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Técnicas del MARN violan la Ley para conceder autorización a empresa de Salume
Tomado de La Noticia SV
Continúan los señalamientos en contra de la alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano y de personal técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por estar encaminando sus actuaciones con el fin de favorecer ilegalmente una empresa propiedad del Sr. Salume que administra el botadero municipal del Puerto de La Libertad.
De acuerdo a una fuente al interior de la municipalidad de Soyapango, la alcaldesa juntamente con familiares cercanos negociaron trasladar el contrato por la disposición final de la basura a favor de la empresa PULSEM, propiedad de Salume; esta negociación cuyos términos de fondo se desconocen al menos en parte del Concejo Municipal, se da al momento en que PULSEM ha sido cuestionada por haber estado brindando a otras municipalidades servicios fuera de la capacidad para recepción de basura que le fue autorizada por el MARN, durante los años 2017 y 2018.
El principal caso fue el de la municipalidad de Santa Tecla, que durante la administración del Exalcalde Roberto d’Aubuisson del partido ARENA, contrató la empresa PULSEM a pesar que ésta ocultó que solamente contaba con permiso para dar disposición final a 42 toneladas diarias de basura, cuando la alcaldía tecleña trasladaba unas 160 toneladas diaria de basura al sitio. Por estos hechos la Corte de Cuentas de la República (CCR) sancionó al Exalcalde y su concejo municipal por graves reparos patrimoniales. Sin embargo, a pesar de esa resolución la actual administración municipal de Santa Tecla no aplicó la ley de contrataciones del Estado, que establece la inhabilitación por cinco años a quienes invoquen hechos falsos para recibir contratos, sino que le brindó un nuevo contrato a Salume cuyo valor era casi $7 dólares más alto por tonelada de basura recibida que el otro ofertante.
Técnica del MARN pretende “brincarse” la ley.
La misma fuente informó a este medio que la empresa PULSEM, que en el año 2011 siendo Viceministra del MARN Lina Pohl, hoy prófuga de la justicia, recibió una modificación al permiso ambiental para pasar de relleno manual (20 toneladas de basura por día) a relleno semimecanizado (42 toneladas de basura por día) sin realizar un Estudio de Impacto Ambiental; ahora está a punto de ser favorecido por las técnicas ambientales María Fernanda González y Luisa María Cañas Villacorta, quienes pretenden emitir un dictamen técnico autorizando un aumento para pasar a recibir 1 mil toneladas diarias de basura, sin cumplir con los procedimientos que establece la Ley de Medio Ambiente.
Consultado el abogado ambientalista Edgar Lemus, sobre la procedencia y legalidad en las actuaciones del personal del MARN, manifestó que “ningún funcionario o autoridad está por encima de la ley y menos para favorecer los intereses particulares de un empresario, destacando que la Ley de Medio Ambiente requiere para la modificación de cualquier proyecto y especialmente los que tienen relación con el manejo, tratamiento y disposición final de la basura de la presentación de un formulario ambiental para que se generen los términos de referencia sobre los que se ha de producir el Estudio de Impacto Ambiental, mismo que debe ser dispuesto en consulta pública ante las comunidades que podrán verse afectadas por el proyecto o sus modificaciones. Por el contrario, acá el MARN no está protegiendo las comunidades y el medio ambiente, sino que se está saltando la ley para favorecer un negocio privado de Salume.”
El abogado Lemus también hizo de conocimiento que ha presentado una demanda ante la Sala de lo Constitucional para que evalúe si el permiso ambiental entregado a la empresa de Salume, con las modificaciones de los años 2011 y 2018 son o no legales, pues existían pruebas de incumplimientos de medidas ambientales y a pesar de eso fue autorizada por Lina Pohl, primero como viceministra y luego ministra del MARN. También cuestionó que las Directoras de Gestión Ambiental del MARN, primero Manlia Romero y luego Celina Monterrosa no hayan tomado en cuenta los informes y consultas ciudadanas que cuestionaban la autorización del relleno sanitario en la zona protegida del bosque Walter Thilo Deininger y la afectación de las reservas de agua superficiales y subterráneas de la zona. “Acá pueden haber hechos de corrupción por parte de exfuncionarios y tomando en cuenta la reforma penal que evita que tales hechos prescriban el abogado manifestó que presentará en los próximos días las denuncias correspondientes para que se investigue y se llegue a la verdad sobre la legitimidad o no de esas autorizaciones”. Concluyó.
