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Técnicas del MARN violan la Ley para conceder autorización a empresa de Salume
Tomado de La Noticia SV
Continúan los señalamientos en contra de la alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano y de personal técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por estar encaminando sus actuaciones con el fin de favorecer ilegalmente una empresa propiedad del Sr. Salume que administra el botadero municipal del Puerto de La Libertad.
De acuerdo a una fuente al interior de la municipalidad de Soyapango, la alcaldesa juntamente con familiares cercanos negociaron trasladar el contrato por la disposición final de la basura a favor de la empresa PULSEM, propiedad de Salume; esta negociación cuyos términos de fondo se desconocen al menos en parte del Concejo Municipal, se da al momento en que PULSEM ha sido cuestionada por haber estado brindando a otras municipalidades servicios fuera de la capacidad para recepción de basura que le fue autorizada por el MARN, durante los años 2017 y 2018.
El principal caso fue el de la municipalidad de Santa Tecla, que durante la administración del Exalcalde Roberto d’Aubuisson del partido ARENA, contrató la empresa PULSEM a pesar que ésta ocultó que solamente contaba con permiso para dar disposición final a 42 toneladas diarias de basura, cuando la alcaldía tecleña trasladaba unas 160 toneladas diaria de basura al sitio. Por estos hechos la Corte de Cuentas de la República (CCR) sancionó al Exalcalde y su concejo municipal por graves reparos patrimoniales. Sin embargo, a pesar de esa resolución la actual administración municipal de Santa Tecla no aplicó la ley de contrataciones del Estado, que establece la inhabilitación por cinco años a quienes invoquen hechos falsos para recibir contratos, sino que le brindó un nuevo contrato a Salume cuyo valor era casi $7 dólares más alto por tonelada de basura recibida que el otro ofertante.
Técnica del MARN pretende “brincarse” la ley.
La misma fuente informó a este medio que la empresa PULSEM, que en el año 2011 siendo Viceministra del MARN Lina Pohl, hoy prófuga de la justicia, recibió una modificación al permiso ambiental para pasar de relleno manual (20 toneladas de basura por día) a relleno semimecanizado (42 toneladas de basura por día) sin realizar un Estudio de Impacto Ambiental; ahora está a punto de ser favorecido por las técnicas ambientales María Fernanda González y Luisa María Cañas Villacorta, quienes pretenden emitir un dictamen técnico autorizando un aumento para pasar a recibir 1 mil toneladas diarias de basura, sin cumplir con los procedimientos que establece la Ley de Medio Ambiente.
Consultado el abogado ambientalista Edgar Lemus, sobre la procedencia y legalidad en las actuaciones del personal del MARN, manifestó que “ningún funcionario o autoridad está por encima de la ley y menos para favorecer los intereses particulares de un empresario, destacando que la Ley de Medio Ambiente requiere para la modificación de cualquier proyecto y especialmente los que tienen relación con el manejo, tratamiento y disposición final de la basura de la presentación de un formulario ambiental para que se generen los términos de referencia sobre los que se ha de producir el Estudio de Impacto Ambiental, mismo que debe ser dispuesto en consulta pública ante las comunidades que podrán verse afectadas por el proyecto o sus modificaciones. Por el contrario, acá el MARN no está protegiendo las comunidades y el medio ambiente, sino que se está saltando la ley para favorecer un negocio privado de Salume.”
El abogado Lemus también hizo de conocimiento que ha presentado una demanda ante la Sala de lo Constitucional para que evalúe si el permiso ambiental entregado a la empresa de Salume, con las modificaciones de los años 2011 y 2018 son o no legales, pues existían pruebas de incumplimientos de medidas ambientales y a pesar de eso fue autorizada por Lina Pohl, primero como viceministra y luego ministra del MARN. También cuestionó que las Directoras de Gestión Ambiental del MARN, primero Manlia Romero y luego Celina Monterrosa no hayan tomado en cuenta los informes y consultas ciudadanas que cuestionaban la autorización del relleno sanitario en la zona protegida del bosque Walter Thilo Deininger y la afectación de las reservas de agua superficiales y subterráneas de la zona. “Acá pueden haber hechos de corrupción por parte de exfuncionarios y tomando en cuenta la reforma penal que evita que tales hechos prescriban el abogado manifestó que presentará en los próximos días las denuncias correspondientes para que se investigue y se llegue a la verdad sobre la legitimidad o no de esas autorizaciones”. Concluyó.
