Internacionales
Trump anula una medida utilizada durante 60 años para luchar contra la discriminación laboral
El presidente Donald Trump anuló esta semana un decreto de casi 60 años que prohibía a los contratistas del Gobierno discriminar en sus prácticas de contratación, despido, ascenso o remuneración.
En su lugar, hay un nuevo requisito de que esos empleadores certifiquen que no tienen lo que calificó de programas “ilegales” de diversidad, equidad e inclusión, también conocidos como DEI. También ordenó a cada agencia federal que identificara hasta nueve objetivos de investigaciones federales sobre sus prácticas de DEI para ver si deben ser consideradas “ilegales”. Eso incluye corporaciones privadas que cotizan en bolsa, grandes corporaciones o asociaciones sin fines de lucro y grandes fundaciones.
El decreto que Trump anuló, firmado originalmente por el presidente Lyndon Johnson, se aplicaba a prácticamente todas las grandes empresas y a muchas pequeñas compañías que, en conjunto, emplean a cerca de una cuarta parte de los trabajadores en Estados Unidos. Había permanecido en vigor durante gobiernos demócratas y republicanos, incluido el primer mandato del propio Trump.
Y su medida ha generado la preocupación de que incluso las empresas que ven un valor en tener una fuerza de trabajo diversa y el liderazgo estarán nerviosos acerca de llegar a las mujeres, las minorías y otras clases protegidas, y que van a abandonar esos esfuerzos en lugar de correr el riesgo de entrar en conflicto con la nueva administración.
Las acciones dejan claro que Trump pretende hacer algo más que librar al propio gobierno federal de los controvertidos programas de DEI. Busca poner fin a muchos esfuerzos de una amplia gama de empleadores que habían estado tomando medidas para tener una fuerza de trabajo más diversa.
Este decreto, poco conocido y que data de hace 60 años, permitía investigar las prácticas de empleo de los contratistas y a menudo descubría casos de discriminación que incluso los empleados afectados desconocían. Y la amenaza de esas investigaciones, y los requisitos de las normas, fueron un poderoso motor de los esfuerzos de diversidad en toda la economía.
A los críticos de la medida les preocupa que muchos empleadores vean la acción de Trump como una señal de que ya no tienen que preocuparse por enfrentarse a sanciones por discriminar en sus prácticas de empleo.
“Aquellos que han sido más reticentes y reacios (a realizar actividades de divulgación) recibirán el mensaje de que todo puede pasar, y puedes hacer lo que quieras”, dijo Jocelyn Frye, presidenta de National Partnership for Women & Families, un grupo de interés público.
Pero el decreto que anuló, conocido como EO 11246, “no permitía cuotas, preferencias ni exclusiones. Están estrictamente prohibidas”, según las normas establecidas por el Departamento de Trabajo. Sí obligaba a las empresas que tienen contratos con el Gobierno a presentar datos anuales sobre sus prácticas de empleo, y esos informes podían dar lugar a una constatación de discriminación que obligara a los empleadores a indemnizar a los trabajadores que resultaran discriminados.
Alrededor de una cuarta parte de las personas que se determinó que habían sido discriminadas, y que recibieron compensaciones, eran hombres blancos, dijo Craig Leen, jefe de la oficina del Departamento de Trabajo que supervisó el decreto durante la mayor parte del primer mandato de Trump.
Leen dijo que rescindir el decreto no da luz verde a los contratistas para empezar a discriminar. Dijo que todavía deben cumplir con el Título VII de la ley de Derechos Civiles de 1964 que prohíbe la discriminación.
“Creo que van a seguir haciendo cumplir la no discriminación”, dijo Leen, que ahora es un abogado del sector privado. Dijo que la medida de Trump se debe a la sospecha conservadora de que las empresas están contratando en función de la raza o el género.
“Ha habido una preocupación en el lado republicano durante mucho tiempo, de que a veces (los contratistas) sí tienen preferencias y cuotas”, afirmó.
Sin embargo, Leen defiende los esfuerzos de los empresarios por contar con una mano de obra más diversa. En su opinión, quienes no buscan grupos infrarrepresentados durante el proceso de contratación antes de tomar una decisión de contratación o ascenso no solo se perjudican a sí mismos, sino que perjudican a la economía estadounidense en general.
