Internacionales
Llegan los restos de niña guatemalteca fallecida en un hospital de EE.UU.

En un ataúd blanco fue repatriado ayer al aeropuerto de la capital de Guatemala el cuerpo de la niña Jakelin Caal, de siete años, muerta hace dos semanas en un hospital de Estados Unidos bajo custodia después de cruzar la frontera con su padre.
El féretro, con ornamentos dorados, fue recibido por funcionarios de cancillería y luego una carroza fúnebre emprendió el viaje para llevar el cuerpo de Jakelin con su familia que aguarda en la remota aldea indígena de San Antonio Secortez, en el norte del país.
Un largo trayecto de unas 10 horas le esperaban al cortejo hasta la pequeña comunidad rural del municipio maya-q’eqchi’ de Raxruhá, de donde la niña salió con su padre Nery Caal, de 29 años, el pasado 30 de noviembre.
«Aunque no hay un resultado final de la autopsia y la causa de la muerte, se logró hacer la repatriación lo más pronto posible», dijo a la AFP Marta Larra, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Larra señaló que esperan que las autoridades estadounidenses finalicen la investigación sobre la muerte de la niña en un hospital de la ciudad de El Paso, en Texas, a donde fue trasladada luego de ser detenida junto con su padre en un grupo de 163 migrantes el pasado 6 de diciembre.
Tras la detención, en el estado de Nuevo México, Jakelin presentó fiebre, vómitos y convulsiones, y fue atendida inicialmente por socorristas de la patrulla fronteriza y luego llevada al centro médico donde murió el 8 de diciembre, según un informe de la cancillería local.
La muerte de Jakelin provocó una nueva conmoción en el debate migratorio en Estados Unidos y la región que atraviesan por una crisis sin precedentes por el éxodo de miles de centroamericanos que huyen de sus países empujados por la pobreza y la violencia.
Medidas urgentes
Mientras la familia en su aldea de Guatemala espera la llegada del cuerpo de Jakelin, el padre de la menor permanece en Estados Unidos con un permiso especial de libertad otorgado por las autoridades migratorias estadounidenses.
Domingo Caal, padre de Nery, señaló a un equipo de la AFP en San Antonio Secortez que no ha hablado sobre los planes de su hijo en suelo estadounidense al considerar que está en una situación «muy dura» y sobre Jakelin explicó que no pueden «condenar a nadie» por su muerte.
«¿Qué podemos hacer? ¿A quién condenamos? Nosotros no podemos condenar a nadie», señaló Caal en su vivienda, preparada para velar el cuerpo de su nieta.
«Esto es algo lamentable y muy duro», indicó por su lado Rita Elizondo, subsecretaria del Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua), presente en la repatriación del cuerpo de Jakelin en una suerte de capilla con una cruz negra en el área del aeropuerto capitalino destinada para el transporte de carga.
Elizondo detalló que para evitar más tragedias se deben implementar «medidas urgentes», tanto para «sensibilizar» a los guatemaltecos del peligro para atravesar México y cruzar a Estados Unidos y la aplicación de programas de desarrollo que ataquen la pobreza.
De acuerdo con una encuesta oficial, publicada en 2015, el 59,3% de los 16,1 millones de guatemaltecos vive en condiciones de pobreza, factor que cataliza las oleadas migratorias.
Entre los departamentos con mayores índices de pobreza se encuentra Alta Verapaz, región a la que pertenece el poblado de Raxruhá.
El martes pasado, una delegación de congresistas estadounidenses viajó a Nuevo México para investigar la muerte de Jakelin y denunciaron «fallos sistémicos» en el proceso y condiciones de higiene deplorables.
«Nos enteramos de algunos fallos sistémicos muy perturbadores relativos a cómo fue manejada la situación de la niña», dijo a la prensa Joaquin Castro, representante demócrata por Texas que dirigió la delegación que visitó el centro gestionado por la patrulla fronteriza en Lordsburg, Nuevo México, donde estuvo detenida Jakelin.
Hace siete meses Guatemala atravesó otra tragedia migratoria con la muerte de la joven indígena Claudia Gómez, de 19 años, abatida de un disparo por un oficial de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, cerca de la frontera con con México.
Internacionales
El Tren de Aragua se apoya en tecnología para expandir su red criminal en EE. UU.

La organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua, originaria de Venezuela, ha logrado establecerse en al menos 16 estados de Estados Unidos mediante una combinación de alianzas con pandillas locales y tácticas de infiltración tecnológica, según informes de Fox News y otros medios estadounidenses.
Investigaciones revelan que el grupo opera en estados como Florida, Texas, Nueva York, Illinois y Colorado, y ha aprovechado comunidades migrantes para operar con menor visibilidad. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la presencia del Tren de Aragua representa un riesgo creciente para la seguridad interna.
Uno de los aspectos más alarmantes es su sofisticación tecnológica. Según Ali Hopper y Jarrod Sadulski, expertos en crimen organizado y miembros de GUARD Against Trafficking, la pandilla incorpora especialistas en tecnología de la información —algunos bajo coacción— para evadir la detección. Utilizan códigos visuales, secuencias de emojis e imágenes con símbolos ocultos para comunicarse sin ser detectados por los algoritmos de seguridad de plataformas digitales.
Además, el grupo ha establecido alianzas estratégicas con pandillas como los Bloods y los Crips, con las cuales comparte ingresos de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, trata de personas y asesinatos por encargo. Esta colaboración les permite conocer rutas de patrullaje, zonas con menor vigilancia y políticas judiciales locales.
A nivel internacional, el Tren de Aragua ha sido identificado en países como Perú, Chile y Colombia. En marzo de 2025, el Congreso peruano lo declaró organización terrorista. En Chile y Colombia, se le vincula con delitos como secuestro, homicidio, extorsión y explotación sexual.
Frente a su avance, el sistema judicial de EE. UU. ha comenzado a responder. En mayo de 2025, una jueza federal en Pensilvania autorizó la deportación de presuntos integrantes del grupo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. No obstante, tribunales en Texas y Colorado han bloqueado temporalmente estas medidas por presuntas violaciones al debido proceso.
De acuerdo con Insight Crime, el Tren de Aragua ha evolucionado desde su origen carcelario en Venezuela hasta convertirse en una red criminal transnacional, adaptando su estructura a cada país. Aunque la amenaza es real, analistas como los citados por The Guardian advierten que la falta de evidencia directa que vincule a sus miembros con la estructura central del grupo complica su persecución judicial en Estados Unidos.
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Asesinan a una joven «influencer» en el oeste de México

La influencer mexicana Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada la tarde del martes dentro de su salón de belleza, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, según confirmaron autoridades estatales.
La joven, conocida por compartir contenidos sobre belleza y estilo de vida en redes sociales, algunos con hasta 800,000 reproducciones, fue atacada a tiros alrededor de las 18:30 horas locales (00:30 GMT del miércoles) por un sujeto que ingresó al local y disparó directamente en su contra, informó la fiscalía estatal en un comunicado.
“La víctima es una persona con presencia activa e influencia en redes sociales”, destacó la institución, que añadió que el caso está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio.
Elementos de la policía municipal llegaron al establecimiento tras una llamada de emergencia y confirmaron el fallecimiento de Márquez en el lugar. Agentes del Ministerio Público permanecieron en la escena recabando pruebas y testimonios para esclarecer el crimen.
La violencia de género continúa siendo una grave preocupación en México. De acuerdo con ONU Mujeres, 7 de cada 10 mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de agresión, y diariamente se registran en promedio 10 asesinatos de mujeres, sumando homicidios dolosos y feminicidios.
Las autoridades no han reportado hasta el momento detenidos por este hecho.
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Asesinan al exdiputado federal Luis Armando Córdova en Jalisco

El asesinato de Luis Armando Córdova Díaz, exdiputado y exsecretario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, se suma a una serie de ataques contra figuras políticas ocurridos recientemente en México, en medio del proceso electoral que culminará el 2 de junio.
Córdova, quien fue legislador entre 2012 y 2015, fue atacado en Zapopan, Jalisco, parte del área metropolitana de Guadalajara. Según informó la Fiscalía del Estado, ya se abrió una investigación para esclarecer el crimen. “Se revisan cámaras de videovigilancia, entrevistas y otros indicios para identificar a los agresores, quienes habrían huido a bordo de una motocicleta”, señaló la institución en un comunicado.
El PRI condenó el homicidio a través de la red social X, donde exigió justicia y alertó sobre la creciente inseguridad. “¡El pueblo no merece vivir con miedo!”, expresó el partido.
Jalisco, considerado bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos del país, es escenario frecuente de violencia, desapariciones y enfrentamientos armados. Zapopan, donde ocurrió el ataque, es además una de las sedes seleccionadas para el Mundial de Fútbol 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
El homicidio de Córdova ocurre en un contexto de creciente violencia política en el país. El pasado lunes fue asesinado Esteban Alfonseca, exalcalde de Actopan, Veracruz. Un día antes, Yesenia Lara, candidata a la alcaldía de Texistepec por el partido oficialista Morena, resultó herida tras ser atacada a balazos mientras marchaba en caravana junto a simpatizantes.
Veracruz, donde se celebrarán elecciones locales el próximo 1 de junio para renovar 212 alcaldías, ha sido identificado como un territorio estratégico para el crimen organizado por su ubicación en la costa del Golfo de México.
De acuerdo con analistas, los asesinatos de candidatos y exfuncionarios suelen intensificarse en periodos electorales como una forma en que los grupos delictivos buscan controlar gobiernos locales y ejercer influencia sobre los procesos democráticos.