Política
Asamblea aprueba prórroga del régimen de excepción para combatir a las pandillas
La Asamblea Legislativa prorrogó ayer por 30 días en todo el territorio nacional la vigencia del régimen de excepción, una herramienta constitucional que, junto a la estrategia del Plan Control Territorial (PCT), del gobierno del presidente Nayib Bukele, ha llevado a que El Salvador sea el país más seguro en América Latina.
El congreso recibió la petición del consejo de ministros para extender la medida por 22a. ocasión, y fue aprobada con 67 votos. Los diputados de ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo no apoyaron, presentando los mismos argumentos que en plenarias anteriores, resaltando una supuesta violación de derechos humanos.
«El régimen de excepción continúa […] reafirmamos una vez más nuestro compromiso por el bienestar de los salvadoreños de bien», escribió el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en su cuenta de X al anunciar el envío de la petición al parlamento.
El Gabinete de Seguridad Pública presentó a inicios de este año los resultados históricos que ubican a El Salvador como el país más seguro de la región, y en el continente en segundo lugar, después de Canadá.
Las cifras oficiales indican que durante 2023 se registraron 154 homicidios, con una tasa de 2.4 asesinatos por cada 100,000 habitantes (en 2015 fue de 106.3), con un promedio diario de 0.4 homicidios y resolviéndose el 94.8 % de los asesinatos ocurridos, siendo el año más seguro en la historia de la nación.
Desde la entrada en vigor del régimen de excepción, han sido capturados 75,163 pandilleros, mareros y colaboradores de grupos criminales, se han incautado más de 7,000 vehículos a dichas estructuras, más de 18,000 teléfonos celulares y más de 3,600 armas de fuego, entre estas 333 largas.
«No hay nada parecido en el mundo de lo que estamos logrando ahora mismo en El Salvador. Sin embargo, hemos trazado una ruta a seguir, para que otros países puedan replicarlo y luchar por la verdadera paz y seguridad de su gente», ponderó el ministro Villatoro.
Las autoridades de Justicia y Seguridad Pública han señalado que la implementación del régimen de excepción terminará hasta que haya sido detenido el último pandillero en el territorio nacional.
Las encuestas de opinión pública, tanto nacionales como internacionales, destacan el abrumador respaldo de la población para con el régimen de excepción pues este les ha llevado tranquilidad a sus comunidades.
El estado de excepción está vigente desde el 27 de marzo de 2022, luego de una ola de asesinatos cometidos por pandillas en doce de los catorce departamentos del país, mientras que el PCT se desarrolla desde junio de 2019.
La estrategia de seguridad pública que impulsa el gobierno del presidente Nayib Bukele, además de reducir drásticamente los homicidios en el país ha permitido la recuperación de territorios en poder de las pandillas y ha llevado paz, armonía y seguridad a las comunidades.
El presidente del congreso, Ernesto Castro, reiteró que continuarán respaldando esta medida el tiempo que sea necesario. «Vamos a continuar con las medidas de seguridad hasta capturar al último pandillero. Este día, volveremos a defender la vida y la seguridad de cada salvadoreño», dijo Castro.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
