Internacionales
CONFESIÓN: Le encomienda asesinar a Pablo Escobar, delata al Cártel de Cali y vive con falsa identidad por 22 años
Eran mediados de 1995 cuando un grupo del Ejército y la DEA tomó el apartamento 402 del edificio Colinas de Santa Rita, al occidente de Cali. Un informante había dado la ubicación de Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los líderes del Cártel de Cali. «Si es necesario tumben todo», dijo. Rompieron paredes, techos, suelos, desarmaron closets, usaron interruptores de puertas secretas y no encontraron nada.
La búsqueda se canceló. Pero el informante insistía en que ahí estaba. Entonces, el equipo de inteligencia regresó. Esta vez encontraron en el suelo de un pasillo una pipeta de oxígeno con su mascarilla, una toalla blanca con manchas de sangre, un jean y una camiseta de cuadros. El capo siempre estuvo ahí, escondido en una caleta del baño auxiliar; así lo registró la revista Semana en 1997.
El objetivo se había escapado, pero algo les había quedado claro: el hombre al teléfono era de confianza. Gracias a ese registro encontraron documentos en un doble fondo de un escritorio, que permitió vincular con el narcotráfico a muchos personajes públicos. El informante -se sabría después- era Jorge Salcedo, un hijo de un condecorado militar de nombre homónimo.
Salcedo también fue un prolífero militar del Ejército de Colombia que decidió pasar de combatir las guerrillas del M-19 a ser el jefe de seguridad de los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del Cartel de Cali. Con ellos se empeñó en un plan para acabar a su principal enemigo, Pablo Escobar, cabecilla del Cártel de Medellín, pero terminó aliándose con la DEA para sacrificar a sus propios jefes narcos.
Hijo de militar, Jorge Salcedo realizó estudios de ingeniería y aprovechó los contactos de su padre, que trabajó para algunas compañías petroleras y químicas tras su retiro, para ofrecer servicios muy especializados a refinerías de petróleo y afines y de la experiencia en tales labores surgió la idea de fundar una empresa de seguridad.
Había estudiado ingeniería y economía en Estados Unidos. Ingresó a las filas del Ejército en 1982, en tiempos en los que los militares luchaban con los reductos del M-19 que habían quedado en Cali. Su labor era la inteligencia, contactaba informantes para conocer los desplazamientos de los guerrilleros. Trabajo que llegó hasta marzo de 1990, cuando el grupo subversivo se reincorporó a la vida civil.
Ahí también medió un fracasado plan para tomar el cuartel general de las FARC en la selva con mercenarios británicos. Para entonces ya tenía una empresa de seguridad para multinacionales petroleras con equipos de detección de comunicaciones y localizaciones de muy alto nivel. Por eso entró a la reserva del Ejército.
El Cartel de Cali ya le iba siguiendo la pista. Y ocurrió un hecho que marcaría sus posteriores decisiones. En 1984, Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín, enemigo de los Rodríguez Orejuela, había mandado a matar a un amigo y compañero de colegio de Salcedo, el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.
Un viejo amigo del Ejército lo recomendó a la cúpula del Cártel alegando su especialización en «visión nocturna, detectores de calor y GPS’. En aquel entonces, el GPS estaba solamente en manos de los militares», según contó el mismo Salcedo a Entertainment Week. Necesitaban a alguien capaz de protegerlos de los atentados de Escobar y, de paso, de acabar con él.
En una cita fue encerrado en una habitación con los mismos líderes del Cártel de Cali que, sin preguntar su decisión, le enseñaron un plan a seguir. Querían sorprender a Escobar en su hacienda Nápoles, la del zoológico, la red de carreteras, las pistas clandestinas, la de sus 10 casas y seis piscinas y de la colección de autos y motocross.
