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En Ecuador declaran inconstitucional el estado de excepción
La Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucional, el viernes, el último estado de excepción de 60 días decretado por el presidente Daniel Noboa para combatir la delincuencia organizada en cuatro provincias del país, al considerar que no está debidamente fundamentado.
En su dictamen, con siete votos a favor y dos en contra, el máximo tribunal de garantías de Ecuador determinó que en su nueva declaración de estado de excepción no ha justificado la configuración de «conflicto armado interno» esgrimida para declarar esta medida de carácter extraordinario.
Los magistrados constitucionales resolvieron que «tampoco se ha justificado su ámbito territorial y temporal de aplicación, ni que los hechos aludidos no puedan ser enfrentados a través del régimen ordinario».
Esta resolución de la Corte Constitucional contrasta con su dictamen sobre el primer estado de excepción, decretado por Noboa a inicios de año y que duró 90 días, donde el tribunal señaló que no le correspondía evaluar la existencia o no de un «conflicto armado interno», al tratarse de un hecho fáctico.
El nuevo estado de excepción fue emitido por Noboa el pasado 30 de abril para las provincias costeras de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, y contempla la movilización de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía para combatir la delincuencia organizada y la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio, para ingresar y registrar inmuebles sin orden judicial.
Al emitirse el nuevo estado de excepción no había entrado en vigor la reforma de la Constitución aprobada en el referéndum del 21 de abril, donde se permite que los militares brinden apoyo permanente a la Policía en operaciones contra el crimen organizado, sin necesidad de estado de excepción.
Desde inicio de año, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
A las bandas criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico, se les atribuye la ola de violencia que azota a Ecuador y que lo ha llevado a figurar entre los primeros países de Latinoamérica con más homicidios, con una tasa de 45 por cada 100,000 habitantes.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
