Política
Diputados de Nuevas Ideas aprueban conformación de comisión especial para desenmascarar a funcionarios que cobraban sobresueldos
Foto: DEL
Los diputados que integran la comisión Política, liderada por legisladores de la Bancada Cyan, acordaron conformar la Comisión Especial para Investigar la Entrega de Sobresueldos Provenientes de los Fondos Públicos de Casa Presidencial, una iniciativa que fue presentada por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro.
Los diputados llamarán a los presuntos implicados, de manera respetuosa, para conocer sus argumentos, pero con la firmeza de hacer justicia para la población, ya que había funcionarios que cobraban hasta $30,000 al mes. “Nos tendrán que explicar con detalle cómo funcionaba eso que ellos siempre llamaron gobernabilidad y democracia”, enfatizó el presidente Castro.
En conformidad con los artículos 131 ordinal 32, y el artículo 132 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 54 y siguientes del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, el presidente del Órgano Legislativo pidió a la Comisión Política crear la Comisión Especial con la finalidad de que se realice una investigación exhaustiva para dar a conocer a los responsables de estas irregularidades sistemáticas.
“Propuse la creación de una comisión especial porque por años la corrupción fue un símbolo en nuestro país, automáticamente los que la promovían se acostumbraron a ser parásitos y recibir dinero cada mes”, dijo el presidente de la Asamblea.
El diputado Caleb Navarro, de la Bancada Cyan, dijo que uno de los primeros hallazgos se realizó cuando se encontraron las miles de plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa, que también ha sido usada como casa de campaña por los partidos tradicionales, pero que con el trabajo de los legisladores de Nuevas Ideas todo se ha ido desmontando.
La diputada Cyan, Alexia Rivas, expresó que por medio de esta comisión no solo se conocerán a funcionarios que recibían sobresueldos, sino a oenegés y a periodistas que utilizaron la opinión pública para callar los actos de corrupción en ese momento, “sabemos que los poderes fácticos de este país están involucrados por supuesto en este mismo entramado de corrupción”, señaló.
Con 12 votos, los legisladores aprobaron que sea integrada por nueve diputados: como presidente de la comisión estará el diputado de Nuevas Ideas Jorge Castro; como secretario Cyan Raúl Castillo; y en el cargo de relatora la diputada Rebeca Santos.
Como vocales estarán los diputados de Nuevas Ideas, Walter Coto, William Soriano, Marcela Pineda y están pendiente los nombres de los diputados de los partidos ARENA y FMLN.
El presidente legislativo expuso que decidió proponer la comisión especial para desenmascarar a quienes participaban de estas prácticas “en menoscabo y detrimento de la justicia tributaria salvadoreña”, aseguró.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
