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En El Salvador 137 municipios reportan cero homicidios
Hace unos años, entre 2014 y 2017, cuando la violencia homicida incrementó galopante en El Salvador, aproximadamente el 15 % de municipios estaba libre de muertes violentas.
Ahora, cinco años después, en 137 municipios no se registran crímenes. El actual Gobierno ha logrado cifras históricas, y una de estas ha sido que en 165 días de este año (hasta el 15 de junio), el 52 % de los municipios de El Salvador no registra ningún homicidio.
Las autoridades atribuyen esta baja a la estrategia de seguridad implementada: el Plan Control Territorial (PCT). Desde junio de 2019, cuando se inició la implementación de dicha estrategia de seguridad, la disminución de la criminalidad fue visible mediante las cifras bajas de homicidios, extorsiones y otros delitos.
Por ejemplo, desde el primer mes de la gestión Bukele, los homicidios bajaron: junio de 2019 cerró con 217 asesinatos, 68 homicidios menos que un mes antes, cuando aún gobernaba Salvador Sánchez Cerén. Los homicidios disminuyeron a un promedio de cinco diarios y hasta la fecha, mes con mes se sigue en una baja de crímenes sostenida.
Según datos brindados por Seguridad, las jurisdicciones sin muertes violentas están incluso en aquellos departamentos reconocidos históricamente por el alto índice de criminalidad en las administraciones pasadas, como La Paz, San Miguel, Santa Ana, La Unión, Sonsonate y Usulután.
Para el año pasado hubo 80 municipios sin crímenes. La Paz era uno de los departamentos que registraban más municipios sin hechos violentos, según la Policía, con el 86 %, es decir, 19 de los 22 municipios no reportaban muertes violentas; entre ellos, Olocuilta, San Pedro Nonualco, San Pedro Masahuat y Santiago Nonualco. Todos estos en el pasado reportaban altos índices de homicidios y otros ilícitos.
Chalatenango es otro departamento que registró menos incidencia de delincuencia en los últimos años. Hasta diciembre del año pasado, 20 municipios estaban libres de violencia en dicho departamento, mientras que en Morazán hubo siete jurisdicciones, San Vicente y La Unión tenían seis, San Miguel reportaba cinco, Sonsonate cuatro y La Libertad, Cabañas, Cuscatlán y Santa Ana contaban tres distritos sin homicidios cada uno.
El Gobierno de Nayib Bukele ha logrado reducir el accionar delictivo que tenían las pandillas en años anteriores y esta desarticulación se ha fortalecido en el período del régimen de excepción, al capturar a más de 41,700 pandilleros.
Con respecto a las cifras de homicidios, 2021 se considera el año más seguro en El Salvador, pues de enero a diciembre se logró un registro histórico de 1,140 homicidios, es decir, 15 % menos crímenes reportados que en 2020, que cerró con 1,341.
El promedio anual de homicidios en el país disminuyó de 3.6 a 2.3 para este año. Entre enero y el 18 de junio de este año iban 426 homicidios. Hasta la semana pasada, la Policía detalla que el promedio diario hasta junio pasó de 2.8 en 2021 a 0.7 para este año.
ATENCIÓN A MUNICIPIOS PELIGROSOS
Desde la primera fase del Plan Control Territorial, las actuales autoridades implementaron la etapa denominada Preparación, con la que buscaban el control de los territorios y la represión del delito. Fue enfocada en 12 de los 262 municipios de El Salvador. San Salvador, Mejicanos, Apopa, Soyapango, Ilopango, San Martín, Santa Tecla, Colón, San Marcos, Ciudad Delgado, San Miguel y Santa Ana fueron los distritos que se intervinieron inicialmente.
Sin embargo, poco a poco la Policía y la Fuerza Armada han ido recuperando territorios que antes eran dominados por pandillas, manteniendo presencia permanente en las colonias y los barrios con alto nivel de estructuras delincuenciales. Además, han ejecutado patrullajes preventivos en busca de mareros. «Habrá una persona brindando seguridad por cada pandillero», dijo el presidente Bukele cuando impulsó la cuarta fase del PCT, con la que se pretende tener suficiente capital humano para vencer a las pandillas.
