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Técnicas del MARN violan la Ley para conceder autorización a empresa de Salume
Tomado de La Noticia SV
Continúan los señalamientos en contra de la alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano y de personal técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por estar encaminando sus actuaciones con el fin de favorecer ilegalmente una empresa propiedad del Sr. Salume que administra el botadero municipal del Puerto de La Libertad.
De acuerdo a una fuente al interior de la municipalidad de Soyapango, la alcaldesa juntamente con familiares cercanos negociaron trasladar el contrato por la disposición final de la basura a favor de la empresa PULSEM, propiedad de Salume; esta negociación cuyos términos de fondo se desconocen al menos en parte del Concejo Municipal, se da al momento en que PULSEM ha sido cuestionada por haber estado brindando a otras municipalidades servicios fuera de la capacidad para recepción de basura que le fue autorizada por el MARN, durante los años 2017 y 2018.
El principal caso fue el de la municipalidad de Santa Tecla, que durante la administración del Exalcalde Roberto d’Aubuisson del partido ARENA, contrató la empresa PULSEM a pesar que ésta ocultó que solamente contaba con permiso para dar disposición final a 42 toneladas diarias de basura, cuando la alcaldía tecleña trasladaba unas 160 toneladas diaria de basura al sitio. Por estos hechos la Corte de Cuentas de la República (CCR) sancionó al Exalcalde y su concejo municipal por graves reparos patrimoniales. Sin embargo, a pesar de esa resolución la actual administración municipal de Santa Tecla no aplicó la ley de contrataciones del Estado, que establece la inhabilitación por cinco años a quienes invoquen hechos falsos para recibir contratos, sino que le brindó un nuevo contrato a Salume cuyo valor era casi $7 dólares más alto por tonelada de basura recibida que el otro ofertante.
Técnica del MARN pretende “brincarse” la ley.
La misma fuente informó a este medio que la empresa PULSEM, que en el año 2011 siendo Viceministra del MARN Lina Pohl, hoy prófuga de la justicia, recibió una modificación al permiso ambiental para pasar de relleno manual (20 toneladas de basura por día) a relleno semimecanizado (42 toneladas de basura por día) sin realizar un Estudio de Impacto Ambiental; ahora está a punto de ser favorecido por las técnicas ambientales María Fernanda González y Luisa María Cañas Villacorta, quienes pretenden emitir un dictamen técnico autorizando un aumento para pasar a recibir 1 mil toneladas diarias de basura, sin cumplir con los procedimientos que establece la Ley de Medio Ambiente.
Consultado el abogado ambientalista Edgar Lemus, sobre la procedencia y legalidad en las actuaciones del personal del MARN, manifestó que “ningún funcionario o autoridad está por encima de la ley y menos para favorecer los intereses particulares de un empresario, destacando que la Ley de Medio Ambiente requiere para la modificación de cualquier proyecto y especialmente los que tienen relación con el manejo, tratamiento y disposición final de la basura de la presentación de un formulario ambiental para que se generen los términos de referencia sobre los que se ha de producir el Estudio de Impacto Ambiental, mismo que debe ser dispuesto en consulta pública ante las comunidades que podrán verse afectadas por el proyecto o sus modificaciones. Por el contrario, acá el MARN no está protegiendo las comunidades y el medio ambiente, sino que se está saltando la ley para favorecer un negocio privado de Salume.”
El abogado Lemus también hizo de conocimiento que ha presentado una demanda ante la Sala de lo Constitucional para que evalúe si el permiso ambiental entregado a la empresa de Salume, con las modificaciones de los años 2011 y 2018 son o no legales, pues existían pruebas de incumplimientos de medidas ambientales y a pesar de eso fue autorizada por Lina Pohl, primero como viceministra y luego ministra del MARN. También cuestionó que las Directoras de Gestión Ambiental del MARN, primero Manlia Romero y luego Celina Monterrosa no hayan tomado en cuenta los informes y consultas ciudadanas que cuestionaban la autorización del relleno sanitario en la zona protegida del bosque Walter Thilo Deininger y la afectación de las reservas de agua superficiales y subterráneas de la zona. “Acá pueden haber hechos de corrupción por parte de exfuncionarios y tomando en cuenta la reforma penal que evita que tales hechos prescriban el abogado manifestó que presentará en los próximos días las denuncias correspondientes para que se investigue y se llegue a la verdad sobre la legitimidad o no de esas autorizaciones”. Concluyó.
