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Dictaminan creación de Organismo para la Implementación de Energía Nuclear en El Salvador
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión emitió un dictamen favorable para darle vida a la Ley de Creación del Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear en El Salvador, la cual tiene por finalidad establecer el Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear en El Salvador (OIPEN), que será una dependencia de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
Dicho organismo tendrá diferentes atribuciones entre ellas formular, dirigir y ejecutar los planes y políticas nacionales para la introducción de la energía nuclear como una fuente de generación de energía eléctrica y de calor, así como para la optimización de procesos industriales y el uso de sus subproductos para fines médicos o agrícolas, entre otros.
La iniciativa también permitirá que, en el futuro, El Salvador tenga soberanía energética y que cumpla con los estándares internacionales en la materia tomando en cuenta los convenios a los que se ha suscrito.
Daniel Álvarez, presidente de CEL, explicó que será la autónoma quien dirigirá el OIPEN y nombrará al personal técnico y administrativo para su funcionamiento. Agregó que, actualmente, hay técnicos que están siendo capacitados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para poder desarrollar este nuevo modelo energético en el país.
“La energía nuclear tiene ventajas: puede pasar produciendo energía 24/7 y el precio sería más estable para que no dependa de factores geopolíticos o precios del petróleo. Lo vemos como algo que para un futuro puede cubrir nuestra demanda con precios sumamente competitivos y a largo plazo que eso es lo importante”, mencionó.
El funcionario ahondó en que para 2050 se prevé un crecimiento en el consumo de electricidad en el país y se considera que la energía nuclear podría representar el 26 % de la matriz en el país.
A nivel mundial, ya existen varios países que desarrollan la energía nuclear: Estados Unidos, Francia, Japón, Canadá, Suecia, Bélgica, Brasil y México.
“El Salvador tiene el derecho de poder explorar estas oportunidades y diversificar la matriz energética. No estamos pensando de aquí a tres años, estamos pensando en el suministro de energía que le vamos a garantizar a las generaciones de aquí a 2050”, señaló el diputado William Soriano.
El legislador opinó que uno de los retos que tiene El Salvador es generar fuentes de energías sostenibles, limpias y que garanticen mejores precios y competitividad en el mercado y que permitan la soberanía energética.
Por su parte, Mauricio Ortiz enfatizó en que en las administraciones pasadas no hubo agenda en materia de energía, por lo que es necesaria la creación de una nueva normativa, ya que la actual Ley Orgánica de la Comisión Salvadoreña de Energía Nuclear data de 1961 y ha quedado obsoleta.
Facultades del OIPEN:
a) Formular, dirigir y ejecutar los planes y políticas nacionales para la introducción de la energía nuclear como una fuente de generación de energía eléctrica o de calor.
b) Ejecutar y desarrollar los estudios necesarios para la instalación de plantas nucleares en El Salvador, ya sea para la generación de energía eléctrica, procesos industriales y el uso de sus subproductos para fines médicos o agrícolas, entre otros.
c) Promover la preparación especializada del personal técnico que participará de las actividades con la energía nuclear y sus usos pacíficos conforme a la regulación aplicable.
d) Celebrar contratos, convenios y cualquier otro instrumento legal que fuesen necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus funciones.
e) Aceptar donaciones y cooperación de corporaciones de Derecho Público, personas naturales o jurídicas, organismos internacionales, entes de Derecho Privado; y para ello podrá celebrar toda clase de instrumentos a fin de procurarse los bienes o servicios que necesitare para los fines que esta ley le encomienda.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