Todas estas acciones se han intensificado desde el 27 de marzo, luego de que, tras una escalada de homicidios, por iniciativa del Gobierno se aprobó el régimen de excepción, que se mantiene vigente y que ha permitido capturar a miles de pandilleros.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dice que San Salvador, Sonsonate, Usulután, Santa Ana y Ahuachapán son los cinco departamentos en el país donde hay más incidencia delictiva, por lo que es donde han reforzado la seguridad y han logrado capturar a más pandilleros durante el régimen de excepción.
«En esos municipios se concentra un gran número de los detenidos que también guarda un poco de relación con toda la actividad criminal que esos venían desarrollando en días anteriores», dijo el funcionario.
Durante el lanzamiento de la campaña «Renacemos como industria, renacemos como país» del Consejo Industrial de El Salvador, empresarios salvadoreños resaltaron el clima de inversiones que se vive actualmente en el país.
Uno de ellos fue Rodrigo Tona, CEO de Grupo Ternova, quien aseguró que el conglomerado tiene 55 años de creer y apostar por El Salvador. «Nos sentimos muy cómodos, estamos haciendo proyectos muy grandes y creo que el cambio que El Salvador está dando es evidente y eso nos motiva a seguir produciendo desde el país valor para el mundo», remarcó.
Como parte de sus apuestas, el grupo tiene proyectado invertir este año alrededor de $10 millones en el área de empaques, mientras que en Nneo Nejapa fueron $90 millones y en la segunda etapa será una inversión cercana a los $80 millones.
«Como grupo no hemos parado de invertir. Tenemos varios proyectos, el año pasado concluimos el parque logístico más grande del Triángulo Norte, y estamos en la fase de construir el segundo», explicó.
Destacó además que el negocio de empaques está creciendo fuertemente con inversiones en tecnología nueva, manufactura y reubicación de plantas, por lo que tienen una buena perspectiva para el próximo quinquenio.
Ternova, que exporta más del 85 % de lo que fabrica y atiende a más de 39 mercados, es un grupo «que produce desde El Salvador y está consolidado en El Salvador».
Por su parte, Boris Quintanilla, director de país de Nauterra, destacó que como grupo tienen más de 23 años de apostar por El Salvador, y generar más de 1,500 empleos directos, convirtiéndose en un polo de desarrollo.
«Año con año vamos invirtiendo y reinvirtiendo en la mejora de procesos y estamos dispuestos a seguir invirtiendo en El Salvador. El objetivo es seguir creciendo en las exportaciones», dijo.
También afirmó que ven con «total optimismo y con ansias» las operaciones del Aeropuerto Internacional del Pacífico, así como el movimiento del puerto de La Unión.
El sector construcción continúa registrando cifras positivas a inicio de año, lo que indica que los empresarios tanto nacionales como internacionales están interesados en seguir invirtiendo en el territorio nacional.
Según el presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), José Velásquez, en los últimos años se ha registrado un importante crecimiento en la inversión privada del país, lo que refleja que los empresarios tienen confianza en desarrollar sus proyectos en El Salvador.
«Al cierre del 2018 la inversión pública y privada era alrededor de $1,200 millones, lo cual, al cierre de 2025 -solo estamos esperando que nos lo confirme el Banco Central de Reserva [BCR]- va a estar rondando los $3,000 millones, un salto cuantitativo bastante grande, con un crecimiento que rondará el 30 %», afirmó durante una entrevista televisiva.
En su opinión, el sector se ha convertido en uno de los principales impulsores de la economía. «Estamos aportando entre el sector de actividades inmobiliarias y la construcción alrededor del 17 % del PIB y generando más de 170,000 empleos entre directos e indirectos», aseguró.
Según Velásquez, las cifras confirman que «hay mucha confianza del sector privado que quiere invertir, que busca desarrollar sus proyectos y que entre el 70 % y 75 % son habitacionales».
Velásquez resaltó además que están comenzando a desarrollar proyectos habitacionales orientados a atender a los sectores de ingresos medios y bajos, donde existe una mayor necesidad de vivienda.
«Estamos construyendo en altura porque hubo un cambio cultural y también por la necesidad de hacerlo, debido a nuestro límite territorial, ya que no somos un territorio demasiado grande; además, esto permite impactar menos la parte medioambiental y otros temas», agregó.
Por otra parte, destacó que la industria está respondiendo a una mayor demanda de vivienda, impulsada por el crecimiento del turismo y por salvadoreños que regresan del extranjero e invierten en inmuebles.