El capo celebraría ahí la victoria de su equipo de fútbol, el Independiente Medellín, en la Copa Libertadores de 1989. Dos helicópteros iban hacia él cuando, por causas desconocidas, uno se estrelló y la misión se abortó. Así continuaron otras estrategias, que con la habilidad tecnológica de Salcedo, a quien le dieron el alias de ‘McGyver’, nada en Cali les pasaba inadvertido a los hermanos narcos.
Ello, y la red de sobornos que Salcedo logró armar con sus contactos militares, donde había comprado agentes en Cali, Medellín y Bogotá. Por todo este trabajo cobraba 1.000 dólares al mes, casi nada teniendo en cuenta el dinero que hacía el Cártel con el tráfico de cocaína.
Los planes contra Escobar se acabaron con su asesinato el 2 de diciembre de 1993.En ese momento -dijo al semanario estadounidense- intentó desligarse del Cártel de Cali, pero no pudo. Su labor ahora sería vigilar a políticos y otros personajes influyentes de la vida pública que pudieran afectar o favorecer los intereses del clan familiar.
«Nunca entendieron que lo mejor que debieron haber hecho era darse por vencidos y decir: ‘Hey, Pablo ha muerto, ya terminamos’, así que tuve que empezar a escanear todas las posibilidades que pudieran derribar a los hermanos Rodríguez y evitarlas», confesó Salcedo a Entertainment Week.
Tres semanas después de la muerte del cabecilla del Cartel de Medellín, Salcedo fue contactado por agentes de la DEA. Ya tenían pruebas contra él que ofreció el capturado coronel Roberto Leyva, con quien había negociado unos explosivos para otro fallido atentado contra Escobar. Estaba acorralado y le tocó aceptar ser un delator, con el riesgo que implicara.
Recibiría una jugosa recompensa, que terminó siendo de 1.665.000 dólares, y el ingreso al programa de protección de testigos de Estados Unidos. «La información de Salcedo permitió el esclarecimiento de varios asesinatos y la confiscación de materiales para la fabricación de bombas y explosivos», dice una parte del expediente de la Corte Federal de Miami conocida por Semana.
Sus informaciones se complicaron cuando se descubrieron aportes económicos a la campaña presidencial del ex mandatario Ernesto Samper Pizano, conocido como Proceso 8.000. Los hermanos estaban siendo perseguidos y ya tenían dudas de que entre sus hombres había un informante. Así que Salcedo no tuvo de otra que apresurar sus capturas.
Semanas después del primer operativo fallido en aquel lujoso edificio de Cali, nuevamente informó a la DEA el paradero de Miguel Rodríguez Orejuela, pues su hermano Gilberto ya estaba preso. Un grupo de 15 hombres del Bloque de Búsqueda se tomaron el edificio Buenos Aires y, esta vez, lo encontraron.
Jorge Salcedo les había entregado a las autoridades al último capo del Cartel de Cali. El hijo de Miguel Rodríguez Orejuela lo buscaba desesperado para matarlo. Pero la DEA cumplió su palabra. Lo sacó de Colombia, le dio otra identidad y lo ubicó en una dirección desconocida en Estados Unidos en la que hasta hoy permanece oculto. Desde su paradero fantasmal, se dio un gusto: asesoró a Netflix para la tercera temporada de la serie Narcos.
Internacionales
Narco, apagones, bajo crecimiento: Ecuador en problemas antes de nuevas presidenciales
La peor sequía en seis décadas tiene en jaque a las hidroeléctricas que cubren un 70 % de la demanda, el suministro de agua potable y la producción agrícola. La vida cotidiana es una pesadilla para muchos ecuatorianos.
«Lo que está viviendo el Ecuador es una crisis multidimensional que se expresa en términos económicos, eléctricos y políticos», dijo a la AFP Fernando Carrión, investigador político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito.
La nación de 17 millones de habitantes dejó hace varios años de ser una isla de paz entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de coca. Convertida en centro internacional de operaciones del narcotráfico y el crimen organizado, la tasa de homicidios escaló de seis por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 47 en 2023.
