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Técnicas del MARN violan la Ley para conceder autorización a empresa de Salume
Tomado de La Noticia SV
Continúan los señalamientos en contra de la alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano y de personal técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por estar encaminando sus actuaciones con el fin de favorecer ilegalmente una empresa propiedad del Sr. Salume que administra el botadero municipal del Puerto de La Libertad.
De acuerdo a una fuente al interior de la municipalidad de Soyapango, la alcaldesa juntamente con familiares cercanos negociaron trasladar el contrato por la disposición final de la basura a favor de la empresa PULSEM, propiedad de Salume; esta negociación cuyos términos de fondo se desconocen al menos en parte del Concejo Municipal, se da al momento en que PULSEM ha sido cuestionada por haber estado brindando a otras municipalidades servicios fuera de la capacidad para recepción de basura que le fue autorizada por el MARN, durante los años 2017 y 2018.
El principal caso fue el de la municipalidad de Santa Tecla, que durante la administración del Exalcalde Roberto d’Aubuisson del partido ARENA, contrató la empresa PULSEM a pesar que ésta ocultó que solamente contaba con permiso para dar disposición final a 42 toneladas diarias de basura, cuando la alcaldía tecleña trasladaba unas 160 toneladas diaria de basura al sitio. Por estos hechos la Corte de Cuentas de la República (CCR) sancionó al Exalcalde y su concejo municipal por graves reparos patrimoniales. Sin embargo, a pesar de esa resolución la actual administración municipal de Santa Tecla no aplicó la ley de contrataciones del Estado, que establece la inhabilitación por cinco años a quienes invoquen hechos falsos para recibir contratos, sino que le brindó un nuevo contrato a Salume cuyo valor era casi $7 dólares más alto por tonelada de basura recibida que el otro ofertante.
Técnica del MARN pretende “brincarse” la ley.
La misma fuente informó a este medio que la empresa PULSEM, que en el año 2011 siendo Viceministra del MARN Lina Pohl, hoy prófuga de la justicia, recibió una modificación al permiso ambiental para pasar de relleno manual (20 toneladas de basura por día) a relleno semimecanizado (42 toneladas de basura por día) sin realizar un Estudio de Impacto Ambiental; ahora está a punto de ser favorecido por las técnicas ambientales María Fernanda González y Luisa María Cañas Villacorta, quienes pretenden emitir un dictamen técnico autorizando un aumento para pasar a recibir 1 mil toneladas diarias de basura, sin cumplir con los procedimientos que establece la Ley de Medio Ambiente.
Consultado el abogado ambientalista Edgar Lemus, sobre la procedencia y legalidad en las actuaciones del personal del MARN, manifestó que “ningún funcionario o autoridad está por encima de la ley y menos para favorecer los intereses particulares de un empresario, destacando que la Ley de Medio Ambiente requiere para la modificación de cualquier proyecto y especialmente los que tienen relación con el manejo, tratamiento y disposición final de la basura de la presentación de un formulario ambiental para que se generen los términos de referencia sobre los que se ha de producir el Estudio de Impacto Ambiental, mismo que debe ser dispuesto en consulta pública ante las comunidades que podrán verse afectadas por el proyecto o sus modificaciones. Por el contrario, acá el MARN no está protegiendo las comunidades y el medio ambiente, sino que se está saltando la ley para favorecer un negocio privado de Salume.”
El abogado Lemus también hizo de conocimiento que ha presentado una demanda ante la Sala de lo Constitucional para que evalúe si el permiso ambiental entregado a la empresa de Salume, con las modificaciones de los años 2011 y 2018 son o no legales, pues existían pruebas de incumplimientos de medidas ambientales y a pesar de eso fue autorizada por Lina Pohl, primero como viceministra y luego ministra del MARN. También cuestionó que las Directoras de Gestión Ambiental del MARN, primero Manlia Romero y luego Celina Monterrosa no hayan tomado en cuenta los informes y consultas ciudadanas que cuestionaban la autorización del relleno sanitario en la zona protegida del bosque Walter Thilo Deininger y la afectación de las reservas de agua superficiales y subterráneas de la zona. “Acá pueden haber hechos de corrupción por parte de exfuncionarios y tomando en cuenta la reforma penal que evita que tales hechos prescriban el abogado manifestó que presentará en los próximos días las denuncias correspondientes para que se investigue y se llegue a la verdad sobre la legitimidad o no de esas autorizaciones”. Concluyó.
A partir de hoy un carril en el bulevar Tutunichapa, en San Salvador Centro, estará cerrado por trabajos de aerocable, según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En el lugar se mantendrá circulación controlada en la zona por dichos trabajos, sin embargo, habrá presencia de gestores de tránsito en el lugar para orientar a los conductores y agilizar el tránsito vehicular.
El MOP recomienda que los automovilistas tomen rutas alternas y planificar sus recorridos con anticipación para evitar retrasos.
Los trabajos del aerocable en San Salvador son un proyecto de infraestructura de transporte masivo que iniciaron el 16 de febrero para mejorar la movilidad entre el sector de Zacamil, Mejicanos, y el centro histórico de San Salvador.
Tendrá una extensión de 3.55 km, iniciando en Zacamil, pasando por la Universidad de El Salvador (UES), Centro de Gobierno y finalizando en el parque Cuscatlán.
La Fiscalía General de la República (FGR) continúa este día con el desarrollo de la audiencia única contra 486 cabecillas de la MS-13, acusados de ordenar múltiples crímenes a nivel nacional entre 2012 y 2022.
Durante la jornada, se prevé concluir la reproducción de audios que evidencian el accionar criminal en la zona oriental del país, donde se detallan diversas órdenes ejecutadas por la estructura.
Entre los hechos documentados se incluyen asesinatos de víctimas específicas, como un miembro administrativo de la Fuerza Armada destacado en la Tercera Brigada de Infantería, así como un custodio de Centros Penales asignado al penal de Ciudad Barrios, además de otros homicidios coordinados por la organización.
Posteriormente, la FGR iniciará la presentación de audios relacionados con otros mecanismos de financiamiento ilícito, entre ellos el cobro de extorsiones y la distribución de drogas.
Las autoridades esperan concluir con la reproducción de un total de 125 audios seleccionados, los cuales forman parte de las pruebas que sustentan la acusación contra la cúpula de esta organización.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, lanzó el programa de «Cumplimiento en seguridad de productos para la protección de los consumidores», el cual está dirigido a proveedores que comercializan a escala nacional.
«Está dirigido a aquellos proveedores que comercializan a escala nacional y se busca el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor en lo relativo a los productos seguros», explicó Salazar.
El funcionario señaló que el programa busca fomentar la buena práctica, impulsar una cultura de respeto, transparencia y responsabilidad. Además, las empresas que formen parte de este fortalecerán sus conocimientos legales.
«El conocimiento de esta materia de seguridad de productos, a través de la capacitación de la Defensoría, lo van a elevar y lo van a tener. Igualmente, nosotros vamos a reconocer a aquellos (proveedores) que están dentro del programa», indicó.
La institución ha trabajado desde el año 2019, en la implementación de estrategias vinculadas al desarrollo de programas que fomenten la buena práctica y el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor en los diferentes proveedores de bienes y servicios.
«El interés de nuestra institución y del Gobierno del presidente Nayib Bukele es generar este tipo de iniciativas para que podamos asegurar un mercado en el cual la seguridad de productos esté presente», destacó.
