Internacionales
La vida extravagante de un capo colombiano en Madrid que se salvó por 20 años de la justicia, pero no de una venganza de narcos
Solo el arriendo de la mansión costaba alrededor de 5.000 euros mensuales. No era para menos en la ciudad de Pozuelo de Alarcón, la más exclusiva de la comunidad de Madrid, donde residen también importantes empresarios, políticos y hasta futbolistas como Cristiano Ronaldo y James Rodríguez cuando jugaban en el Real Madrid. Paradójicamente es considerado el conjunto más seguro de Europa, pues tiene una seguridad privada que consta de patrullas las 24 horas, videovigilancia y sistema infrarrojo para detección de movimientos.
Rojas pasaba desapercibido entre sus vecinos, lucía como ellos. Siempre vestido con ropa de Dolce&Gabanna, con un reloj Richard Mille de 400.000 euros y manejando porsches. Lujos que todos creían que provenían de una próspera cadena de negocios en los sectores aeronáutico e inmobiliario. Con esas supuestas empresas justificaba las enormes propinas que dejaba en el restaurante Ten con Ten, los viajes en velero, los constantes paseos por Roma y los 18.000 euros que invertía cada año en la educación de su hijo.
Ese día de marzo de 2018, como todas las mañanas, salió de su casa con su esposa -una exreina de belleza, también colombiana, de la que nunca se supo el nombre- en un Volkswagen Golf plateado para llegar a su pequeño hijo de 9 años al British Council School, uno de los colegios privados más caros de España (la matrícula vale casi 6.000 euros el trimestre). Minutos después de dejar al niño estudiando, dos sicarios en moto se acercaron a la ventana del conductor, y uno descargó el arma en él.
Rojas recibió 10 impactos de bala, su esposa salió ilesa, pero las autoridades la encontraron en estado de shock. Los sicarios usaron silenciador, nadie escuchó nada, y solo los transeúntes que pasaban por el lugar al momento del crimen pudieron percatarse de la situación. Después todo fue confusión, las patrullas de la Policía no demoraron en cercar con cinta amarilla la escena. En ese momento los conocidos de la víctima no se explicaban quién y porqué querrían matar al exitoso empresario colombiano.
De acuerdo al diario El Tiempo, Rojas constituyó en 2005 la sociedad Desarrollos Empresariales Atenas SL con dirección en la avenida del Mediterráneo en Madrid, que comercializaba artículos electrónicos, ropa y actividades inmobiliarias. Además, fue administrador de Aeronovo Ingenieros S. A., una compañía de construcción y mantenimiento aeronáutico. Todas estas empresas ya habían desaparecido antes de su muerte, pero nadie lo sabía.
En Colombia, el hombre -que tiene doble nacionalidad española- aparece como presidente de una liga deportiva de Bogotá, y hasta con el puesto de votación en la ciudad de Santa Marta, según el medio nacional. Por ello, para la élite madrileña fue una sorpresa enterarse de la vinculación que Rojas tenía desde hacía décadas con el narcotráfico, por la que había estado tres veces en la cárcel. De hecho, ya había sobrevivido a otros atentados: a dos secuestros y a una amenaza en la que retuvieron a su madre con una pistola.
Los verdaderos antecedentes
Detrás de la fachada de empresario, Rojas era conocido en el mundo de la mafia como ‘Richi’. Era oriundo del municipio de Zarzal, en el Valle del Cauca. A principios de los 90, cuando apenas tenía 15 años, se ofreció como sicario a un narco paisano, Gustavo Valencia. Terminó viviendo en la finca de este, donde producían la cocaína. Fue ahí donde conoció a un integrante de la banda Los Miami, la organización con el mayor dominio de distribución de droga en Madrid, en aquella época.
Fue así como terminó en España a los 17 años, trabajando como repartidor de estupefacientes; de acuerdo al diario español El Mundo. En esas andanzas conoce al cabecilla de Los Miami, Juan Carlos Peña, y empieza a trabajar para él. Cuando apenas tenía 21 años ya registraba dos ingresos a la cárcel por tráfico de estupefacientes, uno en 1992 y otro en 1993. Pero pronto traicionó a su jefe, se llevó sus contactos, se consiguió nuevos socios y empezó su propia red de narcotráfico.
Al tiempo, dijeron conocidos de forma anónima al diario El Mundo, colaboraba con las autoridades policiales para tener inmunidad. Se convirtió en un soplón, informaba sobre grandes cargamentos que llegaban desde Colombia, mientras hacía crecer su negocio. Fue el mayor distribuidor de droga en grandes discotecas. En una de ellas conoció a una prostituta brasilera, Seanyn Avila-Serrati, conocida como ‘Sousou’, que vestía ropa de marca e iba a los mejores centros estéticos con el trabajo en un pub donde le pagaban 1.000 euros por hora.
‘Sousou’, que actualmente vive en La Vegas, también era narcotraficante, fue capturada en Francia en 2005 con un cargamento de cocaína. En ese momento relacionaron a Richi con Los Miami, que eran los socios de la brasilera. De hecho, una llamada interceptada por agencias antimafia de españa dan cuenta de un megacargamento que se cayó y era propiedad del colombiano. En 1996 la policía ya había tratado de desmantelar la banda.
Los Miami funcionó durante 15 años distribuyendo droga en las mejores discotecas de Madrid y lavando el dinero de esa actividad ilícita, hasta 2011 cuando en un operativo conjunto entre el FBI, fiscales de Florida y la policía española capturaron a 17 personas en España y 4 en Estados unidos, y encontraron una caleta con 25 millones de euros. Rojas, aunque estuvo vinculado en la investigación, se libró de ello y fue entonces cuando se fue a vivir a Pozuelo de Alarcón bajo la fachada de empresario.
Ahí supieron que ‘Richi’ era un soplón, había delatado a su antiguo jefe para poder tener el control del negocio. Esa era la explicación de que hubiera quedado libre y con nacionalidad española pese a aparecer en el organigrama de Los Miami y como pareja de la narcotraficante Seanyn Ávila. Incluso, después de eso fue encarcelado nuevamente en 2016 por agredir a unos agentes de policía que lo seguían. Y en Colombia las autoridades lo vinculan con el extraditado Daniel ‘Loco’ Barrera, uno de los grandes capos del país.
Para entonces, ‘Richi’ tenía muchos enemigos. Una persona que trabajó con él contó a El Mundo que recibía cargamentos desde Colombia que nunca pagaba, por eso un día una de las bandas criminales a las que intentó estafar retuvieron a su mamá y lo llamaron cuando le apuntaban con una pistola, amenazando con matarla si no pagaba la deuda. Esa vez le tocó acceder, pero en muchos otros casos no lo hizo.
«Todo eso fue creándole una fama en nuestro mundillo que, unido a que era un chivato (soplón), pues era un cóctel mortal. (…) Debía tanto dinero a tantos cárteles diferentes, que sabíamos que tarde o temprano ocurriría esto», dijo un narco de Madrid a El Mundo. Y en efecto, lo que pudieron comprobar las autoridades es que su asesinato fue un ajuste de cuentas cometido por una oficina de cobros colombiana a la que le habrían pagado 50.000 euros.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
Internacionales
La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
