Internacionales
Trump anula una medida utilizada durante 60 años para luchar contra la discriminación laboral
El presidente Donald Trump anuló esta semana un decreto de casi 60 años que prohibía a los contratistas del Gobierno discriminar en sus prácticas de contratación, despido, ascenso o remuneración.
En su lugar, hay un nuevo requisito de que esos empleadores certifiquen que no tienen lo que calificó de programas “ilegales” de diversidad, equidad e inclusión, también conocidos como DEI. También ordenó a cada agencia federal que identificara hasta nueve objetivos de investigaciones federales sobre sus prácticas de DEI para ver si deben ser consideradas “ilegales”. Eso incluye corporaciones privadas que cotizan en bolsa, grandes corporaciones o asociaciones sin fines de lucro y grandes fundaciones.
El decreto que Trump anuló, firmado originalmente por el presidente Lyndon Johnson, se aplicaba a prácticamente todas las grandes empresas y a muchas pequeñas compañías que, en conjunto, emplean a cerca de una cuarta parte de los trabajadores en Estados Unidos. Había permanecido en vigor durante gobiernos demócratas y republicanos, incluido el primer mandato del propio Trump.
Y su medida ha generado la preocupación de que incluso las empresas que ven un valor en tener una fuerza de trabajo diversa y el liderazgo estarán nerviosos acerca de llegar a las mujeres, las minorías y otras clases protegidas, y que van a abandonar esos esfuerzos en lugar de correr el riesgo de entrar en conflicto con la nueva administración.
Las acciones dejan claro que Trump pretende hacer algo más que librar al propio gobierno federal de los controvertidos programas de DEI. Busca poner fin a muchos esfuerzos de una amplia gama de empleadores que habían estado tomando medidas para tener una fuerza de trabajo más diversa.
Este decreto, poco conocido y que data de hace 60 años, permitía investigar las prácticas de empleo de los contratistas y a menudo descubría casos de discriminación que incluso los empleados afectados desconocían. Y la amenaza de esas investigaciones, y los requisitos de las normas, fueron un poderoso motor de los esfuerzos de diversidad en toda la economía.
A los críticos de la medida les preocupa que muchos empleadores vean la acción de Trump como una señal de que ya no tienen que preocuparse por enfrentarse a sanciones por discriminar en sus prácticas de empleo.
“Aquellos que han sido más reticentes y reacios (a realizar actividades de divulgación) recibirán el mensaje de que todo puede pasar, y puedes hacer lo que quieras”, dijo Jocelyn Frye, presidenta de National Partnership for Women & Families, un grupo de interés público.
Pero el decreto que anuló, conocido como EO 11246, “no permitía cuotas, preferencias ni exclusiones. Están estrictamente prohibidas”, según las normas establecidas por el Departamento de Trabajo. Sí obligaba a las empresas que tienen contratos con el Gobierno a presentar datos anuales sobre sus prácticas de empleo, y esos informes podían dar lugar a una constatación de discriminación que obligara a los empleadores a indemnizar a los trabajadores que resultaran discriminados.
Alrededor de una cuarta parte de las personas que se determinó que habían sido discriminadas, y que recibieron compensaciones, eran hombres blancos, dijo Craig Leen, jefe de la oficina del Departamento de Trabajo que supervisó el decreto durante la mayor parte del primer mandato de Trump.
Leen dijo que rescindir el decreto no da luz verde a los contratistas para empezar a discriminar. Dijo que todavía deben cumplir con el Título VII de la ley de Derechos Civiles de 1964 que prohíbe la discriminación.
“Creo que van a seguir haciendo cumplir la no discriminación”, dijo Leen, que ahora es un abogado del sector privado. Dijo que la medida de Trump se debe a la sospecha conservadora de que las empresas están contratando en función de la raza o el género.
“Ha habido una preocupación en el lado republicano durante mucho tiempo, de que a veces (los contratistas) sí tienen preferencias y cuotas”, afirmó.
