Judicial
ÚLTIMA HORA: Alcalde Muyshondt y su Concejo Municipal fueron denunciados en la fiscalía por malversación de fondos
El Alcalde de San Salvador, fue denunciado por el Apoderado de MIDES, Lic. Carlos Miranda, por presunta malversación de los fondos de las Tasas de disposición final de desechos sólidos al cobrar y utilizar tasas municipales para un fin distinto, sin pagar los más de 2.9 millones de dólares que adeuda a MIDES.
Las Tasas por Servicios Municipales, tienen uso único y exclusivo, en este caso es para el pago de la disposición final de los desechos las cuales ya fueron cobradas mes a mes a través de las facturas de energía eléctrica, sin embargo, según el denunciante “existe un capricho antojadizo y muy probablemente basado en intereses oscuros por afectar a MIDES, del que también la comuna capitalina es socia a través del COAMSS (Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador).
Y es que de acuerdo a la denuncia no se han trasladado los pagos por el manejo, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos recolectados y trasladados al relleno sanitario que ya prestó MIDES desde el mes de agosto de 2018 y según el abogado penalista: “a pesar de encontrarse vigente el contrato, ante los avisos de cobro, el alcalde se inventó una emergencia ambiental, que por cierto no le prosperó en el Juzgado Ambiental, por ser falaz y así utilizó fondos públicos para contratar una empresa propiedad del señor Salume, que no posee los permisos del MARN ni la capacidad técnica para recibir entre 660 a 800 toneladas diarias de basura de San Salvador, las de Santa Tecla y otras 18 alcaldías. El permiso para procesar en el relleno de La Libertad era para 42 toneladas diarias y fue hasta el 10 de diciembre del 2018 que de forma el Ministerio de Medio Ambiente autorizó e incrementó hasta un máximo de 500 toneladas diarias, recibiendo a la fecha más de un mil toneladas diarias excediéndose en más de 700 toneladas de su capacidad autorizada lo que deriva en una contaminación ambiental.
El Juzgado Ambiental tiene conocimiento de ello y ya existe un dictamen técnico del equipo multidiciplinario ambiental de la Corte Suprema de Justicia, resolución que en su numeral 5 obligaba a la Ministra Lina Pohl a cumplir con el Art. 19 de la Ley de Medio Ambiente el cual le ordenaba iniciar el procedimiento sancionatorio, tal como reza el Art. 91 de la citada ley, cosa que la Ministra desobedeció.
Los incumplimientos a la ley Penal, provocará una verdadera emergencia ambiental para las personas que residen en los municipios aledaños al Puerto de La Libertad, ya que se contaminará el suelo y los mantos acuíferos.
La responsabilidad penal recaerá sobre la Ministra Lina Polh, por haber otorgado permisos de forma irregular y más grave aún, por no haber iniciado el proceso sancionatorio contra PULSEM, por haber estado operando sin permiso ambiental de funcionamiento y ahora por no estar ejerciendo los controles para garantizar que el relleno sanitario de Melara no esté operando por arriba del doble de la capacidad que le fue autorizada.
La Corte de Cuentas de la República, también ha iniciado al trámite administrativo para auditar las supuestas irregularidades atribuidas al señor Alcalde Ernesto Muyshondt y al Concejo Municipal Plural de la ciudad de San Salvador, con funciones desde el uno de mayo de dos mil dieciocho al treinta de abril de dos mil veintiuno, basado principalmente a que mientras se encontraba vigente el contrato con MIDES, el concejo municipal plural emitió un decreto de emergencia, basado en un supuesto paro técnico que nunca existió, y fue la base para contratar de forma directa los servicios de la sociedad Gestión Integral de Desechos, S.A. de C.V., Sociedad que No posee ningún permiso ambiental, por lo que debe investigarse también los sobre precios y sus diferencias entre lo que paga la Alcaldia de San Salvador al Señor Salume, único propietario y lo que éste le paga al relleno sanitario PULSEM, para conocer si no hay adicionalmente una administración fraudulenta en contra del accionista quien es la Alcaldia de La Libertad, siendo este el accionista más afectado de esta malversación de fondos públicos, dijo el abogado Juan Andrés Santamaría, también apoderado legal de la empresa de Manejo Integral de Desechos Sólidos, MIDES.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
