Política
Nueva ley de pensiones resolverá problemática, según sindicatos
Los diputados que integran la Comisión Ad Hoc, que estudia las reformas a la ley del sistema de pensiones, continúan escuchando los aportes de diversos sectores con el objetivo de crear la propuesta de una normativa que sea congruente y que dignifique a la clase trabajadora.
Los parlamentarios realizan largas jornadas laborales, durante tres días de la semana, para seguir con el análisis del proyecto de la Ley Integral del Sistema de Pensiones, de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y de Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
En su quinta jornada de trabajo, los legisladores recibieron a representantes del Sindicato de Trabajadores del Fondo Social para la Vivienda (SITRAFOSVI), quienes consideran que el sistema actual de pensiones ha sido muy cuestionado, por las cuotas no adecuadas que reciben los cotizantes y se trata de su sobrevivencia.
Otro grupo de invitados al seno de la comisión fue el del Sindicato de Trabajadores de Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SITRAANDA).
“En el proyecto de la Ley Integral del Sistema de Pensiones se garantiza que nadie podrá tocar los ahorros de los cotizantes. Se está resolviendo una problemática que nadie quiso corregir”, comentó el representante de SITRAFOSVI, Oswaldo Alarcón.
Ante esto, el legislador Caleb Navarro dijo: “Sabemos todo lo que ha sucedido en nuestro país con la clase trabajadora, que ha recibido pensiones de hambre. Hemos tomado nota de sus propuestas y estás serán estudiadas y tomadas en cuenta”.
“Era un tema que estaba en deuda para la clase trabajadora, porque no hay pensiones dignas que puedan suplir las necesidades básicas”, aseguró el empleado del Fondo.
Por su parte, Martín Jiménez, otro de sus compañeros que integra el SITRAFOSVI (institución constituida por al menos 500 empleados), expresó que en la actualidad no hay pensiones dignas ni adecuadas, por eso es importante este estudio de pensiones.
“Esta comisión y esta legislatura tienen ese desafío de devolverles a los trabajadores una garantía de pensiones dignas”, dijo Jiménez. “El modelo de pensiones que tenemos es nefasto. La cuota que los pensionados reciben no son las adecuadas para que tengan una vida digna. Los gobiernos anteriores nos obligaron a afiliarnos a las AFP”, agregó.
El diputado José Urbina explicó que “en el pasado se discutían las leyes en privado y se aprobaban en la madrugada. La actual ley se aprobó en 1996, el 20 de diciembre a las 2:00 de la madrugada, por ejemplo”.
“Ahora tenemos una gran oportunidad como clase trabajadora y hoy veremos los frutos de nuestro esfuerzo”, comentó Oscar Bolaños, secretario general de SITRAANDA. “En el pasado, hemos soportado la depresión de los diferentes partidos políticos. El sistema de pensiones es una deuda histórica para la clase trabajadora”, agregó.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
