Internacionales
Un segundo vuelo con deportados llegó a Brasil desde Estados Unidos, en medio de las tensiones entre Lula y Trump
Un segundo vuelo con deportados llegó a Brasil desde Estados Unidos, en medio de las tensiones entre Lula y Trump
Un segundo vuelo con deportados proveniente de Estados Unidos llegó este viernes a Brasil, en medio de las recientes tensiones surgidas entre los presidentes Lula da Silva y Donald Trump.
Una fuente del Ejecutivo local confirmó que cerca de las 16:15 horas, la nave procedente del estado de Luisiana aterrizó en Fortaleza, al noreste del país, con 111 pasajeros. Según sumó el funcionario, “la información que tenemos es que todos son brasileños” que fueron devueltos a Brasil porque agotaron los recursos legales para poder permanecer en Norteamérica, tal como “se acordó con los estadounidenses”.
Su destino final será Belo Horizonte, a donde serán llevados en un avión de la Fuerza Aérea Nacional.
Este es el segundo vuelo de deportados que Brasil recibe desde que Trump regresó a la presidencia y ordenó los masivos operativos contra la inmigración en el país, que ya han devuelto a cientos de otros civiles a sus respectivas naciones.
No obstante, estos en particular no guardan “relación directa” con las recientes directrices sino que se dan “en otro contexto: un entendimiento bilateral entre Brasil y Estados Unidos de 2017, que permanece en vigor” y que ya condujo a otras expulsiones en años previos, con miras a reducir el tiempo que estos ciudadanos pasan en centros de detención en el exterior.
De hecho, según cifras de la Policía Federal de Brasil, en los últimos cuatro años se registraron 94 vuelos con más de 7.500 ciudadanos en ellos.
El primero de ellos ocurrido desde el regreso de Trump a la presidencia, sin embargo, generó polémica y derivó en el primer cruce entre los países.
El vuelo tuvo lugar el pasado 26 de enero y transportó a 88 brasileños, que pasaron las largas horas del trayecto esposados. Las imágenes en las que se los veía descender en la ciudad de Manaos con sus manos y tobillos amarrados, y los relatos de los involucrados que dan cuenta de “agresiones físicas, amenazas y trato degradante” y la prohibición de alimentos y uso libre del baño, llevaron al Gobierno de Lula a denunciar un “tratamiento denigrante” hacia sus connacionales y a convocar al encargado de negocios de Washington en el país para reevaluar las condiciones de estos operativos.
Dichas condiciones demuestran un “flagrante desprecio a los derechos fundamentales” de estas personas, apuntó Lula, que recordó que “cuando el avión abre su puerta, los deportados están bajo legislación brasileña y vamos a cuidar eso con cariño”.
Poco después, la crisis pareció contenerse y las partes confirmaron la creación de un grupo de trabajo para “intercambiar información y mejorar la operatividad de los vuelos de retorno de los brasileños, garantizando la seguridad y el tratamiento digno y respetuoso de los pasajeros”. Asimismo, el Gobierno de Lula creó un puesto de atención a migrantes en el aeropuerto de Belo Horizonte, con el objetivo de recibir de forma adecuada a los expulsados.
En este contexto, el vuelo de las últimas horas, que será “objeto de evaluación con vistas a la organización de los próximos”, jugó un rol clave en la relación entre las naciones y la efectividad de esta medida conjunta
Internacionales
Evo Morales anunció una marcha de 100 mil seguidores a La Paz para inscribirse como candidato presidencial
Evo Morales anunció una marcha de 100 mil seguidores a La Paz para inscribirse como candidato presidencial
El ex presidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) anunció este viernes que una movilización de 100 mil de sus seguidores llegará a La Paz para respaldar su inscripción como candidato en las elecciones presidenciales del 17 de agosto.
Morales, quien perdió el liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS), aseguró que su postulación está garantizada con un nuevo partido político.
“El día de la inscripción nos vamos a ir a La Paz, no solamente van a ser 30.000 o 50.000, tal vez seamos 100 mil concentrados para inscribir a Evo presidente y así vamos a ganar las elecciones”, afirmó Morales en una comunicación telefónica con simpatizantes reunidos en Tiraque, en el centro del país.
Desde octubre de 2024, Morales permanece en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, resguardado por sus seguidores ante una orden de aprehensión en su contra por el delito de trata agravada de personas.
Morales aseguró que su candidatura está asegurada, a pesar de que en noviembre de 2024 perdió el liderazgo del MAS, partido que dirigió por casi tres décadas. Su destitución se produjo tras un fallo constitucional que ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconocer al dirigente Gróver García, cercano al presidente Luis Arce, como nuevo líder del partido.
