Política
Proponen reformas al Código de Trabajo para agilizar procesos en los juzgados de lo laboral
Simplificar y agilizar los procesos jurídicos, tener más eficiencia con los recursos del Estado y buscar una armonía adecuada entre empleadores y empleados son algunos de los aspectos en los que la Comisión de Trabajo busca legislar con la propuesta de reforma de los artículos 378 y 425 del Código de Trabajo.
De acuerdo a lo expresado por los parlamentarios, el objetivo es aumentar la suma por la cual un juicio puede resolverse mediante un proceso abreviado, debido a que la cuantía actual es de 200 colones, equivalente a $22.87, un monto que no corresponde a la realidad del país.
“El Código de Trabajo tiene muchos vacíos de ley y es por eso que nos interesa ejecutar diversas reformas”, señaló el presidente de la mesa legislativa, Edgardo Mulato, quien agregó que la normativa tiene 50 años de haber sido emitida (1972).
La normativa que rige el campo laboral establece que las demandas y los juicios en los que el monto reclamado sea mayor a 200 colones serán resueltos mediante juicios ordinarios, lo que implica seguir procesos judiciales que pueden demorarse varios meses.
La propuesta, por tanto, es aumentar ese techo y actualizar la cifra a dólares, para posibilitar que los procesos se resuelvan de forma más expedita y con ello contribuir a reducir la mora judicial que puedan tener los Juzgados de lo Laboral.
Según la propuesta, la cifra estipulada quedaría en $2,000. Los casos en los que se reclame dicha cantidad o menor a esta podrán resolverse con procesos abreviados.
“El objetivo de la reforma es resolver los problemas jurídicos a los trabajadores en el menor tiempo posible. El juez de lo Laboral podrá tener más herramientas que le permita simplificar los procesos, por ende se descongestionarán los juzgados y con esto el Estado tendría un ahorro”, afirmó la diputada Evelyn Merlos.
Su colega Héctor Sales sostuvo: “Nuestra prioridad es poner en el centro a los empleados y los derechos de estos. Por eso queremos que estos tengan una pronta y cumplida justicia”.
Unas reformas viables y necesarias
Para realizar un análisis fundamentado y con argumentos válidos, la comisión recibió a expertos en materia de lo Laboral para desarrollar el estudio pertinente de las reformas propuestas.
Ante la comisión se presentó Gerardo Ramírez, magistrado de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Roberto Cáceres, magistrado de la Cámara Primera de lo Laboral; y Roberto Carpio, abogado que se desempeña en materia laboral.
Los tres invitados coincidieron en que las reformas son viables, porque los procesos jurídicos en los que recaen la mayoría de casos –por tratarse mayor al monto de los $22.87– son largos.
Los profesionales indicaron que las etapas del proceso abreviado serían lo más favorable, porque estas son: Introducción de la demanda, contestación de esta, ofrecimiento de pruebas y la audiencia única; mientras que en el proceso común son más etapas: Demanda, contestación de esta, etapa de la conciliación, etapa del ofrecimiento de pruebas, audiencia preparatoria y juicio.
“El artículo 378, que habla de la cuantía, debió haberse cambiado desde hace tiempo, porque la carga de los tribunales es bastante alta y esta modificación cumpliría la celeridad de los procesos”, argumentó el magistrado Ramírez Sánchez.
Además, el magistrado Cáceres hizo la reseña de la existencia del Código de Trabajo e indicó que la redacción del mismo respondió a las necesidades de la época de emisión.
“Antes el salario mínimo era de 105 colones, por lo que se tomó el 20% de esa suma, así que responde a un momento coyuntural y económico que no se equipara a la actualidad”, dijo Cáceres.
Por su parte, Carpio dijo manifestó: “El procedimiento ordinario actualmente tiene una cuantía que no está acoplada a la realidad y es un proceso largo, porque consta de seis u ocho etapas y la persona trabajadora no ve resuelta su situación jurídica de una manera pronta”.
Otras modificaciones para acoplar mejor estos cambios
De acuerdo al diputado Mulato, junto a estas reformas de los artículos 378 y 425 del Código de Trabajo, se estudiará la incorporación de la modificación del artículo 586 de esa normativa, que trata sobre los montos económicos.
También evaluarán la temática del tiempo para la incorporación de pruebas y el sumar la presentación de pruebas documentales en las actas que los inspectores levantan, para que sea un proceso judicial robusto y justo.
“Hay otras disposiciones que habría que reformar también para tener un impacto más de fondo, porque este código es pro empleador, no tiene un principio de igualdad”, aseguró el parlamentario.
Finalmente, la diputada Merlos recordó que la misión desde el inicio de las labores de esta comisión es garantizar los derechos de los trabajadores y dar seguridad jurídica a los empresarios, porque son los que dinamizan la economía del país.
El jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, reiteró este martes que los diputados de su bancada en la Asamblea Legislativa continuarán respaldando con sus votos los proyectos destinados a modernizar el sistema público de salud en El Salvador.
“Nuestros votos para mejorar el sistema de salud para los salvadoreños. Lo justo, lo legal y lo correcto siempre”, expresó Guevara a través de su cuenta en la red social X.
Los legisladores oficialistas han respaldado diversas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo para fortalecer la red hospitalaria nacional, incluyendo intervenciones en infraestructura, adquisición de medicamentos y equipos médicos, así como la construcción de nuevos centros de atención, entre ellos el nuevo hospital Rosales.
La fracción cian ha sido clave para la aprobación de financiamiento y reformas que permiten avanzar con la transformación del sistema de salud, como parte del plan de atención integral que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha promovido durante su gestión.
La Asamblea Legislativa autorizó este martes al Órgano Ejecutivo la suscripción de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), como financiamiento adicional para el Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador. Esta iniciativa busca mejorar la conectividad en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, a través de la construcción de una moderna infraestructura vial que incluye un nuevo “by pass” en Apopa, una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, iluminación, señalización, controles de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal.
Según estimaciones oficiales, la obra beneficiará de forma directa a más de 550,000 habitantes de los municipios que conforman San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte.
Uno de los elementos clave del proyecto es un puente atirantado de 300 metros de longitud y cuatro carriles (dos por sentido), que permitirá desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte, facilitando la conexión con la zona norte del país y la frontera con Honduras.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele busca posicionar esta región como un nodo logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala, mediante una combinación de inversión pública en infraestructura y atracción de capital privado.
La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) ha destacado que el potencial de la zona radica en su ubicación estratégica, así como en las obras de conectividad ya ejecutadas y las que están en proceso. Además, se ha informado que el 36 % del suelo destinado para uso logístico y de servicios en San Salvador Oeste ya cuenta con permisos aprobados.
Con este financiamiento adicional, el Ejecutivo busca acelerar el desarrollo vial del AMSS y consolidar al país como un centro regional clave para la movilidad y el comercio.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo la firma de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar un ambicioso proyecto de transporte e infraestructura vial en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, y se prevé que la aprobación definitiva del préstamo se realice en la próxima sesión plenaria.
La inversión contempla la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, paradas de autobús, infraestructura peatonal, señalización, iluminación y sistemas de control de velocidad. Uno de los componentes clave será la construcción de un «bypass» en Apopa, que incluirá un puente atirantado de 300 metros con cuatro carriles de circulación, diseñado para desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte.
Según el Gobierno, la obra beneficiará a más de 550,000 habitantes de los municipios agrupados en San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte, mejorando significativamente la conectividad vial y posicionando esta zona como un corredor logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala.
El proyecto se enmarca en el plan de infraestructura resiliente y busca impulsar la inversión pública y privada en la región, facilitando el comercio y el desarrollo económico.
