Internacionales
Tres días de terror: la secuestró, abusó de ella y la obligó a leer la Biblia
Se revelaron nuevos detalles de los días que la joven de 23 años estuvo privada de su libertad en Boston.
Este miércoles Víctor Peña, de 38 años, se declaró inocente de secuestro y 10 cargos de violación agravada contra una mujer de 23 años en Charlestown, Massachusetts, pese a que fue encontrada en su departamento.
Durante el proceso legal en el Tribunal Superior de Suffolk surgieron nuevos detalles que lo acusaron de violar repetidamente a la mujer, obligándola a leer en voz alta una biblia en español y alimentándola únicamente con piña en conserva, informó NBC News .
La policía encontró a la víctima viva dentro del apartamento de Peña en Charlestown, Massachusetts, el 22 de enero, tres días antes la víctima había acudido a un bar con su hermana y algunas amigas cuando Peña la sacó con engaños del lugar y la llevó a su apartamento.
La mujer dijo que se despertó al día siguiente en un colchón en el sucio apartamento de Peña, según los fiscales.
La mujer declaró a un detective que «estaba retenida en contra de su voluntad» y que Peña tomó su teléfono y «se negó a dejarla salir del apartamento todo el tiempo que estuvo allí».
Ahora se reveló que Peña supuestamente le dijo a la mujer que él la estaba salvando de la calle y que los dos iban a formar una familia juntos.
Los fiscales dijeron que Peña además le ofreció a la mujer fideos ramen, pero ella no podía comerla porque tiene intolerancia al trigo, por lo que sólo comía piña enlatada, además que la obligaba a beber whisky.
También se reveló que la mujer se ofreció a ayudar a limpiar el apartamento de Peña como una forma de encontrar un escape. Los fiscales dijeron que temía hacer un movimiento contra Peña por temor a perder la oportunidad de recuperar su libertad.
La otra versión del hermano del secuestrador
El hermano mayor de Peña, José, le dijo al Boston Globe que su hermano tiene problemas mentales como resultado de un procedimiento médico que se le realizó a los siete años, durante los cuales su cerebro fue privado de oxígeno.
José dijo que basándose en la versión de los acontecimientos de su hermano, que dijo en una llamada telefónica desde la cárcel, que según Peña no secuestró a la mujer.
El periódico informó que Peña le dijo a su hermano mayor que conoció a la mujer de 23 años el 19 de enero, y que ella lo acompañó voluntariamente y pasó la noche en su casa.
A la mañana siguiente, la víctima supuestamente le dijo a Peña que temía que su padre se enojara con ella por lo que decidió quedarse en su apartamento y que incluso se ofreció a limpiarlo.
El periódico también informó que Peña no tiene trabajo y vive de los pagos de la Seguridad Social porque tiene una discapacidad mental.
Peña tiene un hijo de una relación anterior, pero no ha jugado ningún papel en su educación, según la madre del niño, quien le dijo al Globe, que el padre de su hijo nunca había sido violento.
La evidencia
Antes de ser secuestrada, la víctima fue vista por última vez cerca del bar de Hennessy en Boston alrededor de las 11 de la noche del 19 de enero, donde había estado con su familia y amigos.
La policía explicó que las imágenes de vigilancia capturaron a Peña cuando retenía a la mujer más tarde esa noche, y dicen que estaba claro que «ella no estuvo de acuerdo» por el forcejeo de su parte.
La policía localizó a la mujer y a Peña en el barrio de Charlestown de la ciudad el 22 de enero, luego de verla en las imágenes de vigilancia en el metro, además de triangular el GPS de su teléfono celular.
Cuando visitaron su casa, Peña solo respondió después de que un cerrajero comenzó a perforar agujeros en la puerta, informó ABC .
En ese momento, se dice que Peña le devolvió el teléfono a la mujer y le dijo que le enviara un mensaje de texto diciendo que estaba bien.
Pena tiene un historial de roces con la ley que se remonta a 15 años atrás, según los informes. En 2009, una mujer presentó una denuncia ante la policía alegando que Peña la estaba acosando en el sistema de metro y tren ligero de Boston.
Por su parte, otras dos mujeres también se quejaron del comportamiento de Peña, informó WCVB-TV, pero nunca se presentaron cargos.
La psicóloga de la corte Jodie Shapiro, quien examinó a Peña después de su arresto, le dijo al juez que el sospechoso actuó de una manera «extraña» durante su entrevista, que incluía chuparse el pulgar y orar por el perdón.
Shapiro dijo que Peña le dijo que tenía pensamientos paranoicos y que escuchaba voces, y supuestamente no entendía lo que estaba sucediendo.
La psicóloga dijo que si bien Peña parecía mostrar signos de enfermedad mental, ella sugirió que era posible que estuviera fingiendo algunos de los síntomas.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
Internacionales
La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