Noboa aplicó una política de mano dura y logró bajarla a 33, pero la sensación de inseguridad persiste. Y el fantasma de las masacres carcelarias regresó, con 17 muertos en el último choque.
El mandatario gobierna desde hace un año sin mayoría en el Congreso y distanciado de su vicepresidenta Verónica Abad, que fungía como embajadora en Israel y a quien el ministerio de Trabajo suspendió por cinco meses por el «abandono injustificado» de sus funciones.
Esa decisión le impedirá reemplazar a Noboa en enero cuando inicie su campaña por la reelección. Abad, que acusa a Noboa de «persecución», regresó a Ecuador el miércoles en «un acto de rebeldía».
«Hay desafíos por todo lado», manifestó el analista político y económico Alberto Acosta Burneo, del consultor Grupo Spurrier.
«Época frustrante»
La economía ecuatoriana, dolarizada y dependiente de la estancada producción petrolera, es otro eslabón en vilo. Antes de los apagones que llevan dos meses continuos, el país ya registraba una «fase muy baja de crecimiento», anotó Acosta Burneo.
Los cortes de luz empezaron en abril y arreciaron en septiembre ante la escasez de lluvias, asociada al cambio climático de acuerdo con la ministra encargada de Energía, Inés Manzano.
El gobierno prevé extenderlos al menos hasta diciembre, a un «costo muy grande» para el país, explicó Acosta Burneo.
Ecuador calculó con anticipación un crecimiento de 0,9% en 2024, contra 2,4% de 2023. El FMI pronosticó apenas 0,3%.
Los apagones dejan pérdidas por 1.440 millones de dólares (1% del PIB), según gremios empresariales que calculan en 12 millones de dólares el costo por cada hora sin luz.
«Es una época muy frustrante», reconoció Noboa, un empresario que se autodefine de centro-izquierda.
La aprobación de Noboa cayó de 85% en enero a 42% en octubre de acuerdo con Perfiles de Opinión. Su mandato de 18 meses termina en mayo de 2025, como reemplazo del derechista Guillermo Lasso (2021-2023).
Sin completar sus cuatro años de mandato, Lasso disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio político que buscaba su destitución.
La más reciente encuesta de la empresa Comunicaliza señala que el mandatario ha caído al menos seis puntos en la intención de voto. Aunque sigue en el primer lugar con 27,5%, seguido de la izquierdista Luisa González (26,7%).
«Estas distintas crisis le están golpeando (a Noboa) y probablemente la que más le golpea (…) es la crisis de la energía», aseguró Carrión.
Popularidad golpeada
Tras una arremetida del narco en enero, el gobernante respondió con duras políticas contra una veintena de organizaciones vinculadas a cárteles internacionales.
Declaró al país en conflicto armado interno, desplegó militares en las calles y las cárceles, dio los estatus de «terroristas» y «beligerantes» a las bandas para enfrentarlas sin tregua.
Su estrategia disminuyó los homicidios y aumentó el decomiso de droga a 262 toneladas en lo que va del año, frente a las 219 toneladas de 2023.
Sin embargo, la población «tiene una percepción de inseguridad muy alta, lo cual hace que el presidente pierda apoyos», señaló Carrión.
Noboa admitió que la crisis eléctrica «sí ha afectado» su popularidad.
Los secuestros y extorsiones también desangran al país. «Todo eso hace mella en la legitimidad del presidente y sus aspiraciones» de reelección, consideró Carrión. Bajo el fantasma del magnicidio, algunos candidatos presidenciales denuncian amenazas.
Más de 30 políticos han sido asesinados desde el año pasado, entre ellos el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio (centro), baleado al salir de un mitin en Quito en vísperas de la primera vuelta del 9 de agosto de 2023.
Internacionales
«Artefacto explosivo» estalla cerca de la sede de la autoridad carcelaria de Colombia
La Policía Metropolitana de Bogotá y el departamento local de bomberos «atienden la activación de un artefacto explosivo en inmediaciones del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario)», escribió el miércoles en la red social X el alcalde Carlos Fernando Galán, pasadas las 21H00 locales (02H00 GMT).
