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Autoridades instan a los salvadoreños a no comprar pólvora prohibida
Las autoridades de Protección Civil han instado a los padres de familia y población en general a no comprar pólvora prohibida y a no permitir que los niños se expongan a quemaduras de gravedad, también pidieron a los comerciantes no vender productos que están fuera de ley.
El titular de la institución, Luis Amaya, advirtió que en caso de resultar un niño quemado serán los padres de familia los que responderán ante la justicia, tal como lo mandata la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina).
«La Lepina es clara en eso, todo menor de edad que sufra una lesión por pólvora hay que reconocer que tiene un responsable y es quien va a dar cuenta ante las instancias legales, porqué esa niña o niño resultó lesionado», afirmó Amaya.
El funcionario dijo que no hay pólvora segura, y también hizo un llamado a los padres a no permitir que sus hijos manipulen pirotécnicos, ya que esto les puede causar graves lesiones.
«A los padres de familia, no lo hagan, no sean ustedes artífices de lesiones en sus hijos que pueden provocar traumas para toda la vida», solicitó.
Llamó a la conciencia de los ciudadanos, pues «ningún padre de familia está pensando en provocarle daño a sus hijos, pero de manera inconsciente se hace en el momento que violentamos la normativa (…) estamos poniendo en una situación de riesgo a los niños».
El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, explicó que durante la temporada navideña y de fin de año es cuando más casos de quemados con pólvora ocurren, tanto en niños como adultos, por lo que hizo hincapié que este material no es seguro.
Solano hizo un llamado de responsabilidad a quienes comercialicen pirotécnicos durante esta temporada.
«Favor no comercializar productos prohibidos, hay una ley que regula [Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia] esta actividad y lo prohíbe, como bombas de mezcal, misiles y rocket chinos, silbadores, triángulo mortal y buscaniguas», detalló Solano.
El jefe de Bomberos insistió en no comprar estos productos, pues en el caso de los silbadores dijo que se vuelven generadores de incendios.
Solano detalló que son nueve coheterías las que en este momento están autorizadas para fabricar y distribuir pirotécnicos, el resto que pudiesen surgir entrarían en clandestinidad porque no se han sometido al proceso para obtener los permisos que otorga el Ministerio de Defensa.
Según Bomberos, entre las circunstancias más frecuentes que provocan explosiones en coheterías clandestinas están: el momento cuando los cohetes son llenados con pólvora o por fallas relacionadas al sistema eléctrico. En un ambiente donde hay pólvora, el mínimo de una fricción puede dar paso a que suceda una explosión.
Bomberos ha capacitado a más de 750 personas que comercializan estos productos, pues la normativa exige que sea esta institución la encargada de capacitar y verificar las instalaciones donde serán ubicadas las ventas de pólvora, no obstante, los espacios son propuestos por las alcaldías.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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