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CONFESIÓN: Le encomienda asesinar a Pablo Escobar, delata al Cártel de Cali y vive con falsa identidad por 22 años
Eran mediados de 1995 cuando un grupo del Ejército y la DEA tomó el apartamento 402 del edificio Colinas de Santa Rita, al occidente de Cali. Un informante había dado la ubicación de Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los líderes del Cártel de Cali. «Si es necesario tumben todo», dijo. Rompieron paredes, techos, suelos, desarmaron closets, usaron interruptores de puertas secretas y no encontraron nada.

La búsqueda se canceló. Pero el informante insistía en que ahí estaba. Entonces, el equipo de inteligencia regresó. Esta vez encontraron en el suelo de un pasillo una pipeta de oxígeno con su mascarilla, una toalla blanca con manchas de sangre, un jean y una camiseta de cuadros. El capo siempre estuvo ahí, escondido en una caleta del baño auxiliar; así lo registró la revista Semana en 1997.
El objetivo se había escapado, pero algo les había quedado claro: el hombre al teléfono era de confianza. Gracias a ese registro encontraron documentos en un doble fondo de un escritorio, que permitió vincular con el narcotráfico a muchos personajes públicos. El informante -se sabría después- era Jorge Salcedo, un hijo de un condecorado militar de nombre homónimo.
Salcedo también fue un prolífero militar del Ejército de Colombia que decidió pasar de combatir las guerrillas del M-19 a ser el jefe de seguridad de los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del Cartel de Cali. Con ellos se empeñó en un plan para acabar a su principal enemigo, Pablo Escobar, cabecilla del Cártel de Medellín, pero terminó aliándose con la DEA para sacrificar a sus propios jefes narcos.

Hijo de militar, Jorge Salcedo realizó estudios de ingeniería y aprovechó los contactos de su padre, que trabajó para algunas compañías petroleras y químicas tras su retiro, para ofrecer servicios muy especializados a refinerías de petróleo y afines y de la experiencia en tales labores surgió la idea de fundar una empresa de seguridad.
Había estudiado ingeniería y economía en Estados Unidos. Ingresó a las filas del Ejército en 1982, en tiempos en los que los militares luchaban con los reductos del M-19 que habían quedado en Cali. Su labor era la inteligencia, contactaba informantes para conocer los desplazamientos de los guerrilleros. Trabajo que llegó hasta marzo de 1990, cuando el grupo subversivo se reincorporó a la vida civil.
Ahí también medió un fracasado plan para tomar el cuartel general de las FARC en la selva con mercenarios británicos. Para entonces ya tenía una empresa de seguridad para multinacionales petroleras con equipos de detección de comunicaciones y localizaciones de muy alto nivel. Por eso entró a la reserva del Ejército.
El Cartel de Cali ya le iba siguiendo la pista. Y ocurrió un hecho que marcaría sus posteriores decisiones. En 1984, Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín, enemigo de los Rodríguez Orejuela, había mandado a matar a un amigo y compañero de colegio de Salcedo, el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

Un viejo amigo del Ejército lo recomendó a la cúpula del Cártel alegando su especialización en «visión nocturna, detectores de calor y GPS’. En aquel entonces, el GPS estaba solamente en manos de los militares», según contó el mismo Salcedo a Entertainment Week. Necesitaban a alguien capaz de protegerlos de los atentados de Escobar y, de paso, de acabar con él.
En una cita fue encerrado en una habitación con los mismos líderes del Cártel de Cali que, sin preguntar su decisión, le enseñaron un plan a seguir. Querían sorprender a Escobar en su hacienda Nápoles, la del zoológico, la red de carreteras, las pistas clandestinas, la de sus 10 casas y seis piscinas y de la colección de autos y motocross.
El capo celebraría ahí la victoria de su equipo de fútbol, el Independiente Medellín, en la Copa Libertadores de 1989. Dos helicópteros iban hacia él cuando, por causas desconocidas, uno se estrelló y la misión se abortó. Así continuaron otras estrategias, que con la habilidad tecnológica de Salcedo, a quien le dieron el alias de ‘McGyver’, nada en Cali les pasaba inadvertido a los hermanos narcos.
