Internacionales
Daniel Ortega desterró a quince sacerdotes y entre ellos al obispo Rolando Álvarez
El gobierno de Daniel Ortega desterró a más sacerdotes y religiosos como parte de la campaña contra de la iglesia católica. En esta oportunidad mandó al exilio a quince religiosos, entre ellos al obispo Rolando Álvarez. Todos presos políticos de la dictadura sandinista que purgaban penas o estaban acusados de “traición a la patria”.
La Prensa nicaragüense destaca que los dos obispos y trece curas, partieron este sábado en un vuelo hacia Caracas y de allí en otro hacia Roma, con destino al Vaticano.
Entre los excarcelados también está el obispo Isidoro Mora y otros trece sacerdotes detenidos en diciembre, según el sacerdote Uriel Vallejos, la activista humanitaria Haydée Castillo y medios de prensa, todos en el exilio.
“Los Ortega-Murillo, quiere dejar sin sacerdotes a Nicaragua. Otro avión lleno de pastores del pueblo al exilio”, denunció Vallejos
Monseñor Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, llevaba 500 días preso del régimen. Fue condenado por la dictadura de Daniel Ortega en febrero de 2023 a 26 años y 4 meses de prisión por delitos considerados traición a la patria.
El religioso tuvo un papel destacado en la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante el fallido proceso de diálogo tras las masivas protestas ocurridas en abril de 2018. Posteriormente, en agosto de 2022, fue arrestado por la Policía Nacional, que lo envió a su casa, acusado de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.
El 9 de febrero de 2023 fue enviado al Sistema Penitenciario Nacional, la prisión de máxima seguridad de Nicaragua conocida como “La Modelo”, tras negarse a subir a un avión que lo iba a llevar, junto con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses, a Estados Unidos. La negativa del obispo provocó la indignación de Ortega, que lo calificó de “soberbio”, “desquiciado” y “energúmeno”.
Un día después fue sentenciado a más de 26 años de prisión, despojado de su nacionalidad, y suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida.
Las relaciones del régimen de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
Ortega ha calificado como una “mafia” a la Iglesia. En tanto, el papa Francisco tachó en diálogo con Infobae como una “dictadura grosera” la del sandinista.
“Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, aseveró Francisco al portal Infobae en una entrevista del 10 de marzo pasado.
La excarcelación de los religiosos ocurre 14 días después de que el papa Francisco, tras el rezo del primer Ángelus del año, expresara su “preocupación” por la detención de sacerdotes católicos en Nicaragua, y pidiera que “se busque siempre el camino del diálogo” para superar los problemas.
También casi tres semanas después de que Estados Unidos exigiera a Ortega, que liberara “inmediatamente” a Álvarez, y nueve días después que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) para América Central demandara al régimen del Ortega informar sobre el paradero del obispo Isidoro Mora, quien que se encontraba detenido desde el pasado 20 de diciembre en medio de una ola de arrestos de religiosos católicos.
El 18 de octubre la dictadura nicaragüense excarceló a 12 sacerdotes y los envió al Vaticano tras un acuerdo con la Santa Sede, aunque entre estos no estaba el obispo Álvarez, que se resistía a abandonar el país. Antes, el 9 de febrero de 2023, las autoridades excarcelaron a otros 8 sacerdotes y los enviaron a Estados Unidos, como parte de 222 excarcelados políticos nicaragüenses.
La Policía Federal de Brasil detuvo a cinco personas en una operación contra una presunta organización criminal integrada por civiles y militares, acusada de espiar y planear asesinatos por encargo contra jueces de la Corte Suprema y otras figuras públicas.
La acción está relacionada con el asesinato del abogado Roberto Zampieri, ocurrido en diciembre de 2023 en Cuiabá, estado de Mato Grosso, y reveló la existencia de un grupo que ofrecía servicios de vigilancia y homicidios por hasta 250.000 reales (aproximadamente 44.000 dólares).
Durante el operativo, que incluyó allanamientos en Mato Grosso, São Paulo y Minas Gerais, se desmantelaron acciones atribuidas al llamado “Comando C4”, siglas de «Comando de cazacomunistas, corruptos y criminales», que incluso habría considerado el uso de disfraces y señuelos sexuales para ejecutar sus planes.
El jefe de la Abogacía General de la Unión, Jorge Messias, calificó la conspiración como un “absurdo sin precedentes”, alimentado por discursos de odio. Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, señaló que la investigación se mantiene bajo confidencialidad y aún está en una fase preliminar.
El caso se enmarca en un contexto de creciente tensión en Brasil, donde jueces del Supremo han sido objeto de amenazas, y se investiga un presunto intento de golpe de Estado vinculado al expresidente Jair Bolsonaro, actualmente bajo proceso judicial.
