Internacionales
Cristina Kirchner irá seis años a prisión e inhabilitada de por vida para cargos públicos tras fallo de la Corte Suprema
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, deberá cumplir seis años de prisión y quedará inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, tras la confirmación de su condena por corrupción por parte de la Corte Suprema de Justicia. El fallo pone fin a un proceso judicial iniciado hace más de una década en el marco de la llamada causa «Vialidad».
Corrupción en la obra pública
Kirchner fue acusada por la fiscalía de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública» y «asociación ilícita», debido a presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su mandato presidencial. El Ministerio Público había solicitado 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.
El juicio oral comenzó en 2019, y en diciembre de 2022, un tribunal de primera instancia la declaró culpable de administración fraudulenta, aunque desestimó el cargo de asociación ilícita. La condena: seis años de cárcel e inhabilitación política.
Ambas partes apelaron el fallo. La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia en 2024. Posteriormente, tanto la defensa de Kirchner como el fiscal general presentaron recursos ante la Corte Suprema. Mientras uno solicitó la absolución, el otro pidió una pena mayor. Sin embargo, el máximo tribunal desestimó ambos planteamientos y ratificó el veredicto.
«Lawfare» y denuncias de persecución
La exmandataria rechaza las acusaciones y sostiene que es víctima de una persecución judicial orquestada para proscribirla políticamente. Ha calificado el proceso como un caso de lawfare, un uso instrumental del aparato judicial para debilitar a su espacio político, el peronismo, hoy en la oposición frente al gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei.
Kirchner ha insistido en que no existen pruebas que la vinculen directamente con los contratos cuestionados, señalando que los fondos fueron aprobados por el Congreso, distribuidos por la Jefatura de Gabinete y ejecutados por el gobierno provincial de Santa Cruz.
“Este no es un juicio contra mí, es un juicio contra el peronismo y los gobiernos populares”, afirmó en 2022, poco antes de conocer su primera condena.
Acusaciones de parcialidad y vínculos políticos
Kirchner también ha denunciado una supuesta “mafia judicial” operando en paralelo al Estado. Ha cuestionado la imparcialidad de los jueces y fiscales involucrados, señalando sus vínculos con el expresidente Mauricio Macri y otros referentes de la oposición.
Entre las denuncias, se encuentran visitas de jueces al entonces presidente Macri y reuniones informales entre fiscales y ministros del gobierno anterior. A pesar de sus intentos de recusar a varios funcionarios judiciales, la justicia rechazó todos los pedidos.
Causas abiertas
Además de la causa «Vialidad», la expresidenta enfrenta otros procesos judiciales. El más avanzado es el caso «Memorándum», en el que será juzgada por presunto encubrimiento a ciudadanos iraníes acusados del atentado a la AMIA en 1994. El juicio analizará la legalidad del acuerdo firmado en 2013 con Irán para interrogar a los imputados fuera del país.
Otras dos causas por presunta corrupción la llevarán nuevamente ante los tribunales, una de ellas con fecha para noviembre próximo. Una cuarta investigación aún se encuentra en etapa preliminar.
El futuro judicial de una de las figuras políticas más influyentes de Argentina continúa generando divisiones en el país, donde sus seguidores denuncian persecución y sus detractores exigen justicia.
Cuatro astronautas despegarán para volver a dotar de personal la Estación Espacial Internacional (EEI) la próxima semana, informó la NASA el viernes, tras la evacuación médica de emergencia de la tripulación anterior.
La NASA anunció que la nueva misión, llamada Crew-12, despegará en el cohete Falcon 9 de SpaceX a primera hora del miércoles, con el lanzamiento «previsto para no antes de las 6H01 a.m.» hora local (11H01 GMT).
La confirmación aporta una pizca de certeza a la Crew-12, que había afrontado problemas de último minuto con el cohete y cambios de personal.
A principios de esta semana, SpaceX había dejado en tierra sus cohetes Falcon 9 mientras investigaba lo que la Administración Federal de Aviación (FAA) describió como una «falla de encendido del motor de la segunda etapa».
«El vehículo Falcon 9 está autorizado para volver a volar», dijo el viernes a la AFP un portavoz de la FAA.
La pausa temporal por parte de SpaceX generó preocupaciones de que el vuelo de la Crew-12 pudiera haberse retrasado.
La misión reemplazará a la Crew-11, que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, durante la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.
Militares y agentes federales capturaron en el estado mexicano de Querétaro (centro) a 30 integrantes de una célula criminal ligada al poderoso cártel de Sinaloa, informó este viernes la secretaría de Seguridad Federal.
Los detenidos son 21 hombres y nueve mujeres señaladas de ser presuntos vendedores de drogas y extorsionadores de la banda criminal conocida como Los Salazar. Entre los capturados está uno de sus jefes, Diego «N», alias ‘El Flaco’ (por ley se reservan los apellidos).
Este grupo criminal es «afín al cártel de Sinaloa» y las capturas fueron resultado de cuatro meses de investigación, escribió en la red social X el secretario de seguridad mexicano Omar García Harfuch.
Un comunicado de la dependencia detalló que las capturas se realizaron en doce operativos en la ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre.
«Se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información», añadió el comunicado.
Estas detenciones se conocen luego de que el pasado jueves la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Querétaro para participar con autoridades locales en un evento público.
El gobierno mexicano ha multiplicado sus operativos contra el narcotráfico en medio de reclamos y amenazas de imponer aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.
Tras dos semanas de protestas indígenas, el gobierno de Brasil anunció este viernes la suspensión del dragado del río Tapajós, en la Amazonía, donde pueblos nativos rechazan la explotación fluvial para la exportación de granos.
Cientos de indígenas acamparon durante días frente a la terminal portuaria del gigante agroindustrial estadounidense Cargill, en el norte brasileño, para llamar la atención del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
«Frente a la movilización de pueblos indígenas y (…) como gesto de negociación», el gobierno suspendió el proceso de contratación de una empresa para las obras de dragado anual del Tapajós, en el estado de Pará, según una nota oficial.
Pueblos amazónicos alertan sobre la expansión portuaria en ríos que consideran vitales para su modo de vida, una queja que ya expresaron en la conferencia climática COP30 de la ONU en noviembre.
Piden la derogación de un decreto firmado por el izquierdista Lula en agosto pasado, que designa los principales ríos de la Amazonía como prioritarios para la navegación de carga y la expansión de puertos privados.
También reclamaban la cancelación de la licitación para dragar el Tapajós, un importante afluente del Amazonas.
Además de suspender ese proceso, el gobierno prometió este viernes una «consulta libre, previa e informada» a las comunidades locales antes de avanzar en obras.
«El gobierno está abriendo nuestros territorios a muchos proyectos (…) para impulsar el agronegocio», dijo esta semana a la AFP la líder indígena Auricelia Arapiuns, por video desde la protesta en la ciudad portuaria amazónica de Santarém.
Los manifestantes llegaron a impedir que los camiones «entren y salgan de la terminal», dijo Cargill en un comunicado enviado a la AFP.
La multinacional estadounidense cuenta con operaciones de logística agrícola en todo Brasil.
Los manifestantes bloquearon la carretera que conduce al aeropuerto internacional de Santarém, punto frecuentado por turistas.
«La infraestructura (para los ríos) que llega no es un espacio para nosotros, y nunca lo será», afirmó esta semana la líder indígena Alessandra Korap, del pueblo mundurukú.
Brasil es el mayor exportador mundial de soja y maíz y, en los últimos años, ha optado por puertos fluviales del norte para abaratar la exportación de granos.
La fiscalía general había señalado el martes «serios riesgos ambientales» para el río Tapajós.