Ello, y la red de sobornos que Salcedo logró armar con sus contactos militares, donde había comprado agentes en Cali, Medellín y Bogotá. Por todo este trabajo cobraba 1.000 dólares al mes, casi nada teniendo en cuenta el dinero que hacía el Cártel con el tráfico de cocaína.
Los planes contra Escobar se acabaron con su asesinato el 2 de diciembre de 1993.En ese momento -dijo al semanario estadounidense- intentó desligarse del Cártel de Cali, pero no pudo. Su labor ahora sería vigilar a políticos y otros personajes influyentes de la vida pública que pudieran afectar o favorecer los intereses del clan familiar.
«Nunca entendieron que lo mejor que debieron haber hecho era darse por vencidos y decir: ‘Hey, Pablo ha muerto, ya terminamos’, así que tuve que empezar a escanear todas las posibilidades que pudieran derribar a los hermanos Rodríguez y evitarlas», confesó Salcedo a Entertainment Week.
Tres semanas después de la muerte del cabecilla del Cartel de Medellín, Salcedo fue contactado por agentes de la DEA. Ya tenían pruebas contra él que ofreció el capturado coronel Roberto Leyva, con quien había negociado unos explosivos para otro fallido atentado contra Escobar. Estaba acorralado y le tocó aceptar ser un delator, con el riesgo que implicara.

Recibiría una jugosa recompensa, que terminó siendo de 1.665.000 dólares, y el ingreso al programa de protección de testigos de Estados Unidos. «La información de Salcedo permitió el esclarecimiento de varios asesinatos y la confiscación de materiales para la fabricación de bombas y explosivos», dice una parte del expediente de la Corte Federal de Miami conocida por Semana.
Sus informaciones se complicaron cuando se descubrieron aportes económicos a la campaña presidencial del ex mandatario Ernesto Samper Pizano, conocido como Proceso 8.000. Los hermanos estaban siendo perseguidos y ya tenían dudas de que entre sus hombres había un informante. Así que Salcedo no tuvo de otra que apresurar sus capturas.
Semanas después del primer operativo fallido en aquel lujoso edificio de Cali, nuevamente informó a la DEA el paradero de Miguel Rodríguez Orejuela, pues su hermano Gilberto ya estaba preso. Un grupo de 15 hombres del Bloque de Búsqueda se tomaron el edificio Buenos Aires y, esta vez, lo encontraron.
Jorge Salcedo les había entregado a las autoridades al último capo del Cartel de Cali. El hijo de Miguel Rodríguez Orejuela lo buscaba desesperado para matarlo. Pero la DEA cumplió su palabra. Lo sacó de Colombia, le dio otra identidad y lo ubicó en una dirección desconocida en Estados Unidos en la que hasta hoy permanece oculto. Desde su paradero fantasmal, se dio un gusto: asesoró a Netflix para la tercera temporada de la serie Narcos.
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Asciende a 259 número de muertos por dos tifones en Filipinas
El número de muertos por el paso de dos poderosos tifones que azotaron recientemente Filipinas aumentó a 259, mientras millones de personas han sido desplazadas, informaron hoy miércoles las autoridades.
El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (Ndrrmc, por sus siglas en inglés) señaló que el tifón Fung-wong, que tocó tierra el domingo como supertifón antes de debilitarse al cruzar el norte-centro de Luzón, dejó al menos 27 muertos y dos desaparecidos.
En un informe separado, el organismo indicó que el tifón Kalmaegi, que impactó el 4 de noviembre, provocó graves inundaciones y deslizamientos de tierra en el centro del país, causando 232 muertes, 112 desaparecidos y más de 500 heridos.
La mayoría de las víctimas se registraron en la provincia de Cebú, que aún se recupera del terremoto de magnitud 6,9 ocurrido el 30 de septiembre, agregó el Ndrrmc.
