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En El Salvador 137 municipios reportan cero homicidios
Hace unos años, entre 2014 y 2017, cuando la violencia homicida incrementó galopante en El Salvador, aproximadamente el 15 % de municipios estaba libre de muertes violentas.
Ahora, cinco años después, en 137 municipios no se registran crímenes. El actual Gobierno ha logrado cifras históricas, y una de estas ha sido que en 165 días de este año (hasta el 15 de junio), el 52 % de los municipios de El Salvador no registra ningún homicidio.
Las autoridades atribuyen esta baja a la estrategia de seguridad implementada: el Plan Control Territorial (PCT). Desde junio de 2019, cuando se inició la implementación de dicha estrategia de seguridad, la disminución de la criminalidad fue visible mediante las cifras bajas de homicidios, extorsiones y otros delitos.
Por ejemplo, desde el primer mes de la gestión Bukele, los homicidios bajaron: junio de 2019 cerró con 217 asesinatos, 68 homicidios menos que un mes antes, cuando aún gobernaba Salvador Sánchez Cerén. Los homicidios disminuyeron a un promedio de cinco diarios y hasta la fecha, mes con mes se sigue en una baja de crímenes sostenida.
Según datos brindados por Seguridad, las jurisdicciones sin muertes violentas están incluso en aquellos departamentos reconocidos históricamente por el alto índice de criminalidad en las administraciones pasadas, como La Paz, San Miguel, Santa Ana, La Unión, Sonsonate y Usulután.
Para el año pasado hubo 80 municipios sin crímenes. La Paz era uno de los departamentos que registraban más municipios sin hechos violentos, según la Policía, con el 86 %, es decir, 19 de los 22 municipios no reportaban muertes violentas; entre ellos, Olocuilta, San Pedro Nonualco, San Pedro Masahuat y Santiago Nonualco. Todos estos en el pasado reportaban altos índices de homicidios y otros ilícitos.
Chalatenango es otro departamento que registró menos incidencia de delincuencia en los últimos años. Hasta diciembre del año pasado, 20 municipios estaban libres de violencia en dicho departamento, mientras que en Morazán hubo siete jurisdicciones, San Vicente y La Unión tenían seis, San Miguel reportaba cinco, Sonsonate cuatro y La Libertad, Cabañas, Cuscatlán y Santa Ana contaban tres distritos sin homicidios cada uno.
El Gobierno de Nayib Bukele ha logrado reducir el accionar delictivo que tenían las pandillas en años anteriores y esta desarticulación se ha fortalecido en el período del régimen de excepción, al capturar a más de 41,700 pandilleros.
Con respecto a las cifras de homicidios, 2021 se considera el año más seguro en El Salvador, pues de enero a diciembre se logró un registro histórico de 1,140 homicidios, es decir, 15 % menos crímenes reportados que en 2020, que cerró con 1,341.
El promedio anual de homicidios en el país disminuyó de 3.6 a 2.3 para este año. Entre enero y el 18 de junio de este año iban 426 homicidios. Hasta la semana pasada, la Policía detalla que el promedio diario hasta junio pasó de 2.8 en 2021 a 0.7 para este año.
ATENCIÓN A MUNICIPIOS PELIGROSOS
Desde la primera fase del Plan Control Territorial, las actuales autoridades implementaron la etapa denominada Preparación, con la que buscaban el control de los territorios y la represión del delito. Fue enfocada en 12 de los 262 municipios de El Salvador. San Salvador, Mejicanos, Apopa, Soyapango, Ilopango, San Martín, Santa Tecla, Colón, San Marcos, Ciudad Delgado, San Miguel y Santa Ana fueron los distritos que se intervinieron inicialmente.
Sin embargo, poco a poco la Policía y la Fuerza Armada han ido recuperando territorios que antes eran dominados por pandillas, manteniendo presencia permanente en las colonias y los barrios con alto nivel de estructuras delincuenciales. Además, han ejecutado patrullajes preventivos en busca de mareros. «Habrá una persona brindando seguridad por cada pandillero», dijo el presidente Bukele cuando impulsó la cuarta fase del PCT, con la que se pretende tener suficiente capital humano para vencer a las pandillas.
Todas estas acciones se han intensificado desde el 27 de marzo, luego de que, tras una escalada de homicidios, por iniciativa del Gobierno se aprobó el régimen de excepción, que se mantiene vigente y que ha permitido capturar a miles de pandilleros.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dice que San Salvador, Sonsonate, Usulután, Santa Ana y Ahuachapán son los cinco departamentos en el país donde hay más incidencia delictiva, por lo que es donde han reforzado la seguridad y han logrado capturar a más pandilleros durante el régimen de excepción.
«En esos municipios se concentra un gran número de los detenidos que también guarda un poco de relación con toda la actividad criminal que esos venían desarrollando en días anteriores», dijo el funcionario.
Autoridades del Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES) confirmó que el voraz incendio originado un incendio estructural registrado en una bodega de electrodomésticos ubicada sobre la calle Rubén Darío, en el centro de San Salvador, la tarde del jueves, no dejó a ninguna persona lesionada.Show aéreo
Fue el subteniente del CBES, Amir Osorio, quien confirmó que el siniestro no dejó víctimas.
