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Técnicas del MARN violan la Ley para conceder autorización a empresa de Salume
Tomado de La Noticia SV
Continúan los señalamientos en contra de la alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano y de personal técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por estar encaminando sus actuaciones con el fin de favorecer ilegalmente una empresa propiedad del Sr. Salume que administra el botadero municipal del Puerto de La Libertad.
De acuerdo a una fuente al interior de la municipalidad de Soyapango, la alcaldesa juntamente con familiares cercanos negociaron trasladar el contrato por la disposición final de la basura a favor de la empresa PULSEM, propiedad de Salume; esta negociación cuyos términos de fondo se desconocen al menos en parte del Concejo Municipal, se da al momento en que PULSEM ha sido cuestionada por haber estado brindando a otras municipalidades servicios fuera de la capacidad para recepción de basura que le fue autorizada por el MARN, durante los años 2017 y 2018.
El principal caso fue el de la municipalidad de Santa Tecla, que durante la administración del Exalcalde Roberto d’Aubuisson del partido ARENA, contrató la empresa PULSEM a pesar que ésta ocultó que solamente contaba con permiso para dar disposición final a 42 toneladas diarias de basura, cuando la alcaldía tecleña trasladaba unas 160 toneladas diaria de basura al sitio. Por estos hechos la Corte de Cuentas de la República (CCR) sancionó al Exalcalde y su concejo municipal por graves reparos patrimoniales. Sin embargo, a pesar de esa resolución la actual administración municipal de Santa Tecla no aplicó la ley de contrataciones del Estado, que establece la inhabilitación por cinco años a quienes invoquen hechos falsos para recibir contratos, sino que le brindó un nuevo contrato a Salume cuyo valor era casi $7 dólares más alto por tonelada de basura recibida que el otro ofertante.
Técnica del MARN pretende “brincarse” la ley.
La misma fuente informó a este medio que la empresa PULSEM, que en el año 2011 siendo Viceministra del MARN Lina Pohl, hoy prófuga de la justicia, recibió una modificación al permiso ambiental para pasar de relleno manual (20 toneladas de basura por día) a relleno semimecanizado (42 toneladas de basura por día) sin realizar un Estudio de Impacto Ambiental; ahora está a punto de ser favorecido por las técnicas ambientales María Fernanda González y Luisa María Cañas Villacorta, quienes pretenden emitir un dictamen técnico autorizando un aumento para pasar a recibir 1 mil toneladas diarias de basura, sin cumplir con los procedimientos que establece la Ley de Medio Ambiente.
Consultado el abogado ambientalista Edgar Lemus, sobre la procedencia y legalidad en las actuaciones del personal del MARN, manifestó que “ningún funcionario o autoridad está por encima de la ley y menos para favorecer los intereses particulares de un empresario, destacando que la Ley de Medio Ambiente requiere para la modificación de cualquier proyecto y especialmente los que tienen relación con el manejo, tratamiento y disposición final de la basura de la presentación de un formulario ambiental para que se generen los términos de referencia sobre los que se ha de producir el Estudio de Impacto Ambiental, mismo que debe ser dispuesto en consulta pública ante las comunidades que podrán verse afectadas por el proyecto o sus modificaciones. Por el contrario, acá el MARN no está protegiendo las comunidades y el medio ambiente, sino que se está saltando la ley para favorecer un negocio privado de Salume.”
