Política
Diputados buscan incrementar cuantía para que empleados accedan a procesos abreviados en casos jurídicos
Los diputados de la Comisión de Trabajo dictaminaron a favor de reformar los artículos 378 y 425 del Código de Trabajo, con el objetivo de que se agilicen y se simplifiquen los procesos en los juzgados de lo Laboral, incrementando la cuantía para el acceso a la jurisdicción.
Cuando un empleado desea acceder a la vía judicial, ante el incumplimiento de sus derechos laborales, el Código de Trabajo establece el monto como criterio o de determinación del proceso que se llevará a cabo.
El monto de la cuantía determina si un caso se ve por la vía abreviada o regular, la cuota actual es de 200 colones ($22.86). De ser aprobado por el Pleno Legislativo, el monto se subirá a tres salarios mínimos del sector servicio y comercio ($1,095).
“Al modificar la cuantía se va a permitir que la mayoría de los casos sean resueltos con procesos abreviados y con ello acortar los tiempos para que los empleados obtengan una resolución de los casos de manera rápida”, comentó el presidente de dicha mesa de labores, Edgardo Mulato.
Además, los plazos para emitir una sentencia se reducirían a tres; la notificación a las partes involucradas será en seis días (antes eran tres).
En cuanto a las multas, se contempla un salario mínimo por día si se retrasa la emisión de sentencia (tres días) y la notificaciones a los implicados (seis días).
Si el tribunal incumple estas disposiciones incurrirá en una multa, cuyo monto será de un salario mínimo diario de los sectores comercio y servicio por cada día de retraso, salvo justo impedimento.
“En esta Asamblea hemos venido a hacer cambios de raíz por los trabajadores. Necesitamos seguir impulsando transformaciones dentro del sistema judicial”, dijo el diputado Mulato. “Hemos aprobado reformas que dan garantías jurídicas a los empleados y armonizando con las leyes los derechos de ellos mismos”, agregó.
De acuerdo a un estudio realizado en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el impacto de esta reforma favoreció a más del 40% de los trabajadores, quienes están buscando resarcir derechos laborales.
Al año, aproximadamente unos 9 mil trabajadores se encuentran en este procedimiento, por lo que un 42 % de los casos no pueden tener acceso a un procedimiento abreviado por el monto de la cuantía.
“Este proyecto de reforma va a beneficiar a un número importante de la población afectada. Muchas veces los casos se tornan tortuosos, porque se dilatan en los juzgados, pero con la modificación se le garantizará los derechos a la clase trabajadora”, expresó el procurador general de la República, René Escobar. “Es viable y necesario, es una deuda histórica el brindar las herramientas para brindar una pronta y merecida justicia”, agregó el funcionario, quien fue invitado para el desarrollo del estudio de la reforma al Código.
En 2022, a nivel nacional, los Juzgados de lo Laboral tuvieron 9,500 casos con procesos ordinarios, una cantidad alta por la vulneración de los derechos de los empleados.
“Es evidente el desfase que hay de la norma a la realidad actual, por eso la reforma viene a contribuir a un proceso de modernización de las leyes. Además, esto potenciará la celeridad de la justicia”, señaló el magistrado de la Cámara Primera de lo Laboral, de la CSJ, Roberto Marcia.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen para que el Número de Identificación Tributaria (NIT) sea digital y completamente gratuito.
La normativa también contempla que el NIT pueda tramitarse en línea y sin documentos físicos tanto para los salvadoreños dentro y fuera del país.
El objetivo de esta reforma es modernizar el sistema tributario mediante el uso de nuevas tecnologías.
De igual manera, la iniciativa responde a la necesidad de actualizar la ley vigente desde 1972 para adaptarla al avance tecnológico.
Una vez aprobada en el pleno legislativo entrará en vigencia ocho días después de publicado en el Diario Oficial.
Política
Fuerte cruce verbal entre diputadas Claudia Ortiz y Marcela Villatoro por aprobación del Presupuesto 2026
Un intenso intercambio de acusaciones entre las diputadas opositoras Claudia Ortiz (partido VAMOS) y Marcela Villatoro (ARENA) ha puesto en evidencia las fracturas recurrentes en la oposición salvadoreña, tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026 en la Asamblea Legislativa.
El desencadenante fue la conducta de la fracción de ARENA durante la votación.
Ortiz criticó duramente que los diputados areneros, pese a manifestarse en contra del presupuesto durante el debate, abandonaron el pleno legislativo justo antes de la votación, lo que calificó como una acción «contradictoria» e incoherente.
En respuesta, Villatoro rechazó las críticas y contraatacó acusando a Ortiz de ausentarse en discusiones clave, como las reformas constitucionales previas.
Además, la diputada de ARENA señaló que las posturas de Ortiz terminan «favoreciendo al oficialismo» y profundizando las divisiones dentro de la oposición.
El cruce se extendió a redes sociales, donde usuarios compartieron capturas y comentarios, calificándolo popularmente como una «pelea» entre las dos legisladoras.
Este no es el primer enfrentamiento público entre ambas
En marzo de 2025, durante una plenaria sobre minería metálica, surgió una fuerte polémica cuando Ortiz propuso una reforma constitucional para prohibir la actividad, apoyándose en firmas recolectadas por la Iglesia Católica.
Villatoro la acusó de politizar el tema y de intentar «deshacer» el esfuerzo eclesial, recordando que ARENA ya había presentado iniciativas similares meses antes.
El intercambio evidenció diferencias en estrategia y timing, con Villatoro criticando el enfoque «exprés» de Ortiz.Otros episodios incluyen críticas cruzadas sobre ausencias en debates clave, vínculos históricos de VAMOS con ARENA (expuestos por Villatoro en octubre de 2025) y percepciones de competencia política, donde Ortiz ha sido cuestionada por algunos sectores por sus posturas en seguridad y reformas.
Estas tensiones recurrentes resaltan las dificultades para un frente opositor unido en un Legislativo dominado por Nuevas Ideas.Analistas políticos señalan que estas divisiones debilitan la capacidad de la oposición para presentar alternativas coherentes frente al oficialismo.
