Internacionales
Violencia, narcotráfico y pandillas provocan aumento en migración irregular en Ecuador
Las crisis económicas no son las únicas que están provocando un aumento en la migración irregular en Ecuador. Es una situación provocada también, y en su mayor parte, por el azote de la violencia, las pandillas y el narcotráfico, según señalan medios estadounidenses.
Un artículo publicado en The Minnesota Star Tribune asegura que Ecuador se ha convertido en el cuarto país que más migración irregular registra hacia Estados Unidos y la cuarta que más detenidos contabiliza en la frontera estadounidense con México.
«La amenaza del crimen organizado generalmente no califica a las personas para el asilo en Estados Unidos, pero eso no ha impedido que los ecuatorianos se vayan, lo que los convierte en la cuarta nacionalidad más grande arrestada en la frontera de Estados Unidos con México durante el último año», señala el artículo.
En ese sentido, las dificultades que existen en la migración hacia suelo estadounidense provocan que los migrantes ecuatorianos terminen por establecerse en otros países como México, Colombia, Honduras y Haití.
Esta situación ha encontrado un punto de inflexión en 2018, momento en que las tasas de criminalidad y violencia comenzaron a aumentar y a desbordarse, a tal punto que ha derivado en un éxodo migratorio cada vez mayor.
«Las pandillas han desatado una ola de violencia y extorsión en todos los rincones de esta nación de 18 millones de personas, trastocando vidas y estimulando un éxodo sin precedentes. Comunidades e industrias enteras han sido consumidas por ella, y familias han quedado destrozadas. Muchos dicen que se han visto obligados a huir para escapar de la anarquía», señala el artículo.
«Ecuador en general fue durante mucho tiempo un lugar pacífico para la región, un mundo alejado de la guerra de algunas otras naciones. Pero el tráfico de drogas, las luchas de pandillas por el control y las olas de violencia sacudieron al país, a partir de 2018», añade.
En la actulidad, Ecuador es presidido por Daniel Noboa, un mandatario de 36 años de edad y descendiente de empresarios bananeros, quien ha anunciado que buscará la reelección en los próximos comicios, pero quien poco ha podido hacer frente al incremento de la violencia en la nación sudamericana.
Esta alza de la violencia, según el artículo, tiene su punto más importante en Guayaquil, la ciudad más grande Ecuador. Sin embargo, la nación ecuatoriana tiene cinco de las 10 ciudades con las tasas de homicidios más altas de todo el mundo, lo que la posiciona como uno de los puntos más violentos en el hemisferio occidental.
«Los pandilleros y sus asociados van de puerta en puerta exigiendo «vacunas», pagos mensuales a cambio de protección. A veces, estas demandas de extorsión provienen de vecinos, conocidos. Las demandas aparecen como mensajes de texto en teléfonos móviles o amenazas de violencia por negarse a pagar», explica el artículo.
«En Guayaquil, las tiendas pueden pagar alrededor de $2,000 mensuales para permanecer en el negocio, mientras que la comida callejera cuesta $50 o $100, dicen los residentes. Los taxistas pagan para conducir en ciertos barrios. Los que se nieguen a hacerlo pueden ser asesinados, secuestrados o robados», detalla también.
Por ahora, Ecuador sufre la problemática que azotó a El Salvador durante varias décadas, teniendo su punto más alto en 2015, el año más violento en la historia del país. Sin embargo, en los últimos cinco años, estrategias como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción (aún vigente), implementadas por el presidente Nayib Bukele, han transformado al país en el más seguro del hemisferio occidental.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
