Internacionales
CONFESIÓN: Le encomienda asesinar a Pablo Escobar, delata al Cártel de Cali y vive con falsa identidad por 22 años
Eran mediados de 1995 cuando un grupo del Ejército y la DEA tomó el apartamento 402 del edificio Colinas de Santa Rita, al occidente de Cali. Un informante había dado la ubicación de Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los líderes del Cártel de Cali. «Si es necesario tumben todo», dijo. Rompieron paredes, techos, suelos, desarmaron closets, usaron interruptores de puertas secretas y no encontraron nada.
La búsqueda se canceló. Pero el informante insistía en que ahí estaba. Entonces, el equipo de inteligencia regresó. Esta vez encontraron en el suelo de un pasillo una pipeta de oxígeno con su mascarilla, una toalla blanca con manchas de sangre, un jean y una camiseta de cuadros. El capo siempre estuvo ahí, escondido en una caleta del baño auxiliar; así lo registró la revista Semana en 1997.
El objetivo se había escapado, pero algo les había quedado claro: el hombre al teléfono era de confianza. Gracias a ese registro encontraron documentos en un doble fondo de un escritorio, que permitió vincular con el narcotráfico a muchos personajes públicos. El informante -se sabría después- era Jorge Salcedo, un hijo de un condecorado militar de nombre homónimo.
Salcedo también fue un prolífero militar del Ejército de Colombia que decidió pasar de combatir las guerrillas del M-19 a ser el jefe de seguridad de los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del Cartel de Cali. Con ellos se empeñó en un plan para acabar a su principal enemigo, Pablo Escobar, cabecilla del Cártel de Medellín, pero terminó aliándose con la DEA para sacrificar a sus propios jefes narcos.
Hijo de militar, Jorge Salcedo realizó estudios de ingeniería y aprovechó los contactos de su padre, que trabajó para algunas compañías petroleras y químicas tras su retiro, para ofrecer servicios muy especializados a refinerías de petróleo y afines y de la experiencia en tales labores surgió la idea de fundar una empresa de seguridad.
Había estudiado ingeniería y economía en Estados Unidos. Ingresó a las filas del Ejército en 1982, en tiempos en los que los militares luchaban con los reductos del M-19 que habían quedado en Cali. Su labor era la inteligencia, contactaba informantes para conocer los desplazamientos de los guerrilleros. Trabajo que llegó hasta marzo de 1990, cuando el grupo subversivo se reincorporó a la vida civil.
Ahí también medió un fracasado plan para tomar el cuartel general de las FARC en la selva con mercenarios británicos. Para entonces ya tenía una empresa de seguridad para multinacionales petroleras con equipos de detección de comunicaciones y localizaciones de muy alto nivel. Por eso entró a la reserva del Ejército.
El Cartel de Cali ya le iba siguiendo la pista. Y ocurrió un hecho que marcaría sus posteriores decisiones. En 1984, Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín, enemigo de los Rodríguez Orejuela, había mandado a matar a un amigo y compañero de colegio de Salcedo, el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.
Un viejo amigo del Ejército lo recomendó a la cúpula del Cártel alegando su especialización en «visión nocturna, detectores de calor y GPS’. En aquel entonces, el GPS estaba solamente en manos de los militares», según contó el mismo Salcedo a Entertainment Week. Necesitaban a alguien capaz de protegerlos de los atentados de Escobar y, de paso, de acabar con él.
En una cita fue encerrado en una habitación con los mismos líderes del Cártel de Cali que, sin preguntar su decisión, le enseñaron un plan a seguir. Querían sorprender a Escobar en su hacienda Nápoles, la del zoológico, la red de carreteras, las pistas clandestinas, la de sus 10 casas y seis piscinas y de la colección de autos y motocross.
El capo celebraría ahí la victoria de su equipo de fútbol, el Independiente Medellín, en la Copa Libertadores de 1989. Dos helicópteros iban hacia él cuando, por causas desconocidas, uno se estrelló y la misión se abortó. Así continuaron otras estrategias, que con la habilidad tecnológica de Salcedo, a quien le dieron el alias de ‘McGyver’, nada en Cali les pasaba inadvertido a los hermanos narcos.
Ello, y la red de sobornos que Salcedo logró armar con sus contactos militares, donde había comprado agentes en Cali, Medellín y Bogotá. Por todo este trabajo cobraba 1.000 dólares al mes, casi nada teniendo en cuenta el dinero que hacía el Cártel con el tráfico de cocaína.
Los planes contra Escobar se acabaron con su asesinato el 2 de diciembre de 1993.En ese momento -dijo al semanario estadounidense- intentó desligarse del Cártel de Cali, pero no pudo. Su labor ahora sería vigilar a políticos y otros personajes influyentes de la vida pública que pudieran afectar o favorecer los intereses del clan familiar.
«Nunca entendieron que lo mejor que debieron haber hecho era darse por vencidos y decir: ‘Hey, Pablo ha muerto, ya terminamos’, así que tuve que empezar a escanear todas las posibilidades que pudieran derribar a los hermanos Rodríguez y evitarlas», confesó Salcedo a Entertainment Week.
Tres semanas después de la muerte del cabecilla del Cartel de Medellín, Salcedo fue contactado por agentes de la DEA. Ya tenían pruebas contra él que ofreció el capturado coronel Roberto Leyva, con quien había negociado unos explosivos para otro fallido atentado contra Escobar. Estaba acorralado y le tocó aceptar ser un delator, con el riesgo que implicara.
Recibiría una jugosa recompensa, que terminó siendo de 1.665.000 dólares, y el ingreso al programa de protección de testigos de Estados Unidos. «La información de Salcedo permitió el esclarecimiento de varios asesinatos y la confiscación de materiales para la fabricación de bombas y explosivos», dice una parte del expediente de la Corte Federal de Miami conocida por Semana.
Sus informaciones se complicaron cuando se descubrieron aportes económicos a la campaña presidencial del ex mandatario Ernesto Samper Pizano, conocido como Proceso 8.000. Los hermanos estaban siendo perseguidos y ya tenían dudas de que entre sus hombres había un informante. Así que Salcedo no tuvo de otra que apresurar sus capturas.
Semanas después del primer operativo fallido en aquel lujoso edificio de Cali, nuevamente informó a la DEA el paradero de Miguel Rodríguez Orejuela, pues su hermano Gilberto ya estaba preso. Un grupo de 15 hombres del Bloque de Búsqueda se tomaron el edificio Buenos Aires y, esta vez, lo encontraron.
Jorge Salcedo les había entregado a las autoridades al último capo del Cartel de Cali. El hijo de Miguel Rodríguez Orejuela lo buscaba desesperado para matarlo. Pero la DEA cumplió su palabra. Lo sacó de Colombia, le dio otra identidad y lo ubicó en una dirección desconocida en Estados Unidos en la que hasta hoy permanece oculto. Desde su paradero fantasmal, se dio un gusto: asesoró a Netflix para la tercera temporada de la serie Narcos.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
Internacionales
La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
