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Asamblea Legislativa extiende vigencia del régimen de excepción en El Salvador
El Salvador continúa apostando por la seguridad y tranquilidad de sus habitantes: la Asamblea Legislativa aprobó, con 67 votos a favor, una nueva prórroga del régimen de excepción por treinta días más en todo el territorio nacional.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó en la víspera al presidente del congreso, Ernesto Castro, la solicitud de la extensión, tras su aval previamente por parte del Consejo de Ministros.
«La guerra contra las pandillas tiene el 96 % de apoyo de la población. Estamos viviendo una transformación nunca vista en el país. No dejaremos que el país vuelva a estar en manos de esas estructuras», dijo Villatoro, tras entregar la solicitud de extensión.
Las autoridades de Seguridad Pública han reportado que el presente mes de marzo lleva 10 días sin homicidios a escala nacional, ello como parte de la estrategia de seguridad pública que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
La prórroga de extensión del régimen de excepción coincide con el traslado de otros dos mil pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con lo que ya suman cuatro mil los pandilleros recluidos en el lugar.
Los meses de enero y febrero de 2023 cerraron con 11 y 21 homicidios, respectivamente, lo que llevó a una reducción drástica de un dígito la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes.
El Salvador mantiene en vigencia el régimen de excepción, una figura avalada por la Constitución, desde el 27 de marzo del año pasado, tras una ola de asesinatos que sacudió el país en la víspera.
El régimen de excepción ha permitido la captura de 65,795 pandilleros y el decomiso de 2, 513 armas de fuego, 3,167 vehículos, 15, 693 teléfonos celulares y $3 millones en efectivo.
El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, por su parte, reveló que como resultado de la vigencia del régimen de excepción más de 200 días no han registrado homicidio en el país, lo que hace que la tasa diaria de homicidio sea de 0.6 la cual también advierte será llevada a niveles más bajos.
La revista especializabda Bloomberg, citando a Moody’s Investors Service, publicó a finales del mes pasado que los inéditos niveles de seguridad alcanzados con la ejecución de estrategias impulsadas por el Gobierno de Bukele propiciarían el incremento de las inversiones y, por ende, el crecimiento económico del país, ello porque las empresas y los consumidores irán ganando confianza.
El Plan Control Territorial y la implementación del estado de excepción llevó a El Salvador a tener en 2022 el año más seguro en su historia, al registrarse 495 homicidios a escala, es decir, un promedio diario de homicidios anual de 1.4.
El Salvador también cerró el año 2022 quedando fuera de la lista de los 15 países de América Latina con mayor tasa de violencia homicida por primera vez en su historia como República.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
