Internacionales
Candidato opositor y UE urgen a Maduro a parar «detenciones arbitrarias» y «represión» en Venezuela
El candidato opositor Edmundo González Urrutia instó el sábado a su rival en los comicios presidenciales de Venezuela del 28 de julio, el mandatario izquierdista Nicolás Maduro, a parar «la violencia y las persecuciones» contra manifestantes, en un llamado secundado por la Unión Europea.
Las declaraciones de González Urrutia, un discreto diplomático que sustituyó a la líder opositora María Corina Machado, impedida de postularse a las presidenciales por una inhabilitación impuesta por la Contraloría, de línea oficialista, se suman a las denuncias de una escalada represiva por parte de activistas de derechos humanos.
«Señor Nicolás Maduro, le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones, y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente», dijo González Urrutia en un video divulgado en sus redes sociales.
«Exigir que se cumpla nuestra Constitución no es un delito, protestar pacíficamente para hacer respetar la voluntad de millones de venezolanos no es un delito, cumplir como testigo electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas no es un delito», remarcó González Urrutia.
El propio Maduro, que se refiere a los manifestantes como «terroristas», ha dicho que hay más de 2.200 arrestados luego de las protestas poselectorales que serán recluidos en cárceles de máxima seguridad.
«Delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes, delito es reprimir salvajemente a manifestantes pacíficos», añadió el opositor que asegura haber ganado las elecciones con el 67 % de los votos.
González Urrutia es investigado por la Justicia -acusada de servir al chavismo- junto a Machado, por «instigación a la desobediencia», «delitos informáticos» y «conspiración».
La oposición publicó en un sitio web copias de más del 80 % de las actas que aseguran prueban su triunfo, pero el chavismo tacha de fraudulento el material publicado y el órgano electoral, sin publicar actas, le endosa el triunfo a Maduro.
Organizaciones de derechos humanos han documentado al menos 24 muertes en protestas que surgieron tras conocerse los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, que otorgaron un tercer mandato a Maduro con el 52 % de los votos, hasta 2030.
A la fecha, el CNE no ha publicado las cifras detalladas de las votaciones alegando que su sistema fue jaqueado. Solo ha dado el resultado general sin detalles por centros electorales ni por estados.
En tanto, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, señaló el sábado en un comunicado que «el respeto de la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única vía para que Venezuela restablezca la democracia, y resuelva la actual crisis política y socioeconómica con garantías para todos».
Borrell indicó que los 27 miembros del bloque piden de «forma unánime» la publicación de las actas y una verificación independiente.
«Además de las actas y un diálogo franco para restaurar la democracia, lo más urgente es que las autoridades venezolanas pongan fin y de forma inmediata a las detenciones arbitrarias y a la represión contra miembros de la oposición y de la sociedad civil, y que todos los presos políticos sean puestos en libertad», exhortó.
Maduro, por su parte, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la oposición acusa de servir al gobierno, para interponer un recurso destinado a «certificar» los resultados tras su controvertida victoria.
El TSJ llamó a comparecer al mandatario, a González Urrutia y a otros ocho candidatos minoritarios tras aceptar el recurso.
González Urrutia no acudió al considerar que comparecer ponía en riesgo su libertad. El TSJ advirtió que la inasistencia sería considerada un desacato y tendría consecuencias legales.
La magistrada Caryslia Rodríguez, al frente del TSJ y de la sala electoral, dijo este sábado que la máxima corte iniciará una fase de «peritaje» con las pruebas recolectadas, tras lo cual emitirá una decisión de carácter inapelable.
«Esta sala electoral continúa con el peritaje iniciado el 5 de agosto del 2024 a los fines de producir la sentencia definitiva que dé respuesta al presente recurso», dijo Rodríguez.
Lo que determine la corte «tendrá carácter de cosa juzgada por ser este órgano jurisdiccional la máxima instancia en materia electoral por lo que sus decisiones son inapelables y de obligatorio cumplimiento», subrayó la magistrada.
La oposición y observadores consideran que la tesis de jaqueo es una estrategia del gobierno para evitar la publicación de documentos electorales, pero Maduro afirma que se trató de un «ciberataque brutal».
Desde la clandestinidad, Machado dijo a la AFP que ofreció «garantías y salvoconductos» a los miembros del «régimen» para una transición pacífica.
No obstante, Maduro descartó cualquier «negociación» con la oposición y pidió a Machado que se entregara a la Justicia.
El asesinato de Luis Armando Córdova Díaz, exdiputado y exsecretario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, se suma a una serie de ataques contra figuras políticas ocurridos recientemente en México, en medio del proceso electoral que culminará el 2 de junio.
Córdova, quien fue legislador entre 2012 y 2015, fue atacado en Zapopan, Jalisco, parte del área metropolitana de Guadalajara. Según informó la Fiscalía del Estado, ya se abrió una investigación para esclarecer el crimen. “Se revisan cámaras de videovigilancia, entrevistas y otros indicios para identificar a los agresores, quienes habrían huido a bordo de una motocicleta”, señaló la institución en un comunicado.
El PRI condenó el homicidio a través de la red social X, donde exigió justicia y alertó sobre la creciente inseguridad. “¡El pueblo no merece vivir con miedo!”, expresó el partido.
