Política
Nueva ley de pensiones resolverá problemática, según sindicatos
Los diputados que integran la Comisión Ad Hoc, que estudia las reformas a la ley del sistema de pensiones, continúan escuchando los aportes de diversos sectores con el objetivo de crear la propuesta de una normativa que sea congruente y que dignifique a la clase trabajadora.
Los parlamentarios realizan largas jornadas laborales, durante tres días de la semana, para seguir con el análisis del proyecto de la Ley Integral del Sistema de Pensiones, de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y de Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
En su quinta jornada de trabajo, los legisladores recibieron a representantes del Sindicato de Trabajadores del Fondo Social para la Vivienda (SITRAFOSVI), quienes consideran que el sistema actual de pensiones ha sido muy cuestionado, por las cuotas no adecuadas que reciben los cotizantes y se trata de su sobrevivencia.
Otro grupo de invitados al seno de la comisión fue el del Sindicato de Trabajadores de Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SITRAANDA).
“En el proyecto de la Ley Integral del Sistema de Pensiones se garantiza que nadie podrá tocar los ahorros de los cotizantes. Se está resolviendo una problemática que nadie quiso corregir”, comentó el representante de SITRAFOSVI, Oswaldo Alarcón.
Ante esto, el legislador Caleb Navarro dijo: “Sabemos todo lo que ha sucedido en nuestro país con la clase trabajadora, que ha recibido pensiones de hambre. Hemos tomado nota de sus propuestas y estás serán estudiadas y tomadas en cuenta”.
“Era un tema que estaba en deuda para la clase trabajadora, porque no hay pensiones dignas que puedan suplir las necesidades básicas”, aseguró el empleado del Fondo.
Por su parte, Martín Jiménez, otro de sus compañeros que integra el SITRAFOSVI (institución constituida por al menos 500 empleados), expresó que en la actualidad no hay pensiones dignas ni adecuadas, por eso es importante este estudio de pensiones.
“Esta comisión y esta legislatura tienen ese desafío de devolverles a los trabajadores una garantía de pensiones dignas”, dijo Jiménez. “El modelo de pensiones que tenemos es nefasto. La cuota que los pensionados reciben no son las adecuadas para que tengan una vida digna. Los gobiernos anteriores nos obligaron a afiliarnos a las AFP”, agregó.
El diputado José Urbina explicó que “en el pasado se discutían las leyes en privado y se aprobaban en la madrugada. La actual ley se aprobó en 1996, el 20 de diciembre a las 2:00 de la madrugada, por ejemplo”.
“Ahora tenemos una gran oportunidad como clase trabajadora y hoy veremos los frutos de nuestro esfuerzo”, comentó Oscar Bolaños, secretario general de SITRAANDA. “En el pasado, hemos soportado la depresión de los diferentes partidos políticos. El sistema de pensiones es una deuda histórica para la clase trabajadora”, agregó.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
