Internacionales
Médicos de todo el mundo, víctimas de la usurpación de identidad en línea
Periodistas de investigación digital de la AFP revelaron una serie de casos en los que los infractores se presentan como médicos reales, promocionando tratamientos y productos ficticios o haciendo propaganda.
Una tendencia que muestra que los estafadores en línea han encontrado un objetivo fácil en los profesionales sanitarios, que acaban siendo víctimas de acoso o con su reputación empañada.
«Me usurpan la identidad (casi) todos los meses», explicó a la AFP Thiravat Hemachudha, un neurólogo tailandés. «Estos estafadores quieren ganar dinero y citan a profesionales de la salud reconocidos para apoyar sus afirmaciones», detalla.
Su nombre apareció asociado con anuncios y mensajes en Facebook que promocionaban una serie de tratamientos para la diabetes o para agrandar el pene.
Los autores de las publicaciones no fueron identificados, pero el fenómeno constituye «una amenaza importante para la salud de los consumidores», denunció el doctor.
La creciente ola de estafas relacionadas con la usurpación de identidad presenta riesgos financieros y a menudo compromete el acceso a una atención fiable.
En Filipinas, Marissa David creía haber encontrado el mejor remedio para un bulto benigno al comprar una crema que, según un anuncio en Facebook, estaba recomendada por el famoso médico Willie Ong.
La crema en cuestión, que costaba 12,50 dólares -una pequeña fortuna para esta madre filipina- no sólo no está recomendada por el doctor Ong sino que, además, es ineficaz.
Otro médico filipino, Winston Kilimanjaro Creones Tiwaquen, muy popular en las redes sociales, fue imitado en páginas de Facebook promocionando una ropa interior magnética que, milagrosamente, aumentaría el tamaño de los genitales masculinos.
Luchar contra la desinformación
La AFP, que detectó estafas similares en otros países como Birmania y Bulgaria, dispone de un equipo mundial de periodistas de investigación digital que revelan informaciones falsas que se volvieron virales, en colaboración con el programa de verificación de datos de Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram.
En Filipinas, la AFP descubrió media docena de publicaciones en Facebook que contenían videos falsificados del doctor Ong, o en las que se usurpaba la identidad del doctor Tiwaquen promocionando tratamientos rápidos.
A la médica Natalia Solenkova, que trabaja en una unidad de cuidados intensivos de Florida, en el sureste de Estados Unidos, este tipo de desinformación le acarreó un acoso agresivo en línea.
A principios de año, varios comentaristas conservadores -incluido el popular presentador estadounidense de podcasts Joe Rogan- difundieron una captura de pantalla de un tuit falso sobre la vacuna contra el covid-19 en el que se utilizaba el nombre de la facultativa y su seudónimo en Twitter.
«Sabiendo que él (Rogan) tiene millones y millones de suscriptores, me sentí amenazada», explicó Solenkova a la American Medical Association. Rogan admitió su error, pero Solenkova ya había sido objeto de múltiples mensajes de odio.
Otros profesionales también fueron amenazados con acciones legales. Como el doctor Ong, cuyo apellido fue usurpado para un anuncio viral de una marca de frutos secos.
La hermana menor del difunto presidente filipino Benigno Aquino III incluso denunció que se había utilizado su propio apellido en ese anuncio y pidió a Ong que dejara de promocionar el producto en su página Facebook, según los medios de comunicación.
«Me supera lo que me está pasando. No puedo creerlo», dijo el médico en abril, en una serie de videos donde denunció el fraude.
«No es posible que no supieran que esas páginas eran falsas», criticó.
Las asociaciones de defensa de los consumidores han instado a meta a instaurar un mecanismo de control más riguroso de los contenidos, y la compañía asegura que se toma «en serio la amenaza» que representan estas estafas. representan estas estafas.
«Las plataformas deben invertir en sistemas de moderación de contenido fuertes para detectar y eliminar inscripciones fraudulentas, y pueden desempeñar un papel importante en la educación de los usuarios sobre los riesgos», comentó Patricia Schouker, miembro del Instituto Payne, con sede en Colorado, Estados Unidos.
