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Técnicas del MARN violan la Ley para conceder autorización a empresa de Salume
Tomado de La Noticia SV
Continúan los señalamientos en contra de la alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano y de personal técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por estar encaminando sus actuaciones con el fin de favorecer ilegalmente una empresa propiedad del Sr. Salume que administra el botadero municipal del Puerto de La Libertad.
De acuerdo a una fuente al interior de la municipalidad de Soyapango, la alcaldesa juntamente con familiares cercanos negociaron trasladar el contrato por la disposición final de la basura a favor de la empresa PULSEM, propiedad de Salume; esta negociación cuyos términos de fondo se desconocen al menos en parte del Concejo Municipal, se da al momento en que PULSEM ha sido cuestionada por haber estado brindando a otras municipalidades servicios fuera de la capacidad para recepción de basura que le fue autorizada por el MARN, durante los años 2017 y 2018.
El principal caso fue el de la municipalidad de Santa Tecla, que durante la administración del Exalcalde Roberto d’Aubuisson del partido ARENA, contrató la empresa PULSEM a pesar que ésta ocultó que solamente contaba con permiso para dar disposición final a 42 toneladas diarias de basura, cuando la alcaldía tecleña trasladaba unas 160 toneladas diaria de basura al sitio. Por estos hechos la Corte de Cuentas de la República (CCR) sancionó al Exalcalde y su concejo municipal por graves reparos patrimoniales. Sin embargo, a pesar de esa resolución la actual administración municipal de Santa Tecla no aplicó la ley de contrataciones del Estado, que establece la inhabilitación por cinco años a quienes invoquen hechos falsos para recibir contratos, sino que le brindó un nuevo contrato a Salume cuyo valor era casi $7 dólares más alto por tonelada de basura recibida que el otro ofertante.
Técnica del MARN pretende “brincarse” la ley.
La misma fuente informó a este medio que la empresa PULSEM, que en el año 2011 siendo Viceministra del MARN Lina Pohl, hoy prófuga de la justicia, recibió una modificación al permiso ambiental para pasar de relleno manual (20 toneladas de basura por día) a relleno semimecanizado (42 toneladas de basura por día) sin realizar un Estudio de Impacto Ambiental; ahora está a punto de ser favorecido por las técnicas ambientales María Fernanda González y Luisa María Cañas Villacorta, quienes pretenden emitir un dictamen técnico autorizando un aumento para pasar a recibir 1 mil toneladas diarias de basura, sin cumplir con los procedimientos que establece la Ley de Medio Ambiente.
Consultado el abogado ambientalista Edgar Lemus, sobre la procedencia y legalidad en las actuaciones del personal del MARN, manifestó que “ningún funcionario o autoridad está por encima de la ley y menos para favorecer los intereses particulares de un empresario, destacando que la Ley de Medio Ambiente requiere para la modificación de cualquier proyecto y especialmente los que tienen relación con el manejo, tratamiento y disposición final de la basura de la presentación de un formulario ambiental para que se generen los términos de referencia sobre los que se ha de producir el Estudio de Impacto Ambiental, mismo que debe ser dispuesto en consulta pública ante las comunidades que podrán verse afectadas por el proyecto o sus modificaciones. Por el contrario, acá el MARN no está protegiendo las comunidades y el medio ambiente, sino que se está saltando la ley para favorecer un negocio privado de Salume.”
El abogado Lemus también hizo de conocimiento que ha presentado una demanda ante la Sala de lo Constitucional para que evalúe si el permiso ambiental entregado a la empresa de Salume, con las modificaciones de los años 2011 y 2018 son o no legales, pues existían pruebas de incumplimientos de medidas ambientales y a pesar de eso fue autorizada por Lina Pohl, primero como viceministra y luego ministra del MARN. También cuestionó que las Directoras de Gestión Ambiental del MARN, primero Manlia Romero y luego Celina Monterrosa no hayan tomado en cuenta los informes y consultas ciudadanas que cuestionaban la autorización del relleno sanitario en la zona protegida del bosque Walter Thilo Deininger y la afectación de las reservas de agua superficiales y subterráneas de la zona. “Acá pueden haber hechos de corrupción por parte de exfuncionarios y tomando en cuenta la reforma penal que evita que tales hechos prescriban el abogado manifestó que presentará en los próximos días las denuncias correspondientes para que se investigue y se llegue a la verdad sobre la legitimidad o no de esas autorizaciones”. Concluyó.
Tres mujeres se desmayaron al interior del cementerio Santa Isabel, en el distrito de Santa Ana, según informaron voceros de Cruz Azul Salvadoreña.
De acuerdo con la institución de socorro, una de las afectadas es una menor de 17 años, mientras que las otras dos mujeres tienen 18 y 65 años de edad.
Socorristas de Cruz Azul Salvadoreña brindaron primeros auxilios a las tres mujeres en el lugar y posteriormente las trasladaron al hospital más cercano para recibir atención médica.
Los voceros añadieron que dos de las víctimas fueron llevadas al centro asistencial aún en estado inconsciente.
Nacionales
Atención: ANDA prevé interrupciones temporales en el servicio de agua potable en Usulután Este
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que el servicio de agua potable se verá afectado temporalmente en varios sectores del distrito de Concepción Batres, municipio de Usulután Este, debido a labores de mantenimiento programadas por la distribuidora eléctrica.
La interrupción está prevista para mañana, domingo 21 de junio, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Durante ese período, el sistema de distribución de agua potable podría presentar afectaciones mientras se ejecutan los trabajos en la red eléctrica.
Las zonas que podrían experimentar inconvenientes en el suministro son los barrios El Calvario, Candelaria, El Centro, La Parroquia y San Antonio. Asimismo, la medida afectará al caserío Santa Lucía, la colonia El Progreso y la lotificación El Paraisal II.
ANDA explicó que la afectación está vinculada directamente a la suspensión temporal del servicio eléctrico, indispensable para el funcionamiento de los sistemas de bombeo y distribución de agua potable.
La institución indicó que, una vez sea restablecido el suministro de energía eléctrica, los sistemas retomarán su operación habitual.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó que la empresa donde ocurrió el accidente laboral que dejó un trabajador fallecido ya había sido inspeccionada previamente por la institución debido a incumplimientos en materia de seguridad ocupacional.
Según el funcionario, durante visitas anteriores se detectó que la compañía no contaba con un comité de seguridad y que las observaciones realizadas por los técnicos del Ministerio de Trabajo no fueron atendidas. “Además de las recomendaciones que brindamos con nuestros técnicos, ninguna cumplieron”, señaló.
Castro lamentó la muerte del trabajador y advirtió que la empresa deberá responder por las irregularidades encontradas. “Hoy lamentamos la pérdida de vidas humanas. Van a tener que indemnizar a sus familias y también tendrán que responder todos los hallazgos encontrados”, sostuvo.
El accidente ocurrió en una obra de construcción ubicada en la colonia Villas de San Rafael, sector del puente El Trébol, en Santa Ana, donde un derrumbe de tierra dejó soterrados a dos trabajadores.
Equipos de socorro lograron rescatar con vida a uno de ellos, quien fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, la segunda víctima fue encontrada sin signos vitales durante las labores de búsqueda.
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las causas del colapso. La obra está vinculada a la empresa AYM Ingenieros, la cual formará parte de las investigaciones para establecer si existieron incumplimientos en las medidas de seguridad ocupacional que pudieron influir en el accidente.
Las autoridades buscan determinar las responsabilidades correspondientes tras la muerte del trabajador.
