Política
1,842 fiscales serán desplegados en las elecciones a nivel nacional e internacional
El 4 de febrero, un equipo 1,842 fiscales serán desplegados a nivel nacional e internacional como garantes de las elecciones presidenciales y legislativas.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantendrá una vigilancia permanente durante todo el proceso electoral con el fin de evitar que se cometa cualquier tipo de delito en el proceso electoral.
La fiscal electoral, Alma Campos, manifestó que como institución van a velar por la legalidad de los procedimientos en materia electoral, mediante la correcta aplicación del Código Electoral y la Constitución de la República.
«En el voto nacional se ha decidido designar 1,811 fiscales que van a ser parte de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que van estar funcionando en los 1,595 centros de votación que va a destacar el Tribunal Supremo Electoral (TSE)», dijo Campos.
La Fiscalía Electoral ha decidido que por cada 10 Juntas Receptoras de Votos habrá un fiscal también conocido como delegado electoral, la idea es que haya un mejor control respecto al funcionamiento de las JRV.
Según Campos, cuando finalice el escrutinio preliminar, el TSE a través de las Juntas Receptoras de Votos debe extender una copia del acta de ese escrutinio a la Fiscalía General de la República y luego remitirla a la Unidad Electoral.
Todas las actas que recolectarán todos los delegados electorales irán a las 19 oficinas fiscales que hay en el país y luego serán trasladadas al hotel sede donde se realizará el escrutinio final 48 horas después del día de las elecciones.
«De las mesas que el Tribunal Supremo Electoral establezca que van estar funcionando en el escrutinio final nosotros vamos a delegar un fiscal por mesa para que de igual manera tengamos certeza de que, lo que se va dejar en el acta de escrutinio final sea lo que dicen las actas de escrutinio preliminar que han traído todos los delegados, vamos a tener presencia para constatar la legalidad de los datos que se van estar contabilizando», sostuvo la fiscal electoral.
Los delegados electorales son fiscales de carrera y abogados particulares contratados para que apoyen en el proceso electoral. La Fiscalía tiene la capacidad para cubrir con su personal los centros de votación, pero no todos pueden ser designados a esa actividad ya que no se puede descuidar el trabajo de combate a la delincuencia, por eso contrató abogados temporales.
Sobre los abogados contratados hay un control exhaustivo y han sido capacitados junto a los fiscales de carrera para que aborden el tema electoral con todas las credenciales.
Voto en el exterior
Con la vigencia de la Ley Especial del Voto en el Extranjero, una de las novedades para las elecciones 2024, se creó la Junta Electoral del Voto en el Exterior (Jelvex) un organismo electoral temporal diseñado para que funcione en el país.
La Jelvex se instaló el 6 de enero de 2024, día en que inició el voto remoto por internet y la sede de ese organismo funciona en una casa cercana al TSE.
La Fiscalía ha destacado personal para verificar la movilidad y la forma de cómo el sistema está registrando el voto que se está realizando vía internet por los salvadoreños que están en el extranjero.
Se verifica el porcentaje diario de avance de la elección, pero sin dar resultados, sino viendo por ejemplo cuantas personas votaron por día y en qué país.
La otra forma de votación que la ley ha definido es el voto presencial a través de internet, el día de las elecciones los salvadoreños en el exterior podrán llegar a emitir el sufragio en 81 sedes en diferentes países, la Fiscalía tendrán presencia en 31 centros. En Estados Unidos serán desplegados en 10 estados, en Centroamérica, Colombia, Italia, Alemania y España.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
