Política
Mesa legislativa recibe aportes de Salud para estudio de la creación de nueva Ley de Trasplante de Órganos
Los diputados de la Comisión de Salud recibieron al ministro de Salud Pública, Francisco Alabi y a la directora del Instituto Nacional de la Salud, Xóchilt Sandoval, para escuchar sus opiniones y aportes que la institución puede dar sobre el anteproyecto de Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células que actualmente está en estudio.
La iniciativa presentada por Nuevas Ideas busca facilitar a los salvadoreños el acceso a tratamientos médicos vinculados con estos procedimientos y fomentar en el país la cultura de la donación de órganos.
El titular de Salud afirmó que la pasada legislatura aprobó una Ley de Trasplantes que no regula nada y carece de los elementos necesarios sobre la materia.
«Ahora con el nuevo anteproyecto se han consultado a diferentes especialistas nacionales e internacionales, quien han ofrecido sus aportes para ofrecer a la población una ley integral y completa sobre los trasplantes. Hemos trabajado con un grupo multidisciplinario a fin de contar con la mejor ley adaptada a nuestro país y que cumpla el objetivo de salvar vidas», expuso Alabi.
Sandoval aseguró que la normativa vigente tiene vacíos, pero en la nueva propuesta se han tomado en cuenta los criterios que estipula la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar trasplantes.
El diputado de Nuevas Ideas, José Urbina, afirmó que los aportes brindados por el ministro de Salud y la directora del Instituto de la Salud serán de mucha importancia para entregarle al país una ley funcional y operativa.
La propuesta pretende disminuir los costos en los tratamientos médicos para extender los programas en todo el país y fomentar la cultura de donación de órganos. Además, establece que el Ministerio de Salud será institución rectora en el tema y como ejecutor estará el Centro Nacional de Trasplantes (CNT), quien tendrá entre sus atribuciones elaborar y gestionar la «Lista única de espera para trasplantes y el Registro Nacional de Donantes y Receptores».
Con el anteproyecto que se discute se busca derogar el decreto 651 aprobado en junio de 2020 por la anterior Asamblea, que creó una ley de trasplante de órganos que favorecía el negocio en el sector privado que, según los diputados de la comisión, no ha cumplido con los objetivos con los que fue promulgada.
«Lo que buscamos con este proyecto de ley es modernizar los servicios que presta el Estado salvadoreño, a fin que la población pueda verse beneficiada con estos servicios de forma digital y no presencial», añadió Figueroa.
Además, la propuesta exonera del pago de tasas por legalización de documentos mediante apostilla electrónica los certificados emitidos por el Ministerio de Educación, utilizados para estudios en el exterior y documentos utilizados para gestiones humanitarias.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, según la propuesta se convertirá en el garante para el desarrollo del reglamento de la ley, bajo procedimientos, requisitos y convenios internacionales, los cuales serán establecidos por la entidad.
Para que el proceso se realice de conformidad a la ley y con transparencia el proyecto faculta a la cartera de Estado para contar con un registro de firmas de los servidores públicos que se encargarán de emitir los documentos.
Los diputados que conforman la mesa de trabajo acordaron que en la próxima sesión de la comisión se invite a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores para abonar más insumos para el anteproyecto de ley.
El presidente Nayib Bukele compartió una gráfica acompañada del mensaje: “Es un concepto muy simple, en realidad”, en referencia a la relación entre el incremento de la población penitenciaria y la reducción de los homicidios en El Salvador durante los últimos años.
Según los datos presentados, la tasa de encarcelamiento pasó de alrededor de 600 reclusos por cada 100,000 habitantes en 2019 a más de 1,600 en 2024. En el mismo período, la tasa de homicidios descendió de aproximadamente 38 por cada 100,000 habitantes hasta alcanzar niveles históricamente bajos, cercanos a 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes.
La gráfica muestra que ambas tendencias tomaron direcciones opuestas a partir de 2019. Mientras aumentó el número de personas privadas de libertad, los homicidios registraron una disminución sostenida a lo largo de los años.
De acuerdo con el Gobierno, estos resultados reflejan el impacto de la estrategia de seguridad implementada durante los últimos años en el país.
