Política
Ernesto Castro: «El país ha visto como FMLN y ARENA se han convertido en un solo bloque para golpear al gobierno»
Por el alza de nuevos casos confirmados de COVID-19 y por el incremento de personas fallecidas por esta enfermedad en El Salvador, se hace necesaria la aprobación de una normativa que respalde al Gobierno del Presidente Nayib Bukele utilizar herramientas legales que permitan cortar la cadena de contagios.
En ese sentido el secretario privado de la Presidencia Ernesto Castro, reiteró el llamado a la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que aprueben de urgencia una ley de emergencia de cuarentena y de reapertura de la economía nacional como lo ha propuesto el Gobierno.
«Una vez más hago un llamado a los diputados ante lo que está sucediendo. Ellos saben cómo está la situación, incluso de los contagios en la misma Asamblea”, dijo el funcionario en entrevista matutina de Noticiero Hechos.
En esa misma línea pidió a la Sala de lo Constitucional que «legislen acorde a la coyuntura que se vive, dando prioridad a la vida y salud de los salvadoreños».
«Seguimos insistiendo en la necesidad que tiene el sistema de salud y a la población de lograr una cuarentena estricta, ordenada y con medidas claras que hagan que tengamos la curva de contagios a niveles sostenibles», añadió.
Desde que la Sala y el Congreso frenaron al Ejecutivo en la legislación de la pandemia a través de Decretos y con lo cual se dio paso a la reapertura de la economía nacional, sin el antecedente de una cuarentena estricta de 15 días para reducir la curva, los contagios por COVID-19 fueron al alza y ahora es necesaria la imposición de medidas estrictas para evitar el colapso del sistema sanitario.
«Estamos preocupados por el elevado número de contagios y nos preocupa que la capacidad de nuestro sistema de salud llegue a un punto del colapso como fue en Italia, Perú y en algunas ciudades de los Estados Unidos. Dios quiera que no lleguemos a eso», añadió.
Ernesto Castro fue enfático en decir que posponer la fecha de la fase dos de la reapertura de la economía no fue nada fácil; sin embargo, «nuestra prioridad siempre ha sido la salud y la vida acompañadas de la reactivación económica, pero tenemos que ir despacio y con cuidado», sostuvo.
Recordó que el Gobierno del Presidente Bukele mantiene la apertura hacia todos los sectores de la sociedad, pero que por el momento «la mayoría de empresarios» están de acuerdo que lo mejor para el país son 15 días de cuarentena domiciliar obligatoria, porque requieren de una fuerza laboral sana y que no se expongan a contraer esta enfermedad.
Otro grupo con el que el Ejecutivo ha entablado pláticas y buscado acuerdos fue con todos los partidos políticos; incluida una reunión por seis días con diputados de todas las fracciones, en la que el mismo ministro de Salud, Francisco Alabí, explicó sin fruto la urgencia de una cuarentena por 15 días.
«Esta es la emergencia más grande que hemos tenido y vemos cómo los diputados están actuando de forma pasiva. Nosotros como Ejecutivo seguiremos trabajando en atender la pandemia a como podamos», apuntó.
«El país ha visto como FMLN y ARENA se han convertido en un solo bloque para golpear al gobierno del Presidente Bukele, acciones que les han hecho perder credibilidad ante la gente», sostuvo.
El secretario privado también respondió a los cuestionamientos sobre el funcionamiento del Hospital El Salvador en medios nacionales, subrayando que el Gobierno trabaja sin descanso para que a la brevedad posible atienda al 100 % de su capacidad; mientras en su fase 1 ya representa una esperanzadora respuesta frente al precario sistema de salud heredado por las administraciones gubernamentales anteriores.
«Dios quiera que el Hospital El Salvador lo tengamos pronto al 100 % en todas sus etapas. Es un proyecto que cambiará el sistema de salud que ha existido en los últimos 30 años en el país, argumentó.
«Teníamos deficiencias enormes en el sistema de salud que heredamos, por eso era necesario que nosotros mantuviéramos la administración de la pandemia mientras realizábamos las mejoras necesarias en el sistema hospitalario», puntualizó.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
