Nacionales
En El Salvador 137 municipios reportan cero homicidios
Hace unos años, entre 2014 y 2017, cuando la violencia homicida incrementó galopante en El Salvador, aproximadamente el 15 % de municipios estaba libre de muertes violentas.
Ahora, cinco años después, en 137 municipios no se registran crímenes. El actual Gobierno ha logrado cifras históricas, y una de estas ha sido que en 165 días de este año (hasta el 15 de junio), el 52 % de los municipios de El Salvador no registra ningún homicidio.
Las autoridades atribuyen esta baja a la estrategia de seguridad implementada: el Plan Control Territorial (PCT). Desde junio de 2019, cuando se inició la implementación de dicha estrategia de seguridad, la disminución de la criminalidad fue visible mediante las cifras bajas de homicidios, extorsiones y otros delitos.
Por ejemplo, desde el primer mes de la gestión Bukele, los homicidios bajaron: junio de 2019 cerró con 217 asesinatos, 68 homicidios menos que un mes antes, cuando aún gobernaba Salvador Sánchez Cerén. Los homicidios disminuyeron a un promedio de cinco diarios y hasta la fecha, mes con mes se sigue en una baja de crímenes sostenida.
Según datos brindados por Seguridad, las jurisdicciones sin muertes violentas están incluso en aquellos departamentos reconocidos históricamente por el alto índice de criminalidad en las administraciones pasadas, como La Paz, San Miguel, Santa Ana, La Unión, Sonsonate y Usulután.
Para el año pasado hubo 80 municipios sin crímenes. La Paz era uno de los departamentos que registraban más municipios sin hechos violentos, según la Policía, con el 86 %, es decir, 19 de los 22 municipios no reportaban muertes violentas; entre ellos, Olocuilta, San Pedro Nonualco, San Pedro Masahuat y Santiago Nonualco. Todos estos en el pasado reportaban altos índices de homicidios y otros ilícitos.
Chalatenango es otro departamento que registró menos incidencia de delincuencia en los últimos años. Hasta diciembre del año pasado, 20 municipios estaban libres de violencia en dicho departamento, mientras que en Morazán hubo siete jurisdicciones, San Vicente y La Unión tenían seis, San Miguel reportaba cinco, Sonsonate cuatro y La Libertad, Cabañas, Cuscatlán y Santa Ana contaban tres distritos sin homicidios cada uno.
El Gobierno de Nayib Bukele ha logrado reducir el accionar delictivo que tenían las pandillas en años anteriores y esta desarticulación se ha fortalecido en el período del régimen de excepción, al capturar a más de 41,700 pandilleros.
Con respecto a las cifras de homicidios, 2021 se considera el año más seguro en El Salvador, pues de enero a diciembre se logró un registro histórico de 1,140 homicidios, es decir, 15 % menos crímenes reportados que en 2020, que cerró con 1,341.
El promedio anual de homicidios en el país disminuyó de 3.6 a 2.3 para este año. Entre enero y el 18 de junio de este año iban 426 homicidios. Hasta la semana pasada, la Policía detalla que el promedio diario hasta junio pasó de 2.8 en 2021 a 0.7 para este año.
ATENCIÓN A MUNICIPIOS PELIGROSOS
Desde la primera fase del Plan Control Territorial, las actuales autoridades implementaron la etapa denominada Preparación, con la que buscaban el control de los territorios y la represión del delito. Fue enfocada en 12 de los 262 municipios de El Salvador. San Salvador, Mejicanos, Apopa, Soyapango, Ilopango, San Martín, Santa Tecla, Colón, San Marcos, Ciudad Delgado, San Miguel y Santa Ana fueron los distritos que se intervinieron inicialmente.
Sin embargo, poco a poco la Policía y la Fuerza Armada han ido recuperando territorios que antes eran dominados por pandillas, manteniendo presencia permanente en las colonias y los barrios con alto nivel de estructuras delincuenciales. Además, han ejecutado patrullajes preventivos en busca de mareros. «Habrá una persona brindando seguridad por cada pandillero», dijo el presidente Bukele cuando impulsó la cuarta fase del PCT, con la que se pretende tener suficiente capital humano para vencer a las pandillas.
Todas estas acciones se han intensificado desde el 27 de marzo, luego de que, tras una escalada de homicidios, por iniciativa del Gobierno se aprobó el régimen de excepción, que se mantiene vigente y que ha permitido capturar a miles de pandilleros.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dice que San Salvador, Sonsonate, Usulután, Santa Ana y Ahuachapán son los cinco departamentos en el país donde hay más incidencia delictiva, por lo que es donde han reforzado la seguridad y han logrado capturar a más pandilleros durante el régimen de excepción.
«En esos municipios se concentra un gran número de los detenidos que también guarda un poco de relación con toda la actividad criminal que esos venían desarrollando en días anteriores», dijo el funcionario.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