Dos ciudadanos salvadoreños con antecedentes penales fueron arrestados recientemente en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como parte de los operativos que la administración Trump mantiene para retirar de las calles a inmigrantes ilegales con historial violento.
En Dallas, fue detenido Edwin Sagastizado Morán, de 32 años, quien enfrenta condenas previas por robo en Houston, Texas, además de dos delitos graves por reingreso ilegal al país. Mientras tanto, en Houston, se reportó el arresto de Roberto Antonio Caballero García, de 30 años, quien posee una condena por intento de agresión sexuaI contra un menor y otra por escape durante su detención en el condado de Dallas.
El gobierno estadounidense ha señalado que, mientras algunos sectores políticos abogan por la permanencia de inmigrantes con antecedentes delictivos, se mantienen firmes en sus acciones de seguridad para proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
«Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», afirma el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», añade.
El secretario de Estado anuncia «restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense», con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A inicios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves «crímenes» de derechos humanos y «represión sistemática».
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Además el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocio con la migración.
«La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera», advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se hallan asimismo bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Washington anunció este jueves nuevas tarifas portuarias sobre buques construidos y operados por China que atraquen en puertos estadounidenses, en una apuesta por impulsar la industria naval nacional y frenar el dominio del gigante asiático en el sector.
La medida, que se deriva de una investigación iniciada bajo el gobierno anterior de Joe Biden, se conoce cuando Estados Unidos y China están enzarzados en plena guerra comercial por los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones.
«Los buques y el transporte marítimo son vitales para la seguridad económica estadounidense y la libre circulación del comercio», declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.
Según el funcionario, la mayoría de las tasas entrarán en vigor a mediados de octubre.
Bajo las nuevas reglas, se aplicarán tarifas por tonelada o por contenedor, y se cobrarán por cada visita a Estados Unidos, no por cada puerto en el que los buques atraquen.
Se impondrán hasta un máximo de cinco veces al año y los propietarios podrán verse eximidos si hacen un pedido de un buque construido en Estados Unidos.
La industria naviera estadounidense, dominante después de la Segunda Guerra Mundial, ha decaído gradualmente y ahora representa solo el 0,1% de la producción mundial.
Asia domina el sector en la actualidad, con China responsable por la construcción de casi la mitad de los barcos que son lanzados, por delante de Corea del Sur y Japón.
Los tres países asiáticos representan más del 95% de la construcción naval civil, según cifras de la ONU.
Las nuevas tarifas estadounidenses serán «perjudiciales para todos», reaccionó este viernes Lin Jian, un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.
Según el vocero, las tasas «hacen que suban los costes del transporte marítimo a escala mundial» y «acentúan la presión inflacionista en Estados Unidos», pero «no permitirán reimpulsar la industria naval estadounidense».
«Revertir el dominio chino»
Según la decisión estadounidense, habrá tarifas distintas para los buques operados por chinos y para aquellos construidos en China, y ambas aumentarán gradualmente en los años siguientes.
Para los barcos ensamblados en China, la tarifa empieza en 18 dólares por tonelada neta o 120 dólares por contenedor. Esto significa que un buque con 15.000 contenedores podría tener que pagar una tarifa de hasta 1,8 millones de dólares.
Además, todos los buques de transporte de automóviles que no hayan sido fabricados en Estados Unidos también tendrán que pagar una tasa que comenzará a aplicarse dentro de 180 días.
El anuncio introduce también nuevos recargos para los barcos de transporte de gas natural licuado, aunque no entrarán en vigor hasta dentro de tres años.
Una hoja informativa que acompaña al anuncio dice que las tasas no cubrirán «el transporte marítimo en los Grandes Lagos o el Caribe, el transporte marítimo hacia y desde los territorios de Estados Unidos, o las exportaciones de productos básicos en buques que llegan vacíos a Estados Unidos».
«Las acciones de la administración Trump comenzarán a revertir el dominio chino, abordarán las amenazas a la cadena de suministro de Estados Unidos y enviarán una señal de demanda para los buques construidos» en el país, aseguró Greer.
