Internacionales
Violencia, narcotráfico y pandillas provocan aumento en migración irregular en Ecuador
Las crisis económicas no son las únicas que están provocando un aumento en la migración irregular en Ecuador. Es una situación provocada también, y en su mayor parte, por el azote de la violencia, las pandillas y el narcotráfico, según señalan medios estadounidenses.
Un artículo publicado en The Minnesota Star Tribune asegura que Ecuador se ha convertido en el cuarto país que más migración irregular registra hacia Estados Unidos y la cuarta que más detenidos contabiliza en la frontera estadounidense con México.
«La amenaza del crimen organizado generalmente no califica a las personas para el asilo en Estados Unidos, pero eso no ha impedido que los ecuatorianos se vayan, lo que los convierte en la cuarta nacionalidad más grande arrestada en la frontera de Estados Unidos con México durante el último año», señala el artículo.
En ese sentido, las dificultades que existen en la migración hacia suelo estadounidense provocan que los migrantes ecuatorianos terminen por establecerse en otros países como México, Colombia, Honduras y Haití.
Esta situación ha encontrado un punto de inflexión en 2018, momento en que las tasas de criminalidad y violencia comenzaron a aumentar y a desbordarse, a tal punto que ha derivado en un éxodo migratorio cada vez mayor.
«Las pandillas han desatado una ola de violencia y extorsión en todos los rincones de esta nación de 18 millones de personas, trastocando vidas y estimulando un éxodo sin precedentes. Comunidades e industrias enteras han sido consumidas por ella, y familias han quedado destrozadas. Muchos dicen que se han visto obligados a huir para escapar de la anarquía», señala el artículo.
«Ecuador en general fue durante mucho tiempo un lugar pacífico para la región, un mundo alejado de la guerra de algunas otras naciones. Pero el tráfico de drogas, las luchas de pandillas por el control y las olas de violencia sacudieron al país, a partir de 2018», añade.
En la actulidad, Ecuador es presidido por Daniel Noboa, un mandatario de 36 años de edad y descendiente de empresarios bananeros, quien ha anunciado que buscará la reelección en los próximos comicios, pero quien poco ha podido hacer frente al incremento de la violencia en la nación sudamericana.
Esta alza de la violencia, según el artículo, tiene su punto más importante en Guayaquil, la ciudad más grande Ecuador. Sin embargo, la nación ecuatoriana tiene cinco de las 10 ciudades con las tasas de homicidios más altas de todo el mundo, lo que la posiciona como uno de los puntos más violentos en el hemisferio occidental.
«Los pandilleros y sus asociados van de puerta en puerta exigiendo «vacunas», pagos mensuales a cambio de protección. A veces, estas demandas de extorsión provienen de vecinos, conocidos. Las demandas aparecen como mensajes de texto en teléfonos móviles o amenazas de violencia por negarse a pagar», explica el artículo.
«En Guayaquil, las tiendas pueden pagar alrededor de $2,000 mensuales para permanecer en el negocio, mientras que la comida callejera cuesta $50 o $100, dicen los residentes. Los taxistas pagan para conducir en ciertos barrios. Los que se nieguen a hacerlo pueden ser asesinados, secuestrados o robados», detalla también.
Por ahora, Ecuador sufre la problemática que azotó a El Salvador durante varias décadas, teniendo su punto más alto en 2015, el año más violento en la historia del país. Sin embargo, en los últimos cinco años, estrategias como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción (aún vigente), implementadas por el presidente Nayib Bukele, han transformado al país en el más seguro del hemisferio occidental.
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Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
