Internacionales
Estados Unidos redobla su apoyo a Presidente de Venezuela Juan Guaidó con un impresionante puente aéreo
Los aviones militares norteamericanos, cargados de ayudas para Venezuela, aterrizan en la frontera colombiana
La Administración de Donald Trump ha redoblado con un puente aéreo su respaldo a Juan Guaidó, el presidente interino reconocido por la Asamblea Nacional que en los últimos días ha concentrado el desafío que lanzó a Nicolás Maduro en el ingreso a Venezuela de ayudas humanitarias para la población más vulnerable. Este sábado llegaron a Cúcuta, la principal ciudad colombiana sobre la frontera, aviones militares estadounidenses con toneladas de suplementos nutricionales y kits de higiene, un gesto que busca aumentar la presión sobre el régimen chavista.
Las tres aeronaves C-17, un modelo destinado al transporte militar pesado, partieron desde la base aérea de Homestead en Miami, Florida, en vuelo directo al aeropuerto de Cúcuta. Allí ya funciona el primer centro de acopio en el Puente Internacional de Tienditas, que comunica con las poblaciones de San Antonio del Táchira y Ureña del lado venezolano. La operación fue encabezada por Mark Green, cabeza de la agencia de cooperación estadounidense, USAID, en estrecha colaboración con el Gobierno colombiano y los representantes de Guaidó apostados en la frontera.
“Este no es el primer envío y no será el último, no solo de parte de Estados Unidos sino de muchos otros países que se unirán a nosotros”, declaró Green al anticipar más vuelos en los próximos días durante una rueda de prensa escenificada sobre la pista del Aeropuerto Camilo Daza, mientras en el fondo descargaban los suministros del primer C-17 de la Fuerza Aérea norteamericana. Sobre la pista, una hilera de más de una decena de camiones esperaba los suministros para transportarlos a Tienditas.
Guaidó, reconocido como presidente legítimo por el grueso de la comunidad internacional, se ha propuesto establecer diversos puntos de acopio en las fronteras terrestres y marítimas de Venezuela. Una estrategia que busca abrir una fractura dentro del chavismo y resquebrajar el apoyo de los militares mediante la presión internacional y la entrada en el país de las ayudas. Ese plan ha avanzado aceleradamente en las dos semanas transcurridas desde que solicitó la asistencia. Luego de la llegada hace ocho días de los primeros camiones al puente de Tienditas –que permanece bloqueado del otro lado por la Guardia venezolana-, se anunciaron nuevos puntos en el Estado brasileño de Roraima y en Curazao, un territorio autónomo de los Países Bajos a menos de 100 kilómetros de la costa venezolana. En Miami se almacenan ayudas que el próximo martes llegarán directamente a la isla caribeña. Guaidó ha asegurado que la asistencia será distribuida con el apoyo de voluntarios, la iglesia católica y varias ONG, e ingresará «sí o sí» el 23 de febrero, el mismo día en que cumplirá un mes de haber jurado como presidente.
El primero de los aviones llevaba 70 toneladas de asistencia. La víspera, 2,5 toneladas de ayudas provenientes de Puerto Rico llegaron a Tienditas, y en total más de 260 toneladas se encuentran custodiadas y protegidas, según los cálculos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la entidad colombiana encargada de gestionar el almacenamiento. Chile también se comprometió a entregar 17 toneladas para paliar la crisis. “La ayuda va a pasar, y lo bueno es que tiene fecha. Estamos a siete días de que esto sea una realidad”, aseguró Lester Toledo, el representante de Guaidó, quien vislumbra una «marea de gente» que resguarde las medicinas y alimentos.
Maduro, que aún conserva de su lado a la mayoría de los uniformados, niega que exista una emergencia humanitaria y considera el ingreso de las ayudas, que ha calificado como “migajas”, una mera excusa para una intervención. Venezuela afronta este pulso decisivo en medio de un colapso económico marcado por una galopante hiperinflación, además de la dramática escasez de alimentos y medicinas, lo que ha empujado a unos tres millones de ciudadanos a salir de su país, con cerca de 1,2 millones afincados en Colombia.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
