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INVESTIGACIÓN PARTE II / Caso Corruptela utiliza testigos que, bajo amenaza, aceptan ser criteriados para contruir el proceso en beneficio de Douglas Meléndez
El pasado 6 de marzo de este año, publicamos una Investigación especial denominada: Exfiscal Douglas Meléndez fabricó caso “Corruptela” obligando a seis testigos criteriados para que dieran testimonios falsos, la cuál hacía alusión a una denuncia de 17 páginas que puede traspapelarse fácilmente o pasar inadvertida para muchos, sin embargo, devela una posible trama de corrupción al interior de una de las principales instituciones públicas que combaten el delito, en la que un grupo de fiscales y personal administrativo fueron obligados a mentir, inventar testimonios y delitos para hundir a personas que posiblemente no eran del agrado del exfiscal Meléndez y así él (exfiscal) usar estos casos para hacer campaña mediática para su reelección al cargo.
La denuncia contra el El exfiscal Douglas Meléndez, el exdirector Anticorrupción, Jorge Orlando Cortez Díaz y los fiscales auxiliares que llevan el caso Corruptela Nefatlí Roberto Ábrego Rosales, Mario Antonio Huezo Cortez, Harold Iván Córdoba Solís, David Alfonso Ramírez Guevara, Héctor Nahúm Martínez García, Sergio Manrique Paredes Blanco, Noris Iván Quintanilla Navidad, Santos Inocente Seguro Mendoza y Carolina Beatriz Torres Hernández , en poder de Diario Digital Cronio, revela las arbitrariedades que fueron amenazados para oligarlos más tarde a aceptar ser testigos criteriados en el caso Corruptela.
El pasado 29 de enero, seis testigos criteriados en el caso «Corruptela» se llenaron de valor al acudir a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para exponer las amenazas, vejámenes y violación a sus derechos fundamentales a los que fueron sometidos por el exfiscal y los fiscales auxiliares que han sido denunciados.
Los testigos denunciaron la forma arbitraria con la que fueron obligados a declarar sin respetar sus integridades. Asimismo, denuncian la inadecuada forma en que eran citados y amenazados para admitir hechos falsos y rendir testimonios falsos.
En la denuncia-documento al que Diario Digital Cronio tiene acceso se manifiesta cómo sucedieron los hechos, en los que fueron obligados a dar testimonios falsos y luego a admitir echos para aceptar el benefio de testigos criteriados, a cambio de no encarcelarlos o detenerlos, o cómo los mismos testigos dicen, a “no amarrarlos” y exponerlos a los medios para destruir sus imágenes y concecuentemente, perder sus empleos.
Lea la primera entrega sobre este caso
Publicada el 6 de marzo de 2019
Además, los denunciantes indicaron en la denuncia que las declaraciones de ellos, eran ajustadas a los intereses de los fiscales. Los fiscales alegaban que los testigos “no estaban confesando, sino defendiéndose”.
Sostienen que se les violentó su derecho de defensa, al negarles la participación de abogados particulares, ya que les dijeron que la Fiscalía General de la República (FGR) les pondría uno.
Por eso, aseguran que se les ha violentado sus derechos fundamentales contemplados en el artículo 11 y 12 de la Constitución de la República, Artículos 13 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Artículos 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros.
Los denunciantes piden Procuraduría de Derechos Humanos, que se le dé trámite a la denuncia y deduzca responsabilidades y que se asigne un procurador para que se garantice el debido proceso.
A continuación dejamos íntegra la denuncia presentada ante la PDDH para que puedan leerla de primera mano y valoren la seriedad de nuestra investigación. Les recordamos que el caso tiene reserva, por esa situación, hemos omitido (tapado con negro) los nombres de los denunciantes para proteger su identidad.
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo la vista pública en contra de José René Ventura Alvarado, acusado del delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el imputado se reunió con la víctima, presentándose como propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.
José Ventura propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un tiempo estipulado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió lo acordado y entregó cuatro pedidos en diversas sucursales de los talleres, cuyo valor total ascendió a $375,360.04.
Transcurrido el tiempo pactado, el imputado no realizó el pago. Tras varios intentos fallidos por recuperar el dinero y ante múltiples excusas por parte del procesado, la víctima interpuso la denuncia correspondiente.
Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el imputado solicitó la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario confiable y afirmando poseer dos sociedades; sin embargo, dichas sociedades ni siquiera estaban constituidas legalmente.
Asimismo, se estableció que no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería. Por estos hechos, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión, que podrían aumentar si Ventura Alvarado no cumple con el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil.
El Ministerio de Obras Públicas informó sobre la transformación de 8 kilómetros de la calle que conecta desde El Ceibillo hacia San José El Naranjo, en el departamento de Ahuachapán. La obra busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito más seguro para las comunidades de la zona.
Con la pavimentación de esta vía, niños, jóvenes y adultos podrán movilizarse en condiciones óptimas, facilitando el acceso a centros educativos, comercios y servicios básicos. La intervención forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer el desarrollo local.
Más de 28,000 habitantes son beneficiados directamente con la mejora de la calle que conduce a San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán Sur, impactando positivamente en la calidad de vida y dinamizando la economía del sector.
