Política
Asamblea avala recursos para que Obras Públicas mejore red vial y rehabilite puentes
En la sesión plenaria número 102, los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron la Ley de Presupuesto 2023 para respaldar diversos proyectos que ejecutará el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para beneficio de la población de varios municipios.
Con 76 votos, los legisladores avalaron la incorporación de $20 millones para ejecutar tres proyectos de reconstrucción de calles y puentes y uno de rehabilitación de conectividad vial y peatonal. Este monto se distribuye de la siguiente manera:
Entre los proyectos de inversión pública se encuentra la reconstrucción de bordas en el río Grande, que abarca una ubicación en San Miguel y en los municipios de Usulután y Concepción Batres, departamento de Usulután.
Con este plan, que tendrá una inversión de $4 millones y que incluye el diseño, la construcción y la supervisión de las obras, resultarán beneficiadas 750 familias, quienes residen en las zonas aledañas antes mencionadas.
En el pleno también fue expuesto un segundo proyecto, que consiste en la reconstrucción de la calle que conduce de Panchimalco a cantones El Divisadero y Panchimalquito, situados en el municipio de Panchimalco, departamento de San Salvador.
De acuerdo con lo planteado en el pleno, la inversión sería de un millón de dólares y este proyecto beneficiará a un total de 41, 260 residentes de esa área.
Además, con un total de $13 millones, el MOP también reconstruirá un puente situado sobre el río Titihuapa, que conecta el tramo entre Ciudad Dolores (San Vicente) y San Ildefonso (Cabañas). Con dicha obra, los beneficiados serán 13, 600 habitantes.
“Estamos respaldando la construcción de un puente sobre el río que une a Cabañas y San Vicente. Entre estos dos departamentos existe un gran intercambio comercial, por ello, este proyecto beneficiará a las comunidades de la zona”, comentó el legislador Pío Amaya.
Por otro lado, con $2 millones, se ejecutará la rehabilitación de tres obras de paso sobre el río Las Piñas, del municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión. Con esto se recuperaría la conectividad vial y peatonal y se beneficiaría a más de 25 mil habitantes.
“En tres años se están haciendo obras muy importantes y que sí le sirven al pueblo, porque mejora la conectividad entre cantones de mi querida gente de Santa Rosa”, dijo el diputado de La Unión, Edwin Serpas.
A su vez, el legislador William Soriano indicó: “Jamás se había visto tanta inversión en el departamento de La Unión. Para mi gente del cantón Las Cañas, de Santa Rosa de Lima –que abarca los caseríos de la zafra- y que colinda con algunos caseríos en Anamorós, les quiero decir: Les hemos cumplido”.
De acuerdo con el funcionario Soriano, con la inversión de los 2 millones de dólares se va a poder reconstruir el puente, se edificará pasos peatonales, se colocará iluminarias, se reconectará el paso vial.
“Mientras otros se dedicaban a botar puentes, nosotros nos dedicamos a construirlos y a garantizar la seguridad de los salvadoreños”, comentó el diputado Soriano. “Los niños podrán ir a la escuela sin necesidad de mojarse los zapatos, los adultos podrán ir a comprar a otros caseríos sin tener que pasar por un río exponiendo su vida”, agregó.
Estos recursos provienen de un préstamo suscrito entre el Banco Mundial y el gobierno de la República, bajo el proyecto “Crecer y aprender juntos: desarrollo integral de la primera infancia”.
El empréstito fue aprobado en mayo de 2021 y contiene una cláusula que le permite al Estado utilizar una respuesta contingente para atender emergencias ocasionadas por eventos medioambientales, como sequías, tormentas, inundaciones, entre otras.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
