“Le recuerdo que está bajo juramento” es la advertencia que le hacen los magistrados de la cámara Segundo de Lo Penal a José Adán Salazar Umaña.

Y en efecto, bajo juramento dijo que el empresario del “Polvo Blanco” (harinas) Fito Salume, lo amenazó de mandarlo a la cárcel sino le vendía la compañía que estaba ganando mucho terreno entre los panificadores salvadoreños.

La manipulación de precios

Para entender el caso, es necesario decir que hasta hace algunos años el monopolio de las harinas estaba concentrada en una sola empresa y, ésta manipulaba a su antojo el precio que, en más de una ocasión, por el alto costo dejó sin pan las mesas de las familias salvadoreñas, de ahí porqué no le gustaba que hubiese otro competidor en el mercado.

La acusación ilegal

Dicho esto, continuamos con lo que estaba ocurriendo en la sala de audiencia donde por cierto, se estaba destapaba uno de los posibles hechos de corrupción más impactantes que involucran a un ex fiscal y al señor Salume.

“Me amenazó para que le vendiera Industrias Gumarsal, de lo contrario me enviaría a la cárcel”.

En efecto, este empresario guardó presión por más de dos años y fue procesado por un delito por el cual ya había sido juzgado; es decir, que la acusación que hizo el ex fiscal Douglas Meléndez, fue una acusación ilegal.

El fiscal se ríe

La advertencia que Fito le hizo al empresario fue ejecutada casi a las 9 pm el 25 de octubre de 2018 en la carretera Panamericana, cerca de Industria Gumarsal (empresa competidora en el mercado de las harinas).

El día siguiente Douglas Meléndez, en tono sarcástico y frente a los medios de comunicación dijo que esperaba que los jueces no le fueran a dar “medidas sustitutivas (se ríe) a la detención”, así se pudo ver en un video que publicó en su cuenta de red social Noticias 4 Visión.

La amenaza de Fito Salume, fue cumplida al pie de la letra por el ex fiscal Meléndez, con lo único que no contaban es que en el sistema judicial salvadoreño aún hay jueces incorruptibles.

Sobreseimiento definitivo

En mayo pasado, la Cámara Segundo de Lo Penal, aplicó justicia y dejó libre de culpa al empresario que fue amenazado por el hombre del “Polvo Blanco” (harinas) Adolfo “Fito” Salume, porque el ex fiscal Meléndez hizo una acusación ilegal.

Lo que se pudo ver durante todo este proceso es que la justicia salvadoreña tenía precio durante la gestión del ex jefe del ministerio público, porque aún sabiendo que la acusación era ilegal, llevó hasta los tribunales al empresario que compite en el mercado de las harinas para evitar que los panificadores dejen de producir porque los costos son demasiados altos.

Faltaban solo unos minutos para las 8:00 pm y en la cuenta de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá estaban a punto de publicar una información que estremecería al empresario salvadoreño Adolfo “Fito” Salume, con actos presuntamente relacionados al tráfico de drogas, según un artículo publicado este viernes por el medio salvadoreño El Espectador.  

Después de revisar en más de una ocasión, el responsable de la cuenta de Twitter de la institución panameña publicó: “Aduanas en conjunto con @SENANPanama, a través del Programa Global de Contenedores, detectaron en el Puerto PSA en un contenedor procedente de El Salvador con destino a Italia, seis maletines color negro con 230 paquetes de presunta sustancia ilícita”.

Aquel jueves 20 de febrero la noticia corrió como pólvora y toda la noche no dejaron de sonar varios teléfonos. Obviamente, advertían de lo que estaba ocurriendo a 1,640 kilómetros de El Salvador: “habían descubierto los paquetes que iban para Italia”.

El siguiente día la noticia seguía acaparando los titulares de los medios de comunicación panameños y salvadoreños. Sin duda, esa información puso nerviosísimo a una persona que ha sido señalado de tener negocios OffShore en Panamá, (y que curiosamente el ex fiscal Douglas Meléndez, se negó a concluir una investigación que ya estaba iniciada por ese delito).

¿Y ahora qué digo?

Se buscó a los asesores de consulta frecuente cuando él está envuelto en polémica, para que le dijera qué “podía decir” en esta ocasión sobre los señalamientos que rápidamente se le hacían a través de las plataformas virtuales.

Aunque al principio hubo resistencia en comparecer ante el escrutinio de la prensa, fue hasta 11 días después que decidió dar la cara, y tal como lo informó en su momento el periódico digital La Página, dijo lo que su “asesor” le recomendó que le dijera a los periodistas: que ese cargamento de droga no era de su propiedad.

Intentó como siempre señalar a los demás, y tratar de desligarse de las incriminaciones que la misma población ya le hacía a través de la red social de twitter.

Buscó desesperadamente culpar a otros de los señalamientos que la gente le hacía. Pero al ser un personaje de la vida política debe estar consciente de que la población también lo va a fiscalizar, reza el articulo del mencionado medio de comunicación.

“

Sara Rogel estaba a punto de terminar el bachillerato cuando fue sentenciada a 30 años de cárcel.

