Política
Asamblea aprueba prórroga del régimen de excepción para combatir a las pandillas
La Asamblea Legislativa prorrogó ayer por 30 días en todo el territorio nacional la vigencia del régimen de excepción, una herramienta constitucional que, junto a la estrategia del Plan Control Territorial (PCT), del gobierno del presidente Nayib Bukele, ha llevado a que El Salvador sea el país más seguro en América Latina.
El congreso recibió la petición del consejo de ministros para extender la medida por 22a. ocasión, y fue aprobada con 67 votos. Los diputados de ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo no apoyaron, presentando los mismos argumentos que en plenarias anteriores, resaltando una supuesta violación de derechos humanos.
«El régimen de excepción continúa […] reafirmamos una vez más nuestro compromiso por el bienestar de los salvadoreños de bien», escribió el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en su cuenta de X al anunciar el envío de la petición al parlamento.
El Gabinete de Seguridad Pública presentó a inicios de este año los resultados históricos que ubican a El Salvador como el país más seguro de la región, y en el continente en segundo lugar, después de Canadá.
Las cifras oficiales indican que durante 2023 se registraron 154 homicidios, con una tasa de 2.4 asesinatos por cada 100,000 habitantes (en 2015 fue de 106.3), con un promedio diario de 0.4 homicidios y resolviéndose el 94.8 % de los asesinatos ocurridos, siendo el año más seguro en la historia de la nación.
Desde la entrada en vigor del régimen de excepción, han sido capturados 75,163 pandilleros, mareros y colaboradores de grupos criminales, se han incautado más de 7,000 vehículos a dichas estructuras, más de 18,000 teléfonos celulares y más de 3,600 armas de fuego, entre estas 333 largas.
«No hay nada parecido en el mundo de lo que estamos logrando ahora mismo en El Salvador. Sin embargo, hemos trazado una ruta a seguir, para que otros países puedan replicarlo y luchar por la verdadera paz y seguridad de su gente», ponderó el ministro Villatoro.
Las autoridades de Justicia y Seguridad Pública han señalado que la implementación del régimen de excepción terminará hasta que haya sido detenido el último pandillero en el territorio nacional.
Las encuestas de opinión pública, tanto nacionales como internacionales, destacan el abrumador respaldo de la población para con el régimen de excepción pues este les ha llevado tranquilidad a sus comunidades.
El estado de excepción está vigente desde el 27 de marzo de 2022, luego de una ola de asesinatos cometidos por pandillas en doce de los catorce departamentos del país, mientras que el PCT se desarrolla desde junio de 2019.
La estrategia de seguridad pública que impulsa el gobierno del presidente Nayib Bukele, además de reducir drásticamente los homicidios en el país ha permitido la recuperación de territorios en poder de las pandillas y ha llevado paz, armonía y seguridad a las comunidades.
El presidente del congreso, Ernesto Castro, reiteró que continuarán respaldando esta medida el tiempo que sea necesario. «Vamos a continuar con las medidas de seguridad hasta capturar al último pandillero. Este día, volveremos a defender la vida y la seguridad de cada salvadoreño», dijo Castro.
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.
