Política
José Urbina: “Voy a proponer una ley que combata los productos sanitarios ilegales”
Debido a que actualmente no existe una ley que sancione la fabricación de medicamentos falsificados, José Urbina, candidato a diputado por el departamento de San Salvador del partido Nuevas Ideas (NI), propondrá la creación de ella una vez sea electo como tal.
“Hay una red de personas que hace medicamentos falsos y no hay nada que los castigue. No debe de haber prescripción de los delitos relacionados con los medicamentos”, comentó el expresentador de noticias de Canal 10 en la entrevista “Hora 25”, de un medio de comunicación electrónico.
De acuerdo a Urbina, la ley a la que se refiere será para combatir la por tres ejes los productos sanitarios ilegales: los productos falsificados, los de contrabando y los de baja calidad.
El comunicador de profesión indicó que el ministerio de Salud –institución en donde laboró como asesor del funcionario Francisco Alabí- ha realizado diversos estudios a medicamentos falsificados y que incluso han detectado hongos en estos.
Además de la propuesta de creación de leyes, Urbina ha dejado claro que combatirá a las mafias de la salud, como él las denomina.
“Una cosa es la industria nacional de medicamentos que generan empleos, aportan al Producto Interno Bruto y tienen mano de obra calificada; otra son ciertas droguerías que por mucho tiempo han monopolizado el control de la importación de medicamentos de marca de grandes corporaciones farmacéuticas, ellas manejan el precio a su antojo”, indicó.
Por otro lado, el aspirante a una curul de la Asamblea Legislativa calificó a los diputados que mantienen el poder en este momento como criminales, pues considera que lo son tras protegerse entre sí de delitos cometidos, como los acuerdos con grupos delictivos o la adquisición de bienes de manera ilegal.
“Los actuales diputados se vuelven criminales, porque han protegido a otros que han cometido crímenes, los pactos con pandilleros, por ejemplo”, dijo.
También indicó que este momento existe una ruptura del modelo clásico de la burocracia, que –según él- ha utilizado el Estado para servirse, frente a un nuevo gobierno con funcionarios articulados, trabajando día y noche parar resolver los problemas de país que dejaron los gobiernos anteriores.
“Los diputados actuales ven una enorme amenaza y ven al presidente como el enemigo. Han pasado de un discurso enojado a uno rabioso y eso los hace caer en la insensatez”, comentó Urbina, a la vez de que recomienda realizar una encuesta nacional de salud mental que inicie por ejecutarse a los diputados.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