El uso correcto del sistema de retención infantil (SRI) reduce el riesgo de muerte y de lesiones graves en niños, ya que en el caso de un accidente protege zonas vulnerables, especialmente la cabeza, el cuello y la columna. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los traumatismos por accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes a escala mundial.
En ese sentido, la directora del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), Bessy Guzmán, destacó que los SRI reducen hasta un 71 % el riesgo de muerte. Asimismo, el Gobierno salvadoreño ha sumado esfuerzos para impulsar una estrategia nacional de seguridad vial infantil para reducir los índices de siniestralidad.
«Actualmente nos encontramos en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial [2021–2030], el cual busca reducir la siniestralidad vial y la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito a la mitad. Medidas como usar el cinturón de seguridad, la utilización de cascos certificados y de los sistemas de retención infantil están encaminadas a ayudarnos a llegar a esa reducción», dijo Guzmán.
Desde el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Fonat se ejecutan medidas preventivas para garantizar la seguridad vial de los niños. Entre estas destacan capacitaciones sobre el uso de las SRI, la conformación de comités de seguridad vial en centros escolares y la intervención de conductores y peatones sobre la movilidad segura en las calles y carreteras. Asimismo, trabajan en la toma de conciencia sobre la importancia de usar correctamente estos sistemas en el vehículo.
A partir de diciembre de 2025, en El Salvador usar el SRI es obligatorio. Como pasajeros de vehículos, los menores de 12 años no podrán viajar en el asiento delantero, mientras que los niños menores de cinco años deben ser trasladados en un SRI de acuerdo con su peso y estatura.
El incumplimiento de esta normativa se considera una falta muy grave y se sancionará con una multa de $150. Para garantizar la seguridad de los menores de edad, el Fonat recomienda no poner en marcha el vehículo antes de que todos los ocupantes tengan puesto el cinturón de seguridad y los niños estén colocados en el SRI.
De igual manera, ningún ocupante puede tomar bebidas calientes en el carro, ya que podría lesionar a los niños en un choque o un frenado brusco.
«Los sistemas de retención infantil no deben utilizarse si ya han sido parte de un siniestro vial o si alguna de sus piezas ha caducado; vea la fecha de vencimiento en la parte de atrás», indicó el Fonat
Los distritos de Apopa y Nejapa, que conforman San Salvador Oeste, viven una transformación sin precedentes que incluye el reordenamiento de sus centros históricos, la recuperación de espacios deportivos y de convivencia familiar, el mejoramiento de la red vial y el desarrollo de importantes proyectos que generan fuentes de empleo y progreso local.
«Diario El Salvador» recorrió ambas ciudades para constatar dichos cambios y conversar con los ciudadanos sobre cómo les benefician, tomando en cuenta que por años estas localidades se estancaron debido a la delincuencia.
«El centro de Apopa era un caos, desorden por las ventas, inseguridad por las maras, problemas de tráfico vehicular, sin espacios peatonales donde caminar, sin iluminación», enumeró Juan Portillo. Sin embargo, también se refirió a la actual transformación de Apopa.
«Los cambios son evidentes; vemos que la alcaldía ha hecho lo suyo en el centro histórico, y el Gobierno del presidente [Nayib] Bukele ha generado condiciones para atraer inversión privada y grandes obras al municipio».
La gobernanza municipal ha efectuado intervenciones para recuperar espacios en el casco urbano, como en la calle La Estación, la avenida Quirino Chávez y la calle Leonardo Azcúnaga, frente a la parroquia Santa Catarina, principal templo de la feligresía católica en la ciudad apopense. Por las noches, la iluminación y la presencia del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) genera confianza a comerciantes y pobladores que caminan por la plaza central Noé Canjura, situada frente a las oficinas distritales. Actualmente, la municipalidad trabaja en el segundo tramo de la calle San Rafael, donde hay importante actividad comercial.
