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Daniel Ortega desterró a quince sacerdotes y entre ellos al obispo Rolando Álvarez
El gobierno de Daniel Ortega desterró a más sacerdotes y religiosos como parte de la campaña contra de la iglesia católica. En esta oportunidad mandó al exilio a quince religiosos, entre ellos al obispo Rolando Álvarez. Todos presos políticos de la dictadura sandinista que purgaban penas o estaban acusados de “traición a la patria”.
La Prensa nicaragüense destaca que los dos obispos y trece curas, partieron este sábado en un vuelo hacia Caracas y de allí en otro hacia Roma, con destino al Vaticano.
Entre los excarcelados también está el obispo Isidoro Mora y otros trece sacerdotes detenidos en diciembre, según el sacerdote Uriel Vallejos, la activista humanitaria Haydée Castillo y medios de prensa, todos en el exilio.
“Los Ortega-Murillo, quiere dejar sin sacerdotes a Nicaragua. Otro avión lleno de pastores del pueblo al exilio”, denunció Vallejos
Monseñor Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, llevaba 500 días preso del régimen. Fue condenado por la dictadura de Daniel Ortega en febrero de 2023 a 26 años y 4 meses de prisión por delitos considerados traición a la patria.
El religioso tuvo un papel destacado en la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante el fallido proceso de diálogo tras las masivas protestas ocurridas en abril de 2018. Posteriormente, en agosto de 2022, fue arrestado por la Policía Nacional, que lo envió a su casa, acusado de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.
El 9 de febrero de 2023 fue enviado al Sistema Penitenciario Nacional, la prisión de máxima seguridad de Nicaragua conocida como “La Modelo”, tras negarse a subir a un avión que lo iba a llevar, junto con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses, a Estados Unidos. La negativa del obispo provocó la indignación de Ortega, que lo calificó de “soberbio”, “desquiciado” y “energúmeno”.
Un día después fue sentenciado a más de 26 años de prisión, despojado de su nacionalidad, y suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida.
Las relaciones del régimen de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
Ortega ha calificado como una “mafia” a la Iglesia. En tanto, el papa Francisco tachó en diálogo con Infobae como una “dictadura grosera” la del sandinista.
“Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, aseveró Francisco al portal Infobae en una entrevista del 10 de marzo pasado.
La excarcelación de los religiosos ocurre 14 días después de que el papa Francisco, tras el rezo del primer Ángelus del año, expresara su “preocupación” por la detención de sacerdotes católicos en Nicaragua, y pidiera que “se busque siempre el camino del diálogo” para superar los problemas.
También casi tres semanas después de que Estados Unidos exigiera a Ortega, que liberara “inmediatamente” a Álvarez, y nueve días después que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) para América Central demandara al régimen del Ortega informar sobre el paradero del obispo Isidoro Mora, quien que se encontraba detenido desde el pasado 20 de diciembre en medio de una ola de arrestos de religiosos católicos.
El 18 de octubre la dictadura nicaragüense excarceló a 12 sacerdotes y los envió al Vaticano tras un acuerdo con la Santa Sede, aunque entre estos no estaba el obispo Álvarez, que se resistía a abandonar el país. Antes, el 9 de febrero de 2023, las autoridades excarcelaron a otros 8 sacerdotes y los enviaron a Estados Unidos, como parte de 222 excarcelados políticos nicaragüenses.
Al menos 15 personas murieron y 30 resultaron heridas el viernes (25.07.2025) cuando un autobús rodó por un barranco en Junín, región de los Andes centrales de Perú, informó una autoridad sanitaria.
«Tenemos 15 fallecidos en el accidente de la empresa Molina que estamos tratando de identificar con la policía», dijo a la prensa Aldo Tineo, director de la Red Integrada de Salud de la ciudad de Tarma, 240 km al este de Lima.
«Hay 27 pacientes que han sido» trasladados a varios centros de salud, agregó Tineo.
El vehículo, en el que viajaban más de 60 pasajeros, se despistó y cayó por una pendiente de 50 metros, señaló por su parte la radio RPP.
El vehículo había salido de la ciudad de Lima rumbo a la Merced, en la selva central. El siniestro se produjo en un tramo sinuoso y angosto de la carretera, agregó el medio.
De momento, las autoridades no han informado sobre las causas del accidente.
Los accidentes en carreteras peruanas son frecuentes debido a factores como exceso de velocidad, mal estado de las vías, falta de señalización y escaso control de las autoridades.
En 2024 se registraron 3.173 muertos en las carreteras, según la policía
El gobierno de Honduras ordenó que los empleados públicos realicen teletrabajo por un brote de Covid-19 y otras enfermedades respiratorias que ya dejaron más de 200 muertos este año.
«Se ha dispuesto que todas las dependencias del gobierno central, [y] las instituciones descentralizadas (…) pasen a la modalidad de teletrabajo los días jueves y viernes», dijo el ministerio en un comunicado.
Argumentó que son «recomendaciones de la Secretaría de Salud», porque hay «un acelerado y sostenido incremento de enfermedades respiratorias altamente contagiosas» como «el Sar-Covid-19, el virus sincitial respiratorio, la influenza o el resfriado común».
El jefe de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, Lorenzo Pavón, aseguró a medios locales que 216 personas han fallecido en lo que va del año a causa de infecciones respiratorias, cinco por Covid-19, en «una letalidad realmente bien considerable».
El gobierno había recomendado a la población «retomar el uso de la mascarilla, lavado frecuente de manos o uso de desinfectantes», así como «evitar concentraciones masivas en espacios reducidos», igual que en 2020 y 2021 durante la pandemia de coronavirus.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
