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Dictaminan creación de Organismo para la Implementación de Energía Nuclear en El Salvador
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión emitió un dictamen favorable para darle vida a la Ley de Creación del Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear en El Salvador, la cual tiene por finalidad establecer el Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear en El Salvador (OIPEN), que será una dependencia de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
Dicho organismo tendrá diferentes atribuciones entre ellas formular, dirigir y ejecutar los planes y políticas nacionales para la introducción de la energía nuclear como una fuente de generación de energía eléctrica y de calor, así como para la optimización de procesos industriales y el uso de sus subproductos para fines médicos o agrícolas, entre otros.
La iniciativa también permitirá que, en el futuro, El Salvador tenga soberanía energética y que cumpla con los estándares internacionales en la materia tomando en cuenta los convenios a los que se ha suscrito.
Daniel Álvarez, presidente de CEL, explicó que será la autónoma quien dirigirá el OIPEN y nombrará al personal técnico y administrativo para su funcionamiento. Agregó que, actualmente, hay técnicos que están siendo capacitados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para poder desarrollar este nuevo modelo energético en el país.
“La energía nuclear tiene ventajas: puede pasar produciendo energía 24/7 y el precio sería más estable para que no dependa de factores geopolíticos o precios del petróleo. Lo vemos como algo que para un futuro puede cubrir nuestra demanda con precios sumamente competitivos y a largo plazo que eso es lo importante”, mencionó.
El funcionario ahondó en que para 2050 se prevé un crecimiento en el consumo de electricidad en el país y se considera que la energía nuclear podría representar el 26 % de la matriz en el país.
A nivel mundial, ya existen varios países que desarrollan la energía nuclear: Estados Unidos, Francia, Japón, Canadá, Suecia, Bélgica, Brasil y México.
“El Salvador tiene el derecho de poder explorar estas oportunidades y diversificar la matriz energética. No estamos pensando de aquí a tres años, estamos pensando en el suministro de energía que le vamos a garantizar a las generaciones de aquí a 2050”, señaló el diputado William Soriano.
El legislador opinó que uno de los retos que tiene El Salvador es generar fuentes de energías sostenibles, limpias y que garanticen mejores precios y competitividad en el mercado y que permitan la soberanía energética.
Por su parte, Mauricio Ortiz enfatizó en que en las administraciones pasadas no hubo agenda en materia de energía, por lo que es necesaria la creación de una nueva normativa, ya que la actual Ley Orgánica de la Comisión Salvadoreña de Energía Nuclear data de 1961 y ha quedado obsoleta.
Facultades del OIPEN:
a) Formular, dirigir y ejecutar los planes y políticas nacionales para la introducción de la energía nuclear como una fuente de generación de energía eléctrica o de calor.
b) Ejecutar y desarrollar los estudios necesarios para la instalación de plantas nucleares en El Salvador, ya sea para la generación de energía eléctrica, procesos industriales y el uso de sus subproductos para fines médicos o agrícolas, entre otros.
c) Promover la preparación especializada del personal técnico que participará de las actividades con la energía nuclear y sus usos pacíficos conforme a la regulación aplicable.
d) Celebrar contratos, convenios y cualquier otro instrumento legal que fuesen necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus funciones.
e) Aceptar donaciones y cooperación de corporaciones de Derecho Público, personas naturales o jurídicas, organismos internacionales, entes de Derecho Privado; y para ello podrá celebrar toda clase de instrumentos a fin de procurarse los bienes o servicios que necesitare para los fines que esta ley le encomienda.
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Partidos políticos se preparan para elecciones 2027
A menos de un año de la fiesta democrática que se celebrará en El Salvador, el 28 de febrero de 2027, cuando los ciudadanos elegirán al presidente y vicepresidente de la república, 60 diputados de la Asamblea Legislativa y a los miembros de los 44 concejos municipales, algunos partidos políticos han comenzado a organizarse.
Están habilitados a la fecha, según el portal web del Tribunal Supremo Electoral (TSE), 11 institutos políticos; los representantes de algunos de esos, como el caso del presidente del Coena, Carlos García Saade, y el secretario general del FMLN, Manuel Flores, han confirmado que participarán en las tres competencias para cargos públicos.
A estos se suma GANA que, de acuerdo a su vicepresidente, Guillermo Gallegos, estaría dispuesto a apoyar la eventual candidatura de Nayib Bukele, de Nuevas Ideas; sin embargo, aseguró que el instituto naranja participarán en la presidencial «con o sin coalisión».
El 6 de marzo anterior los partidos políticos se reunieron con las autoridades del TSE, con el objetivo de conocer los detalles de la convocatoria y desarrollo de las elecciones internas; pero algunos han expresado no tener aún claridad de en cuáles elecciones participarán.
Para el caso del PDC, ha expresado que participará solo en las elecciones legislativas y municipales, descartando cualquier aspiración con una fórmula presidencial para el sexenio 2027-2033.
Manuel Rodríguez, secretario general del PCN, aseguró a «Diario El Salvador» que de momento han determinado participar en las legislativas y municipales, y están analizando si es conveniente competir en la presidencial.
Rodríguez indicó que actualmente el PCN es la cuarta fuerza política dentro de la Asamblea Legislativa, por lo que deben ser parte de los próximos comicios, y según lo que establece el capítulo V del Código Electoral todos los partidos contendientes tienen el derecho a la vigilancia de todo el proceso, desde la inscripción de candidatos en adelante.
«Sabemos que si participamos en todos los departamentos y si participamos en todo lo que es mesa y todo eso, nosotros necesitamos 11,784 personas para ese evento, entre vigilantes propietarios, supervisores propietarios, jefes de centros propietarios», detalló.