Como parte de su apuesta por el país y en acompañamiento a la visión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, la desarrolladora inmobiliaria ALGASA, presentó recientemente CASA TERRA, un proyecto habitacional ubicado en la calle a Huizar (San Marcos, San Salvador Sur).
Según Herbert Alvarado, presidente y fundador de ALGASA, el proyecto se desarrollará en distintas fases en la primera, se invertirán $45 millones en la construcción de 177 unidades habitacionales, entre townhouses y apartamentos; y en las siguientes se invertirán más de $90 millones, para un total de $135 millones.
«Nos motiva seguir creyendo en El Salvador, tenemos mucho trabajo, seguridad y el país que habíamos añorado todos y es el momento justo para seguir invirtiendo», dijo.
Detalló que las torres tendrán cuatro niveles de estacionamiento, incluido el lobby, nueve niveles de apartamentos (de una, dos o tres habitaciones) y un nivel de amenidades en rooftop.
Asimismo, afirmó que entre las amenidades compartidas destacan: piscina, área de juegos para niños, picnic, senderos entre torres, jardín para mascotas, sala de reuniones y espacios para coworking, y cada torre contará con salón de usos múltiples con opción a apertura a terraza rooftop, área de gimnasio y pilates, de juegos (pingpong y área de tv) y área recreativa para bebés y para la pequeña infancia.
Las siguientes etapas comprenden una torre de 14 niveles para oficinas y otras 12 torres de apartamentos con más de 3,000 unidades y más de 150 viviendas con la generación de más de 5,000 empleos.
«Tenemos la convicción de seguir empujando y apoyando a El Salvador a ser un líder referente no solo a nivel centroamericano, sino a nivel latinoamericano y por qué no, mundial», añadió el fundador de ALGASA.
La construcción del proyecto ya inició y las primeras entregas de casas iniciarán en 2027 y se irán otorgando en los próximos 12 años, tiempo contemplado para finalizar el proyecto.
A lo largo de su trayectoria, ALGASA ha desarrollado proyectos residenciales que hoy son referentes en el país como: La Florida en Nuevo Cuscatlán, Florida Sky, ALTEMA y SERRA Townhouses.
En el caso de La Florida, uno de los primeros proyectos en la zona, se han desarrollado más de 500 unidades habitacionales, más de 120,000 metros cuadrados construidos, con un valor estimado de $200 millones en propiedades.
Este desarrollo contribuyó a posicionar a Nuevo Cuscatlán como un referente inmobiliario a escala nacional.
«Este es otro Nuevo Cuscatlán que hay que desarrollar y a raíz de eso todas las instituciones nos han abierto las puertas porque siguen creyendo en que tenemos que seguir innovando en El Salvador acercándole vivienda a la gente», sostuvo Alvarado.
Por su parte el director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), Luis Rodríguez, afirmó que la decisión de los inversionistas se ve motivada por el compromiso de las instituciones por impulsar nuevas inversiones, así como los logros en seguridad del Gobierno, que han activado nuevas zonas de desarrollo.
«Es el primer proyecto de estas dimensiones en la parte alta de San Marcos, esto es progresivo en zonas donde antes no se podía hacer nada, que estaban tomadas por la delincuencia y eran zonas rojas. El tema de seguridad ha ido provocando este tipo de inversiones», señaló el director ejecutivo de la Opamss.
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Argentina avanza en la implementación de la regulación de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
Argentina continúa dando pasos en la implementación de la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales bajo un enfoque propio, distinto al modelo integral adoptado por El Salvador, pero con avances concretos en la supervisión del mercado y el reconocimiento del liderazgo regional del país centroamericano.
Así lo explicó Roberto E. Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina, quien subrayó que ambas jurisdicciones han seguido caminos diferentes para abordar un fenómeno en crecimiento, condicionado por sus contextos económicos y regulatorios.
En el caso argentino, el impulso hacia la regulación ha estado marcado por el compromiso de promover la innovación y la modernización del sistema financiero, en línea con los más altos estándares internacionales e incorporando, además, las recomendaciones del GAFI.
«Teníamos una adopción muy grande de criptomonedas en la población local, no solo por las virtudes de los activos virtuales, sino también por razones como los controles de cambios y la inflación», explicó Silva.
Frente a este escenario, Argentina optó por desarrollar un marco enfocado en la regulación de los participantes del mercado, en lugar de establecer una ley integral sobre los activos digitales. Esto incluyó la creación de un registro y la supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales, bajo la órbita de la CNV.
