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Internacionales

Violencia, narcotráfico y pandillas provocan aumento en migración irregular en Ecuador

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Las crisis económicas no son las únicas que están provocando un aumento en la migración irregular en Ecuador. Es una situación provocada también, y en su mayor parte, por el azote de la violencia, las pandillas y el narcotráfico, según señalan medios estadounidenses.

Un artículo publicado en The Minnesota Star Tribune asegura que Ecuador se ha convertido en el cuarto país que más migración irregular registra hacia Estados Unidos y la cuarta que más detenidos contabiliza en la frontera estadounidense con México.

«La amenaza del crimen organizado generalmente no califica a las personas para el asilo en Estados Unidos, pero eso no ha impedido que los ecuatorianos se vayan, lo que los convierte en la cuarta nacionalidad más grande arrestada en la frontera de Estados Unidos con México durante el último año», señala el artículo.

En ese sentido, las dificultades que existen en la migración hacia suelo estadounidense provocan que los migrantes ecuatorianos terminen por establecerse en otros países como México, Colombia, Honduras y Haití.

Esta situación ha encontrado un punto de inflexión en 2018, momento en que las tasas de criminalidad y violencia comenzaron a aumentar y a desbordarse, a tal punto que ha derivado en un éxodo migratorio cada vez mayor.

«Las pandillas han desatado una ola de violencia y extorsión en todos los rincones de esta nación de 18 millones de personas, trastocando vidas y estimulando un éxodo sin precedentes. Comunidades e industrias enteras han sido consumidas por ella, y familias han quedado destrozadas. Muchos dicen que se han visto obligados a huir para escapar de la anarquía», señala el artículo.

«Ecuador en general fue durante mucho tiempo un lugar pacífico para la región, un mundo alejado de la guerra de algunas otras naciones. Pero el tráfico de drogas, las luchas de pandillas por el control y las olas de violencia sacudieron al país, a partir de 2018», añade.

En la actulidad, Ecuador es presidido por Daniel Noboa, un mandatario de 36 años de edad y descendiente de empresarios bananeros, quien ha anunciado que buscará la reelección en los próximos comicios, pero quien poco ha podido hacer frente al incremento de la violencia en la nación sudamericana.

Esta alza de la violencia, según el artículo, tiene su punto más importante en Guayaquil, la ciudad más grande Ecuador. Sin embargo, la nación ecuatoriana tiene cinco de las 10 ciudades con las tasas de homicidios más altas de todo el mundo, lo que la posiciona como uno de los puntos más violentos en el hemisferio occidental.

«Los pandilleros y sus asociados van de puerta en puerta exigiendo «vacunas», pagos mensuales a cambio de protección. A veces, estas demandas de extorsión provienen de vecinos, conocidos. Las demandas aparecen como mensajes de texto en teléfonos móviles o amenazas de violencia por negarse a pagar», explica el artículo.

«En Guayaquil, las tiendas pueden pagar alrededor de $2,000 mensuales para permanecer en el negocio, mientras que la comida callejera cuesta $50 o $100, dicen los residentes. Los taxistas pagan para conducir en ciertos barrios. Los que se nieguen a hacerlo pueden ser asesinados, secuestrados o robados», detalla también.

Por ahora, Ecuador sufre la problemática que azotó a El Salvador durante varias décadas, teniendo su punto más alto en 2015, el año más violento en la historia del país. Sin embargo, en los últimos cinco años, estrategias como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción (aún vigente), implementadas por el presidente Nayib Bukele, han transformado al país en el más seguro del hemisferio occidental.

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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula

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Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.

Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala

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El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.

Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.

Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.

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Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán

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Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.

El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.

La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.

Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía

Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».

Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.

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