Política
Mesa legislativa recibe aportes de Salud para estudio de la creación de nueva Ley de Trasplante de Órganos
Los diputados de la Comisión de Salud recibieron al ministro de Salud Pública, Francisco Alabi y a la directora del Instituto Nacional de la Salud, Xóchilt Sandoval, para escuchar sus opiniones y aportes que la institución puede dar sobre el anteproyecto de Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células que actualmente está en estudio.
La iniciativa presentada por Nuevas Ideas busca facilitar a los salvadoreños el acceso a tratamientos médicos vinculados con estos procedimientos y fomentar en el país la cultura de la donación de órganos.
El titular de Salud afirmó que la pasada legislatura aprobó una Ley de Trasplantes que no regula nada y carece de los elementos necesarios sobre la materia.
«Ahora con el nuevo anteproyecto se han consultado a diferentes especialistas nacionales e internacionales, quien han ofrecido sus aportes para ofrecer a la población una ley integral y completa sobre los trasplantes. Hemos trabajado con un grupo multidisciplinario a fin de contar con la mejor ley adaptada a nuestro país y que cumpla el objetivo de salvar vidas», expuso Alabi.
Sandoval aseguró que la normativa vigente tiene vacíos, pero en la nueva propuesta se han tomado en cuenta los criterios que estipula la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar trasplantes.
El diputado de Nuevas Ideas, José Urbina, afirmó que los aportes brindados por el ministro de Salud y la directora del Instituto de la Salud serán de mucha importancia para entregarle al país una ley funcional y operativa.
La propuesta pretende disminuir los costos en los tratamientos médicos para extender los programas en todo el país y fomentar la cultura de donación de órganos. Además, establece que el Ministerio de Salud será institución rectora en el tema y como ejecutor estará el Centro Nacional de Trasplantes (CNT), quien tendrá entre sus atribuciones elaborar y gestionar la «Lista única de espera para trasplantes y el Registro Nacional de Donantes y Receptores».
Con el anteproyecto que se discute se busca derogar el decreto 651 aprobado en junio de 2020 por la anterior Asamblea, que creó una ley de trasplante de órganos que favorecía el negocio en el sector privado que, según los diputados de la comisión, no ha cumplido con los objetivos con los que fue promulgada.
«Lo que buscamos con este proyecto de ley es modernizar los servicios que presta el Estado salvadoreño, a fin que la población pueda verse beneficiada con estos servicios de forma digital y no presencial», añadió Figueroa.
Además, la propuesta exonera del pago de tasas por legalización de documentos mediante apostilla electrónica los certificados emitidos por el Ministerio de Educación, utilizados para estudios en el exterior y documentos utilizados para gestiones humanitarias.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, según la propuesta se convertirá en el garante para el desarrollo del reglamento de la ley, bajo procedimientos, requisitos y convenios internacionales, los cuales serán establecidos por la entidad.
Para que el proceso se realice de conformidad a la ley y con transparencia el proyecto faculta a la cartera de Estado para contar con un registro de firmas de los servidores públicos que se encargarán de emitir los documentos.
Los diputados que conforman la mesa de trabajo acordaron que en la próxima sesión de la comisión se invite a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores para abonar más insumos para el anteproyecto de ley.
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la conmemoración del tercer aniversario de la Comisión Nacional de Activos Digitales, junto al Presidente de la institución, Juan Carlos Reyes, en un espacio que reunió a autoridades nacionales, delegaciones internacionales, líderes de la industria, inversionistas y empresas vinculadas al ecosistema de activos digitales.
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa destacó que El Salvador fue pionero al adoptar Bitcoin en 2021 y señaló que, pese a los desafíos que implicó esta decisión, el país continuó avanzando hacia la construcción de una política financiera innovadora. Recordó que 2023 marcó un punto de inflexión con la creación de la CNAD y la consolidación de un marco institucional orientado al desarrollo de la economía digital.
