldes y diputados en el año 2015.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