Sin embargo, Leen defiende los esfuerzos de los empresarios por contar con una mano de obra más diversa. En su opinión, quienes no buscan grupos infrarrepresentados durante el proceso de contratación antes de tomar una decisión de contratación o ascenso no solo se perjudican a sí mismos, sino que perjudican a la economía estadounidense en general.
“No se puede contratar a todo el mundo por el boca a boca y que todos sean hombres (blancos). Eso viola el Título VII, esté en vigor [el] 11246 o no”, indicó. “Así que si realmente quieres hacer contrataciones con base en el mérito, que es de lo que habla (el decreto de Trump) … significa que tienes que auditarte cada año. Tienes que asegurarte de que estás dando a las mujeres la misma oportunidad de ser promovidas que los hombres”.
Menos aplicación de la ley sin el decreto
Pero el Título VII no obliga a las empresas a facilitar información sobre sus prácticas de empleo. Sin el decreto 11246, será más difícil que la gente confirme que está siendo discriminada, y habrá muchos menos controles sobre los empresarios que sí practican la discriminación, consciente o inconscientemente. La mayoría de las personas que no consiguen un empleo no saben nada del proceso de toma de decisiones.
“Hay que saberlo para presentar una denuncia al respecto”, afirma Frye, de la National Partnership for Women & Families. Con el decreto 11246, el Departamento de Trabajo podía “ir in situ y comprobar si los empleadores cumplen con su obligación. [La derogación] erosiona su capacidad para hacerlo”.
Incluso algunos empleadores que creen que se benefician de una mano de obra diversa podrían dejar de impulsar sus programas de divulgación y de otro tipo por miedo a ser objeto de las nuevas políticas.
“Tienen que certificar que no tienen un programa ilegal de DEI. Eso no se ha definido en la interpretación del decreto”, dijo David Fortney, un abogado que trabajó en el Departamento de Trabajo bajo la administración de George W. Bush. “Tengo clientes que empiezan a hacer esa pregunta. La respuesta es que no lo sabemos con seguridad. Perdón por el juego de palabras, no sé si hay una respuesta en blanco y negro al respecto”.
“Mi experiencia es que la mayoría de los clientes creen firmemente que tener una plantilla diversa en sentido amplio produce mejores resultados”, dijo. “Creo que potencialmente tendrá cierto nivel de efectos amedrentadores”.
Internacionales
Trump prohíbe a todos los funcionarios del Gobierno de Petro la entrada a EE.UU. y revoca sus visados
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este domingo la prohibición de visitar Estados Unidos a los miembros del Gobierno colombiano, presidido por Gustavo Petro, y a sus seguidores, por su oposición a las políticas migratorias del republicano.
Además, anunció restricciones de visa para todos los miembros del partido gobernante, sus familiares y partidarios del Gobierno colombiano.
Entre otras medidas, el republicano introdujo aranceles del 25% sobre las mercancías colombianas, que aumentará en un 50%, así como el refuerzo de las inspecciones de Aduanas y Protección Fronteriza para nacionales colombianos.
Esta decisión se produce tras la negativa del mandatario de Colombia a aceptar 2 aviones militares con migrantes colombianos. «La negativa de Petro a estos vuelos ha puesto en peligro la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos», comentó el mandatario en sus redes sociales. Según Trump, estas medidas son «solo el comienzo».
El declive de las relaciones entre Colombia y EE.UU.
Este domingo, el mandatario colombiano declaró que «EE.UU. no puede tratar como delincuentes a los migrantes colombianos» y decidió no permitir la llegada de aviones militares del país norteamericano con migrantes colombianos.
«No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto con ellos y con nuestro país», afirmó Petro. «En aviones civiles, sin trato de delincuentes recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta», añadió.
Además, más tarde anunció medidas de represalia contra los ciudadanos estadounidenses que se encuentran irregularmente en el país. «Hay 15.660 estadounidenses establecidos en Colombia de manera irregular. Deben acercase a nuestro servicio migratorio para regularizar su situación», escribió el mandatario en X, aseverando que los «migrantes son seres humanos y sujetos de derechos y como tal deben ser tratados»
Embajada de EE. UU. cerró trámites de visas para los colombianos y Petro respondió: “Hay 15.660 estadounidenses en Colombia de manera irregular”
En la mañana del domingo 26 de enero de 2025, la Embajada de Estados Unidos en Colombia decidió cerrar la sección de visas para este lunes 27 de enero, en respuesta a la decisión del presidente Gustavo Petro de devolver dos aviones norteamericanos con migrantes colombianos que residían en esa nación.