Asimismo, afirmó que este proceso forma parte de la visión de transformación impulsada por el Presidente Nayib Bukele, bajo la cual El Salvador se proyecta como un país que renace con visión de futuro, fortaleciendo de manera paralela la seguridad, la institucionalidad y la certeza jurídica.
Resaltó que El Salvador se distingue dentro del ecosistema internacional al contar con la CNAD, una institución especializada en la regulación y supervisión de los activos digitales. Añadió que esta transformación también ha estado acompañada por esfuerzos de digitalización y formación de las nuevas generaciones, mediante el acceso a herramientas tecnológicas, Google Classroom y tutores de IA.
El Vicepresidente de la República, @fulloa51, participó en la conmemoración del tercer aniversario de la @cnadsv, junto al Presidente de la institución, Juan Carlos Reyes @jcreyes_sv, en un espacio que reunió a autoridades nacionales, delegaciones internacionales, líderes de la… pic.twitter.com/zB9PnFvulu
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 22, 2026
Por su parte, el Presidente de la CNAD, agradeció al Presidente Bukele y al Vicepresidente Ulloa por la visión y el respaldo que hicieron posible la creación y consolidación de la institución. Al referirse a los avances alcanzados durante estos tres años, destacó:
- 156 compañías vigentes dentro del ecosistema supervisado.
- 144 compañías con asiento registral.
- 81 proveedores de servicios de activos digitales.
- 46 emisores de activos digitales e instrumentos tokenizados.
- US$633 millones vinculados a proyectos de financiamiento inmobiliario tokenizado.
El Presidente de la CNAD destacó además la creciente huella internacional de la institución, señalando que la experiencia desarrollada en El Salvador ha permitido compartir conocimientos y brindar asistencia técnica a otras naciones.
Finalmente, las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo un entorno institucional y regulatorio que genere confianza, atraiga nuevas oportunidades y acompañe el crecimiento de la industria de activos digitales.
Política
Envían a juicio al exministro David Gutiérrez Miranda por peculado en el bulevar Diego de Holguín; hay orden de captura
El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ordenó abrir juicio contra el exministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda por peculado en perjuicio de la administración pública. Lo declaró rebelde y giró orden de captura. El caso es el tramo II del entonces bulevar Diego de Holguín, hoy bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en Santa Tecla. Gutiérrez fue titular del MOP en el gobierno de Antonio Saca, entre 2004 y 2006.
La Fiscalía sitúa los hechos entre diciembre de 2005 y enero de 2007. Acusa omisiones e incumplimientos: la obra tenía 420 días de plazo; al vencerse no estaba lista, pero los pagos mensuales al asocio constructor sí se hicieron. En 2023 la FGR dijo que, a la mitad del contrato, el avance era del 39%. Una pericia financiera fija el supuesto perjuicio en $10,643,278.98. El requerimiento de 2022 hablaba de $13.7 millones; la cifra que sostiene hoy la acusación es la de la pericia.
El expediente no nació ayer. Las pesquisas arrancaron en la era de Raúl Melara; el requerimiento formal se presentó en enero de 2022. Hay, en paralelo, un capítulo patrimonial: una Cámara de Segunda Instancia confirmó responsabilidad por $3.2 millones contra exfuncionarios ligados al mismo proyecto. El bulevar, pensado como vía emblemática hacia el aeropuerto, quedó marcado por retrasos, arbitrajes y sobrecostos. Saca, bajo cuyo gobierno se ejecutó, ya tiene condenas por lavado y peculado en otras causas.
El juicio dirá si esas omisiones son delito. Gutiérrez no está detenido: la rebeldía implica que no compareció. Hasta que no lo capten o se presente, el debate oral queda a medias. Veinte años después de los pagos, el Estado sigue litigando por más de diez millones y por una carretera que los salvadoreños usan todos los días.
Política
Vicepresidente Ulloa se reúne con CEO de Dapper para impulsar inteligencia artificial en la administración pública y la educación superior
