El pasado 6 de marzo de este año, publicamos una Investigación especial denominada: Exfiscal Douglas Meléndez fabricó caso “Corruptela” obligando a seis testigos criteriados para que dieran testimonios falsos, la cuál hacía alusión a una denuncia de 17 páginas que puede traspapelarse fácilmente o pasar inadvertida para muchos, sin embargo, devela una posible trama de corrupción al interior de una de las principales instituciones públicas que combaten el delito, en la que un grupo de fiscales y personal administrativo fueron obligados a mentir, inventar testimonios y delitos para hundir a personas que posiblemente no eran del agrado del exfiscal Meléndez y así él (exfiscal) usar estos casos para hacer campaña mediática para su reelección al cargo. 

La denuncia contra el El exfiscal Douglas Meléndez, el exdirector Anticorrupción, Jorge Orlando Cortez Díaz y los fiscales auxiliares que llevan el caso Corruptela Nefatlí Roberto Ábrego Rosales, Mario Antonio Huezo Cortez, Harold Iván Córdoba Solís, David Alfonso Ramírez Guevara, Héctor Nahúm Martínez García, Sergio Manrique Paredes Blanco, Noris Iván Quintanilla Navidad, Santos Inocente Seguro Mendoza y Carolina Beatriz Torres Hernández , en poder de Diario Digital Cronio, revela las arbitrariedades que fueron amenazados para oligarlos más tarde a aceptar ser testigos criteriados en el caso Corruptela.

El pasado 29 de enero, seis testigos criteriados en el caso «Corruptela» se llenaron de valor al acudir a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para exponer las amenazas, vejámenes y violación a sus derechos fundamentales a los que fueron sometidos por el exfiscal y los fiscales auxiliares que han sido denunciados.

Los testigos denunciaron la forma arbitraria con la que fueron obligados a declarar sin respetar sus integridades. Asimismo, denuncian la inadecuada forma en que eran citados y amenazados para admitir hechos falsos y rendir testimonios falsos.

En la denuncia-documento al que Diario Digital Cronio tiene acceso se manifiesta cómo sucedieron los hechos, en los que fueron obligados a dar testimonios falsos y luego a admitir echos para aceptar el benefio de testigos criteriados, a cambio de no encarcelarlos o detenerlos, o cómo los mismos testigos dicen, a “no amarrarlos” y exponerlos a los medios para destruir sus imágenes y concecuentemente, perder sus empleos.

Además, los denunciantes indicaron en la denuncia que las declaraciones de ellos, eran ajustadas a los intereses de los fiscales. Los fiscales alegaban que los testigos “no estaban confesando, sino defendiéndose”.

Sostienen que se les violentó su derecho de defensa, al negarles la participación de abogados particulares, ya que les dijeron que la Fiscalía General de la República (FGR) les pondría uno. 

Por eso,  aseguran que se les ha violentado sus derechos fundamentales contemplados en el artículo 11 y 12 de la Constitución de la República, Artículos 13 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Artículos 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros. 

Los denunciantes piden Procuraduría de Derechos Humanos, que se le dé trámite a la denuncia y deduzca responsabilidades y que se asigne un procurador para que se garantice el debido proceso.

A continuación dejamos íntegra la denuncia presentada ante la PDDH para que puedan leerla de primera mano y valoren la seriedad de nuestra investigación. Les recordamos que el caso tiene reserva, por esa situación, hemos omitido (tapado con negro) los nombres de los denunciantes para proteger su identidad.