Los 11 directores propietarios de los partidos políticos representados en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) expresaron su reconocimiento y respaldo al trabajo que ejecuta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el proceso preparatorio de los comicios generales programados para el 28 de febrero de 2027.
Como muestra de apoyo y con el propósito de fortalecer la relación de cooperación, respeto institucional y diálogo constructivo, los integrantes de la JVE enviaron una nota a la presidenta del TSE, Roxana Soriano, en la que destacaron la labor de coordinación desarrollada por la funcionaria.
En el documento, firmado por todos los directores, señalaron que la magistrada presidenta ha actuado con apego a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, manteniendo una relación institucional abierta y equitativa con todos los sectores.
Asimismo, los integrantes de la junta afirmaron que las autoridades del organismo colegiado han mostrado apertura y respaldo para que la institución de vigilancia pueda desarrollar las labores de fiscalización establecidas por la ley.
Alexis Zepeda, director propietario del PCN en la JVE, explicó que las coordinaciones con la presidenta del TSE tienen como objetivo común garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
Según Zepeda, la presidenta Roxana Soriano y el director ejecutivo Héctor Larios han brindado facilidades para que los partidos políticos representados en la JVE puedan realizar procesos de transparencia, verificación y fiscalización sin generar dudas entre los institutos políticos.
Por su parte, Selim Alabi, director de la JVE por ARENA, manifestó que se desarrolla un trabajo coordinado y articulado con la presidencia del TSE y el resto de magistrados para la fiscalización de procesos activos, entre ellos la verificación de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) y de los centros de votación.
Alabi aseguró que, a diferencia de experiencias anteriores, con el actual tribunal se han establecido coordinaciones para desarrollar dichas fiscalizaciones y se está gestionando apoyo presupuestario ante el Ministerio de Hacienda para cumplir con los proyectos previstos.
En tanto, Irvin Sorto, director propietario del FMLN, destacó la accesibilidad de las actuales autoridades del TSE y las coordinaciones impulsadas con otras instituciones, entre ellas el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), para ejecutar las acciones necesarias que garanticen el debido proceso electoral.
Sorto señaló que la presidencia del TSE ha permitido la participación de la JVE en labores de fiscalización dentro y fuera del país, además de resaltar la apertura mostrada por el RNPN durante las reuniones sostenidas con esa entidad.
De igual manera, Franklin Alegría, representante del PDC en la JVE, afirmó que el TSE, el RNPN y el Ministerio de Relaciones Exteriores han brindado apertura a la Junta de Vigilancia Electoral para facilitar el trabajo de fiscalización de cara a las próximas elecciones.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó a la ciudadanía la ampliación del período para actualizar la dirección nacional en el Documento Único de Identidad (DUI), trámite que podrá realizarse hasta el 27 de agosto de 2026.
A través de un comunicado, el organismo colegiado informó que la actualización de la dirección permitirá asignar a los ciudadanos un centro de votación más cercano a su lugar de residencia.
«¡Ampliamos el periodo para actualizar tu dirección nacional en el DUI! Votar es más fácil si actualizas tu dirección. Así podremos asignarte un Centro de Votación más cerca de tu nuevo hogar. Tienes hasta el 27 de agosto de 2026 para realizar el trámite en cualquier Duicentro del país», indicó el TSE.
La ampliación de este plazo responde a la actualización del calendario electoral, tomando en cuenta las reformas avaladas por la Asamblea Legislativa.
De igual manera, el tribunal reiteró a los jóvenes que cumplirán 18 años antes de las elecciones generales que el período para preenrolarse permanecerá habilitado hasta el 29 de noviembre de 2026.
«¿Cumplís 18 años poco antes de las elecciones y querés saber si podrás votar? No te preocupés, estás a tiempo de preenrolarte. Ampliamos el plazo, ahora tenés hasta el 29 de noviembre de 2026 para hacerlo», detalló el TSE.
Para este proceso, los jóvenes pueden acudir a los diferentes duicentros del país acompañados de uno de sus padres o responsable.
Asimismo, el preenrolamiento puede realizarse durante las jornadas organizadas en centros educativos, así como en los centros de servicio y jornadas móviles habilitadas en el extranjero.
