Política
Diputados buscan incrementar cuantía para que empleados accedan a procesos abreviados en casos jurídicos
Los diputados de la Comisión de Trabajo dictaminaron a favor de reformar los artículos 378 y 425 del Código de Trabajo, con el objetivo de que se agilicen y se simplifiquen los procesos en los juzgados de lo Laboral, incrementando la cuantía para el acceso a la jurisdicción.
Cuando un empleado desea acceder a la vía judicial, ante el incumplimiento de sus derechos laborales, el Código de Trabajo establece el monto como criterio o de determinación del proceso que se llevará a cabo.
El monto de la cuantía determina si un caso se ve por la vía abreviada o regular, la cuota actual es de 200 colones ($22.86). De ser aprobado por el Pleno Legislativo, el monto se subirá a tres salarios mínimos del sector servicio y comercio ($1,095).
“Al modificar la cuantía se va a permitir que la mayoría de los casos sean resueltos con procesos abreviados y con ello acortar los tiempos para que los empleados obtengan una resolución de los casos de manera rápida”, comentó el presidente de dicha mesa de labores, Edgardo Mulato.
Además, los plazos para emitir una sentencia se reducirían a tres; la notificación a las partes involucradas será en seis días (antes eran tres).
En cuanto a las multas, se contempla un salario mínimo por día si se retrasa la emisión de sentencia (tres días) y la notificaciones a los implicados (seis días).
Si el tribunal incumple estas disposiciones incurrirá en una multa, cuyo monto será de un salario mínimo diario de los sectores comercio y servicio por cada día de retraso, salvo justo impedimento.
“En esta Asamblea hemos venido a hacer cambios de raíz por los trabajadores. Necesitamos seguir impulsando transformaciones dentro del sistema judicial”, dijo el diputado Mulato. “Hemos aprobado reformas que dan garantías jurídicas a los empleados y armonizando con las leyes los derechos de ellos mismos”, agregó.
De acuerdo a un estudio realizado en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el impacto de esta reforma favoreció a más del 40% de los trabajadores, quienes están buscando resarcir derechos laborales.
Al año, aproximadamente unos 9 mil trabajadores se encuentran en este procedimiento, por lo que un 42 % de los casos no pueden tener acceso a un procedimiento abreviado por el monto de la cuantía.
“Este proyecto de reforma va a beneficiar a un número importante de la población afectada. Muchas veces los casos se tornan tortuosos, porque se dilatan en los juzgados, pero con la modificación se le garantizará los derechos a la clase trabajadora”, expresó el procurador general de la República, René Escobar. “Es viable y necesario, es una deuda histórica el brindar las herramientas para brindar una pronta y merecida justicia”, agregó el funcionario, quien fue invitado para el desarrollo del estudio de la reforma al Código.
En 2022, a nivel nacional, los Juzgados de lo Laboral tuvieron 9,500 casos con procesos ordinarios, una cantidad alta por la vulneración de los derechos de los empleados.
“Es evidente el desfase que hay de la norma a la realidad actual, por eso la reforma viene a contribuir a un proceso de modernización de las leyes. Además, esto potenciará la celeridad de la justicia”, señaló el magistrado de la Cámara Primera de lo Laboral, de la CSJ, Roberto Marcia.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
En un comunicado, el FMLN rechazó el operativo militar estadounidense que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
«El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresa su más firme y fraterna solidaridad con el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo, ante los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026», se lee en el documento.
Las autoridades del partido de izquierda condenaron «enérgicamente esta nueva agresión imperialista, que atenta contra la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas».
El partido opositor reafirmó su «compromiso antiimperialista, internacionalista y solidario, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo a alzar la voz y a no guardar silencio ante esta escalada de violencia».
El instituto político, que gobernó El Salvador desde 2009 hasta 2019, fue un aliado incondicional del régimen venezolano, que usó la iniciativa ALBA para finan ciar un enorme consorcio empresarial del partido, que en la actualidad está bajo una investigación de la Fiscalía por lavado de dinero.
El FMLN es uno de los partidos que re conocía el controversial mandato del dictador Maduro, el cual fue rechazado interna cionalmente por la falta de transparencia en el proceso electoral.
«Vino calladito. Él no quería que se supiera que estaba aquí. Traía muy buenas noticias a Bukele. La mejor noticia que te puedo decir, Bukele, es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es parte del movimiento mundial antifascista», aseguró Maduro ante sus seguido res en un video difundido en redes sociales en enero del año pasado, que se convirtió en un ataque verbal hacia el presidente Nayib Bukele.
Nicolás Maduro fue juramentado por tercera vez como mandatario de Venezuela luego de unas cuestionables elecciones en 2024, en las que el bloque opositor al gobernante venezolano, encabezado por Ma ría Corina Machado, con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, aseguró que ganó los comicios.
Pese a los cuestionamientos internos e internacionales, Maduro se negó a permitir auditorías internacionales y aseguró que el proceso lo declaró ganador. Además, las autoridades venezolanas arrestaron a varios opositores, razón por lo que González Urrutia salió del país tras las elecciones.
«Desde El Salvador expresamos nuestro respaldo al compañero presidente Nicolás Maduro Moros, a las instituciones legítimas del Estado venezolano y al camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista», expresó el FMLN en esa ocasión.
