Política
Gobierno garantiza la protección y el bienestar de los animales de compañía, con el apoyo de la Asamblea Legislativa
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), sigue impulsando acciones para la protección y el bienestar de los animales de compañía, a través de la Ley Especial de Bienestar Animal, iniciativa que obtuvo el respaldo de la Asamblea Legislativa, que reconoce las garantías necesarias para los animales e impulsa esfuerzos focalizados a favor de ellos.
La Ley de Bienestar Animal fue aprobada con 76 votos a favor y tendrá como función principal el resguardo integral de las mascotas y animales de compañía; además, la creación del Instituto de Bienestar Animal (IBA).
“Este es un compromiso que teníamos moral con la sociedad. Si bien es cierto hemos heredado 30 años de abandono en todo sentido. El bienestar moral de una sociedad se mide en cómo tratamos a los animales, el inicio del maltrato familiar y desestabilización social se da maltratando a los animales; ahora, tenemos un instrumento que va a multar y la próxima semana un instrumento que va a penalizar el maltrato animal”, manifestó el ministro de Agricultura, David Martínez.
La normativa promueve sanciones para quienes la incumplan e impulsa la aplicación de reformas al Código Penal, para establecer penas de cárcel y tareas de utilidad pública para las personas que vulneren la Ley. La nueva normativa es iniciativa del Presidente de la República, Nayib Bukele, como parte de la estrategia del Plan Cuscatlán, donde se establece la salvaguarda y protección de la vida animal del país.
De este modo, se reconoce a los animales como seres sintientes, capaces de experimentar alegría, sufrimiento, dolor y reflejar emociones, y su protección integral contra todo acto de crueldad causado o permitido por las personas, directa o indirectamente, para prevenir que les ocasione sufrimiento, lesiones físicas, etológicas o hasta la muerte; en el marco de las medidas de protección de la vida.
La Ley Especial de Bienestar Animal establece la creación del IBA como una institución pública, de carácter autónomo en lo técnico y administrativo, con personalidad jurídica, independiente en el ejercicio de sus atribuciones, que será la autoridad superior en materia de aplicación de la política para la protección y bienestar de animales de compañía y animales silvestres.
La entidad articulará esfuerzos con diferentes instituciones como las alcaldías, la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR), diferentes ministerios y la sociedad civil. También, como ente rector del cumplimiento de la ley, el IBA se encargará del funcionamiento del Hospital Veterinario Chivo Pet, el primer centro de atención médica estatal dedicada a dar cuidado profesional de primer nivel y a bajo costo.
El Gobierno del Presidente Bukele impulsa estas acciones con la finalidad de fomentar una cultura de cuido, prevención, buen manejo y erradicación de actos de crueldad animal; asimismo, se busca incentivar la cultura de denuncia ciudadana para actuar oportunamente ante los casos; pues es responsabilidad de todos los salvadoreños construir una sociedad libre de violencia.
La Ley Especial de Bienestar Animal permitirá ejecutar sanciones contra el maltrato animal, permitirá la realización de campañas masivas de adopción, campaña de castración y esterilización; y asistencia veterinaria accesible, en cumplimiento al compromiso del Presidente Bukele en impulsar acciones a favor de los animales de compañía y silvestre.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