Jalisco, considerado bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos del país, es escenario frecuente de violencia, desapariciones y enfrentamientos armados. Zapopan, donde ocurrió el ataque, es además una de las sedes seleccionadas para el Mundial de Fútbol 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
El homicidio de Córdova ocurre en un contexto de creciente violencia política en el país. El pasado lunes fue asesinado Esteban Alfonseca, exalcalde de Actopan, Veracruz. Un día antes, Yesenia Lara, candidata a la alcaldía de Texistepec por el partido oficialista Morena, resultó herida tras ser atacada a balazos mientras marchaba en caravana junto a simpatizantes.
Veracruz, donde se celebrarán elecciones locales el próximo 1 de junio para renovar 212 alcaldías, ha sido identificado como un territorio estratégico para el crimen organizado por su ubicación en la costa del Golfo de México.
De acuerdo con analistas, los asesinatos de candidatos y exfuncionarios suelen intensificarse en periodos electorales como una forma en que los grupos delictivos buscan controlar gobiernos locales y ejercer influencia sobre los procesos democráticos.
Un sargento del ejército colombiano perdió la vida tras quedar atrapado en el baño de un autobús que fue incendiado por presuntos guerrilleros disidentes de las FARC en una carretera del departamento de Caquetá, al sur del país. El hecho se registró la noche del martes, informó el Ejército Nacional mediante un comunicado.
Según el reporte oficial, hombres armados interceptaron el autobús que había partido del municipio de San Vicente del Caguán, obligaron a los pasajeros a descender y luego prendieron fuego al vehículo. La víctima, un militar vestido de civil, no logró salir a tiempo y murió calcinado dentro del automotor.
“El ataque constituye una flagrante violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”, denunció el Ejército, que atribuye la acción a un grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC, sin especificar cuál.
En el departamento de Caquetá operan dos facciones del denominado Estado Mayor Central (EMC), la principal agrupación de disidencias de las FARC. Una de ellas, bajo el mando de alias Calarcá, participa en diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro; mientras que la otra, liderada por alias Iván Mordisco, se apartó del proceso en 2023 y ha intensificado su accionar violento contra las fuerzas estatales.
Ambas estructuras se disputan el control de actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión y la deforestación en esa región selvática.
Colombia vive actualmente el pico más alto de violencia en la última década. El presidente Petro ha denunciado la implementación de un “plan pistola” por parte de grupos armados, que consiste en asesinatos sistemáticos de policías y militares. Según cifras oficiales, entre el 15 de abril y el 5 de mayo, esta ofensiva ha dejado más de 30 uniformados muertos.
El «plan pistola» recuerda la estrategia empleada por el narcotraficante Pablo Escobar en los años noventa, cuando ofrecía recompensas por cada miembro de la fuerza pública asesinado.
Como medida preventiva, el Ministerio de Defensa recomendó a principios de mayo que los integrantes de las fuerzas armadas se desplacen vestidos de civil para reducir el riesgo de ser atacados.
Colombia continúa sumida en un conflicto armado interno que, a lo largo de seis décadas, ha dejado más de 9,5 millones de víctimas entre muertos, desplazados y desaparecidos, de acuerdo con registros oficiales.
Un total de 22 pandilleros salvadoreños han sido localizados en territorio guatemalteco entre el 1 de enero y el 28 de abril de este año, según datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala.
Del total de capturados, 11 fueron expulsados hacia El Salvador, mientras que los otros 11 permanecen cumpliendo condenas en Guatemala por diversos delitos, según informaron las autoridades guatemaltecas.
Las capturas forman parte de un trabajo coordinado entre ambos países para ubicar y repatriar a miembros de estructuras criminales que han huido de El Salvador desde el inicio del régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele en marzo de 2022. La estrategia ha generado una migración forzada de pandilleros hacia países vecinos en un intento por evadir la justicia salvadoreña.
Uno de los casos más recientes es el de José Antonio Aguilar Quiñonez, alias “Seco” o “Clan”, supuesto miembro de la clica Vatos Locos Sureños de la pandilla 18, quien fue capturado en Quetzaltenango. Según la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), el sujeto intentaba pasar desapercibido haciéndose pasar por ciudadano guatemalteco.
Aguilar Quiñonez cuenta con antecedentes por delitos como homicidio, extorsión, robo agravado, portación ilegal de armas de fuego y pertenencia a agrupaciones ilícitas. Su identidad fue confirmada gracias al trabajo de inteligencia policial.
Otro de los detenidos fue Heriberto Alexander Rodríguez Hernández, identificado como miembro de la clica Acajutla Locos Salvatruchos (MS-13). Según informó el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, Rodríguez fue detenido el pasado 6 de abril en Guatemala, donde había intentado integrarse a la clica South Side Locos para continuar delinquiendo. El sujeto fue expulsado del país por su situación migratoria irregular.
En febrero, también fue capturado Hugo Alberto Hernández Rivas, requerido por la justicia salvadoreña. Aunque poseía documentación guatemalteca, las autoridades lograron demostrar su verdadera nacionalidad.
“Seguimos articulando esfuerzos con nuestros países hermanos para que ninguno de estos pandilleros escape. Todos serán alcanzados por el brazo de la ley y llevados a prisión a pagar por sus crímenes”, afirmó Villatoro.
Las autoridades salvadoreñas han reiterado su compromiso con la cooperación regional para combatir el crimen organizado transnacional y evitar que los pandilleros encuentren refugio fuera del país.
