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Asamblea Legislativa extiende vigencia del régimen de excepción en El Salvador
El Salvador continúa apostando por la seguridad y tranquilidad de sus habitantes: la Asamblea Legislativa aprobó, con 67 votos a favor, una nueva prórroga del régimen de excepción por treinta días más en todo el territorio nacional.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó en la víspera al presidente del congreso, Ernesto Castro, la solicitud de la extensión, tras su aval previamente por parte del Consejo de Ministros.
«La guerra contra las pandillas tiene el 96 % de apoyo de la población. Estamos viviendo una transformación nunca vista en el país. No dejaremos que el país vuelva a estar en manos de esas estructuras», dijo Villatoro, tras entregar la solicitud de extensión.
Las autoridades de Seguridad Pública han reportado que el presente mes de marzo lleva 10 días sin homicidios a escala nacional, ello como parte de la estrategia de seguridad pública que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
La prórroga de extensión del régimen de excepción coincide con el traslado de otros dos mil pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con lo que ya suman cuatro mil los pandilleros recluidos en el lugar.
Los meses de enero y febrero de 2023 cerraron con 11 y 21 homicidios, respectivamente, lo que llevó a una reducción drástica de un dígito la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes.
El Salvador mantiene en vigencia el régimen de excepción, una figura avalada por la Constitución, desde el 27 de marzo del año pasado, tras una ola de asesinatos que sacudió el país en la víspera.
El régimen de excepción ha permitido la captura de 65,795 pandilleros y el decomiso de 2, 513 armas de fuego, 3,167 vehículos, 15, 693 teléfonos celulares y $3 millones en efectivo.
El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, por su parte, reveló que como resultado de la vigencia del régimen de excepción más de 200 días no han registrado homicidio en el país, lo que hace que la tasa diaria de homicidio sea de 0.6 la cual también advierte será llevada a niveles más bajos.
La revista especializabda Bloomberg, citando a Moody’s Investors Service, publicó a finales del mes pasado que los inéditos niveles de seguridad alcanzados con la ejecución de estrategias impulsadas por el Gobierno de Bukele propiciarían el incremento de las inversiones y, por ende, el crecimiento económico del país, ello porque las empresas y los consumidores irán ganando confianza.
El Plan Control Territorial y la implementación del estado de excepción llevó a El Salvador a tener en 2022 el año más seguro en su historia, al registrarse 495 homicidios a escala, es decir, un promedio diario de homicidios anual de 1.4.
El Salvador también cerró el año 2022 quedando fuera de la lista de los 15 países de América Latina con mayor tasa de violencia homicida por primera vez en su historia como República.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
