Política
1,842 fiscales serán desplegados en las elecciones a nivel nacional e internacional
El 4 de febrero, un equipo 1,842 fiscales serán desplegados a nivel nacional e internacional como garantes de las elecciones presidenciales y legislativas.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantendrá una vigilancia permanente durante todo el proceso electoral con el fin de evitar que se cometa cualquier tipo de delito en el proceso electoral.
La fiscal electoral, Alma Campos, manifestó que como institución van a velar por la legalidad de los procedimientos en materia electoral, mediante la correcta aplicación del Código Electoral y la Constitución de la República.
«En el voto nacional se ha decidido designar 1,811 fiscales que van a ser parte de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que van estar funcionando en los 1,595 centros de votación que va a destacar el Tribunal Supremo Electoral (TSE)», dijo Campos.
La Fiscalía Electoral ha decidido que por cada 10 Juntas Receptoras de Votos habrá un fiscal también conocido como delegado electoral, la idea es que haya un mejor control respecto al funcionamiento de las JRV.
Según Campos, cuando finalice el escrutinio preliminar, el TSE a través de las Juntas Receptoras de Votos debe extender una copia del acta de ese escrutinio a la Fiscalía General de la República y luego remitirla a la Unidad Electoral.
Todas las actas que recolectarán todos los delegados electorales irán a las 19 oficinas fiscales que hay en el país y luego serán trasladadas al hotel sede donde se realizará el escrutinio final 48 horas después del día de las elecciones.
«De las mesas que el Tribunal Supremo Electoral establezca que van estar funcionando en el escrutinio final nosotros vamos a delegar un fiscal por mesa para que de igual manera tengamos certeza de que, lo que se va dejar en el acta de escrutinio final sea lo que dicen las actas de escrutinio preliminar que han traído todos los delegados, vamos a tener presencia para constatar la legalidad de los datos que se van estar contabilizando», sostuvo la fiscal electoral.
Los delegados electorales son fiscales de carrera y abogados particulares contratados para que apoyen en el proceso electoral. La Fiscalía tiene la capacidad para cubrir con su personal los centros de votación, pero no todos pueden ser designados a esa actividad ya que no se puede descuidar el trabajo de combate a la delincuencia, por eso contrató abogados temporales.
Sobre los abogados contratados hay un control exhaustivo y han sido capacitados junto a los fiscales de carrera para que aborden el tema electoral con todas las credenciales.
Voto en el exterior
Con la vigencia de la Ley Especial del Voto en el Extranjero, una de las novedades para las elecciones 2024, se creó la Junta Electoral del Voto en el Exterior (Jelvex) un organismo electoral temporal diseñado para que funcione en el país.
La Jelvex se instaló el 6 de enero de 2024, día en que inició el voto remoto por internet y la sede de ese organismo funciona en una casa cercana al TSE.
La Fiscalía ha destacado personal para verificar la movilidad y la forma de cómo el sistema está registrando el voto que se está realizando vía internet por los salvadoreños que están en el extranjero.
Se verifica el porcentaje diario de avance de la elección, pero sin dar resultados, sino viendo por ejemplo cuantas personas votaron por día y en qué país.
La otra forma de votación que la ley ha definido es el voto presencial a través de internet, el día de las elecciones los salvadoreños en el exterior podrán llegar a emitir el sufragio en 81 sedes en diferentes países, la Fiscalía tendrán presencia en 31 centros. En Estados Unidos serán desplegados en 10 estados, en Centroamérica, Colombia, Italia, Alemania y España.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