Internacionales
Netanyahu anuncia muerte de líder militar de Hamás mientras crece la crisis humanitaria en Gaza
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró ayer (miércoles) que las fuerzas israelíes han dado muerte a Mohamed Sinwar, presunto jefe de la rama militar de Hamás en la Franja de Gaza, en el marco de una guerra que ya se extiende por 19 meses.
“Expulsamos a los terroristas de nuestro territorio, penetramos con fuerza en Gaza, eliminamos a miles de terroristas y también a Mohamed Sinwar”, declaró Netanyahu ante el Parlamento israelí. Medios locales informaron que Sinwar habría sido blanco de un bombardeo en Jan Yunis, al sur de la Franja, el pasado 13 de mayo.
Mohamed Sinwar, hermano de Yahya Sinwar —exlíder supremo de Hamás asesinado en octubre de 2024—, era considerado el responsable de las Brigadas al Qasam, brazo armado del movimiento islamista palestino clasificado como organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.
Desde Washington, el enviado especial de EE. UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, manifestó optimismo sobre un eventual acuerdo. “Tenemos un muy buen presentimiento sobre la posibilidad de una resolución a largo plazo, un alto el fuego temporal y una solución pacífica del conflicto”, dijo. Añadió que una propuesta formal será enviada “a más tardar hoy”.
Grave crisis humanitaria y tensiones por la ayuda
Mientras continúan los enfrentamientos, la situación humanitaria en Gaza sigue deteriorándose. Este miércoles, un almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA) fue saqueado en Deir el Balah por una multitud desesperada que buscaba alimentos. Según la organización, “hordas de gente hambrienta irrumpieron en el almacén”, lo que evidencia la urgencia de facilitar un acceso humanitario seguro.
El incidente ocurrió un día después de que al menos 47 personas resultaran heridas durante una caótica entrega de ayuda en Rafah, en un operativo liderado por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), organización respaldada por Estados Unidos pero cuestionada por la ONU y varias ONG.
El jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en los Territorios Palestinos, Ajith Sunghay, confirmó que la multitud sufrió lesiones durante el reparto. Sin embargo, el ejército israelí negó haber disparado contra los civiles.
Philippe Lazzarini, director de la UNRWA, criticó duramente a GHF y señaló que su intervención es “un desperdicio de recursos y una distracción de las verdaderas atrocidades”. También advirtió que ya existe un sistema de distribución adecuado liderado por agencias de la ONU.
Sigrid Kaag, enviada especial de la ONU para la región, subrayó que los habitantes de Gaza “merecen algo más que simplemente sobrevivir”, en referencia a la creciente desesperación que afecta a la población, tras más de 600 días de conflicto armado.
Internacionales
Eslovaquia autoriza el consumo de carne de oso y ONG denuncia fomento a la caza furtiva
El gobierno de Eslovaquia ha autorizado oficialmente el consumo de carne de oso, una decisión que ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones ambientalistas. La ONG We are Forest condenó la medida, calificándola como una forma de «carnicería estatal» que pone en peligro a especies protegidas y fomenta la caza furtiva.
La decisión fue anunciada el lunes por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Filip Kuffa, miembro del partido nacionalista de extrema derecha SNS, quien declaró en redes sociales que los animales abatidos serán ofrecidos a la venta, al considerar que “la carne de oso es comestible”.
El anuncio se produce semanas después de que el actual gobierno de coalición, compuesto por varios partidos nacionalistas, aprobara el sacrificio de hasta 350 osos, tras declarar en abril el estado de emergencia en gran parte del país por la presencia “indeseable” de más de 1,300 ejemplares. Las autoridades justifican la medida señalando supuestos ataques de los animales a zonas habitadas.
“No podemos vivir en un país donde la gente tenga miedo de ir al bosque”, expresó el primer ministro, Robert Fico, al respaldar la iniciativa.
La reacción de grupos ecologistas no se hizo esperar. Marian Hletko, activista de We are Forest, advirtió que la decisión gubernamental debilita la protección de la fauna y abre la puerta a la caza ilegal. “Si el Estado envía el mensaje de que la protección le es indiferente, entonces los cazadores furtivos solo tendrán eventuales sanciones”, declaró.
Según datos de la ONG, solo en lo que va de 2024, un total de 92 osos han sido abatidos en territorio eslovaco, mientras que otros 52 han muerto por atropellos o por caza ilegal. Eslovaquia, con una población de 5,4 millones de habitantes, forma parte de la Unión Europea, donde el oso pardo es una especie protegida. Sin embargo, la normativa comunitaria permite excepciones bajo circunstancias específicas.
La medida ha abierto un debate sobre la conservación de la biodiversidad frente a las políticas de seguridad pública y control de fauna impulsadas por sectores políticos nacionalistas.