Desde octubre de 2024, Morales permanece en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, resguardado por sus seguidores ante una orden de aprehensión en su contra por el delito de trata agravada de personas.
Morales aseguró que su candidatura está asegurada, a pesar de que en noviembre de 2024 perdió el liderazgo del MAS, partido que dirigió por casi tres décadas. Su destitución se produjo tras un fallo constitucional que ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconocer al dirigente Gróver García, cercano al presidente Luis Arce, como nuevo líder del partido.
Ante la incertidumbre sobre la sigla con la que se postulará, Morales pidió paciencia a sus seguidores. “Algunos están preocupados, pero la sigla está garantizada para las elecciones de este año. Es cuestión de tiempo, de un poco de paciencia”, afirmó.
Además, rechazó la posibilidad de una alternativa dentro del MAS y criticó al actual mandatario: “El plan A, el plan B y el plan C es Evo presidente. No hay ningún ‘plan B’ para nuestra candidatura, porque un ‘plan B’ es de Lucho (Luis) Arce, de la derecha, de los gringos y hasta del (empresario) Marcelo Claure”, sostuvo.
A pesar del fallo constitucional de finales de 2023 que limita la reelección presidencial a una única vez, Morales insistió en que sigue habilitado para postularse. “Según la ley 026 del Órgano Electoral, la Constitución Política del Estado y las normas internacionales, estamos habilitados”, enfatizó.
El respaldo a Morales también fue expresado por el secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Pedro Llanque, quien aseguró que la decisión de postular al exmandatario “es orgánica”.
“Es lo que la población, el pueblo y los movimientos sociales piden y, por supuesto, demandan. La continuidad de este proceso es fundamental, por eso mismo como candidato nuestro hermano Evo Morales”, declaró Llanque durante la reunión en Tiraque.
En la misma línea, el ex vicepresidente del MAS, Gerardo García, afirmó que Morales mantiene apoyo internacional. “Tiene contactos con todo el mundo, todos lo apoyan (…) una vez más salvará Bolivia, por eso todo el mundo estamos con nuestro hermano Evo Morales”, manifestó.
Los seguidores del ex mandatario anunciaron que a finales de marzo se realizará una reunión para refundar un nuevo partido político con el objetivo de inscribir a Morales como candidato presidencial.
Es importante mencionar que Morales enfrenta una orden de aprehensión por presuntamente haber mantenido una relación con una menor de edad cuando era presidente de Bolivia.
Un juez lo declaró en rebeldía tras no presentarse a dos audiencias y ordenó medidas adicionales en su contra, incluyendo arraigo, anotación preventiva de sus bienes y congelamiento de sus cuentas bancarias.
El ex gobernante sostiene que la investigación es parte de una persecución política y que su candidatura sigue en pie a pesar de las restricciones legales y el fallo constitucional que limita la reelección en Bolivia
Internacionales
19 estados de EE.UU. demandan la Administración Trump por la actividad del DOGE de Musk
19 estados de EE.UU. demandan la Administración Trump por la actividad del DOGE de Musk
Los fiscales generales de 19 estados de EE.UU. presentaron una demanda contra la Administración de Donald Trump, acusándola de dar al Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE.UU. (DOGE), dirigido por el magnate Elon Musk, acceso no autorizado a los datos privados de los ciudadanos del país.
El paso fue anunciado este viernes por la fiscal de Nueva York, Letitia James, que encabeza al grupo de demandantes.
La Administración republicana está acusada de autorizar «de manera ilegal» a Musk y a su entidad acceso «al sistema central de pagos del Departamento del Tesoro y, por tanto, a la información personal más sensible de los estadounidenses, incluidos los detalles de las cuentas bancarias y los números de seguridad social», reza el comunicado de la Fiscalía de Nueva York. «Este acceso ampliado podría permitir a Musk y a su equipo bloquear los fondos federales a los estados y programas que proporcionan asistencia sanitaria, cuidado de niños y otros servicios críticos», agrega el texto.
Aparte de Nueva York, a la demanda se unieron los estados de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minesota, Nevada, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont y Wisconsin.
«Como hombre más rico del mundo, Elon Musk no está acostumbrado a que le digan ‘no’, pero en nuestro país nadie está por encima de la ley», declaró Letitia James. «El presidente Trump no tiene poder para dar su información privada a quien quiera. Y su amigo multimillonario no electo no puede cortar el gasto federal con el clic de un botón», escribió la fiscal en sus redes sociales.