Ambos fenómenos desplazaron a millones de residentes y provocaron una destrucción generalizada de viviendas, cultivos e infraestructura clave, incluidas carreteras y puentes, según el organismo.
Fung-wong fue el ciclón tropical número 21 que golpea Filipinas este año, superando el promedio anual de 20 tormentas del país.
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Al menos 37 muertos en accidente de autobús en Perú
Al menos 37 personas murieron y otras 24 resultaron heridas este miércoles cuando un autobús cayó a un abismo tras chocar con una camioneta en Arequipa, en el sur de Perú, según autoridades.
El autobús de dos pisos con más de 60 pasajeros, de la empresa Llamosas, chocó de frente con una camioneta pick up en una curva, en la vía Panamericana Sur que conecta con Chile.
«Tenemos una cifra de 37 fallecidos (…) además de 24 heridos», dijo a la AFP Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa.
Sin embargo, la cifra de muertos puede aumentar porque hay heridos graves, añadió por vía telefónica.
La gran cantidad de siniestros en Perú se asocia principalmente al exceso de velocidad, la embriaguez, entre otras imprudencias, además de la exigente topografía del país.
El autobús accidentado el miércoles había partido la noche del martes de la localidad de Chala, en provincia de Caravelí, con destino a Arequipa, la segunda ciudad de Perú.
Tras chocar en el km 780 de la carretera, rodó por un abismo de 200 metros y fue a parar a la orilla de un río, según reportes de prensa que citan a los bomberos.
El portavoz de bomberos Jack Páez indicó que el rescate de los heridos fue muy difícil debido al terreno rocoso.
«Es muy lamentable este accidente que enluta a muchas familias. Hay personas mayores y niños» entre los heridos, declaró al canal de televisión TV Perú.
La empresa de transporte Llamosas informó que «el conductor del bus falleció».
Un sacerdote llegó al lugar y oró junto a los cuerpos, puestos en fila a la orilla del río, según imágenes enviadas por la fiscalía.
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Pandillero interpone recurso ante Corte Constitucional de Guatemala para anular Ley Antipandillas
Un miembro de grupos de pandillas que enfrenta un proceso de condena por el delito de extorsión interpuso ante la Corte Constitucional de Guatemala un recurso de amparo contra la Ley Antipandillas, aprobada y entrada en vigencia recientemente en el país centroamericano.
El recurso presentado por el pandillero, identificado como Dylan Smaily Archila García, asegura que la nueva ley viola sus derechos humanos fundamentales y, además, señala que hubo ciertas irregularidades en su aprobación, según medios locales en Guatemala.
El amparo fue presentado pocas horas después que entrara en vigencia la nueva ley, con la cual el Congreso de Guatemala aumentó las penas por delitos vinculados al accionar de los grupos terroristas, además de facilitar la construcción de una megacárcel similar a lo implementado con el Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
Medios guatemaltecos aseguran que, en el recurso, Archila García señala que la aprobación de ley no cumplió con todo lo establecido en la constitución, por lo que pide que se establezca una medida alternativa para su anulación, frenando así su entrada en vigencia.
De igual forma, rotativos locales citan el documento señalando que Archila García asegura que la Ley Antipandillas vulnera sus derechos humanos al no garantizar un proceso de juicio penal en el que pueda comprobar su inocencia, fallando en la garantía de certeza jurídica y seguridad en el debido proceso.
El amparo pretende que la ley sea congelada por medio de un recurso de la Corte Constitucional para, posteriormente, ser dejada sin efecto y que no pueda volver a discutirse al interior del congreso.
La Ley Antipandillas fue una iniciativa promovida por el presidente Bernardo Arévalo ante el incremento de la violencia y el accionar de las pandillas en el territorio de Guatemala. El cuerpo de ley busca establecer mecanismos que permitan un ataque frontal contra las estructuras terroristas que siguen operando en el país.