«No hay personas heridas y los daños materiales son menores», agregó.
El general José Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró más tarde a medios que el estallido se debió al «lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado en una bolsa».
Técnicos de la institución analizan el material explosivo para determinar su composición, agregó Gualdrón.
Medios locales transmitieron imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que se observa a un hombre manipulando un paquete y posteriormente abandonándolo a metros de las instalaciones del INPEC, a las 20H21 locales (01H21 GMT).
En los últimos meses, los ataques armados contra funcionarios penitenciarios en Colombia se han recrudecido.
«Llevamos, desafortunadamente, 22 atentados y 11 funcionarios muertos en el año 2024 (…) Hoy en día los funcionarios penitenciarios del INPEC no están siendo ajenos a los ataques del crimen organizado», aseguró el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, en una rueda de prensa la tarde del miércoles convocada tras el asesinato a un vigilante de la cárcel bogotana de La Picota.
Según Gutiérrez, los ataques se deben a que la autoridad carcelaria lleva a cabo «un trabajo fundamental conteniendo el delito desde las cárceles».
Expertos aseguran que varias organizaciones criminales manejan negocios ilegales como la extorsión desde el interior de las cárceles colombianas.
«¿Alguna duda de que el INPEC y sus trabajadores estamos siendo víctimas del conflicto armado y objetivo militar de los grupos al margen de la ley?», reaccionó el miércoles desde su cuenta de X Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.
En mayo, el coronel retirado Elmer Fernández, director de la prisión de La Modelo, una de las principales de Colombia, fue asesinado a tiros luego de recibir varias amenazas de muerte.
Colombia, principal productor de cocaína del mundo, está no obstante lejos de la violencia de su vecino Ecuador, donde las cárceles son epicentro de masacres y tiroteos.
En las prisiones ecuatorianas, destino de buena parte de la droga que se produce en el lado colombiano de la frontera, reos han retenido a guardias durante días.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el martes una vacuna contra la mpox de la farmacéutica japonesa KM Bilogics, la segunda en obtener la luz verde de la agencia de la ONU.
La OMS explicó que permitirá el uso de emergencia del inmunizante LC16m8 para «facilitar un mayor y rápido acceso a las vacunas en las comunidades donde se expanden los brotes de mpox».
Esta licencia allana el camino para que las autoridades estatales aprueben e importen rápidamente el fármaco para su distribución.
Esto «marca un paso significativo en nuestra respuesta a la emergencia actual, aportando una nueva opción para proteger a todas las poblaciones, incluidos los niños», dijo Yukiko Nakatani, subdirectora general de la OMS de acceso a medicamentos y productos de salud.
La agencia de la ONU declaró en agosto una emergencia de salud pública de importancia internacional por la mpox tras el aumento de casos del Clado 1b en República Democrática del Congo (RDC), que se extendió a otros países.
Esta y otras cepas de este virus se han detectado en 80 países en lo que va de año, según la OMS.
República Democrática del Congo es de largo el más afectado y donde se han registrado la mayoría de 39.000 casos sospechosos y casi mil muertos.
La OMS subrayó que el anuncio del martes es particularmente importante porque el gobierno japonés se comprometió a donar 3,05 millones de dosis de esta vacuna a RDC.
«Es el mayor paquete de donación anunciado hasta la fecha para la actual emergencia de mpox», afirmó.
Sin embargo, la agencia advirtió que la vacuna no debe usarse durante el embarazo o en personas inmunocomprometidas.
El mpox, antes conocido como viruela del mono, fue detectado por primera vez en humanos en 1970 en la actual RDC (ex Zaire).
Es una enfermedad viral que se transmite del animal al humano, así como por por contacto físico estrecho con una persona infectada por el virus.
Provoca fiebre, dolores musculares y lesiones cutáneas y en algunos casos puede ser mortal.
