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Cristina Kirchner irá seis años a prisión e inhabilitada de por vida para cargos públicos tras fallo de la Corte Suprema
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, deberá cumplir seis años de prisión y quedará inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, tras la confirmación de su condena por corrupción por parte de la Corte Suprema de Justicia. El fallo pone fin a un proceso judicial iniciado hace más de una década en el marco de la llamada causa «Vialidad».
Corrupción en la obra pública
Kirchner fue acusada por la fiscalía de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública» y «asociación ilícita», debido a presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su mandato presidencial. El Ministerio Público había solicitado 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.
El juicio oral comenzó en 2019, y en diciembre de 2022, un tribunal de primera instancia la declaró culpable de administración fraudulenta, aunque desestimó el cargo de asociación ilícita. La condena: seis años de cárcel e inhabilitación política.
Ambas partes apelaron el fallo. La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia en 2024. Posteriormente, tanto la defensa de Kirchner como el fiscal general presentaron recursos ante la Corte Suprema. Mientras uno solicitó la absolución, el otro pidió una pena mayor. Sin embargo, el máximo tribunal desestimó ambos planteamientos y ratificó el veredicto.
«Lawfare» y denuncias de persecución
La exmandataria rechaza las acusaciones y sostiene que es víctima de una persecución judicial orquestada para proscribirla políticamente. Ha calificado el proceso como un caso de lawfare, un uso instrumental del aparato judicial para debilitar a su espacio político, el peronismo, hoy en la oposición frente al gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei.
Kirchner ha insistido en que no existen pruebas que la vinculen directamente con los contratos cuestionados, señalando que los fondos fueron aprobados por el Congreso, distribuidos por la Jefatura de Gabinete y ejecutados por el gobierno provincial de Santa Cruz.
“Este no es un juicio contra mí, es un juicio contra el peronismo y los gobiernos populares”, afirmó en 2022, poco antes de conocer su primera condena.
Acusaciones de parcialidad y vínculos políticos
Kirchner también ha denunciado una supuesta “mafia judicial” operando en paralelo al Estado. Ha cuestionado la imparcialidad de los jueces y fiscales involucrados, señalando sus vínculos con el expresidente Mauricio Macri y otros referentes de la oposición.
Entre las denuncias, se encuentran visitas de jueces al entonces presidente Macri y reuniones informales entre fiscales y ministros del gobierno anterior. A pesar de sus intentos de recusar a varios funcionarios judiciales, la justicia rechazó todos los pedidos.
Causas abiertas
Además de la causa «Vialidad», la expresidenta enfrenta otros procesos judiciales. El más avanzado es el caso «Memorándum», en el que será juzgada por presunto encubrimiento a ciudadanos iraníes acusados del atentado a la AMIA en 1994. El juicio analizará la legalidad del acuerdo firmado en 2013 con Irán para interrogar a los imputados fuera del país.
Otras dos causas por presunta corrupción la llevarán nuevamente ante los tribunales, una de ellas con fecha para noviembre próximo. Una cuarta investigación aún se encuentra en etapa preliminar.
El futuro judicial de una de las figuras políticas más influyentes de Argentina continúa generando divisiones en el país, donde sus seguidores denuncian persecución y sus detractores exigen justicia.
El presidente Donald Trump amenazó con usar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en los aeropuertos ante la falta de pago a los agentes de seguridad por un bloqueo presupuestal parcial.
Trump escribió en su red Truth Social que si los demócratas no acuerdan de inmediato para que se liberen los fondos para pagar a los funcionarios, recurrirá al ICE.
«Trasladaré a nuestros brillantes y patrióticos agentes de ICE a los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nadie ha visto nunca», lanzó al mandatario.
Desde el 14 de febrero, los recursos para el Departamento de Seguridad Interior (DHS) están congelados por la disputa entre demócratas y republicanos en el Congreso por las prácticas del ICE. El DHS es responsable de los puestos de seguridad en aeropuertos.
Debido a este cierre parcial, miles de funcionarios federales del DHS están en desempleo técnico, mientras que muchos otros, cuyas funciones se consideran esenciales, siguen trabajando. En ambos casos, no reciben salarios.
Los cerca de 65.000 empleados de la TSA no han recibido su salario completo desde el 13 de marzo.
En una carta dirigida a los Estados miembros del bloque, el comisario de Energía Dan Jorgensen subraya «el impacto considerable» de la guerra en los mercados mundiales del petróleo y del gas.
En estas circunstancias, el comisario sugiere utilizar la «flexibilidad» autorizada por la legislación europea.
En lugar de llenar las reservas al 90 %, el nivel acostumbrado, la Unión Europea invita a los Veintisiete a fijar un objetivo del 80 %, con el fin de tranquilizar a los actores del mercado».
«Los recientes hechos indican que podría hacer falta más tiempo para que la producción catarí de gas natural licuado (GNL) vuelva a los niveles conocidos antes de la crisis», escribe Jorgensen.
«La seguridad de suministro de la Unión Europea sigue relativamente protegida en esta etapa, debido a su dependencia limitada de las importaciones procedentes de esta región y a los cargamentos de GNL que cruzaron el estrecho de Ormuz antes del conflicto», añade.
Pero precisa que «como importador neto de energía» los precios mundiales elevados y volátiles «podrían afectar a las inyecciones de gas en las reservas de la UE».
Los ataques a la principal instalación de producción de gas licuado (GNL) del mundo, en Ras Laffan, en Catar, han hecho resurgir el espectro de una crisis similar a la del comienzo de la guerra en Ucrania en 2022.
Un hombre perdió la vida en Chile al ser alcanzado por una bala perdida mientras paseaba a su perro, tras verse atrapado en un enfrentamiento entre bandas rivales en la localidad de Puente Alto, en la Región Metropolitana de Santiago.
La víctima, de 59 años, que no tenía vínculos con los grupos delictivos ni antecedentes penales, sufrió una herida de bala sin salida del proyectil en la clavícula. Fue trasladada a un centro de salud cercano, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.
De acuerdo con los primeros antecedentes de la investigación, el tiroteo comenzó entre al menos cuatro integrantes de bandas rivales. Tras el ataque, los agentes policiales lograron identificar más de 60 casquillos de bala en el lugar, mientras que vecinos del sector aseguraron haber escuchado más de 100 detonaciones.
Las autoridades pudieron individualizar al menos a dos de los presuntos involucrados. Según las pesquisas iniciales, estos habrían manipulado la escena del crimen, sustrayendo parte de la evidencia balística antes de darse a la fuga. Sin embargo, hasta el momento no se han registrado detenciones vinculadas al ataque.
