Internacionales
Estados Unidos redobla su apoyo a Presidente de Venezuela Juan Guaidó con un impresionante puente aéreo
Los aviones militares norteamericanos, cargados de ayudas para Venezuela, aterrizan en la frontera colombiana
La Administración de Donald Trump ha redoblado con un puente aéreo su respaldo a Juan Guaidó, el presidente interino reconocido por la Asamblea Nacional que en los últimos días ha concentrado el desafío que lanzó a Nicolás Maduro en el ingreso a Venezuela de ayudas humanitarias para la población más vulnerable. Este sábado llegaron a Cúcuta, la principal ciudad colombiana sobre la frontera, aviones militares estadounidenses con toneladas de suplementos nutricionales y kits de higiene, un gesto que busca aumentar la presión sobre el régimen chavista.
Las tres aeronaves C-17, un modelo destinado al transporte militar pesado, partieron desde la base aérea de Homestead en Miami, Florida, en vuelo directo al aeropuerto de Cúcuta. Allí ya funciona el primer centro de acopio en el Puente Internacional de Tienditas, que comunica con las poblaciones de San Antonio del Táchira y Ureña del lado venezolano. La operación fue encabezada por Mark Green, cabeza de la agencia de cooperación estadounidense, USAID, en estrecha colaboración con el Gobierno colombiano y los representantes de Guaidó apostados en la frontera.
“Este no es el primer envío y no será el último, no solo de parte de Estados Unidos sino de muchos otros países que se unirán a nosotros”, declaró Green al anticipar más vuelos en los próximos días durante una rueda de prensa escenificada sobre la pista del Aeropuerto Camilo Daza, mientras en el fondo descargaban los suministros del primer C-17 de la Fuerza Aérea norteamericana. Sobre la pista, una hilera de más de una decena de camiones esperaba los suministros para transportarlos a Tienditas.
Guaidó, reconocido como presidente legítimo por el grueso de la comunidad internacional, se ha propuesto establecer diversos puntos de acopio en las fronteras terrestres y marítimas de Venezuela. Una estrategia que busca abrir una fractura dentro del chavismo y resquebrajar el apoyo de los militares mediante la presión internacional y la entrada en el país de las ayudas. Ese plan ha avanzado aceleradamente en las dos semanas transcurridas desde que solicitó la asistencia. Luego de la llegada hace ocho días de los primeros camiones al puente de Tienditas –que permanece bloqueado del otro lado por la Guardia venezolana-, se anunciaron nuevos puntos en el Estado brasileño de Roraima y en Curazao, un territorio autónomo de los Países Bajos a menos de 100 kilómetros de la costa venezolana. En Miami se almacenan ayudas que el próximo martes llegarán directamente a la isla caribeña. Guaidó ha asegurado que la asistencia será distribuida con el apoyo de voluntarios, la iglesia católica y varias ONG, e ingresará «sí o sí» el 23 de febrero, el mismo día en que cumplirá un mes de haber jurado como presidente.
El primero de los aviones llevaba 70 toneladas de asistencia. La víspera, 2,5 toneladas de ayudas provenientes de Puerto Rico llegaron a Tienditas, y en total más de 260 toneladas se encuentran custodiadas y protegidas, según los cálculos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la entidad colombiana encargada de gestionar el almacenamiento. Chile también se comprometió a entregar 17 toneladas para paliar la crisis. “La ayuda va a pasar, y lo bueno es que tiene fecha. Estamos a siete días de que esto sea una realidad”, aseguró Lester Toledo, el representante de Guaidó, quien vislumbra una «marea de gente» que resguarde las medicinas y alimentos.
Maduro, que aún conserva de su lado a la mayoría de los uniformados, niega que exista una emergencia humanitaria y considera el ingreso de las ayudas, que ha calificado como “migajas”, una mera excusa para una intervención. Venezuela afronta este pulso decisivo en medio de un colapso económico marcado por una galopante hiperinflación, además de la dramática escasez de alimentos y medicinas, lo que ha empujado a unos tres millones de ciudadanos a salir de su país, con cerca de 1,2 millones afincados en Colombia.
El mercado petrolero mostró señales optimistas ante la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque no anticipó una pronta reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, subió un 0.25 %, hasta los $105.33 por barril.
Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), también para entrega en junio, cayó por su lado 1.51 %, hasta los $94.40 por barril.