A raíz de ello, el mandatario respondió en su cuenta de X a la orden dada por la embajada norteamericana, y explicó que los ciudadanos norteamericanos que se encuentran en el país deberán realizar su trámite.
“Hay 15.660 estadounidenses establecidos en Colombia de manera irregular. Deben acercarse a nuestro servicio migratorio para regularizar su situación”, escribió el jefe de Estado colombiano en sus redes sociales.
Así mismo, el presidente sostuvo: “Espero que no se congele el diálogo sobre el Darién. Si no hay regularización aumentarán las ilegalidades. Ya lo vimos cuando EE. UU. bloqueo a Venezuela e hizo estallar la oleada migratoria”.
Igualmente, el mandatario colombiano reiteró su postura de recibir ciudadanos colombianos por parte del gobierno estadounidense, al denunciar malos tratos por parte de funcionarios de la Casa Blanca. “Primero es la dignidad de Colombia y América Latina. Los migrantes son seres humanos y sujetos de derechos y como tal deben ser tratados”, aseveró.
Su comentario generó una oleada de comentarios por varios sectores políticos y sociales del país. Mientras que algunos defendieron la postura del presidente, otros consideran que es una decisión que perjudicaría las relaciones con el Gobierno de Donald Trump, y afectaría la estabilidad de los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en territorio colombiano con su documentación al día.
Al respecto, el presidente aclaró que su determinación va dirigida a quienes no han realizado sus trámites en Colombia, por lo que sostuvo que quienes cuenten con su documentación en regla, podrán ingresar al país.
“Los ciudadanos norteamericanos que lo deseen pueden estar en Colombia, yo creo en la libertad humana. Pero están irregulares más de 15.666 y por las leyes colombianas deben regularizar su estadía”, mencionó Petro.
A su vez, el jefe de Estado colombiano afirmó que “No me verán jamás quemando una bandera gringa o haciendo una “ratzia” (sic) para devolver los ilegales esposados a EE. UU.”, esto en referencia a la queja presentada por el Gobierno de Brasil ante la llegada de migrantes a Manaos en precarias condiciones y esposados.
“Los libertarios de verdad jamás agrediremos la libertad humana. Somos lo contrario de los Nazis”, puntualizó Petro en su cuenta de X.
Esta fue la polémica por deportación de migrantes colombianos
En la madrugada del domingo 26 de enero de 2025, el presidente Gustavo Petro había negado el ingreso de dos aeronaves provenientes de Estados Unidos con migrantes indocumentados de nacionalidad colombiana, al considerar que el trato a los connacionales fue indigno.
“Los EE. UU. no pueden tratar como delincuentes a los migrantes Colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. EE. UU. debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros (SIC)”, escribió en su momento el presidente Petro en las redes sociales.
Posteriormente, el presidente justificó que “un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece”, y aclaró que aceptaría la deportación de colombianos bajo la consigna de la dignidad y el respeto.
“No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto con los y con nuestro país. En aviones civiles, sin trato de delincuentes, recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta”, mencionó.
Frente a ello, el Departamento de los Estados Unidos había ordenado el cierre de la sección de visas desde el lunes 27 de enero de 2025 en la embajada norteamericana en Bogotá (Colombia).
“En respuesta a la negativa del presidente Petro de aceptar dos vuelos con deportados colombianos, que anteriormente el presidente había autorizado y que habían sido aprobados a los más altos niveles del gobierno, la Embajada de Estados Unidos en Colombia cerrará mañana la sección de visas. Próximamente, se implementarán medidas de represalia adicionales”, señaló el Gobierno norteamericano en diálogo con El Tiempo.
