Nacionales
Técnicas del MARN violan la Ley para conceder autorización a empresa de Salume
Tomado de La Noticia SV
Continúan los señalamientos en contra de la alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano y de personal técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por estar encaminando sus actuaciones con el fin de favorecer ilegalmente una empresa propiedad del Sr. Salume que administra el botadero municipal del Puerto de La Libertad.
De acuerdo a una fuente al interior de la municipalidad de Soyapango, la alcaldesa juntamente con familiares cercanos negociaron trasladar el contrato por la disposición final de la basura a favor de la empresa PULSEM, propiedad de Salume; esta negociación cuyos términos de fondo se desconocen al menos en parte del Concejo Municipal, se da al momento en que PULSEM ha sido cuestionada por haber estado brindando a otras municipalidades servicios fuera de la capacidad para recepción de basura que le fue autorizada por el MARN, durante los años 2017 y 2018.
El principal caso fue el de la municipalidad de Santa Tecla, que durante la administración del Exalcalde Roberto d’Aubuisson del partido ARENA, contrató la empresa PULSEM a pesar que ésta ocultó que solamente contaba con permiso para dar disposición final a 42 toneladas diarias de basura, cuando la alcaldía tecleña trasladaba unas 160 toneladas diaria de basura al sitio. Por estos hechos la Corte de Cuentas de la República (CCR) sancionó al Exalcalde y su concejo municipal por graves reparos patrimoniales. Sin embargo, a pesar de esa resolución la actual administración municipal de Santa Tecla no aplicó la ley de contrataciones del Estado, que establece la inhabilitación por cinco años a quienes invoquen hechos falsos para recibir contratos, sino que le brindó un nuevo contrato a Salume cuyo valor era casi $7 dólares más alto por tonelada de basura recibida que el otro ofertante.
Técnica del MARN pretende “brincarse” la ley.
La misma fuente informó a este medio que la empresa PULSEM, que en el año 2011 siendo Viceministra del MARN Lina Pohl, hoy prófuga de la justicia, recibió una modificación al permiso ambiental para pasar de relleno manual (20 toneladas de basura por día) a relleno semimecanizado (42 toneladas de basura por día) sin realizar un Estudio de Impacto Ambiental; ahora está a punto de ser favorecido por las técnicas ambientales María Fernanda González y Luisa María Cañas Villacorta, quienes pretenden emitir un dictamen técnico autorizando un aumento para pasar a recibir 1 mil toneladas diarias de basura, sin cumplir con los procedimientos que establece la Ley de Medio Ambiente.
Consultado el abogado ambientalista Edgar Lemus, sobre la procedencia y legalidad en las actuaciones del personal del MARN, manifestó que “ningún funcionario o autoridad está por encima de la ley y menos para favorecer los intereses particulares de un empresario, destacando que la Ley de Medio Ambiente requiere para la modificación de cualquier proyecto y especialmente los que tienen relación con el manejo, tratamiento y disposición final de la basura de la presentación de un formulario ambiental para que se generen los términos de referencia sobre los que se ha de producir el Estudio de Impacto Ambiental, mismo que debe ser dispuesto en consulta pública ante las comunidades que podrán verse afectadas por el proyecto o sus modificaciones. Por el contrario, acá el MARN no está protegiendo las comunidades y el medio ambiente, sino que se está saltando la ley para favorecer un negocio privado de Salume.”
El abogado Lemus también hizo de conocimiento que ha presentado una demanda ante la Sala de lo Constitucional para que evalúe si el permiso ambiental entregado a la empresa de Salume, con las modificaciones de los años 2011 y 2018 son o no legales, pues existían pruebas de incumplimientos de medidas ambientales y a pesar de eso fue autorizada por Lina Pohl, primero como viceministra y luego ministra del MARN. También cuestionó que las Directoras de Gestión Ambiental del MARN, primero Manlia Romero y luego Celina Monterrosa no hayan tomado en cuenta los informes y consultas ciudadanas que cuestionaban la autorización del relleno sanitario en la zona protegida del bosque Walter Thilo Deininger y la afectación de las reservas de agua superficiales y subterráneas de la zona. “Acá pueden haber hechos de corrupción por parte de exfuncionarios y tomando en cuenta la reforma penal que evita que tales hechos prescriban el abogado manifestó que presentará en los próximos días las denuncias correspondientes para que se investigue y se llegue a la verdad sobre la legitimidad o no de esas autorizaciones”. Concluyó.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a siete años de prisión a Adalberto Antonio Miranda Zepeda, hijo del fallecido Catalino Miranda, tras encontrarlo responsable del delito de estafa agravada en perjuicio de una víctima.