Proyectos liberados
El dinamismo de la construcción también es confirmado por el director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Luis Rodríguez, quien detalló que en el inicio de 2026, la inversión total de la construcción en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) alcanza los $5,505 millones.
Según el funcionario, la mayor parte de esta inversión se dio en proyectos habitacionales con un 53 %, seguido del logístico con un 12.9 % y el turístico con un 12.4 %.
Además, comentó que se registra un crecimiento de proyectos de uso mixto, que son otro tipo de coinversiones.
«Logística y turismo son dos rubros que se mantienen. En general estamos teniendo un pastel bastante estable y que en cierto modo se está tratando de cubrir las necesidades de todo ese tipo de industrias», detalló.
Agregó: «Esto se da para solucionar la necesidad de metros para el área industrial para instalar este tipo de proyectos».
Sumó que junto al sector trabajan para analizar cuáles son los diferentes planes para ir impulsando el sector privado.
«Nosotros mantenemos la proyección de año de alrededor de $8,000 millones de inversión privada. Por el ritmo consideramos que va vamos bien, las proyecciones que vemos con Casalco y los proyectos que están entrando a Opamss nos indican que vamos bien», concretó.
Por otra parte, remarcó que industrias relacionadas a la construcción también han crecido, incluyendo el empleo en el sector, sobre todo en servicios previos a la construcción, estudios de arquitectura, y legales, entre otros.
Como parte de los proyectos previstos para este año, Rodríguez destacó que se prevén ampliaciones de naves industriales para distribución a proveedores en la cadena de abastecimiento. Se esperan que sean tres proyectos más.
Ahora, sobre todo con la seguridad, los inversionistas pueden establecerse en cualquier zona del país.
Es importante destacar que también se reúnen con la banca internacional para fomentar más los proyectos de inversión en el sector. «No paramos de estar ofreciendo condiciones al sector privado para que esto no se detenga», finalizó.
El presidente de la república, Nayib Bukele, reiteró que los derechos de las personas honradas son una prioridad para su gobierno, y no los derechos de los criminales que son defendidos por ciertas organizaciones nacionales e internacionales que manifiestan trabajar en pro de los derechos humanos.
A través de una publicación en X, el mandatario citó las declaraciones que brindó a la prensa durante una conferencia en la que fue consultado respecto a la postura de ciertas entidades, medios de comunicación, entre otros sectores, que están en contra de las medidas de seguridad implementadas en El Salvador, mismas que son respaldadas por el 96 % de la población por sus resultados positivos.
«Un buen momento para recordar esto [declaraciones], donde, sin saberlo, respondí al 100 % de las acusaciones que hoy hacen quienes únicamente defienden los derechos humanos de los criminales, que no niego que los tengan, pero es extraño que ellos sean la única prioridad de estas organizaciones», indicó Bukele.
En el video adjunto el jefe de Estado expone que los criminales tienen derechos humanos, pero cuestionó la posición de las organizaciones que anteponen la defensa de estos individuos frente a la población que fue afectada durante décadas por la violencia social en El Salvador.
Por su parte, el vicepresidente de la república, Félix Ulloa, recordó ayer que los actos cometidos por grupos terroristas son tipificados como delitos de lesa humanidad, y que lo ocurrido en el país entre 2009 y 2019 fue un genocidio, «cuando fueron asesinados más de 41,000 salvadoreños».
Ulloa remarcó que dichos crímenes no prescriben en el tiempo, razón por la cual deberían ser juzgados, pero cuestionó a las organizaciones de derechos humanos por no hacerlo, sino que obedecen a ciertas agendas. «¿Por qué los juristas y expertos no lo denuncian? ¿Seguirán ocultando y cohonestando [dar apariencia de justa o razonable una acción que no lo es] las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de esos años?», expuso.
Ulloa añadió: «El genocidio salvadoreño del siglo XXI es omitido como delito de lesa humanidad por juristas, expertos, medios de comunicación y ONG financiadas por [George] Soros. ¿Deberían las Naciones Unidas investigarlo de oficio?».
Reiteró que el «genocidio» cometido por grupos delincuenciales puede juzgarse en cualquier momento; sin embargo, remarcó la falta de compromiso que hubo con la población que fue afectada por el accionar criminal.
«¿Dónde están los funcionarios de ese gobierno? Pregúntenle a “los expertos” pues varios de ellos están asociados a ONGs que son las fuentes de “su informe”», indicó el vicepresidente.