Un empleado de la alcaldía de Morazán Sur falleció la tarde del pasado viernes en un supuesto accidente laboral ocurrido en la planta de desechos sólidos ubicada en San Francisco Gotera.
El hombre fue identificado como José David Membreño, quien se desempeñaba en el área de recolección de desechos de la oficina distrital de Osicala. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la planta de Desechos Sólidos para realizar las respectivas indagaciones del caso.
Por su parte, la alcaldía lamentó la pérdida de Membreño, a quien reconocían por su esfuerzo y dedicación; sin embargo, la alcaldía no brindó información sobre los hechos de su fallecimiento.
«Recordaremos siempre su esfuerzo, humildad y dedicación en las labores de aseo y ordenanza pública, trabajo que realizaba con compromiso al servicio de nuestra gente», dice la nota de duelo de la comuna
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, anunció ayer el inicio de instalación de luminarias led en 100 kilómetros de vías estrategias del país, en las que se incluyen sectores de San Salvador, La Libertad y Sonsonate.
El proyecto dio inició desde el kilómetro 14.5 de la carretera de Oro, en el distrito de Apopa, San Salvador Oeste.
«Ya empezamos con este proyecto de iluminación, estamos en el sector de la carretera de Oro, donde vamos a iluminar más de 20 kilómetros aproximadamente. De igual manera, se contempla el sector de la carretera Troncal del Norte, que sabemos que es sumamente importante para muchas familias que viajan desde San Salvador hacia diferentes destinos», dijo el ministro Rodríguez.
En este proyecto se contempla iluminar en puntos estratégicos de la carretera Troncal del Norte, desde San Salvador hasta Apopa. «En la carretera Troncal del Norte se están colocando postes con luminarias en diferentes tramos», indicó Rodríguez.
Asimismo, se incluye la cobertura completa del periférico Claudia Lars. «Ya comenzamos este día con la colocación de postes traslúcidos en el sector y también vamos a colocar luminarias», mencionó el funcionario.
Otra zona en la que se realizará instalación de iluminaria moderna es en la ruta entre el redondel de Sacacoyo hasta el puerto de Acajutla, en Sonsonate.
«Ya comenzamos con este proyecto que es importante para muchas familias salvadoreñas porque garantiza seguridad vial en las autopistas, es decir, en horario nocturno los conductores van a tener una mejor visibilidad», informó el titular de Obras.
Para ejecutar el proyecto, el Ministerio de Obras Públicas invertirá $26.4 millones y la empresa contratista AGM El Salvador ha otorgado un préstamo en especie por $23,785,985.87, mientras que el Gobierno aportará $2,642,887.32, lo que representa el 10 % del valor del contrato.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso diversas penas carcelarias a doce personas perfiladas como pandilleros de la clica Villa Mariona Locos Salvatruchos que delinquían en Cuscatancingo.
La pena más alta fue impuesta a Rafael Antonio Aguirre Ramírez, alias caballo, twister, triste o liro ranger, quien fue condenado a 43 años. Asimismo, Óscar Alberto Figueroa Roque, alias renuente, ciclón o miquillo, y Wilber Alexander García Martínez, alias pequeño de Villamariona o samylin, recibieron penas de 40 años de cárcel. Los tres estaban perfilados como corredores de clica dentro de la MS-13 y se les encontró culpables por el delito de agrupaciones ilícitas.
Otros seis pandilleros con el rango de homeboy fueron condenados a 25 años de prisión por agrupaciones ilícitas y al resto se les impuso 20 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
La estructura delinquía en diversas colonias del distrito de Cuscatancingo, San Salvador Centro.