De acuerdo con los hechos acreditados en juicio, el 16 de mayo de 2019, Miranda Zepeda solicitó al Centro Nacional de Registros (CNR) el retiro de un documento de cancelación de mutuo hipotecario que no había sido inscrito, con el propósito de subsanar prevenciones señaladas por dicha institución; posteriormente, el documento fue presentado nuevamente por otra persona.
Sin embargo, la víctima no firmó dicha cancelación y la Sección del Notariado de la Corte Suprema de Justicia informó que el documento era inexistente; además, se estableció que el notario no se encontraba en el país en la fecha en que supuestamente fue suscrito.
Asimismo, el dolo se evidenció cuando el procesado, en su calidad de administrador único de ACOSTES de R. L., suscribió con la víctima una novación del contrato de mutuo con garantía prendaria sobre 78 unidades de buses. No obstante, posterior a la firma de la novación, esas mismas unidades fueron dadas como garantía ante otras instituciones financieras.
Los hechos se originaron en 2019, cuando la víctima otorgó un contrato de mutuo con garantía hipotecaria y prendaria por $1,800,000 a favor de su padre Catalino Ezequiel Miranda Arteaga (ya fallecido) y de su tío José Braulio Miranda Arteaga, quienes en ese entonces eran los representantes de ACOSTES de R. L. y ACOSTES de El Salvador S. A. de C. V. Con el tiempo, los obligados dejaron de cumplir con los pagos.
Además, el tribunal condenó en abstracto la responsabilidad civil, a fin de que la víctima pueda ejercer su derecho en la vía correspondiente. Esto debido a que no se demostró el monto exacto del perjuicio, ya que la víctima concilió con uno de los imputados, José Braulio Miranda Arteaga.
Hamlet Rafael de Paz Escobar, conocido como “La Romina” recobrará su libertad luego de confesar los delitos de daños a una patrulla policial y hurto de una gorra de un agente, en enero de 2025. Hasta hoy, Romina está detenida en el penal de Jucuapa.
La audiencia se desarrolló de forma virtual, debido a que el imputado permanece en prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por las autoridades.
De acuerdo con información judicial, el caso continúa en etapa de análisis, por lo que serán las instancias correspondientes las que determinen las responsabilidades del acusado conforme avance el procedimiento.
El aval a este tipo de proceso podría permitir una resolución más ágil del caso, siempre que se cumplan las condiciones legales requeridas, incluyendo la aceptación de los hechos por parte del imputado.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el avance específico del caso, aunque reiteraron que el proceso sigue activo.
Según el expediente fiscal, una patrulla de la PNC auxiliaba a una persona y habían dejado el vehículo estacionado; como a 15 metros aproximadamente estaba Romina, quien aprovechó que los agentes se alejaron para hurtar la gorra.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Romina el 23 de enero de 2025, cuando fue interceptada sobre el bulevar El Hipódromo, en el distrito de San Salvador.
Previo a su captura, la tiktoker subió un video en sus redes sociales donde aparentemente se encontraba a bordo de una patrulla policial, mostró una gorra de la PNC y activó la bocina del vehículo.
En agosto de 2024, la tiktoker fue acusada de robo y amenazas en contra de un conductor de aplicaciones.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que la segunda fase del proyecto de agua potable que se ejecuta en el distrito de Sacacoyo, en el municipio de La Libertad Oeste, lleva un 97 % de avance.
Para finalizar la obra en su totalidad, la DOM ejecuta los últimos detalles que consisten en la implementación de válvulas, cajas para filtrado de lodo y aire, pintura y acabados de la infraestructura.
De acuerdo con la institución, la segunda fase del proyecto comprende la construcción de una cisterna en la zona del pozo, instalación de una bomba sumergible, dos bombas más para rebombeo a una segunda cisterna y una subestación de suministro eléctrico.
Asimismo, incluye la instalación de tres bombas más de rebombeo en la cisterna intermedia para empujar el agua a través de la red de impelencia de más de 3.5 kilómetros, hasta el tanque principal de más 400 metros cúbicos -4 veces más en capacidad al sistema anterior- con su respectiva subestación eléctrica.
La DOM detalló que este proyecto está acompañado de una obra civil que consta de casetas para el control eléctrico y rebombeo, así como para vigilancia, sumado al muro perimetral con block y alambre navaja en la parte superior.
Este nuevo sistema de agua potable abastecerá a más de 1,800 habitantes del sector.
