Política
Mesa legislativa recibe aportes de Salud para estudio de la creación de nueva Ley de Trasplante de Órganos
Los diputados de la Comisión de Salud recibieron al ministro de Salud Pública, Francisco Alabi y a la directora del Instituto Nacional de la Salud, Xóchilt Sandoval, para escuchar sus opiniones y aportes que la institución puede dar sobre el anteproyecto de Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células que actualmente está en estudio.
La iniciativa presentada por Nuevas Ideas busca facilitar a los salvadoreños el acceso a tratamientos médicos vinculados con estos procedimientos y fomentar en el país la cultura de la donación de órganos.
El titular de Salud afirmó que la pasada legislatura aprobó una Ley de Trasplantes que no regula nada y carece de los elementos necesarios sobre la materia.
«Ahora con el nuevo anteproyecto se han consultado a diferentes especialistas nacionales e internacionales, quien han ofrecido sus aportes para ofrecer a la población una ley integral y completa sobre los trasplantes. Hemos trabajado con un grupo multidisciplinario a fin de contar con la mejor ley adaptada a nuestro país y que cumpla el objetivo de salvar vidas», expuso Alabi.
Sandoval aseguró que la normativa vigente tiene vacíos, pero en la nueva propuesta se han tomado en cuenta los criterios que estipula la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar trasplantes.
El diputado de Nuevas Ideas, José Urbina, afirmó que los aportes brindados por el ministro de Salud y la directora del Instituto de la Salud serán de mucha importancia para entregarle al país una ley funcional y operativa.
La propuesta pretende disminuir los costos en los tratamientos médicos para extender los programas en todo el país y fomentar la cultura de donación de órganos. Además, establece que el Ministerio de Salud será institución rectora en el tema y como ejecutor estará el Centro Nacional de Trasplantes (CNT), quien tendrá entre sus atribuciones elaborar y gestionar la «Lista única de espera para trasplantes y el Registro Nacional de Donantes y Receptores».
Con el anteproyecto que se discute se busca derogar el decreto 651 aprobado en junio de 2020 por la anterior Asamblea, que creó una ley de trasplante de órganos que favorecía el negocio en el sector privado que, según los diputados de la comisión, no ha cumplido con los objetivos con los que fue promulgada.
«Lo que buscamos con este proyecto de ley es modernizar los servicios que presta el Estado salvadoreño, a fin que la población pueda verse beneficiada con estos servicios de forma digital y no presencial», añadió Figueroa.
Además, la propuesta exonera del pago de tasas por legalización de documentos mediante apostilla electrónica los certificados emitidos por el Ministerio de Educación, utilizados para estudios en el exterior y documentos utilizados para gestiones humanitarias.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, según la propuesta se convertirá en el garante para el desarrollo del reglamento de la ley, bajo procedimientos, requisitos y convenios internacionales, los cuales serán establecidos por la entidad.
Para que el proceso se realice de conformidad a la ley y con transparencia el proyecto faculta a la cartera de Estado para contar con un registro de firmas de los servidores públicos que se encargarán de emitir los documentos.
Los diputados que conforman la mesa de trabajo acordaron que en la próxima sesión de la comisión se invite a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores para abonar más insumos para el anteproyecto de ley.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
