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Técnicas del MARN violan la Ley para conceder autorización a empresa de Salume
Tomado de La Noticia SV
Continúan los señalamientos en contra de la alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano y de personal técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por estar encaminando sus actuaciones con el fin de favorecer ilegalmente una empresa propiedad del Sr. Salume que administra el botadero municipal del Puerto de La Libertad.
De acuerdo a una fuente al interior de la municipalidad de Soyapango, la alcaldesa juntamente con familiares cercanos negociaron trasladar el contrato por la disposición final de la basura a favor de la empresa PULSEM, propiedad de Salume; esta negociación cuyos términos de fondo se desconocen al menos en parte del Concejo Municipal, se da al momento en que PULSEM ha sido cuestionada por haber estado brindando a otras municipalidades servicios fuera de la capacidad para recepción de basura que le fue autorizada por el MARN, durante los años 2017 y 2018.
El principal caso fue el de la municipalidad de Santa Tecla, que durante la administración del Exalcalde Roberto d’Aubuisson del partido ARENA, contrató la empresa PULSEM a pesar que ésta ocultó que solamente contaba con permiso para dar disposición final a 42 toneladas diarias de basura, cuando la alcaldía tecleña trasladaba unas 160 toneladas diaria de basura al sitio. Por estos hechos la Corte de Cuentas de la República (CCR) sancionó al Exalcalde y su concejo municipal por graves reparos patrimoniales. Sin embargo, a pesar de esa resolución la actual administración municipal de Santa Tecla no aplicó la ley de contrataciones del Estado, que establece la inhabilitación por cinco años a quienes invoquen hechos falsos para recibir contratos, sino que le brindó un nuevo contrato a Salume cuyo valor era casi $7 dólares más alto por tonelada de basura recibida que el otro ofertante.
Técnica del MARN pretende “brincarse” la ley.
La misma fuente informó a este medio que la empresa PULSEM, que en el año 2011 siendo Viceministra del MARN Lina Pohl, hoy prófuga de la justicia, recibió una modificación al permiso ambiental para pasar de relleno manual (20 toneladas de basura por día) a relleno semimecanizado (42 toneladas de basura por día) sin realizar un Estudio de Impacto Ambiental; ahora está a punto de ser favorecido por las técnicas ambientales María Fernanda González y Luisa María Cañas Villacorta, quienes pretenden emitir un dictamen técnico autorizando un aumento para pasar a recibir 1 mil toneladas diarias de basura, sin cumplir con los procedimientos que establece la Ley de Medio Ambiente.
Consultado el abogado ambientalista Edgar Lemus, sobre la procedencia y legalidad en las actuaciones del personal del MARN, manifestó que “ningún funcionario o autoridad está por encima de la ley y menos para favorecer los intereses particulares de un empresario, destacando que la Ley de Medio Ambiente requiere para la modificación de cualquier proyecto y especialmente los que tienen relación con el manejo, tratamiento y disposición final de la basura de la presentación de un formulario ambiental para que se generen los términos de referencia sobre los que se ha de producir el Estudio de Impacto Ambiental, mismo que debe ser dispuesto en consulta pública ante las comunidades que podrán verse afectadas por el proyecto o sus modificaciones. Por el contrario, acá el MARN no está protegiendo las comunidades y el medio ambiente, sino que se está saltando la ley para favorecer un negocio privado de Salume.”
El abogado Lemus también hizo de conocimiento que ha presentado una demanda ante la Sala de lo Constitucional para que evalúe si el permiso ambiental entregado a la empresa de Salume, con las modificaciones de los años 2011 y 2018 son o no legales, pues existían pruebas de incumplimientos de medidas ambientales y a pesar de eso fue autorizada por Lina Pohl, primero como viceministra y luego ministra del MARN. También cuestionó que las Directoras de Gestión Ambiental del MARN, primero Manlia Romero y luego Celina Monterrosa no hayan tomado en cuenta los informes y consultas ciudadanas que cuestionaban la autorización del relleno sanitario en la zona protegida del bosque Walter Thilo Deininger y la afectación de las reservas de agua superficiales y subterráneas de la zona. “Acá pueden haber hechos de corrupción por parte de exfuncionarios y tomando en cuenta la reforma penal que evita que tales hechos prescriban el abogado manifestó que presentará en los próximos días las denuncias correspondientes para que se investigue y se llegue a la verdad sobre la legitimidad o no de esas autorizaciones”. Concluyó.
