Política
ARENA quiere recuperar su relevancia en la Asamblea Legislativa
El partido ARENA quiere recobrar la gobernabilidad de la que anteriormente gozaba por la cantidad de diputados que tenía en la Asamblea Legislativa, pero que perdió en las elecciones del 28 de febrero de 2021, cuando fue despreciado por el pueblo salvadoreño, que prefirió al partido Nuevas Ideas.
Con sus diputados, el partido tricolor dio, en parte, gobernabilidad al último gobierno del FMLN, liderado por Salvador Sánchez Cerén, un excomandante guerrillero que al término de su gestión huyó a Nicaragua, donde se nacionalizó para evitar la justicia salvadoreña por actos de corrupción con fondos públicos.
En 2016, cuando el Gobierno farabundista de Sánchez Cerén enfrentó problemas financieros, ARENA aceptó darle los votos para que el Estado emitiera $500 millones en bonos, pero lo chantajeó con que a cambio debía aprobar una ley de responsabilidad fiscal. Dicha normativa fue aprobada en la Asamblea Legislativa, pero el tricolor se retractó y solo dio los votos para la mitad del dinero, es decir, $250 millones.
En ese momento, ARENA tenía la «llave» de los votos en la Asamblea Legislativa porque disponía de 35 diputados, mientras que los partidos FMLN, PCN, PDC y CD sumaban 49. O sea, para llegar a cualquier acuerdo —como la adquisición de préstamos— estos cuatro partidos juntos necesitaban la mayoría calificada, que solo se lograba en acuerdo con ARENA.
Tener esa gobernabilidad o correlación legislativa le sirvió al tricolor para canjear la elección de funcionarios de segundo grado. Por ejemplo, el partido GANA (ahora aliado del Gobierno) denunció que ARENA le dio los votos al FMLN para que se eligiera como procurador de derechos humanos a Apolonio Serrano, quien fue financista del partido rojo cuando trabajó como asesor en la Asamblea Legislativa.
A cambio, el FMLN votó para elegir como fiscal general de la república a Raúl Melara, quien antes de ocupar ese cargo fue asesor del candidato presidencial de ARENA en los comicios de 2019. Usuarios de redes sociales compartieron, en ese contexto electoral y poselectoral, varias fotos y videos de Melara en actividades proselitistas del tricolor.
ARENA y el FMLN fueron derrotados en las urnas el 28 de febrero de 2021 por Nuevas Ideas y ahora se unen programáticamente para tratar de afectar el trabajo del presidente de la república, Nayib Bukele, quien asumió el Ejecutivo el 1.º de junio de 2019, tras elecciones libres y democráticas.
En la Asamblea, ambos partidos bloquearon, teniendo correlación, el trabajo del Ejecutivo impidiendo, por ejemplo, el financiamiento para la ejecución de las fases II y III del Plan Control Territorial (PCT) y además decidieron, como acto proselitista, interpelar a funcionarios de carteras e instituciones como Salud, la Defensa, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Con la toma de posesión de los nuevos diputados (con la mayoría calificada de Nuevas Ideas), el 1.º de mayo de 2021 concluyó la vieja forma de gobernabilidad del tricolor. Actualmente, el partido cian no depende de otros partidos políticos para aprobar leyes o recursos económicos en favor de los salvadoreños ni para elegir a funcionarios.
Sin embargo, ARENA quiere destruir esa buena gobernabilidad. Carlos Araujo, asesor de ese instituto político, recomendó que los partidos de oposición se enfoquen en obtener en 2024 el mayor número de diputaciones para reducir los 56 que actualmente tiene el partido cian y de esa manera afectar el trabajo del presidente Nayib Bukele.
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Con 80 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa declararon Patrimonio Cultural Inmaterial de El Salvador la centenaria Procesión de los Cristos y El Santo Entierro de Izalco, en Sonsonate. Ambas actividades se realizan, cada año, el jueves y viernes, respectivamente, de la Semana Santa.
Estas celebraciones son reconocidas dentro y fuera del país y son parte de la identidad cultural del referido municipio. En la Procesión de los Cristos participan cientos de feligreses, entre ellos los que son parte de la comunidad indígena local.
Para El Santo Entierro la comunidad católica realiza un recorrido, que dura alrededor de 12 horas, en el que se carga la imagen de Jesús dentro de una urna, la cual tiene un peso aproximado de 12,300 libras, lo que la hace una de las más pesadas del país.
El diputado de Nuevas Ideas e impulsador de la iniciativa, Raúl Chamagua, afirmó que esta Asamblea Legislativa ya ha dejado un legado en materia de seguridad, educación, justicia democrática y el aspecto cultural no será la excepción.
