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AVANZO tendrá menor ponderación que la anterior prueba PAES

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La prueba AVANZO, que se implementará por primera vez este año a cerca de 70,000 estudiantes egresados de educación media, tendrá un valor del 15 % como requisito para que los alumnos se gradúen, 10 puntos porcentuales menos que la anterior Prueba de Aprendizajes y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES).

La PAES equivalía a un 25 %, y se aplicó durante 22 años en el país. La nueva apuesta en Educación y las condiciones dadas por la pandemia de COVID-19 impulsaron al Ministerio de Educación (MINED) a hacer modificaciones que correspondan más a la realidad de los estudiantes.

AVANZO se llevará a cabo del 1 al 4 de diciembre, y el 11 de diciembre se hará la prueba extraordinaria, de acuerdo con el nuevo calendario establecido por las autoridades debido a la emergencia por lluvias que experimentó el país, informó la ministra, Carla de Varela.

“Reprogramamos (la prueba) porque hemos priorizado la vida y prevención de riesgos que muchos alumnos y maestros pueden enfrentar (…) peligro por desplazamiento, porque no todos tienen internet en casa”, aclaró la funcionaria.

Para la realización de la prueba, el Gobierno ha acordado con las compañías de telefonía que operan en el país la provisión de servicio de internet gratuito para que los alumnos completen el examen de manera virtual.

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FOTOS – VIDEOS: Con bloqueos de calles, agresiones y la asistencia niños y ancianos en sillas de ruedas, oposición marchó en contra del Gobierno de El Salvador

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Este domingo 16 de enero, en el 30 aniversario de la firma de los acuerdos de paz, manifestantes en contra del gobierno de El Salvador agreden a personas que se dirigían a su trabajo, bloquean diferentes calles que impiden la libre circulación de los conductores y utilizan a niños y ancianos para marchar.

Varios usuarios en redes sociales publicaron un video en donde manifestantes agreden a un trabajador que se dirigía a realizar una entrega y circulaba en la comunidad de La Gloria.

En la calle Rubén Darío, se ubicó la presencia de niños y personas de la tercera edad que fueron solicitados para marchar bajo el sol. Según informaron algunos adultos mayores de Cabañas, Chalatenango, La Libertad y La Paz se hicieron presentes en las manifestaciones con el deseo de “venir a pasear” y otros aseguran que fueron invitados a San Salvador sin revelarles el motivo.

También fueron documentadas personas de la tercera edad que se movilizan en sillas de ruedas que utilizaron los carteles que portaban para cubrirse de los rayos del sol.

Los manifestantes utilizaron piedras y vehículos para bloquear la libre circulación de los conductores que transitaban en las calles aledañas al Parque Cuscatlán.

Ante esto, el Presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó: «Exactamente por eso señor, porque los utilizaron y los obligaron a matarse entre hermanos. Por eso mismo es que ya no conmemoraremos a los que los utilizaron y los obligaron a matarse, sino a sus víctimas».

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Nacionales

Acuerdos de Paz fueron un pacto de amnistía entre ARENA y FMLN

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Esperanza y cambios demandó la población salvadoreña tras la firma de los Acuerdos de Paz por las partes beligerantes en el Castillo de Chapultepec, en México, el 16 de enero de 1992. 

Nueve capítulos conforman el documento firmado, instrumento que en teoría daría la pauta para reconstruir una sociedad espoliada por cuatro décadas de dictaduras militares y 12 años de conflicto armado.  

Para Dagoberto Gutiérrez, analista político y firmante de los Acuerdos de Paz, parte de las causales de la guerra fueron las desigualdades sociales, culturales y económicas de la época. 

«La guerra era oligárquica. En el oriente del país había una clase de guerra, en Chalatenango había otra guerra, en Guazapa había dos guerras: una en el norte y otra en el sur, en San Vicente era otra guerra», citó como ejemplos, y mencionó que muchas masacres, aún en la actualidad, siguen impunes.  

En la Asamblea Legislativa, los diputados de la bancada de Nuevas Ideas coinciden en un punto en particular: los Acuerdos solo fueron un reparto de bienes entre ARENA y el FMLN, la garantía de impunidad y la administración de instituciones claves dentro del aparato estatal. 

El presidente de ese órgano estatal, Ernesto Castro, lamentó que ninguno de esos dos partidos decidió emprender el rumbo para reconstruir a El Salvador. 

«El perdón y el olvido en este país necesitan de la verdad. La masacre de los jesuitas es un crimen de lesa humanidad que siempre estuvo encubierto por el sistema», dijo recientemente Castro en una entrevista televisiva. 

La Asamblea Legislativa acordó derogar el decreto de la conmemoración del día de la firma de los Acuerdos de Paz y lo sustituyó por el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado.  

A partir de 1992, El Salvador pasó de una guerra civil a una especie de guerra social, con el incremento exponencial de grupos delictivos, que ante la falta de políticas públicas concretas ganaron territorio y poder. 

En 1993 se promulgó una ley de amnistía que entregó de forma expedita inmunidad e impunidad a todos los autores de hechos violentos cometidos durante el conflicto armado. 

Dicha ley, avalada por la Asamblea Legislativa, evidentemente contradecía el texto de los Acuerdos, ya que eliminaba de tajo la posibilidad de un resarcimiento de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos de violencia. 

La referida normativa fue derogada en 2016 con una sentencia de la Sala de lo Constitucional; aun así, el Gobierno del FMLN no promovió iniciativas para que los casos cerrados fueran reabiertos para castigar a los responsables.

La reconstrucción del país no implicaba solamente reparar las edificaciones dañadas, sino comenzar a construir un nuevo sistema en el que las causas que originaron el conflicto se eliminaran y se corrigiera el camino a seguir; además, que la justicia transicional llegara a las víctimas y a los familiares de estas, con el esclarecimiento de todos los crímenes de lesa humanidad, la apertura de los registros militares y la promoción del resarcimiento para la sociedad salvadoreña. 

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fue una de las instituciones creadas a partir de los Acuerdos de Paz. Es la entidad responsable de promover la reparación a las víctimas, pero en casi 30 años de funcionamiento nunca entregó una propuesta seria sobre justicia transicional, como lo aceptó recientemente el actual procurador, Apolonio Tobar.

Con todos esos elementos, la sociedad salvadoreña sigue con el gran reto de otorgar justicia a las más de 80,000 muertes durante el conflicto bélico, y que sus familias puedan conocer la verdad, que los verdugos sean castigados, que las «heridas abiertas» sean cerradas con la justicia que por tres décadas durmió en el «sueño de los justos». Por ello, la Asamblea Legislativa ha declarado el 16 de enero Día de las Víctimas del Conflicto Armado, para comenzar a resarcir el daño.

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En Usulután, muere un hombre tras ser atacado por abejas

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El ataque de un enjambre en un sector del departamento de Usulután dejó una persona lesionada y otra fallecida este sábado, según informó la Policía Nacional Civil (PNC). El hecho también fue confirmado por Cruz Verde Salvadoreña, quienes atendieron a los afectados.

También, un equipo de Cuerpo de Bomberos se hizo presente para controlar la situación.

Según la PNC, el hecho ocurrió en el cantón Puerto Parada, en territorio usuluteco.

La persona lesionada fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica inmediata.

Hasta el momento, las identidades del fallecido y el lesionado no han sido dadas a conocer por las autoridades.  

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