«El mercado está bajo presión y a la espera de las negociaciones previstas para este fin de semana entre Estados Unidos e Irán», declaró a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.
Teherán y Washington anunciaron el viernes el envío de negociadores a Islamabad, la capital pakistaní.
Cada vez que se anuncian negociaciones, el mercado espera que conduzcan a una resolución del conflicto, incluyendo la reapertura del estrecho de Ormuz y, en consecuencia, la liberación de millones de barriles de petróleo del Golfo, añadió el analista.
Pero al mismo tiempo «el mercado ha aprendido a ser muy cauteloso», dijo a la AFP Ole R. Hvalbye, de SEB.
Las negociaciones anteriores fracasaron, y esta vez el vicepresidente de Estados Unidos, quien lideró las conversaciones iniciales, permaneció en su país, según la Casa Blanca.
A pesar de la prórroga indefinida de la tregua por parte de Donald Trump, la ecuación para el mercado petrolero es complicada.
Irán y Estados Unidos podrían retomar en breve las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio y ambos países anunciaron ayer el envío de negociadores a Pakistán, que actúa como mediador.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que los emisarios del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, parten hoy hacia Pakistán «con el fin de mantener conversaciones […] con representantes de la delegación iraní».
Leavitt, en declaraciones a Fox News, expresó su esperanza en que sea «una conversación fructífera».
Previamente, la agencia IRNA oficializó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, este mismo viernes a Islamabad, la capital pakistaní.
Las conversaciones entre los beligerantes empezaron hace dos semanas, pero quedaron interrumpidas al cabo de unas horas. Pese a ello, Estados Unidos prorrogó unilateralmente el alto el fuego de forma indefinida.
Araqchi continuará con una gira regional que lo llevará después a Mascate, la capital de Omán, y a Moscú para «consultas bilaterales» sobre la situación regional, según la agencia oficial iraní.
La guerra fue provocada por el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.
Desde entonces, el conflicto ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde se enfrentan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.
El conflicto también entorpeció la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la contienda circulaba el 20 % del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consumen a nivel mundial. Ahora, esa vía marítima crucial está sometida a un doble bloqueo: iraní y estadounidense.
La reapertura inmediata de Ormuz es «vital para el mundo entero», destacó el viernes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.
El Departamento de Justicia estadounidense anunció ayer una ampliación de los métodos de aplicación de la pena de muerte en casos federales, que incluye los pelotones de fusilamiento, la electrocución y el gas letal.
La pena de muerte se aplica normalmente a nivel estatal en Estados Unidos, pero el gobierno federal también puede solicitar la ejecución para ciertos delitos.
«La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a solicitar e implementar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías», declaró el fiscal general interino Todd Blanche.
Bajo el presidente Donald Trump, «el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a ponerse del lado de las víctimas», dijo Blanche en un comunicado.
El presidente republicano puso fin en 2020, durante su primer mandato, a una pausa de 17 años en las ejecuciones federales.
Antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente demócrata Joe Biden, opositor a la pena de muerte, conmutó las sentencias de muerte de 37 de los 40 reclusos condenados a la pena capital a nivel federal.
Trump, en su primer día en la Casa Blanca de su segundo mandato, pidió ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles».
Actualmente, cinco estados de Estados Unidos autorizan el pelotón de fusilamiento para las ejecuciones, pero solo uno —Carolina del Sur— ha utilizado este método en los últimos años.
Nueve estados permiten la electrocución, pero este método no se ha usado desde 2020.
Dos estados han ejecutado recientemente a reclusos mediante hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear gas nitrógeno a una mascarilla, provocando la asfixia del preso.
El uso del gas nitrógeno como método de pena capital ha sido denunciado por expertos de las Naciones Unidas como cruel e inhumano.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias.
Los tres hombres cuyas sentencias de muerte no fueron conmutadas por Biden fueron uno de los autores del atentado del maratón de Boston de 2013, un hombre armado que asesinó a 11 fieles judíos en 2018 y un supremacista blanco que mató a nueve feligreses negros en una iglesia en 2015.
El Departamento también busca agilizar el proceso para solicitar la pena de muerte y reducir el número de años entre la condena y la ejecución, según indica el comunicado.
«Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a apoyar a las víctimas», dijo Blanche.
El Gobierno de Trump le apuesta a castigar con dureza y a toda costa a los criminales que han puesto en peligro a la sociedad estadounidense, una política que dista de la visión de Biden.
