Política
Mesa legislativa recibe aportes de Salud para estudio de la creación de nueva Ley de Trasplante de Órganos
Los diputados de la Comisión de Salud recibieron al ministro de Salud Pública, Francisco Alabi y a la directora del Instituto Nacional de la Salud, Xóchilt Sandoval, para escuchar sus opiniones y aportes que la institución puede dar sobre el anteproyecto de Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células que actualmente está en estudio.
La iniciativa presentada por Nuevas Ideas busca facilitar a los salvadoreños el acceso a tratamientos médicos vinculados con estos procedimientos y fomentar en el país la cultura de la donación de órganos.
El titular de Salud afirmó que la pasada legislatura aprobó una Ley de Trasplantes que no regula nada y carece de los elementos necesarios sobre la materia.
«Ahora con el nuevo anteproyecto se han consultado a diferentes especialistas nacionales e internacionales, quien han ofrecido sus aportes para ofrecer a la población una ley integral y completa sobre los trasplantes. Hemos trabajado con un grupo multidisciplinario a fin de contar con la mejor ley adaptada a nuestro país y que cumpla el objetivo de salvar vidas», expuso Alabi.
Sandoval aseguró que la normativa vigente tiene vacíos, pero en la nueva propuesta se han tomado en cuenta los criterios que estipula la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar trasplantes.
El diputado de Nuevas Ideas, José Urbina, afirmó que los aportes brindados por el ministro de Salud y la directora del Instituto de la Salud serán de mucha importancia para entregarle al país una ley funcional y operativa.
La propuesta pretende disminuir los costos en los tratamientos médicos para extender los programas en todo el país y fomentar la cultura de donación de órganos. Además, establece que el Ministerio de Salud será institución rectora en el tema y como ejecutor estará el Centro Nacional de Trasplantes (CNT), quien tendrá entre sus atribuciones elaborar y gestionar la «Lista única de espera para trasplantes y el Registro Nacional de Donantes y Receptores».
Con el anteproyecto que se discute se busca derogar el decreto 651 aprobado en junio de 2020 por la anterior Asamblea, que creó una ley de trasplante de órganos que favorecía el negocio en el sector privado que, según los diputados de la comisión, no ha cumplido con los objetivos con los que fue promulgada.
«Lo que buscamos con este proyecto de ley es modernizar los servicios que presta el Estado salvadoreño, a fin que la población pueda verse beneficiada con estos servicios de forma digital y no presencial», añadió Figueroa.
Además, la propuesta exonera del pago de tasas por legalización de documentos mediante apostilla electrónica los certificados emitidos por el Ministerio de Educación, utilizados para estudios en el exterior y documentos utilizados para gestiones humanitarias.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, según la propuesta se convertirá en el garante para el desarrollo del reglamento de la ley, bajo procedimientos, requisitos y convenios internacionales, los cuales serán establecidos por la entidad.
Para que el proceso se realice de conformidad a la ley y con transparencia el proyecto faculta a la cartera de Estado para contar con un registro de firmas de los servidores públicos que se encargarán de emitir los documentos.
Los diputados que conforman la mesa de trabajo acordaron que en la próxima sesión de la comisión se invite a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores para abonar más insumos para el anteproyecto de ley.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