Musk accede al sistema federal de pagos
Previamente, se informó que el DOGE obtuvo acceso al sistema de pagos del Departamento del Tesoro de EE.UU. Esto otorga a Musk y sus colaboradores una poderosa herramienta para supervisar el gasto público, y podría brindar a la Administración Trump otro mecanismo para limitar unilateralmente los fondos aprobados para fines específicos por el Congreso, indicó The New York Times
El recién nombrado secretario del Tesoro, Scott Bessent, autorizó a los representantes del DOGE acceso al sistema, que gestiona anualmente más de seis billones de dólares en pagos federales, incluyendo prestaciones de la seguridad social y del seguro médico Medicare, así como devoluciones de impuestos. Este acceso, que «ha estado históricamente muy controlado», implica la posibilidad de consultar información sensible de millones de ciudadanos del país
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Un juez federal bloqueó a Elon Musk el control del sistema de pagos del Tesoro de EEUU tras la demanda de 19 fiscales generales
Un juez federal bloqueó a Elon Musk el control del sistema de pagos del Tesoro de EEUU tras la demanda de 19 fiscales generales
Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este sábado el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, a los registros del Departamento del Tesoro, en respuesta a una demanda presentada por 19 fiscales generales demócratas contra el presidente Donald Trump.
El fallo, emitido por el juez del Distrito Sur de Nueva York, Paul Engelmayer, responde a la demanda que alega que la administración Trump permitió “ilegalmente” que el equipo de Musk accediera al sistema central de pagos del Tesoro, que gestiona reembolsos de impuestos, beneficios del Seguro Social y pagos a veteranos, además de contener datos financieros y personales de millones de estadounidenses.
De esta manera, Engelmayer prohibió el acceso a los sistemas de pago y otros datos del Tesoro de Estados Unidos a “todos los cargos políticos”, “todos los agentes especiales del gobierno”, así como a “todos los empleados del gobierno asignados a un organismo externo al Tesoro”.
La orden restrictiva temporal, que permanecerá en vigor hasta una audiencia el 14 de febrero, también dice que cualquier persona que haya accedido a datos de los registros del Departamento del Tesoro desde que Trump asumió como presidente el 20 de enero debe “destruir inmediatamente todas y cada una de las copias del material descargado”.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que la medida representa un riesgo de seguridad y podría utilizarse para interferir con fondos federales. “Este grupo no electo, liderado por el hombre más rico del mundo, no está autorizado a tener esta información. Buscaron este acceso no autorizado para bloquear ilegalmente pagos que millones de estadounidenses necesitan para atención médica, cuidado infantil y otros programas esenciales”, dijo en un video difundido por su oficina.
El Departamento del Tesoro, bajo la dirección del secretario Scott Bessent, modificó políticas internas para permitir el acceso del equipo de Musk a los registros de pagos, lo que, según la demanda, excede la autoridad de la agencia y viola leyes federales y el principio de separación de poderes de la Constitución.
Elon Musk ha desestimado las críticas a DOGE en su plataforma X, asegurando que la iniciativa está ahorrando millones de dólares a los contribuyentes al eliminar el gasto gubernamental innecesario.
Musk, la persona más rica del mundo, está liderando los esfuerzos de Trump para recortar costos federales bajo el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
Mientras tanto, el fiscal general de Connecticut, William Tong, calificó la situación como “la mayor filtración de datos en la historia de Estados Unidos”.
“DOGE es un grupo ilegalmente constituido de ‘tecnócratas renegados’ revisando registros confidenciales, datos sensibles y sistemas de pago críticos. ¿Qué podría salir mal?”, afirmó Tong en un comunicado.
La administración Trump y el Departamento del Tesoro han defendido el acceso de DOGE, argumentando que su misión es auditar el gasto público y detectar fraudes.
Sin embargo, fuentes citadas por The Associated Press indicaron que la revisión comenzó con el objetivo de suspender pagos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), una institución que Trump y Musk han buscado desmantelar.
La orden de Engelmayer decía que los estados que demandaron “enfrentarían daños irreparables en ausencia de una medida cautelar”.
“Esto se debe tanto al riesgo que presenta la nueva política de divulgación de información sensible y confidencial como al mayor riesgo de que los sistemas en cuestión sean más vulnerables que antes a la piratería”, escribió.
El caso sigue en curso en la justicia federal, mientras legisladores demócratas han solicitado una investigación del Tesoro sobre el acceso de DOGE y sindicatos han presentado demandas adicionales para bloquear la revisión de los sistemas de pago del gobierno