Agregó que para conformar los organismos de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), las Juntas Electorales Departamentales (JED), las Juntas Electorales Municipales (JEM) y las Juntas Electorales Distritales, necesitan otras 8,900 personas.
Por ello, aseguró que el trabajo es bastante, pero «lo primero que hemos hecho es mandado ya al tribunal la conformación de la CEN, o sea, la Comisión Electoral Nacional, que es la que maneja la parte de los de las elecciones internas».
Las autoridades del partido Democracia Salvadoreña aún no han determinado si van a participar en la elección presidencial. Su secretario general, Ezequiel Mendoza, expresó que debido a que no participaron en las elecciones anteriores ahora están «obligados a concursar», a fin de que el TSE no inicie un proceso de cancelación, de acuerdo con la normativa electoral.
Una situación similar es la de PAIS, que no tiene dirigencia, desde que su fundador Roy García fue implicado en un caso judicial; actualmente algunos afiliados quieren retomar el control.
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Vicepresidente Ulloa asiste a la investidura de José Antonio Kast como presidente de Chile
El Vicepresidente Félix Ulloa, viajó a la República de Chile para participar en la Transmisión del Mando Presidencial de José Antonio Kast, con quien sostuvo una primera reunión con el propósito de reafirmar la voluntad de ambos países de fortalecer sus vínculos de amistad y cooperación.
Durante el encuentro, ambas autoridades intercambiaron impresiones sobre las oportunidades para consolidar una asociación estratégica en áreas de interés común, particularmente en materia de seguridad, destacando la importancia de continuar promoviendo nuevas experiencias entre ambas naciones.

Expresaron su interés en fortalecer una agenda de cooperación bilateral orientada a la definición de proyectos clave para el período 2026-2028, en ámbitos como primera infancia, educación, geotermia, tecnología, innovación, agroindustria y otros sectores estratégicos para el desarrollo. De igual manera destacaron el interés en promover una agenda económica en comercio, inversiones y turismo, incluyendo la posibilidad de una misión empresarial chilena a El Salvador, como parte de los esfuerzos para dinamizar las relaciones económicas.
Finalmente, dialogaron sobre la visita del Presidente Kast a El Salvador, durante la cual pudo constatar la realidad de paz que vive el país. Asimismo, el Vicemandatario se refirió a la posible visita del Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, a Chile en mayo, como una muestra de reciprocidad, cercanía política y visión compartida de futuro.
Este acercamiento reafirma el compromiso de El Salvador con el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales con Chile, sobre la base del diálogo político, la cooperación estratégica y la construcción de una agenda económica común.

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El Salvador mantiene estricta supervisión en el ecosistema de activos digitales
El ecosistema de activos digitales en El Salvador mantiene un enfoque regulatorio estricto que busca garantizar transparencia, protección al consumidor y solidez en los proyectos que ingresan al mercado, según datos del Informe Estadístico del Ecosistema Regulado 2023–2026 presentado por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD).
De acuerdo con el informe, durante ese período se gestionaron 388 procesos regulatorios, lo que evidencia la creciente actividad en el sector. El año con mayor dinamismo fue 2025, cuando se registraron 193 procesos, equivalentes al 50 % del total analizado.
Uno de los indicadores más relevantes es el proceso de autorización para operar como proveedor de servicios de activos digitales (PSAD) bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales. Entre 2023 y 2026 se presentaron 277 solicitudes para este tipo de licencia. Sin embargo, solo el 26 % fueron aprobadas.
El resto de las solicitudes refleja el nivel de revisión aplicado por el regulador: 56 % fueron archivadas o rechazadas, 1 % canceladas y 17 % aún se encuentran en proceso de evaluación.
Estas cifras evidencian que el país mantiene criterios estrictos para permitir la operación de entidades dentro del ecosistema digital. «Aquí no se aprueban productos especulativos. Solo productos con respaldo, transparencia y visión de largo plazo», afirmó el presidente de la CNAD, Juan Carlos Reyes.
El informe también detalla que 267 entidades aplicaron para distintos servicios regulados durante el período analizado. De ese total, 190 correspondieron a proveedores de servicios de activos digitales, lo que representa 71 % de las solicitudes.
El resto se distribuye entre emisores públicos (15 %), emisores privados (7 %), certificadores (5 %) y emisores de monedas estables (2 %), lo que refleja la diversidad de actores interesados en participar en el ecosistema regulado del país.
Actualmente, la CNAD mantiene 108 entidades activas bajo supervisión, siendo los proveedores de servicios de activos digitales el segmento más numeroso, seguido por los emisores públicos.
En cuanto a la actividad del mercado, el ecosistema ha habilitado 53 emisiones financieras con un volumen total aproximado de $200,000 millones, concentrándose principalmente en monedas estables, lo que evidencia la relevancia de estos instrumentos dentro de la infraestructura financiera digital.
Para las autoridades salvadoreñas, estos datos muestran que el país ha logrado construir un modelo regulatorio que combina apertura a la innovación con altos estándares de supervisión.
«Lo que hemos logrado hacer en El Salvador con la protección del consumidor, la trazabilidad y toda la transparencia que existe en nuestra industria es algo único a escala mundial», subrayó Reyes.
Este avance regulatorio será uno de los temas centrales de El Salvador Digital Assets Summit 2026, que se celebrará el próximo 15 de abril y reunirá a líderes del sector público y privado para analizar los principales retos y oportunidades de la industria.
El evento se organiza tras el éxito del Digital Assets Summit 2025, que reunió en el país a alrededor de 450 líderes nacionales e internacionales de al menos 20 países, entre reguladores financieros, legisladores, abogados, empresas tecnológicas y organismos multilaterales.




