Política
Mesa legislativa recibe aportes de Salud para estudio de la creación de nueva Ley de Trasplante de Órganos
Los diputados de la Comisión de Salud recibieron al ministro de Salud Pública, Francisco Alabi y a la directora del Instituto Nacional de la Salud, Xóchilt Sandoval, para escuchar sus opiniones y aportes que la institución puede dar sobre el anteproyecto de Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células que actualmente está en estudio.
La iniciativa presentada por Nuevas Ideas busca facilitar a los salvadoreños el acceso a tratamientos médicos vinculados con estos procedimientos y fomentar en el país la cultura de la donación de órganos.
El titular de Salud afirmó que la pasada legislatura aprobó una Ley de Trasplantes que no regula nada y carece de los elementos necesarios sobre la materia.
«Ahora con el nuevo anteproyecto se han consultado a diferentes especialistas nacionales e internacionales, quien han ofrecido sus aportes para ofrecer a la población una ley integral y completa sobre los trasplantes. Hemos trabajado con un grupo multidisciplinario a fin de contar con la mejor ley adaptada a nuestro país y que cumpla el objetivo de salvar vidas», expuso Alabi.
Sandoval aseguró que la normativa vigente tiene vacíos, pero en la nueva propuesta se han tomado en cuenta los criterios que estipula la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar trasplantes.
El diputado de Nuevas Ideas, José Urbina, afirmó que los aportes brindados por el ministro de Salud y la directora del Instituto de la Salud serán de mucha importancia para entregarle al país una ley funcional y operativa.
La propuesta pretende disminuir los costos en los tratamientos médicos para extender los programas en todo el país y fomentar la cultura de donación de órganos. Además, establece que el Ministerio de Salud será institución rectora en el tema y como ejecutor estará el Centro Nacional de Trasplantes (CNT), quien tendrá entre sus atribuciones elaborar y gestionar la «Lista única de espera para trasplantes y el Registro Nacional de Donantes y Receptores».
Con el anteproyecto que se discute se busca derogar el decreto 651 aprobado en junio de 2020 por la anterior Asamblea, que creó una ley de trasplante de órganos que favorecía el negocio en el sector privado que, según los diputados de la comisión, no ha cumplido con los objetivos con los que fue promulgada.
«Lo que buscamos con este proyecto de ley es modernizar los servicios que presta el Estado salvadoreño, a fin que la población pueda verse beneficiada con estos servicios de forma digital y no presencial», añadió Figueroa.
Además, la propuesta exonera del pago de tasas por legalización de documentos mediante apostilla electrónica los certificados emitidos por el Ministerio de Educación, utilizados para estudios en el exterior y documentos utilizados para gestiones humanitarias.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, según la propuesta se convertirá en el garante para el desarrollo del reglamento de la ley, bajo procedimientos, requisitos y convenios internacionales, los cuales serán establecidos por la entidad.
Para que el proceso se realice de conformidad a la ley y con transparencia el proyecto faculta a la cartera de Estado para contar con un registro de firmas de los servidores públicos que se encargarán de emitir los documentos.
Los diputados que conforman la mesa de trabajo acordaron que en la próxima sesión de la comisión se invite a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores para abonar más insumos para el anteproyecto de ley.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
En un comunicado, el FMLN rechazó el operativo militar estadounidense que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
«El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresa su más firme y fraterna solidaridad con el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo, ante los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026», se lee en el documento.
Las autoridades del partido de izquierda condenaron «enérgicamente esta nueva agresión imperialista, que atenta contra la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas».
El partido opositor reafirmó su «compromiso antiimperialista, internacionalista y solidario, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo a alzar la voz y a no guardar silencio ante esta escalada de violencia».
El instituto político, que gobernó El Salvador desde 2009 hasta 2019, fue un aliado incondicional del régimen venezolano, que usó la iniciativa ALBA para finan ciar un enorme consorcio empresarial del partido, que en la actualidad está bajo una investigación de la Fiscalía por lavado de dinero.
El FMLN es uno de los partidos que re conocía el controversial mandato del dictador Maduro, el cual fue rechazado interna cionalmente por la falta de transparencia en el proceso electoral.
«Vino calladito. Él no quería que se supiera que estaba aquí. Traía muy buenas noticias a Bukele. La mejor noticia que te puedo decir, Bukele, es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es parte del movimiento mundial antifascista», aseguró Maduro ante sus seguido res en un video difundido en redes sociales en enero del año pasado, que se convirtió en un ataque verbal hacia el presidente Nayib Bukele.
Nicolás Maduro fue juramentado por tercera vez como mandatario de Venezuela luego de unas cuestionables elecciones en 2024, en las que el bloque opositor al gobernante venezolano, encabezado por Ma ría Corina Machado, con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, aseguró que ganó los comicios.
Pese a los cuestionamientos internos e internacionales, Maduro se negó a permitir auditorías internacionales y aseguró que el proceso lo declaró ganador. Además, las autoridades venezolanas arrestaron a varios opositores, razón por lo que González Urrutia salió del país tras las elecciones.
«Desde El Salvador expresamos nuestro respaldo al compañero presidente Nicolás Maduro Moros, a las instituciones legítimas del Estado venezolano y al camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista», expresó el FMLN en esa ocasión.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