“Hoy, tengo el honor y el privilegio de dejar un legado cultural, en coordinación con los diputados, para la preservación de estas procesiones que, sin lugar a dudas, ponen en alto el municipio de Izalco”, apuntó Chamagua.
Los parlamentarios expresaron que el objetivo de declarar las dos actividades como Patrimonio Cultural Inmaterial del país es resguardarlas, de manera legal, para que se mantengan en el tiempo y se convierta en un legado que se transmita de generación en generación. Además, mencionaron que esa declaratoria ayudará a potenciar el turismo interno y las visitas de extranjeros.
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La comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa estudiará en las próximas semanas una iniciativa que contempla una serie de reformas de la ley del presupuesto general del estado 2023 para incorporar recursos por $5,869,239 a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), con el fin de que se continúe con la fase inicial de preconstrucción y el plan de reasentamiento del proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele ideó la ejecución de este megaproyecto en Conchagua, La Unión, con el fin de garantizar la adecuada conectividad nacional e internacional del país y dinamizar el desarrollo económico, social y turístico de la zona oriental, atrayendo inversión extranjera.
En abril del año pasado, la Asamblea Legislativa avaló la Ley para la Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, que facilita la construcción de los megaproyectos del tren y de la nueva terminal aérea.
De acuerdo con diputados de Nuevas Ideas, el aeropuerto oriental impulsará la economía de los salvadoreños, generando más de 4,700 empleos en el primer año de funcionamiento; además según CEPA, la terminal aérea tendrá la capacidad de recibir a más de 80,000 pasajeros.
En junio del año pasado, el Legislativo aprobó reformar la ley del presupuesto 2022 para otorgar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) $12 millones, procedentes de la recaudación fiscal y del combate de la evasión fiscal, para la construcción de la etapa I del Aeropuerto Internacional del Pacífico.
Por otro lado, la comisión de hacienda también estudiará reformar la ley de presupuesto general del estado 2023 para destinar a CEPA $600,000 para la ejecución de dos proyectos de inversión: ampliación del patio de contenedores del puerto de Acajutla, etapa II, y la construcción y el equipamiento de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, San Salvador.
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Los diputados de la Comisión Agropecuaria iniciaron el estudio de una iniciativa que busca declarar como inmuebles con función social las zonas productivas agrícolas y ganaderas aledañas al periférico Claudia Lars, en La Libertad, y aquellas comprendidas dentro del Distrito de Riego y Avenamiento n.° 1, Zapotitán.
Esta disposición busca proteger 3,000 hectáreas de tierras agrícolas y ganaderas situadas en el kilómetro 30 de la carretera que de San Salvador conduce a Santa Ana, pertenecientes a los municipios de Colón, San Juan Opico y Ciudad Arce del departamento de La Libertad. También a las jurisdicciones de El Congo, en Santa Ana, y Armenia, en Sonsonate.
La diputada Norma Lobo expresó que, tras la construcción del periférico Claudia Lars, diversos empresarios han externado su interés de invertir en estas áreas, por lo que es necesario establecer una normativa que proteja las tierras agrícolas y ganaderas de la zona.
“Esta iniciativa permitirá que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente cuenten con las herramientas legales para velar por el buen uso de los suelos y la protección de los ríos”, sostuvo la parlamentaria.
Para el estudio del anteproyecto de ley, los legisladores recibieron los aportes de la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y de representantes del Ministerio Agricultura y Ganadería (MAG).
Durante su intervención, la titular de Vivienda explicó que estas propuestas son fundamentales para lograr un equilibrio entre la erradicación del déficit habitacional y el aseguramiento de tierras fértiles para la producción agrícola.
“Los esfuerzos de este Gobierno están enfocados en garantizar la soberanía alimentaria del país. Debemos establecer un equilibrio para poder erradicar el déficit de vivienda, pero también asegurar tierras para la producción agrícola”, indicó la funcionaria.
Por su parte, la directora legal del Ministerio de Agricultura, Claudia Díaz, señaló que la institución ha realizado estudios para identificar el asentamiento de comunidades, granjas e industrias que funcionan en la zona sin tener los permisos pertinentes.
El legislador Ricardo Rivas, presidente de la Comisión Agropecuaria, sostuvo que con esta iniciativa se busca generar una dinámica productiva autosostenible, en el marco de la implementación de proyectos agrícolas y ganaderos amigables con el medio ambiente y los recursos naturales.
“Debemos saldar este tema para tener seguridad alimentaria. Para los próximos años, queremos tener la certeza de que contaremos con alimentos en la mesa del pueblo», dijo el legislador de Nuevas Ideas.
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