Para la generación de espacios de sana convivencia se inauguró el centro recreativo de la colonia Popotlán II, que tiene cancha de baloncesto y de fútbol, pista atlética, sendero peatonal, área de descanso, juegos infantiles y salón de usos múltiples con capacidad para más de 30,000 personas. Este proyecto lo entregó el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.
Asimismo, Apopa presenta condiciones para generar fluidez en la circulación vehicular, por lo que el Ministerio de Obras Públicas anunció la construcción de un «bypass» entre la carretera Troncal del Norte, por la que circulan cerca de 50,000 vehículos, y la autopista Este-Oeste (conocida como carretera de Oro).
A criterio de José Urbina, alcalde de San Salvador Oeste, esta obra «terminará con el estrés del terrible tráfico». Por su parte, la empresa privada está invirtiendo en el distrito. La compañía Urbánica desarrolla el proyecto habitacional Valle Dulce con una inversión estimada de $1,000 millones para edificar Portal Valterra y Alturas del Valle; este último contará con 160 apartamentos distribuidos en dos torres.
Apopa está conformado por 285 colonias y una población de 129,083 habitantes, según el censo de 2024.
Más allá de su tradicional festival de las bolas de fuego, celebrado cada 31 de agosto, Nejapa también experimenta importantes avances en desarrollo local.
«Hemos visto más presencia de turistas no solo por la seguridad, sino porque las calles han sido reparadas, esto permite la entrada del transporte urbano y comercial», manifestó Alejandra Hernández, habitante del distrito, de modo que hay mayor demanda de movilidad en Nejapa.
En este sentido, el taxista Juan López comentó: «Hay más movimiento de personas en el centro de la ciudad y el comercio se ha incrementado, y más personas disfrutan en el parque central». La alcaldía recuperó espacios en la avenida Norberto Morán, en la 5.ª, 9.ª y la 11.ª calle poniente del centro histórico, también en la avenida Eliseo Mijango. Además, instaló nuevos servicios sanitarios en el mercado municipal Plaza España.
Actualmente, remodela el Complejo Recreativo El Cambio, cuyas instalaciones cuentan con dos canchas de fútbol, una de grama natural y otra sintética; una cancha de baloncesto techada, la pista de patinaje y el área de juegos mecánicos para beneficiar a residentes de las comunidades El Cambio, Las Armenias y El Jabalí.
Nejapa tiene alrededor de 85 colonias y su población total es de 35,673 habitantes, según el censo de 2024. El Gobierno central pondrá al alcance de los ciudadanos servicios de salud de primer nivel con el nuevo Hospital Nacional de Nejapa, invirtiendo $50 millones para la edificación y el equipamiento, para beneficiar a pobladores de Aguilares, Apopa, Guazapa y Chalatenango.
A 20 años de cárcel fue condenado Francis Guadalupe Cruz Aguilar, por el delito de homicidio agravado cometido el 24 de diciembre de 2013, en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte.
La pena se la impuso el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, tras revisar la prueba que la Fiscalía General de la República presentó en el juicio y con la cual demostró que el prófugo asesinó a José Eladio Franco Moreno.
En la acusación expuesta por el ministerio público, Cruz Aguilar fue parte de un grupo de siete pandilleros que interceptó a la víctima para privarla de libertad en El Paisnal.
Fue hasta el 27 de diciembre que encontraron cuerpo de Franco Moreno, desmembrado a la orilla del río Acelhuate, en la jurisdicción de ese distrito.
Para probar la participación que Cruz Aguilar tuvo en el crimen, la Fiscalía presentó al tribunal la declaración de un testigo quien presenció el hecho, su declaración fue clave para que se emitiera la condena.
El testigo dijo que el ahora condenado hizo labores de vigilancia mientras los demás miembros de la pandilla estaban asesinando a la víctima, se apostó en lugar para alertar a los criminales sobre la presencia de autoridades policiales.
Al momento del fallo el tribunal dio validez y credibilidad a la declaración del testigo quien identificó a Cruz Aguilar como parte del grupo criminal y su participación fue activa y clave para ejecutar el crimen.
