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Asamblea Legislativa extiende vigencia del régimen de excepción en El Salvador
El Salvador continúa apostando por la seguridad y tranquilidad de sus habitantes: la Asamblea Legislativa aprobó, con 67 votos a favor, una nueva prórroga del régimen de excepción por treinta días más en todo el territorio nacional.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó en la víspera al presidente del congreso, Ernesto Castro, la solicitud de la extensión, tras su aval previamente por parte del Consejo de Ministros.
«La guerra contra las pandillas tiene el 96 % de apoyo de la población. Estamos viviendo una transformación nunca vista en el país. No dejaremos que el país vuelva a estar en manos de esas estructuras», dijo Villatoro, tras entregar la solicitud de extensión.
Las autoridades de Seguridad Pública han reportado que el presente mes de marzo lleva 10 días sin homicidios a escala nacional, ello como parte de la estrategia de seguridad pública que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
La prórroga de extensión del régimen de excepción coincide con el traslado de otros dos mil pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con lo que ya suman cuatro mil los pandilleros recluidos en el lugar.
Los meses de enero y febrero de 2023 cerraron con 11 y 21 homicidios, respectivamente, lo que llevó a una reducción drástica de un dígito la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes.
El Salvador mantiene en vigencia el régimen de excepción, una figura avalada por la Constitución, desde el 27 de marzo del año pasado, tras una ola de asesinatos que sacudió el país en la víspera.
El régimen de excepción ha permitido la captura de 65,795 pandilleros y el decomiso de 2, 513 armas de fuego, 3,167 vehículos, 15, 693 teléfonos celulares y $3 millones en efectivo.
El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, por su parte, reveló que como resultado de la vigencia del régimen de excepción más de 200 días no han registrado homicidio en el país, lo que hace que la tasa diaria de homicidio sea de 0.6 la cual también advierte será llevada a niveles más bajos.
La revista especializabda Bloomberg, citando a Moody’s Investors Service, publicó a finales del mes pasado que los inéditos niveles de seguridad alcanzados con la ejecución de estrategias impulsadas por el Gobierno de Bukele propiciarían el incremento de las inversiones y, por ende, el crecimiento económico del país, ello porque las empresas y los consumidores irán ganando confianza.
El Plan Control Territorial y la implementación del estado de excepción llevó a El Salvador a tener en 2022 el año más seguro en su historia, al registrarse 495 homicidios a escala, es decir, un promedio diario de homicidios anual de 1.4.
El Salvador también cerró el año 2022 quedando fuera de la lista de los 15 países de América Latina con mayor tasa de violencia homicida por primera vez en su historia como República.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
