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Asamblea Legislativa extiende vigencia del régimen de excepción en El Salvador
El Salvador continúa apostando por la seguridad y tranquilidad de sus habitantes: la Asamblea Legislativa aprobó, con 67 votos a favor, una nueva prórroga del régimen de excepción por treinta días más en todo el territorio nacional.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó en la víspera al presidente del congreso, Ernesto Castro, la solicitud de la extensión, tras su aval previamente por parte del Consejo de Ministros.
«La guerra contra las pandillas tiene el 96 % de apoyo de la población. Estamos viviendo una transformación nunca vista en el país. No dejaremos que el país vuelva a estar en manos de esas estructuras», dijo Villatoro, tras entregar la solicitud de extensión.
Las autoridades de Seguridad Pública han reportado que el presente mes de marzo lleva 10 días sin homicidios a escala nacional, ello como parte de la estrategia de seguridad pública que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
La prórroga de extensión del régimen de excepción coincide con el traslado de otros dos mil pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con lo que ya suman cuatro mil los pandilleros recluidos en el lugar.
Los meses de enero y febrero de 2023 cerraron con 11 y 21 homicidios, respectivamente, lo que llevó a una reducción drástica de un dígito la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes.
El Salvador mantiene en vigencia el régimen de excepción, una figura avalada por la Constitución, desde el 27 de marzo del año pasado, tras una ola de asesinatos que sacudió el país en la víspera.
El régimen de excepción ha permitido la captura de 65,795 pandilleros y el decomiso de 2, 513 armas de fuego, 3,167 vehículos, 15, 693 teléfonos celulares y $3 millones en efectivo.
El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, por su parte, reveló que como resultado de la vigencia del régimen de excepción más de 200 días no han registrado homicidio en el país, lo que hace que la tasa diaria de homicidio sea de 0.6 la cual también advierte será llevada a niveles más bajos.
La revista especializabda Bloomberg, citando a Moody’s Investors Service, publicó a finales del mes pasado que los inéditos niveles de seguridad alcanzados con la ejecución de estrategias impulsadas por el Gobierno de Bukele propiciarían el incremento de las inversiones y, por ende, el crecimiento económico del país, ello porque las empresas y los consumidores irán ganando confianza.
El Plan Control Territorial y la implementación del estado de excepción llevó a El Salvador a tener en 2022 el año más seguro en su historia, al registrarse 495 homicidios a escala, es decir, un promedio diario de homicidios anual de 1.4.
El Salvador también cerró el año 2022 quedando fuera de la lista de los 15 países de América Latina con mayor tasa de violencia homicida por primera vez en su historia como República.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