“Se realizó una extinción de incendio estructural, nivel dos. Recibimos la llamada a eso de las 3:35 p. m., llegamos al lugar y brindamos una respuesta eficaz. Pudimos controlar el incendio cerca de cinco minutos después haber llegado a la escena y posteriormente nos hemos quedado realizando maniobras de ventilación, remoción de escombros y liberando el edificio de todo el calor que se había acumulado”, agregó el subteniente Osorio.
Osorio añadió que, tras controlar por completo las llamas, trabajarían en el lugar para indagar qué originó el fuego.
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Ulloa participó en el XI Congreso Internacional, sobre los derechos habilitantes y nuevas fronteras jurídicas
El vicepresidente Félix Ulloa participó en el XI Congreso Internacional, sobre los derechos habilitantes y nuevas fronteras jurídicas del derecho del trabajo ante la inteligencia artificial, organizado por la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Guillermo Cabanellas” en la República Dominicana.
En su intervención, el Vicepresidente Ulloa reflexionó sobre la evolución tecnológica de la humanidad, desde las revoluciones industriales hasta la actual revolución algorítmica, señalando que, a diferencia de los procesos anteriores, hoy los algoritmos comienzan a sustituir funciones cognitivas propias del ser humano. Este escenario, plantea un desafío central para el derecho laboral contemporáneo: cómo garantizar la dignidad humana.
Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer las instituciones laborales, modernizar la administración del trabajo frente a nuevas formas de empleo y capacitar a jueces, abogados y operadores jurídicos ante los desafíos tecnológicos emergentes. “La justicia laboral continúa siendo el último resguardo de la dignidad humana frente a los abusos dentro del entorno económico, corporativo o tecnológico”, señaló.
El Vicemandatario, también hizo un llamado a avanzar hacia una gobernanza latinoamericana del trabajo digital, mediante la construcción de estándares regionales compatibles que permitan garantizar condiciones de protección equivalentes para los trabajadores en toda la región. Finalmente, reiteró el compromiso de El Salvador con una visión de la tecnología al servicio del desarrollo y la protección de derechos, promoviendo políticas públicas que integren innovación y justicia social en el ámbito laboral.
Durante la jornada, el Vicepresidente Ulloa, fue distinguido con una medalla de reconocimiento por su trayectoria y aportes al fortalecimiento del derecho laboral y la institucionalidad democrática en la región.
El evento, desarrollado en la Universidad Federico Henríquez y Carvajal, reunió a destacadas personalidades, entre ellas el Rector de la Universidad UFHEC, Sr. Alberto Ramírez Cabral; la Presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de La Romana y Vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Sra. Cleopatra González Almonte; el Ministro de Trabajo de la República Dominicana, Sr. Eddy Olivares Ortega, entre otras figuras del ámbito académico y jurídico.
La Superintendencia de Competencia (SC) recibió oficialmente la Certificación de Sistema de Gestión Antisoborno bajo la Norma ISO 37001:2016, un reconocimiento que valida la implementación de mecanismos diseñados para prevenir, detectar y enfrentar riesgos de soborno en el ejercicio de sus funciones.
El certificado fue entregado por el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), representado por su directora, Yanira Colindres, junto a la jefa de Normalización, Mónica Ulloa. Durante el acto, se destacó que la acreditación es resultado de un proceso de auditoría externa que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el estándar internacional.
La Norma ISO 37001:2016 es un estándar global que establece lineamientos para que las organizaciones implementen sistemas de gestión antisoborno basados en controles internos, políticas claras, evaluación de riesgos, monitoreo permanente y revisión continua. Su objetivo es promover una cultura organizacional orientada a la integridad, la transparencia y el cumplimiento normativo.
Desde el OSN señalaron que la certificación confirma que la Superintendencia ha establecido y mantenido un sistema estructurado para reducir riesgos legales y reputacionales asociados a prácticas indebidas. Asimismo, subrayan la relevancia de que instituciones encargadas de la regulación de mercados adopten estándares internacionales que fortalezcan la confianza pública.
Durante su intervención, el superintendente de Competencia, Gerardo Henríquez, indicó que uno de los objetivos prioritarios de su gestión fue incorporarse a un sistema certificado internacionalmente que permitiera reforzar los controles institucionales. «Agradezco al equipo de la SC y su compromiso; este es un resultado de todos, y a la OSN por su admirable labor en guiar a nuestra institución a culminar este proceso», afirmó.
El alcance del Sistema de Gestión Antisoborno abarca los servicios y procesos sustantivos de la institución, lo que implica que sus actuaciones técnicas, administrativas y regulatorias quedan comprendidas dentro del marco de controles establecidos por la norma. Esto incluye la identificación de riesgos, la aplicación de medidas preventivas, la capacitación del personal y la adopción de mecanismos de denuncia y supervisión.
La certificación ISO 37001 no sustituye las obligaciones legales existentes, pero sí complementa el marco normativo al introducir estándares internacionales de buenas prácticas. En el caso de la Superintendencia, la acreditación se presenta como un instrumento adicional para fortalecer su rol como autoridad encargada de velar por la competencia en los mercados salvadoreños.
Con esta certificación, la institución busca consolidar un entorno de mayor confianza para los agentes económicos y la ciudadanía, al respaldar sus actuaciones bajo un sistema formal de gestión que promueve la ética y la transparencia en cada uno de sus procesos.