“No se puede contratar a todo el mundo por el boca a boca y que todos sean hombres (blancos). Eso viola el Título VII, esté en vigor [el] 11246 o no”, indicó. “Así que si realmente quieres hacer contrataciones con base en el mérito, que es de lo que habla (el decreto de Trump) … significa que tienes que auditarte cada año. Tienes que asegurarte de que estás dando a las mujeres la misma oportunidad de ser promovidas que los hombres”.
Menos aplicación de la ley sin el decreto
Pero el Título VII no obliga a las empresas a facilitar información sobre sus prácticas de empleo. Sin el decreto 11246, será más difícil que la gente confirme que está siendo discriminada, y habrá muchos menos controles sobre los empresarios que sí practican la discriminación, consciente o inconscientemente. La mayoría de las personas que no consiguen un empleo no saben nada del proceso de toma de decisiones.
“Hay que saberlo para presentar una denuncia al respecto”, afirma Frye, de la National Partnership for Women & Families. Con el decreto 11246, el Departamento de Trabajo podía “ir in situ y comprobar si los empleadores cumplen con su obligación. [La derogación] erosiona su capacidad para hacerlo”.
Incluso algunos empleadores que creen que se benefician de una mano de obra diversa podrían dejar de impulsar sus programas de divulgación y de otro tipo por miedo a ser objeto de las nuevas políticas.
“Tienen que certificar que no tienen un programa ilegal de DEI. Eso no se ha definido en la interpretación del decreto”, dijo David Fortney, un abogado que trabajó en el Departamento de Trabajo bajo la administración de George W. Bush. “Tengo clientes que empiezan a hacer esa pregunta. La respuesta es que no lo sabemos con seguridad. Perdón por el juego de palabras, no sé si hay una respuesta en blanco y negro al respecto”.
“Mi experiencia es que la mayoría de los clientes creen firmemente que tener una plantilla diversa en sentido amplio produce mejores resultados”, dijo. “Creo que potencialmente tendrá cierto nivel de efectos amedrentadores”.
La derechista Laura Fernández es la nueva presidenta de Costa Rica, tras arrasar en las elecciones del domingo con su promesa de mano dura contra el narcotráfico, en este país que por años fue considerado uno de los más seguros del continente.
Fernández, politóloga de 39 años, obtuvo el 48,7 % de los votos, casi nueve puntos más de los que necesitaba para ganar en primera vuelta, según el conteo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) del 85 % del escrutinio.
Sus propuestas sobre seguridad -que capitalizaron el principal reclamo de los costarricenses- y para reformar los poderes del Estado son vistas por opositores como parte de un plan para consolidar un poder absoluto, al estilo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, primer mandatario en felicitarla.
En una videollamada con su mentor, el presidente Rodrigo Chaves, Fernández le agradeció haber confiado en ella «para ser hoy la presidenta electa de Costa Rica».
Apenas se conocieron los primeros resultados, que ya mostraban una amplia ventaja sobre el socialdemócrata Álvaro Ramos (33,18% de los votos), miles de militantes del Partido Pueblo Soberano se reunieron en sitios emblemáticos del país para festejar.
Caravanas de vehículos con banderas turquesa y fiestas callejeras se organizaron rápidamente en San José y otras ciudades.
Su triunfo afianza a la derecha en Latinoamérica, tras las recientes victorias en Chile, Bolivia y Honduras, y donde este año habrá presidenciales en Brasil y Colombia, actualmente gobernados por la izquierda.
Además, Fernández será la segunda mujer que gobierne Costa Rica, de 5,2 millones de habitantes y uno de los países más estables de la región, tras el mandato de Laura Chinchilla, quien también ganó en primera ronda en 2010.
Costa Rica también eligió este domingo a 57 diputados.
Fernández, quien asumirá el 8 de mayo, propone copiar parte de la guerra contra contra las pandillas de Bukele y reformar los poderes del Estado, a los que ella y Chaves acusan de auspiciar la impunidad.
Por ello, aspira a lograr una amplia mayoría legislativa que le permita modificar la Constitución.
Durante el gobierno de Chaves, una figura polarizante, la tasa de asesinatos alcanzó un récord de 17 por 100,000 habitantes.
Siete de cada diez homicidios están ligados al narcotráfico, que convirtió a este país, considerado por décadas uno de los más seguros del continente, en centro logístico y de exportación de drogas, según las autoridades.
Fernández ofrece terminar la construcción de una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de Bukele, aumento de penas y estados de excepción en zonas marginales conflictivas.
«Me gusta su proyecto de la cárcel. La violencia explotó porque están tocando a los cabecillas, como sacar a las ratas de las cloacas», justificó Jéssica Salgado, oficinista de 27 años.
