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En El Salvador 137 municipios reportan cero homicidios
Hace unos años, entre 2014 y 2017, cuando la violencia homicida incrementó galopante en El Salvador, aproximadamente el 15 % de municipios estaba libre de muertes violentas.
Ahora, cinco años después, en 137 municipios no se registran crímenes. El actual Gobierno ha logrado cifras históricas, y una de estas ha sido que en 165 días de este año (hasta el 15 de junio), el 52 % de los municipios de El Salvador no registra ningún homicidio.
Las autoridades atribuyen esta baja a la estrategia de seguridad implementada: el Plan Control Territorial (PCT). Desde junio de 2019, cuando se inició la implementación de dicha estrategia de seguridad, la disminución de la criminalidad fue visible mediante las cifras bajas de homicidios, extorsiones y otros delitos.
Por ejemplo, desde el primer mes de la gestión Bukele, los homicidios bajaron: junio de 2019 cerró con 217 asesinatos, 68 homicidios menos que un mes antes, cuando aún gobernaba Salvador Sánchez Cerén. Los homicidios disminuyeron a un promedio de cinco diarios y hasta la fecha, mes con mes se sigue en una baja de crímenes sostenida.
Según datos brindados por Seguridad, las jurisdicciones sin muertes violentas están incluso en aquellos departamentos reconocidos históricamente por el alto índice de criminalidad en las administraciones pasadas, como La Paz, San Miguel, Santa Ana, La Unión, Sonsonate y Usulután.
Para el año pasado hubo 80 municipios sin crímenes. La Paz era uno de los departamentos que registraban más municipios sin hechos violentos, según la Policía, con el 86 %, es decir, 19 de los 22 municipios no reportaban muertes violentas; entre ellos, Olocuilta, San Pedro Nonualco, San Pedro Masahuat y Santiago Nonualco. Todos estos en el pasado reportaban altos índices de homicidios y otros ilícitos.
Chalatenango es otro departamento que registró menos incidencia de delincuencia en los últimos años. Hasta diciembre del año pasado, 20 municipios estaban libres de violencia en dicho departamento, mientras que en Morazán hubo siete jurisdicciones, San Vicente y La Unión tenían seis, San Miguel reportaba cinco, Sonsonate cuatro y La Libertad, Cabañas, Cuscatlán y Santa Ana contaban tres distritos sin homicidios cada uno.
El Gobierno de Nayib Bukele ha logrado reducir el accionar delictivo que tenían las pandillas en años anteriores y esta desarticulación se ha fortalecido en el período del régimen de excepción, al capturar a más de 41,700 pandilleros.
Con respecto a las cifras de homicidios, 2021 se considera el año más seguro en El Salvador, pues de enero a diciembre se logró un registro histórico de 1,140 homicidios, es decir, 15 % menos crímenes reportados que en 2020, que cerró con 1,341.
El promedio anual de homicidios en el país disminuyó de 3.6 a 2.3 para este año. Entre enero y el 18 de junio de este año iban 426 homicidios. Hasta la semana pasada, la Policía detalla que el promedio diario hasta junio pasó de 2.8 en 2021 a 0.7 para este año.
ATENCIÓN A MUNICIPIOS PELIGROSOS
Desde la primera fase del Plan Control Territorial, las actuales autoridades implementaron la etapa denominada Preparación, con la que buscaban el control de los territorios y la represión del delito. Fue enfocada en 12 de los 262 municipios de El Salvador. San Salvador, Mejicanos, Apopa, Soyapango, Ilopango, San Martín, Santa Tecla, Colón, San Marcos, Ciudad Delgado, San Miguel y Santa Ana fueron los distritos que se intervinieron inicialmente.
Sin embargo, poco a poco la Policía y la Fuerza Armada han ido recuperando territorios que antes eran dominados por pandillas, manteniendo presencia permanente en las colonias y los barrios con alto nivel de estructuras delincuenciales. Además, han ejecutado patrullajes preventivos en busca de mareros. «Habrá una persona brindando seguridad por cada pandillero», dijo el presidente Bukele cuando impulsó la cuarta fase del PCT, con la que se pretende tener suficiente capital humano para vencer a las pandillas.
Todas estas acciones se han intensificado desde el 27 de marzo, luego de que, tras una escalada de homicidios, por iniciativa del Gobierno se aprobó el régimen de excepción, que se mantiene vigente y que ha permitido capturar a miles de pandilleros.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dice que San Salvador, Sonsonate, Usulután, Santa Ana y Ahuachapán son los cinco departamentos en el país donde hay más incidencia delictiva, por lo que es donde han reforzado la seguridad y han logrado capturar a más pandilleros durante el régimen de excepción.
«En esos municipios se concentra un gran número de los detenidos que también guarda un poco de relación con toda la actividad criminal que esos venían desarrollando en días anteriores», dijo el funcionario.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
