Cuando Jalid Sheij Mohammed, el pakistaní considerado autor intelectual de los ataques del 11-S, volvió a cruzar el martes los pasillos de la corte militar de Estados Unidos en la Base Naval de Guantánamo, se encontró por primera vez en muchos años con un viejo conocido.

Allí estaba también el psicólogo estadunidense James E. Mitchell, quien junto a su colega Bruce Jessen fue el responsable de idear —y en muchos casos, probar, implementar y evaluar— las técnicas de tortura que utilizó la CIA en sus bases secretas contra los detenidos tras el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York.

Y quien, según admitió durante la audiencia, las supervisó y practicó a muchos de los detenidos, entre ellos el propio Mohammed.

“Fue muy chocante que la gente que él mismo torturó estuviera en esa sala y que (Mitchell) dijera delante de ellos que los volvería a torturar de nuevo”, le cuenta a BBC Mundo Julia Hall, experta de Amnistía Internacional que asiste a las audiencias en Guantánamo.

Hubo un cambio de roles: esta vez fueron los acusados los que escuchaban mientras el psicólogo respondía.

Por primera vez desde que comenzaron las audiencias en Guantánamo en 2002 —y por dos semanas—, Mitchell y su colega Jessen son cuestionados por los abogados de los detenidos sobre las técnicas que idearon en los primeros años de la llamada “guerra contra el terror”.

“James Mitchell entró y fue claro: dijo que no se arrepentía del programa o de la forma en la que estuvo involucrado. No se disculpó, no mostró ninguna forma de arrepentimiento y reconoció en la corte que él mismo había practicado waterboarding (un método que hacen sentir a la persona que se ahoga) y otras técnicas de abusos”, agrega.

Algunas organizaciones de derechos humanos esperan que los testimonios traigan luz sobre la escala del programa de tortura, así como sobre la culpabilidad de altos funcionarios o el papel del FBI, uno de los grandes secretos de estos años.

“Su testimonio puede revelar detalles adicionales sobre el programa de tortura de la CIA y, en mi opinión, cada pequeño paso adelante para comprender lo que sucedió es importante y necesario si alguna vez queremos lograr algún tipo de responsabilidad”, comenta a BBC Mundo Wells Dixon, abogado del Center for Constitutional Rights, una organización de defensa legal en la que se dedica a desafiar lo que considera detenciones ilegales en Guantánamo.

Pero los expertos también dudan de la legitimidad de estas audiencias o de sus posibles impactos, dado que se realizan en una corte militar que ha sido profundamente cuestionada en los últimos años.

“El objetivo de las comisiones militares nunca ha sido lograr el progreso, y ciertamente tampoco la justicia o la responsabilidad por actos terroristas como el 11 de septiembre. Más bien, el propósito ha sido y sigue siendo preservar el status quo, evitar la liberación de los exdetenidos de la CIA y encubrir los detalles de su tortura y, en última instancia, que la CIA evite la responsabilidad por la tortura”, indica Dixon.

En criterio del experto, el testimonio de Mitchell ahora es simplemente un recordatorio de cuánto tiempo ha llevado llegar a este punto en el que una de las principales personas responsables de tortura dsea a testificar en el tribunal de Guantánamo.

“También un recordatorio de cómo todavía no se ha tenido en cuenta lo que sucedió con las víctimas de tortura de la CIA. Todavía no ha habido ninguna responsabilidad significativa. Indudablemente, esta es la razón por la cual Mitchell se ofreció a testificar, porque aparentemente no tiene nada que temer y es una oportunidad para defender sus acciones que son, seamos honestos, completamente indefendibles por cualquier estándar legal o moral”, agrega.

La “guerra contra el terrorismo”

Los ataques de septiembre de 2001 llevaron a EE.UU. a la campaña más larga y costosa de su historia: la llamada “guerra contra el terrorismo”.

Las operaciones internacionales, apoyadas por países aliados y la OTAN, conllevaron no solo a abrir frentes de batalla en varias naciones de Medio Oriente, sino también a una cacería de los principales líderes y miembros de lo que EE.UU. consideraba “organizaciones terroristas”.