El abogado Lemus también hizo de conocimiento que ha presentado una demanda ante la Sala de lo Constitucional para que evalúe si el permiso ambiental entregado a la empresa de Salume, con las modificaciones de los años 2011 y 2018 son o no legales, pues existían pruebas de incumplimientos de medidas ambientales y a pesar de eso fue autorizada por Lina Pohl, primero como viceministra y luego ministra del MARN. También cuestionó que las Directoras de Gestión Ambiental del MARN, primero Manlia Romero y luego Celina Monterrosa no hayan tomado en cuenta los informes y consultas ciudadanas que cuestionaban la autorización del relleno sanitario en la zona protegida del bosque Walter Thilo Deininger y la afectación de las reservas de agua superficiales y subterráneas de la zona. “Acá pueden haber hechos de corrupción por parte de exfuncionarios y tomando en cuenta la reforma penal que evita que tales hechos prescriban el abogado manifestó que presentará en los próximos días las denuncias correspondientes para que se investigue y se llegue a la verdad sobre la legitimidad o no de esas autorizaciones”. Concluyó.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) contabilizó 61 sismos en Mercedes Umaña, Usulután Norte, entre las 11:11 de la mañana y las 5:00 de la tarde del martes 20 de octubre de 2026. El reporte corresponde a una secuencia registrada en un período de cinco horas y 49 minutos.
De acuerdo con la información institucional citada por El Blog, cinco de los movimientos fueron sentidos por la población. El balance distingue entre los eventos detectados por los instrumentos de monitoreo y aquellos que los habitantes lograron percibir.
El MARN atribuyó esta actividad a la activación de fallas geológicas en la zona. Estas estructuras son fracturas de la corteza terrestre donde el desplazamiento de bloques de roca libera energía y genera movimientos sísmicos.
La cifra de 61 eventos corresponde al corte de las 5:00 de la tarde y debe interpretarse con ese horario de referencia. La actualización publicada no detalla las magnitudes ni las profundidades de los movimientos, por lo que esos datos requieren consultar los boletines específicos de cada sismo.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en San Salvador a Héctor Alejandro Rosales Bonilla, de 64 años, señalado de colgar a su perro de una pata desde el balcón de su apartamento. La intervención ocurrió después de que el caso fuera denunciado en redes sociales durante la tarde del 20 de octubre.
🔴 URGENTE | Denuncian maltrato a un perrito en Condominio Torre del Sol, San Salvador
🐶 Una denuncia ciudadana alerta que un hombre lleva cerca de 30 minutos agrediendo a un perrito en el quinto piso del Condominio Torre del Sol, sobre la calle El Mirador.
Los fuertes llantos del animal se escuchan desde el interior del inmueble.
🚔 Se pide la intervención inmediata de la @PNCSV y de las instituciones de bienestar animal para proteger al perrito.
Cc: @alcaldia_ss @marioduran @Vi11atoro
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 20, 2026
Según la información policial, las imágenes difundidas mostraban al hombre sosteniendo al animal por sus extremidades desde el balcón. La denuncia permitió que las autoridades conocieran el hecho y procedieran con la detención del presunto responsable.
La PNC informó que Rosales Bonilla será remitido a las autoridades correspondientes por el cargo de maltrato animal. Tras confirmar el arresto, la institución expresó: “No vamos a tolerar este tipo de acciones”.
La información publicada no precisa el estado de salud del perro, si recibió atención veterinaria o bajo qué resguardo quedó después del incidente. Tampoco detalla una resolución judicial contra el detenido, cuya responsabilidad deberá determinarse durante el proceso.
El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Patricia Lissette L. de I., de 53 años, acusada de estafa agravada en perjuicio de ocho personas. Según el requerimiento fiscal, el supuesto fraude asciende a $57,283.50, entregados como inversión en un negocio de distribución de comida preparada.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y 2026. De acuerdo con la acusación, la mujer ofrecía ganancias a quienes aportaran dinero al supuesto emprendimiento, una propuesta con la que habría convencido a las víctimas de entregar distintas cantidades.
La investigación señala que la imputada no pagaba los rendimientos prometidos y posteriormente interrumpía la comunicación con los afectados. La promesa de obtener ganancias y la posterior falta de contacto forman parte del mecanismo de engaño descrito en el expediente fiscal.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios suficientes sobre el delito y la probable participación de la acusada, por lo que ordenó que el proceso continuara a la etapa de instrucción. La mujer permanecerá detenida provisionalmente mientras avanza el caso; esta resolución no constituye una condena.
