Judicial
ÚLTIMA HORA: Alcalde Muyshondt y su Concejo Municipal fueron denunciados en la fiscalía por malversación de fondos
El Alcalde de San Salvador, fue denunciado por el Apoderado de MIDES, Lic. Carlos Miranda, por presunta malversación de los fondos de las Tasas de disposición final de desechos sólidos al cobrar y utilizar tasas municipales para un fin distinto, sin pagar los más de 2.9 millones de dólares que adeuda a MIDES.
Las Tasas por Servicios Municipales, tienen uso único y exclusivo, en este caso es para el pago de la disposición final de los desechos las cuales ya fueron cobradas mes a mes a través de las facturas de energía eléctrica, sin embargo, según el denunciante “existe un capricho antojadizo y muy probablemente basado en intereses oscuros por afectar a MIDES, del que también la comuna capitalina es socia a través del COAMSS (Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador).
Y es que de acuerdo a la denuncia no se han trasladado los pagos por el manejo, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos recolectados y trasladados al relleno sanitario que ya prestó MIDES desde el mes de agosto de 2018 y según el abogado penalista: “a pesar de encontrarse vigente el contrato, ante los avisos de cobro, el alcalde se inventó una emergencia ambiental, que por cierto no le prosperó en el Juzgado Ambiental, por ser falaz y así utilizó fondos públicos para contratar una empresa propiedad del señor Salume, que no posee los permisos del MARN ni la capacidad técnica para recibir entre 660 a 800 toneladas diarias de basura de San Salvador, las de Santa Tecla y otras 18 alcaldías. El permiso para procesar en el relleno de La Libertad era para 42 toneladas diarias y fue hasta el 10 de diciembre del 2018 que de forma el Ministerio de Medio Ambiente autorizó e incrementó hasta un máximo de 500 toneladas diarias, recibiendo a la fecha más de un mil toneladas diarias excediéndose en más de 700 toneladas de su capacidad autorizada lo que deriva en una contaminación ambiental.
El Juzgado Ambiental tiene conocimiento de ello y ya existe un dictamen técnico del equipo multidiciplinario ambiental de la Corte Suprema de Justicia, resolución que en su numeral 5 obligaba a la Ministra Lina Pohl a cumplir con el Art. 19 de la Ley de Medio Ambiente el cual le ordenaba iniciar el procedimiento sancionatorio, tal como reza el Art. 91 de la citada ley, cosa que la Ministra desobedeció.
Los incumplimientos a la ley Penal, provocará una verdadera emergencia ambiental para las personas que residen en los municipios aledaños al Puerto de La Libertad, ya que se contaminará el suelo y los mantos acuíferos.
La responsabilidad penal recaerá sobre la Ministra Lina Polh, por haber otorgado permisos de forma irregular y más grave aún, por no haber iniciado el proceso sancionatorio contra PULSEM, por haber estado operando sin permiso ambiental de funcionamiento y ahora por no estar ejerciendo los controles para garantizar que el relleno sanitario de Melara no esté operando por arriba del doble de la capacidad que le fue autorizada.
La Corte de Cuentas de la República, también ha iniciado al trámite administrativo para auditar las supuestas irregularidades atribuidas al señor Alcalde Ernesto Muyshondt y al Concejo Municipal Plural de la ciudad de San Salvador, con funciones desde el uno de mayo de dos mil dieciocho al treinta de abril de dos mil veintiuno, basado principalmente a que mientras se encontraba vigente el contrato con MIDES, el concejo municipal plural emitió un decreto de emergencia, basado en un supuesto paro técnico que nunca existió, y fue la base para contratar de forma directa los servicios de la sociedad Gestión Integral de Desechos, S.A. de C.V., Sociedad que No posee ningún permiso ambiental, por lo que debe investigarse también los sobre precios y sus diferencias entre lo que paga la Alcaldia de San Salvador al Señor Salume, único propietario y lo que éste le paga al relleno sanitario PULSEM, para conocer si no hay adicionalmente una administración fraudulenta en contra del accionista quien es la Alcaldia de La Libertad, siendo este el accionista más afectado de esta malversación de fondos públicos, dijo el abogado Juan Andrés Santamaría, también apoderado legal de la empresa de Manejo Integral de Desechos Sólidos, MIDES.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 12 años y seis meses de cárcel a José Melvin Rivera Ortega, tras comprobarse su responsabilidad en un caso de violación agravada continuada ocurrido en un hospedaje de Guazapa, San Salvador Norte.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador declaró culpable a José Melvin Rivera Ortega y lo condenó a 12 años y seis meses de prisión por el delito de violación agravada en la modalidad de delito continuado.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2024 en un hospedaje del distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, donde el imputado llevó a la víctima bajo engaños.
