Política
Asamblea aprueba Ley de Creación del Ente Nacional de Transmisión Eléctrica
Con 66 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación del Ente Nacional de Energía Eléctrica, para garantizar que en El Salvador haya energía constante y de buena calidad.
El ente será el responsable del planteamiento de expansión, construcción de nuevas ampliaciones y refuerzos de la red de transmisión de energía eléctrica para para atender el crecimiento de la demanda de electricidad de una forma confiable y brindando un mejor servicio.
Con el surgimiento de esta entidad también se busca generar mayor inversión en la energía renovable para lograr que los consumidores finales tengan acceso a este recurso, pero a bajo costo.
La diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales, explicó que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) es la responsable de regular la energía eléctrica y la encargada de la generación de la misma son la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y LAGEO. Además, de la transmisión se encarga la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL) y la distribuyen empresas como AES y DEL SUR y finalmente llega al consumidor.
“El ente va a generar todas las políticas que van en función de lo que va a ejecutar ETESAL. El ente va a poder generar la política de electricidad, el crecimiento, la implementación y la elaboración del plan de expansión energético y esto lo va a hacer de la mano con instituciones del Estado”, sostuvo la parlamentaria.
El ente nacional trabajará de manera articulada y permanente con los ministerios, autónomas y operadores del sector eléctrico nacional para recopilar la información de los avances y necesidades que presenten los polos de desarrollo para que la ETESAL prepare un plan quinquenal de expansión de transmisión, el cual deberá ser aprobado por la SIGET.
“El ente va a estar regido por los lineamientos y directrices que la SIGET mande. Queremos ser más eficientes en el tema de la transmisión y esto generaría menos costos que serían trasladados a todas las familias salvadoreñas”, apuntó el diputado Samuel Martínez.
El patrimonio del Ente Nacional de Transmisión eléctrica estará conformado por la totalidad de las acciones que conforman el capital de ETESAL, la Empresa Propietaria de la Red, Sociedad Anónima (EPR, S.A.) y las servidumbres de electroducto constituidas a favor de la (CEL).
La institución tendrá derecho público, así como autonomía administrativa y presupuestaria. Al aprobar esta ley, la nueva Asamblea Legislativa está saldando una deuda histórica, ya que la Ley General de Electricidad establece que la transmisión de la red energética debe de estar separada de la generación de la misma.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
