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Técnicas del MARN violan la Ley para conceder autorización a empresa de Salume
Tomado de La Noticia SV
Continúan los señalamientos en contra de la alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano y de personal técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por estar encaminando sus actuaciones con el fin de favorecer ilegalmente una empresa propiedad del Sr. Salume que administra el botadero municipal del Puerto de La Libertad.
De acuerdo a una fuente al interior de la municipalidad de Soyapango, la alcaldesa juntamente con familiares cercanos negociaron trasladar el contrato por la disposición final de la basura a favor de la empresa PULSEM, propiedad de Salume; esta negociación cuyos términos de fondo se desconocen al menos en parte del Concejo Municipal, se da al momento en que PULSEM ha sido cuestionada por haber estado brindando a otras municipalidades servicios fuera de la capacidad para recepción de basura que le fue autorizada por el MARN, durante los años 2017 y 2018.
El principal caso fue el de la municipalidad de Santa Tecla, que durante la administración del Exalcalde Roberto d’Aubuisson del partido ARENA, contrató la empresa PULSEM a pesar que ésta ocultó que solamente contaba con permiso para dar disposición final a 42 toneladas diarias de basura, cuando la alcaldía tecleña trasladaba unas 160 toneladas diaria de basura al sitio. Por estos hechos la Corte de Cuentas de la República (CCR) sancionó al Exalcalde y su concejo municipal por graves reparos patrimoniales. Sin embargo, a pesar de esa resolución la actual administración municipal de Santa Tecla no aplicó la ley de contrataciones del Estado, que establece la inhabilitación por cinco años a quienes invoquen hechos falsos para recibir contratos, sino que le brindó un nuevo contrato a Salume cuyo valor era casi $7 dólares más alto por tonelada de basura recibida que el otro ofertante.
Técnica del MARN pretende “brincarse” la ley.
La misma fuente informó a este medio que la empresa PULSEM, que en el año 2011 siendo Viceministra del MARN Lina Pohl, hoy prófuga de la justicia, recibió una modificación al permiso ambiental para pasar de relleno manual (20 toneladas de basura por día) a relleno semimecanizado (42 toneladas de basura por día) sin realizar un Estudio de Impacto Ambiental; ahora está a punto de ser favorecido por las técnicas ambientales María Fernanda González y Luisa María Cañas Villacorta, quienes pretenden emitir un dictamen técnico autorizando un aumento para pasar a recibir 1 mil toneladas diarias de basura, sin cumplir con los procedimientos que establece la Ley de Medio Ambiente.
Consultado el abogado ambientalista Edgar Lemus, sobre la procedencia y legalidad en las actuaciones del personal del MARN, manifestó que “ningún funcionario o autoridad está por encima de la ley y menos para favorecer los intereses particulares de un empresario, destacando que la Ley de Medio Ambiente requiere para la modificación de cualquier proyecto y especialmente los que tienen relación con el manejo, tratamiento y disposición final de la basura de la presentación de un formulario ambiental para que se generen los términos de referencia sobre los que se ha de producir el Estudio de Impacto Ambiental, mismo que debe ser dispuesto en consulta pública ante las comunidades que podrán verse afectadas por el proyecto o sus modificaciones. Por el contrario, acá el MARN no está protegiendo las comunidades y el medio ambiente, sino que se está saltando la ley para favorecer un negocio privado de Salume.”
El abogado Lemus también hizo de conocimiento que ha presentado una demanda ante la Sala de lo Constitucional para que evalúe si el permiso ambiental entregado a la empresa de Salume, con las modificaciones de los años 2011 y 2018 son o no legales, pues existían pruebas de incumplimientos de medidas ambientales y a pesar de eso fue autorizada por Lina Pohl, primero como viceministra y luego ministra del MARN. También cuestionó que las Directoras de Gestión Ambiental del MARN, primero Manlia Romero y luego Celina Monterrosa no hayan tomado en cuenta los informes y consultas ciudadanas que cuestionaban la autorización del relleno sanitario en la zona protegida del bosque Walter Thilo Deininger y la afectación de las reservas de agua superficiales y subterráneas de la zona. “Acá pueden haber hechos de corrupción por parte de exfuncionarios y tomando en cuenta la reforma penal que evita que tales hechos prescriban el abogado manifestó que presentará en los próximos días las denuncias correspondientes para que se investigue y se llegue a la verdad sobre la legitimidad o no de esas autorizaciones”. Concluyó.
Daniel Amaya, del Complejo Educativo República del Perú; Horus Molina, del Complejo Educativo República Oriental del Uruguay; y William Benítez, del Instituto Nacional Albert Camus, son los tres estudiantes del departamento de San Salvador que obtuvieron la mayor puntuación en la prueba AVANZO en 2025.
La mayor puntuación en este departamento fue 9.8 y la obtuvo Daniel Amaya, de 18 años, quien tiene un espíritu autodidacta y grandes deseos de convertirse en desarrollador de software.
«Por más que pasen los días, no me lo termino de creer porque sí esperaba una nota buena, siempre he llevado un buen récord académico; sin embargo, quedar en el top 3 a escala departa mental es algo que no me imaginaba», comentó.
Después de recibir esta calificación, Amaya aplicará a una beca el próximo año en el programa Key Excellence, pues su sueño es estudiar una ingenie ría en Key Institute. Mientras tanto, contó que está estudiando por su cuenta un curso en Platzi, una plataforma digital y gratuita que el Gobierno ha puesto a disposición de todos los salvadoreños.
Por su parte, Horus Molina y William Benítez tuvieron una puntuación de 9.7 en la prueba AVANZO, lo que también les llenó de emoción y motivación para perseverar en el área académica.
Horus comentó que su intención al sacar buena nota es facilitar su ingreso a la Universidad de El Salvador (UES), pero también apli car a una beca en el extranjero para estudiar Ingeniería en Ciencias de la Computación.
Para William, la prueba representó un desafío que requirió no solo repasos en meses previos, sino haber llevado un récord académico sólido desde la educación básica.
«Me parece superbién que se haga esta prueba porque ahora, con todo esto de la inteligencia artificial, como que no se suele prestar mucha atención a las cosas y solo se dice: “Ah, esto lo hago con inteligencia artificial y listo”. Entonces me parece una buena opción para que vean en qué estados van todos los jóvenes a la universidad», comentó.
El sueño de Benítez es convertirse en licenciado en Psicología, por lo que este año comenzará sus estudios en la UES.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Según la Policía Nacional Civil (PNC), se «finalizó el sábado 7 de febrero, con 0 homicidios en el país».
Hasta ahora, las fechas con cero homicidios en febrero han sido las siguientes: 1, 3, 4, 5 y 7 totalizando cinco días sin muertes a causa de la violencia en lo que va del mes.
Cabe mencionar, que también las autoridades han especificado que El Salvador alcanzó una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes y el llevar a 0 % la impunidad en el delito de homicidio, durante el 2025.
Los logros anteriores se deben al Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y vigente hasta el momento en el país.