Un hombre que conducía una motocicleta en estado de ebriedad fue puesto bajo detención luego de sufrir una caída en un tramo del bulevar del Ejército, en el departamento de San Salvador, según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).
El detenido responde al nombre de Fredy Edgardo García Álvarez, quien conducía una motocicleta en evidente estado de ebriedad y siendo acompañado por una mujer de 71 años, según la institución policial.
García Álvarez perdió el control y cayó en un tramo del bulevar del Ejército, pero ni él ni su acompañante sufrieron lesiones. Al instante la Policía procedió a realizar la prueba de alcotest, la cual determinó que conducía con 269 grados del alcohol.
El motociclista fue puesto bajo detención y será entregado a los tribunales correspondientes para ser procesado por el delito de conducción peligrosa.
En noviembre de 2017, la Cámara Segunda de lo Civil declaró la culpabilidad del expresidente, Carlos Mauricio Funes Cartagena por haberse enriquecido ilícitamente junto a su hijo Diego Roberto Funes Cañas, por $419,145.09.
Este caso fue el primero, aunque en el orden civil, y luego vendría una avalancha de siete casos penales, de los cuales fue condenado en tres, sumando 28 años de cárcel.
En el caso civil, los fiscales de la Unidad Especializada Anticorrupción presentaron una serie de elementos de prueba que establecieron que Funes y su hijo Diego, se enriquecieron sin justificar: determinaron que Funes no justificó $206,660.55, mientras Funes Cañas no comprobó el origen legal de $212,484.54.
Estos son los procesos contra Funes tras involucrarse en diversos delitos de corrupción entre 2009 y 2014:
Condenado a 28 años de cárcel en tres procesos:
- El 29 de mayo de 2023, el Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador, condenó a Funes a 14 años de prisión. Por el delito de agrupaciones ilícitas le impuso ocho y por incumplimiento de deberes recibió seis. Este caso fue judicializado el 26 de julio de 2019, la Fiscalía probó que pactó y negocio con pandillas una tregua para reducir los homicidios y generar una buena imagen de su gobierno.
- Un expediente por evasión de impuestos iniciado en el Juzgado Octavo de Instrucción, finalizó con una condena de seis años en el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, el 5 de julio de 2023. Quedó acreditado que Funes defraudó al fisco con $85,157.25, pero con multas e intereses se incrementó a $200,449.52.
- El 26 de junio de 2023, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, condenó a Funes, a ocho años de cárcel por el delito de casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía probó que recibió una avioneta a cambio de favorecer al empresario guatemalteco Jaime Ramón Aparicio Mejía, adjudicándole a su empresa el proyecto de un puente entre los distritos de San Pablo Tacachico y Nueva Concepción.
Procesos pendientes
- En el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, Funes tenía el proceso penal conocido como Saqueo Público, según la Fiscalía durante su gestión presidencial sustrajo $351,035,400 de Casa Presidencial.
- Por el caso Corruptela, el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, tiene una causa penal en contra de Funes y otras 29 personas, el ministerio público planteó supuestos sobornos que el expresidente y empresarios hicieron al exfiscal Luis Martínez para que no investigara actos de corrupción en los que habrían participado.
- Acumulado en el mismo expediente de Saqueo Público, el expresidente, también tenía pendiente el juicio por revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, por una supuesta divulgación que hizo del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) del proceso penal que Fiscalía le inició al expresidente Francisco Flores, por lavado de dinero.
- En el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, Funes, dejó pendiente un proceso por los delitos de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas e instigador en el delito de peculado, según la Fiscalía, favoreció a la empresa italiana Astaldi para que mediante un «arreglo directo» en la construcción de la presa El Chaparral, se le pagara $108.5 millones por obras no ejecutadas.
Las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron este miércoles la localización de una mujer que fue reportada como desaparecida.
La institución fiscal señaló que, tras recibir la denuncia de la presunta desaparición de Erika Patricia Miranda Valle, procedieron a activar el protocolo establecido para estos casos.
Fue así como el trabajo de la Policía Nacional Civil (PNC) permitió la localización de la mujer, quien fue encontrada sin presentar señales de haber sufrido delito alguno.
Miranda Valle fue llevada de regreso con sus familiares tras corroborar su perfecto estado. Las autoridades continúan trabajando para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