Internacionales
Donald Trump impuso sanciones a Colombia tras la decisión de Gustavo Petro de no recibir aviones con deportados
En un giro inesperado en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció sanciones severas contra el país que lidera Gustavo Petro luego de que dos vuelos de repatriación con migrantes indocumentados fueran rechazados en territorio colombiano. El anuncio, acompañado de medidas económicas y migratorias de gran alcance, fue difundido por el mandatario estadounidense a través de su red social Truth, en un mensaje cargado de críticas hacia el Gobierno colombiano.
Trump afirmó que “la negación de estos vuelos por parte de Petro ha puesto en peligro la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública de los Estados Unidos”. Como respuesta, anunció la implementación inmediata de varias medidas de represalia, entre las que se destacan:
Aranceles de emergencia del 25% a los bienes colombianos que ingresen a Estados Unidos, que aumentarán al 50% en una semana.
Restricciones migratorias, incluyendo la revocación de visas para funcionarios gubernamentales, aliados, familiares y simpatizantes del gobierno colombiano.
Sanciones financieras y bancarias aplicadas mediante la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (Ieepa).
Inspecciones exhaustivas de ciudadanos colombianos y mercancías por razones de seguridad nacional.
El mensaje de Trump destacó que estas acciones “son solo el comienzo” de una respuesta más amplia que busca presionar al Gobierno colombiano para cumplir con las normativas internacionales relacionadas con la aceptación de migrantes deportados.
Cierre de la sección de visas en la embajada estadounidense
Una de las medidas de mayor impacto anunciadas hasta ahora es el cierre de la sección de visas en la embajada de Estados Unidos en Bogotá, efectivo a partir del 27 de enero de 2025. Esta decisión afecta directamente a miles de ciudadanos colombianos que planeaban solicitar visas de turismo, negocios o estudios, lo que provocó incertidumbre en sectores educativos y empresariales.
Además, la imposición de aranceles a los productos colombianos amenaza con desestabilizar sectores clave de la economía del país. Productos como flores, café y textiles, que son fundamentales en las exportaciones hacia Estados Unidos, enfrentarían un aumento en sus costos, disminuyendo su competitividad en el mercado norteamericano.
Por otro lado, las restricciones migratorias y el cierre de la sección de visas es lo que más preocupación provocó entre familias colombianas y estudiantes que dependen de la movilidad entre ambos países.
“¡No permitiremos que el Gobierno colombiano viole sus obligaciones legales con respecto a la aceptación y devolución de los criminales que forzaron a ingresar a los Estados Unidos!”, señaló Trump en su propia red social.
Estados Unidos revoca visas a familiares, aliados y simpatizantes del Gobierno de Gustavo Petro
Como se menciona previamente, las crecientes tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, el presidente estadounidense Donald Trump anunció nuevas sanciones que incluyen la revocación de visas a los familiares, aliados políticos y simpatizantes del Gobierno de Gustavo Petro.
Trump afirmó de manera contundente: “Sanciones de visa a todos los miembros del partido, familiares y simpatizantes del gobierno colombiano”. Este mensaje deja claro que las restricciones no solo afectarán a funcionarios del Gobierno, sino a figuras públicas cercanas al partido del presidente Petro y al Pacto Histórico, su coalición política.
Entre los afectados directamente por la medida estarían los familiares más cercanos del mandatario colombiano, incluida su esposa, Verónica Alcocer, y sus hijos Nicolás, Sofía, Andrea, Antonella y Gustavo, este último residente en Canadá.
Además de la familia presidencial, las sanciones también alcanzarían a líderes y funcionarios de la coalición del Pacto Histórico, incluidos senadores, congresistas y otros altos cargos del Gobierno. Esta decisión provocó alarma en los círculos políticos de Colombia, ya que representa un golpe a la representación internacional y a la capacidad de liderazgo del gobierno en escenarios globales.
Figuras públicas que han manifestado su simpatía hacia la administración de Petro, como la reconocida actriz y activista Margarita Rosa de Francisco, podrían también verse afectadas por esta política restrictiva. Aunque no se ha confirmado una lista específica de personas sancionadas, la ambigüedad del anuncio incrementó la incertidumbre entre funcionarios y aliados del mandatario colombiano.
