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INVESTIGACIÓN PARTE II / Caso Corruptela utiliza testigos que, bajo amenaza, aceptan ser criteriados para contruir el proceso en beneficio de Douglas Meléndez
El pasado 6 de marzo de este año, publicamos una Investigación especial denominada: Exfiscal Douglas Meléndez fabricó caso “Corruptela” obligando a seis testigos criteriados para que dieran testimonios falsos, la cuál hacía alusión a una denuncia de 17 páginas que puede traspapelarse fácilmente o pasar inadvertida para muchos, sin embargo, devela una posible trama de corrupción al interior de una de las principales instituciones públicas que combaten el delito, en la que un grupo de fiscales y personal administrativo fueron obligados a mentir, inventar testimonios y delitos para hundir a personas que posiblemente no eran del agrado del exfiscal Meléndez y así él (exfiscal) usar estos casos para hacer campaña mediática para su reelección al cargo.
La denuncia contra el El exfiscal Douglas Meléndez, el exdirector Anticorrupción, Jorge Orlando Cortez Díaz y los fiscales auxiliares que llevan el caso Corruptela Nefatlí Roberto Ábrego Rosales, Mario Antonio Huezo Cortez, Harold Iván Córdoba Solís, David Alfonso Ramírez Guevara, Héctor Nahúm Martínez García, Sergio Manrique Paredes Blanco, Noris Iván Quintanilla Navidad, Santos Inocente Seguro Mendoza y Carolina Beatriz Torres Hernández , en poder de Diario Digital Cronio, revela las arbitrariedades que fueron amenazados para oligarlos más tarde a aceptar ser testigos criteriados en el caso Corruptela.
El pasado 29 de enero, seis testigos criteriados en el caso «Corruptela» se llenaron de valor al acudir a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para exponer las amenazas, vejámenes y violación a sus derechos fundamentales a los que fueron sometidos por el exfiscal y los fiscales auxiliares que han sido denunciados.
Los testigos denunciaron la forma arbitraria con la que fueron obligados a declarar sin respetar sus integridades. Asimismo, denuncian la inadecuada forma en que eran citados y amenazados para admitir hechos falsos y rendir testimonios falsos.
En la denuncia-documento al que Diario Digital Cronio tiene acceso se manifiesta cómo sucedieron los hechos, en los que fueron obligados a dar testimonios falsos y luego a admitir echos para aceptar el benefio de testigos criteriados, a cambio de no encarcelarlos o detenerlos, o cómo los mismos testigos dicen, a “no amarrarlos” y exponerlos a los medios para destruir sus imágenes y concecuentemente, perder sus empleos.
Lea la primera entrega sobre este caso
Publicada el 6 de marzo de 2019
Además, los denunciantes indicaron en la denuncia que las declaraciones de ellos, eran ajustadas a los intereses de los fiscales. Los fiscales alegaban que los testigos “no estaban confesando, sino defendiéndose”.
Sostienen que se les violentó su derecho de defensa, al negarles la participación de abogados particulares, ya que les dijeron que la Fiscalía General de la República (FGR) les pondría uno.
Por eso, aseguran que se les ha violentado sus derechos fundamentales contemplados en el artículo 11 y 12 de la Constitución de la República, Artículos 13 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Artículos 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros.
Los denunciantes piden Procuraduría de Derechos Humanos, que se le dé trámite a la denuncia y deduzca responsabilidades y que se asigne un procurador para que se garantice el debido proceso.
A continuación dejamos íntegra la denuncia presentada ante la PDDH para que puedan leerla de primera mano y valoren la seriedad de nuestra investigación. Les recordamos que el caso tiene reserva, por esa situación, hemos omitido (tapado con negro) los nombres de los denunciantes para proteger su identidad.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