«No tenemos una ley de activos virtuales. Regulamos a los sujetos, no al objeto», detalló el funcionario, al marcar una diferencia clave con el modelo salvadoreño, que cuenta con una legislación específica para este tipo de activos.
Este enfoque ha buscado mantener un equilibrio entre fomentar la innovación y garantizar la protección de los inversionistas. Según Silva, el proceso incluyó consultas públicas y un trabajo cercano con el sector privado para diseñar una regulación que no limite el desarrollo del ecosistema.
Además, Argentina ha comenzado a incorporar la tokenización dentro de su marco regulatorio, tratándola desde la lógica de los valores negociables tradicionales pero con una tecnología diferente. En este esquema, los activos tokenizados deben cumplir con requisitos de transparencia, incluyendo la divulgación completa de riesgos e información relevante para los inversionistas.
«Lo único que decimos es que hay que contarle todo al inversor para que tome la decisión de invertir o no», afirmó Silva al referirse al principio central de su regulación.
En paralelo, el regulador reconoció el papel que ha jugado El Salvador en el desarrollo de esta industria a nivel global. «Sin duda que lo que El Salvador ha hecho es extraordinario, se ha convertido en un líder en la materia», señaló y destacó el liderazgo del presidente de la CNAD, Juan Carlos Reyes.
No obstante, también enfatizó que el modelo salvadoreño responde a una estrategia particular orientada a posicionar al país como un hub internacional de activos digitales, algo que no necesariamente se ajusta a las prioridades actuales de Argentina.
A futuro, Silva no descartó que el país pueda avanzar hacia una legislación más amplia. «En el futuro nunca cerraría esa puerta», indicó, aunque aclaró que, por ahora, el foco está en fortalecer las capacidades de supervisión y acompañar la evolución del sector.
En este contexto, también anticipó que el desarrollo de la industria estará vinculado a una mayor integración con el sistema financiero tradicional, incluyendo iniciativas como la tokenización de depósitos tokenizados.
Con un ecosistema que describió como «muy dinámico y vibrante», Argentina avanza en la construcción de su propio camino en el mercado de activos digitales, mientras observa de cerca experiencias como la de El Salvador, que continúa posicionándose como referente en la región y a nivel global.
Con el lanzamiento de la fase 2 de DoctorSV, realizado por el presidente Nayib Bukele, se deja de lado la «utopía» de convertirse en el país con uno de los mejores sistemas de salud del mundo, pues ya se encamina a lograrlo, consideró ayer el sociólogo René Martínez.
Al ampliar la atención de DoctorSV con pacientes que padecen enfermedades crónicas, el gobierno reafirmó su compromiso de cuidar la salud de la población salvadoreña.
En ese sentido, durante la Entrevista AM de Canal 10, Martínez explicó que la transformación del sistema de salud que Bukele está ejecutando, con la implementación de la inteligencia artificial y nuevas tecnologías, coloca al país a la vanguardia de la salud pública.
«Cuando se revisa lo que está sucediendo en otros países, realmente te das cuenta que El Salvador está dando pasos para tener el sistema de salud pública mejor del mundo. Si lo hubiéramos dicho hace seis años, nos hubieran tildado de locos. Los pasos que estamos viendo son tan grandes y rápidos que ya dejó de ser una utopía que se esté pensando en tener el mejor sistema de salud del mundo, o ser uno de los mejores», dijo Martínez.
Agregó que el registro de 1.1 millones de usuarios en los primeros cinco meses de funcionamiento de DoctorSV tiene una variante política: la confianza de la población en las acciones del mandatario.
Por su parte, el politólogo Óscar Martínez Peñate expresó en la entrevista Panorama que las acciones del presidente Bukele han colocado al país como pionero no solo en el tema de seguridad, sino también de salud pública.
Estos resultados han permitido, según Martínez Peñate, que la población no solo respalde sino que se apropie del denominado «modelo Bukele», y lo defienda porque siente la diferencia respecto del Estado ausente que tuvo en el abandono a la ciudadanía.
«La segunda fase de DoctorSV va a venir a mejorar al ciudadano. Cuando se hacen encuestas y se dice que el 95 % apoya al gobierno y al presidente Nayib Bukele, ¿cuál es la causa fundamental?, es que cada ciudadano se siente beneficiado de las políticas públicas», subrayó.