«La economía anda bien y Laura va a darle duro a los narcos», señaló por su parte Sileny Fernández, asesora de recursos humanos de 39 años.
Pero los opositores aseguran que las reformas constitucionales en realidad buscan allanar el regreso de Chaves al poder cuando finalice su mandato de cuatro años. Actualmente el presidente debe esperar dos períodos para volver a postular.
A Fernández la tildan de «populista» y «mala copia» de Chaves por adoptar su retórica confrontativa.
«Siempre voy a cuidar la estabilidad democrática», garantizó la candidata este domingo.
«Lo primero que quieren los dictadores es reformar la Constitución para mantenerse en el poder», lanzó este domingo el expresidente Óscar Arias, premio Nobel de Paz 1987.
«Aquí no hay dictaduras», dijo tras sufragar el presidente, quien desató críticas por hacer gestos de burla contra votantes que gritaban «¡Fuera Chaves!».
Aunque la pobreza bajó del 18 % en 2024 al 15,2% en 2025, Costa Rica está entre los seis países latinoamericanos más desiguales en el índice Gini y es el segundo más caro después de Uruguay.
Internacionales
El papa expresa «gran inquietud» por «aumento de las tensiones» entre Cuba y EE. UU.
El papa León XIV expresó este domingo su «gran inquietud» por «el aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos, dos países vecinos».
Uniéndose al mensaje de los obispos cubanos, el primer papa estadounidense de la historia invitó desde el Vaticano «a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, a fin de evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano».
El presidente estadounidense Donald Trump multiplicó las amenazas contra Cuba tras la redada de comienzos de enero en Caracas que condujo a la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana y su principal proveedor de energía.
Trump instó a Cuba a aceptar «antes de que sea demasiado tarde» un «acuerdo» cuya naturaleza no precisó.
«¡No habrá más petróleo ni dinero con destino a Cuba: cero!», amenazó el presidente estadounidense, que el jueves firmó un decreto por el que Estados Unidos podría imponer aranceles, por un monto no especificado, a los países que vendan petróleo a La Habana. Asegura que Cuba representa una «amenaza excepcional» para la seguridad nacional estadounidense.
El jefe de la iglesia católica espera, por otro lado, que los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, que se inauguran el viernes, sean la ocasión para «gestos concretos de distensión y diálogo».
«Estos grandes eventos deportivos constituyen un fuerte mensaje de fraternidad y reavivan la esperanza de un mundo en paz», añadió León XIV, recordando que ese era el objetivo de la llamada «tregua olímpica».
Es una «costumbre antiquísima que acompaña el desarrollo de los Juegos», explicó León XIV a sólo unos días de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, del 6 al 22 de febrero, a los que seguirán los Juegos Paralímpicos del 6 al 15 de marzo.
«Deseo que todos los que tienen en su corazón la paz entre los pueblos y ocupan funciones de autoridad sepan aprovechar esta ocasión para llevar a cabo gestos concretos de distensión y de diálogo», declaró el papa al término de la oración del ángelus en Roma.
El papa León XIV rezó también por las «numerosas víctimas del desprendimiento de tierras en una mina de Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo», por quienes «sufren las tormentas que han azotado en los últimos días a Portugal y al sur de Italia», así como por las «poblaciones de Mozambique, duramente golpeadas por las inundaciones».
Las autoridades de Panamá incautaron unas tres toneladas de droga que eran trasportadas en una embarcación en aguas del Caribe, informó este sábado el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
Panamá es la puerta de entrada en Centroamérica de la cocaína que, procedente sobre todo de Colombia, trata de llegar a Estados Unidos, el principal mercado consumidor de esta droga.
La Senan indicó en su cuenta X que el operativo junto a la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala permitió el decomiso de 3.029 «paquetes» de presunta droga, una lancha y la aprehensión de cinco hombres, cuya nacionalidad no detalló.
Aunque no especifica el tipo de sustancia incautada, las imágenes distribuidas muestran paquetes rectangulares de aproximadamente un kilo.
Desde 2023, la policía panameña ha incautado más de 360 toneladas de drogas. El año pasado incautó más de 118, incluido un decomiso récord de 13.500 kilos.
El pasado 31 de diciembre, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, manifestó que 2025 fue un año «particularmente desafiante» para Panamá debido a la «sobreproducción de drogas en la región», donde Colombia viene registrando un fuerte incremento en la oferta de cocaína.