Desde inicios de la década del 2000, las cabezas de supuestos miembros de Al Qaeda, el Talibán y otros grupos extremistas comenzaron a figurar en la lista de los más buscados del mundo.

Y en ella, los presuntos responsables detrás del 11-S ocuparon los primeros escaños.

Desde enero de 2002, comenzaron a llegar a Guantánamo los primeros presos y poco a poco la cárcel improvisada en una base militar en el oriente de la isla de Cuba se llenó con algunos de los hombres más peligrosos del mundo.

Pero no fue la única: Estados Unidos comenzó a crear centros de detención secretos en numerosos países del mundo, donde los prisioneros eran interrogados para obtener información sobre Al Qaeda y potenciales “ataques terroristas”.

“El informe de tortura del Senado muestra que la CIA estaba completamente mal equipada para detener e interrogar a los detenidos después del 11 de septiembre”, recuerda Dixon.

“La agencia estaba desesperada y agitada tras su fracaso para evitar los ataques (incluso por no alertar al FBI de que algunos de los secuestradores estaban en EE.UU. antes de los ataques) y, sospecho, la CIA querían venganza, por lo que recurrieron a Mitchell y Jessen, quienes ofrecieron soluciones rápidas y fáciles”, agrega.

Psicología del terror

Según el abogado, fue entonces cuando los dos psicólogos que habían hecho carrera en las fuerzas armadas, comenzaron a colaborar con la Agencia Central de Inteligencia para diseñar “técnicas de interrogatorio severo”.

“Mitchell y su colega Jessen fueron psicólogos militares que la CIA contrató para interrogar a los detenidos después del 11 de septiembre, aparentemente para obtener información de inteligencia importante, que, como sabemos ahora, no pudieron obtener”, indica.

Ambos trabajaron como contratistas por meses para la agencia y establecieron una compañía privada en 2005 ( Mitchell Jessen y Asociados, con oficinas en el estado de Washington y Virginia) para proveer a la agencia con los métodos y los mecanismos para sacar información a los presos de la “guerra contra el terror”.

El programa se llamó, eufemísticamente, “interrogatorio mejorado”.

“Ese programa buscaba que los interrogados proveyeran información que la CIA consideraba valiosa de los detenidos a través de severas técnicas de tortura y fueron justificados con una serie de memos que aseguraban que los efectos serían mínimos o a corto plazo”, señala Hall.

Entre otras técnicas, además del ahogamiento simulado, los reos eran encerrarlos en pequeñas cajas, sometidos a condiciones de soledad extrema, privación del sueño, manipulación de la dieta, desnudez forzada o abuso rectal.

“Todas esas técnicas, desde un punto de vista legal, son consideradas sin lugar a duda formas tortura y el propio presidente Obama lo reconocería”, afirma Hall.

Según datos de una investigación del Senado, la CIA pagaba a Mitchell y Jessen US$1.800 por día y la compañía que crearon recibió US$80 millones por sus servicios hasta que se rescindió su contrato en 2009.

Esto ocurrió después de que la CIA ya había aceptado pagar un contrato de indemnización de US$5 millones que cubría, entre otras cosas, procesamientos criminales.

Según el contrato actual, la agencia está obligada a pagar gastos legales de la empresa hasta 2021.

Falta de capacidad

Según un informe del Senado, “ninguno de los dos psicólogos tenía experiencia dirigiendo interrogatorios, ni tampoco conocimiento específico sobre Al Qaeda, experiencia en la lucha contra el terrorismo o conocimientos culturales o lingüísticos relevantes”.

Aunque en un inicio sus nombres fueron mantenidos en secreto y aparecían en los informes con los pseudónimos de Dr. Grayson Swigert y Dr. Hammon Dunbar, desde que se conoció su identidad, muchas organizaciones han pedido que sean llamados a testificar sobre sus acciones.

La Asociación Estadounidense de Psicología los expulsó de sus filas y rechazó públicamente sus métodos por “violar la ética de la profesión y dejar una mancha en la disciplina”.