Una vez en el lugar, Rivera Ortega amenazó a la víctima con una navaja y la agredió sexualmente en varias ocasiones, manteniéndola retenida hasta el día siguiente. La mujer logró escapar y acudió a la Unidad de la Mujer de la Policía Nacional Civil (PNC) de Chalatenango, donde relató lo sucedido y formalizó la denuncia con apoyo de las autoridades fiscales.
Tras la valoración de las pruebas presentadas, el tribunal determinó la culpabilidad del procesado y, además de la pena de prisión, lo condenó al pago de $960 en concepto de responsabilidad civil.
En un caso similar, el pasado 30 de octubre, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de cárcel a Alexis Hernández, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra una menor en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador.
Según la investigación, Hernández contactó a la víctima mediante redes sociales, la engañó para que se reuniera con él y la retuvo en su vivienda, donde la agredió sexualmente durante dos días. La menor denunció los hechos tras contarle a su madre lo ocurrido.
Ambos casos refuerzan los esfuerzos del sistema judicial salvadoreño por garantizar justicia para las víctimas de violencia sexual y aplicar sanciones ejemplares a los agresores.
Judicial
Inicia juicio contra seis acusados por traficar más de 300 kilos de cocaína valorados en $8 millones en El Salvador
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla instaló el juicio contra seis personas señaladas de traficar 319 kilogramos de cocaína en distintos puntos del país. La Fiscalía General de la República (FGR) valora la droga incautada en más de 8 millones de dólares.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla dio inicio al juicio contra seis acusados de integrar una red de tráfico ilícito de drogas, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) responsabiliza del traslado y comercialización de 319 kilogramos de cocaína valorados en $8,019,660.
Los procesados fueron identificados como José Carlos Beltrán Torres, Luis Roberto Ayala Serrano —ex motorista del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT)—, Mercedes Eugenia Flores Soriana, Henry Antonio Umaña Lovo, Josué Rigoberto Flores Girón y Marvin Antonio Vásquez Alvarado.
De acuerdo con el ministerio público, todos enfrentan cargos por tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas, mientras que Ayala Serrano también será procesado por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
Según la investigación, los imputados fueron capturados el 7 de abril de 2023 durante varios operativos antidroga coordinados con la Policía Nacional Civil (PNC). En uno de los procedimientos se incautaron 100 kilogramos de cocaína sobre el bulevar Orden de Malta, en la urbanización Santa Elena de Antiguo Cuscatlán, y otros 74 kilogramos en la colonia Quezaltepeque de Santa Tecla.
La FGR también los vincula con otros 145 kilogramos de droga hallados en una embarcación abandonada en la playa Las Hojas, La Paz, en marzo del mismo año.
“Contamos con abundante prueba documental, pericial y testimonial que permitirá demostrar la responsabilidad penal de los procesados y solicitar una condena ejemplar”, expresó el fiscal del caso.
Con este proceso, la Fiscalía busca desmantelar estructuras criminales dedicadas al narcotráfico internacional, las cuales utilizan rutas terrestres y marítimas para movilizar droga hacia el norte del continente.
Alexis Hernández ha sido condenado a 20 años de cárcel por abusar sexualmente de una menor de edad, en Santo Tomás, San Salvador Sur.
Este sujeto contactó a la víctima a través de redes sociales y consiguió engañarla para encontrarse con ella. Hernández la llevó a su casa, la retuvo y abusó de ella, durante dos días.
Cuando la menor regresó a casa, le contó a su madre sobre los ataques del imputado.
La condena fue impuesta por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador.