En octubre de 2012, la joven salvadoreña, entonces de 18 años, fue arrestada y condenada por “homicidio agravado” luego de un aborto  que asegura se debió a una caída.

“Fue un accidente que dio vuelta a mi vida. Yo amaba a mi bebé y por una caída terminé en la cárcel”, dijo este martes en una conferencia de prensa tras su liberación.

Tras cumplir casi 10 años en una prisión de mujeres, la Justicia de El Salvador decidió conmutar la pena de Rogel en enero pasado y, tras varias audiencias y procesos judiciales, un juez decretó a finales de mayo su libertad condicional.

“Fue muy difícil porque me di cuenta de tantas cosas ya presa. Para mí me robaron mis sueños, tanto de poder saber dónde estaba mi hija hasta terminar mis estudios, de estar lejos de mis papás, que nunca me había separado de ellos, ni de mis hermanos…”, dijo.

Su caso no es el único.

Según Agrupación Ciudadana, una ONG que aboga por la despenalización del aborto en El Salvador, otras 16 personas se encuentran actualmente en las cárceles del país por casos similares. 

La nación centroamericana, una sociedad conservadora y mayoritariamente católica, no contempla excepciones para la interrupción del embarazo, incluso cuando ocurre una violación o cuando la vida de la madre está en riesgo.

Esto ha llevado a que decenas de mujeres, principalmente de zonas pobres, hayan sido encarceladas a lo largo de los años por la muerte de sus fetos en casos en los que aseguran haber sufrido abortos espontáneos.

Para muchos en el país centroamericano, la llegada al gobierno del presidente Nayib Bukele, quien prometió reformar las estructuras más anquilosadas de la nación, fue una esperanza de que las cosas también podrían cambiar en esta área.

Pero cualquier modificación sobre el aborto debe pasar antes por el Congreso, que no ha contemplado su discusión luego de que Bukele alcanzara una mayoría absoluta.

El caso de Sara Rogel

Rogel dice que nunca esperó que su embarazo la fuera a llevar a la peor pesadilla de su vida.

“Yo amaba a mi bebé. Yo tenía todo lo que una madre deseaba, tener una bebé, que estaba a punto de acompañarme”, dice.

Sin embargo, asegura que un día, ya con ocho meses de embarazo, resbaló mientras caminaba por su casa, ubicada en un área rural del departamento de Cuscatlán, en el centro del país.

“Me caí, quedé inconsciente y cuando desperté estaba en el hospital. No sabía qué pasaba, no sabía nada de mi hija, nadie me decía nada de qué era lo que sucedía conmigo”, recuerda.

Cuenta que por un par de días vivió en la incertidumbre: los médicos solo le decían que no se debía mover porque había perdido mucha sangre.

Según denuncian colectivos feministas, cuando las mujeres llegan a los hospitales de El Salvador con síntomas de haber perdido un embarazo, los médicos en muchas ocasiones llaman a la policía incluso antes de iniciar un tratamiento.

“Cuando reaccioné ya estaba privada de libertad, sin saber qué pasaba con mis papás, qué pasaba con ella (con la bebé que había perdido)”, rememora.

El tiempo perdido

Ahora, tras casi una década en una cárcel de mujeres, la joven mira hacia atrás y cree que lo sucedido acabó con las aspiraciones de su juventud.

“Estaba al terminar mis estudios. Quería hacer una licenciatura en enfermería y, lamentablemente, me pasó este accidente”, se lamenta.

Dice que el periodo en la cárcel fue muy difícil: “anhelaba volver a mi casa, estar con mis papás, con mis familia”.

A pesar de todo, piensa que logró salir adelante, pero reconoce que el dolor de lo que le sucedió la sigue persiguiendo.

“Fue algo muy doloroso para mí porque nunca pensé que de un golpe iba a perder a mi hija y, lo peor, que estuviera tras las rejas tantos años cuando no tuve nada que ver”, cuenta.

Para ella, su misión ahora es visibilizar la situación de las mujeres que continúan en las cárceles de El Salvador por motivos semejantes al suyo.

“Hoy aquí estoy pidiendo que se haga justicia con mis demás compañeras que se han quedado presas. Porque así como yo sufrí ese daño hay mucha gente detrás de esas rejas con muchos años. Y yo quiero que se haga justicia con ellas también”, dijo.  

Agrupaciones feministas de El Salvador denuncian que la penalización total del aborto afecta principalmente a las mujeres más pobres y vulnerables del país, que luego deben enfrentar procesos judiciales en los que, aseguran, se dan irregularidades y faltas a las garantías del debido proceso.

En los últimos años, acciones de grupos de defensa de la mujer en El Salvador han logrado la liberación de al menos 50 mujeres condenadas por haber tenido un aborto.

En 2020, Cindy Erazo fue libertad después de seis años en la cárcel  tras ser sentenciada a 30 años de prisión por homicidio agravado, luego de que una emergencia obstétrica durante su octavo mes de embarazo.

Y en 2019, Evelyn Hernández, quien también había sido sentenciada a 30 años de cárcel luego de que su bebé fuera encontrado muerto en el baño donde dio a luz antes de desmayarse, fue liberada luego de casi tres años en prisión.

Por El Diario de NY.