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Técnicas del MARN violan la Ley para conceder autorización a empresa de Salume
Tomado de La Noticia SV
Continúan los señalamientos en contra de la alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano y de personal técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por estar encaminando sus actuaciones con el fin de favorecer ilegalmente una empresa propiedad del Sr. Salume que administra el botadero municipal del Puerto de La Libertad.
De acuerdo a una fuente al interior de la municipalidad de Soyapango, la alcaldesa juntamente con familiares cercanos negociaron trasladar el contrato por la disposición final de la basura a favor de la empresa PULSEM, propiedad de Salume; esta negociación cuyos términos de fondo se desconocen al menos en parte del Concejo Municipal, se da al momento en que PULSEM ha sido cuestionada por haber estado brindando a otras municipalidades servicios fuera de la capacidad para recepción de basura que le fue autorizada por el MARN, durante los años 2017 y 2018.
El principal caso fue el de la municipalidad de Santa Tecla, que durante la administración del Exalcalde Roberto d’Aubuisson del partido ARENA, contrató la empresa PULSEM a pesar que ésta ocultó que solamente contaba con permiso para dar disposición final a 42 toneladas diarias de basura, cuando la alcaldía tecleña trasladaba unas 160 toneladas diaria de basura al sitio. Por estos hechos la Corte de Cuentas de la República (CCR) sancionó al Exalcalde y su concejo municipal por graves reparos patrimoniales. Sin embargo, a pesar de esa resolución la actual administración municipal de Santa Tecla no aplicó la ley de contrataciones del Estado, que establece la inhabilitación por cinco años a quienes invoquen hechos falsos para recibir contratos, sino que le brindó un nuevo contrato a Salume cuyo valor era casi $7 dólares más alto por tonelada de basura recibida que el otro ofertante.
Técnica del MARN pretende “brincarse” la ley.
La misma fuente informó a este medio que la empresa PULSEM, que en el año 2011 siendo Viceministra del MARN Lina Pohl, hoy prófuga de la justicia, recibió una modificación al permiso ambiental para pasar de relleno manual (20 toneladas de basura por día) a relleno semimecanizado (42 toneladas de basura por día) sin realizar un Estudio de Impacto Ambiental; ahora está a punto de ser favorecido por las técnicas ambientales María Fernanda González y Luisa María Cañas Villacorta, quienes pretenden emitir un dictamen técnico autorizando un aumento para pasar a recibir 1 mil toneladas diarias de basura, sin cumplir con los procedimientos que establece la Ley de Medio Ambiente.
Consultado el abogado ambientalista Edgar Lemus, sobre la procedencia y legalidad en las actuaciones del personal del MARN, manifestó que “ningún funcionario o autoridad está por encima de la ley y menos para favorecer los intereses particulares de un empresario, destacando que la Ley de Medio Ambiente requiere para la modificación de cualquier proyecto y especialmente los que tienen relación con el manejo, tratamiento y disposición final de la basura de la presentación de un formulario ambiental para que se generen los términos de referencia sobre los que se ha de producir el Estudio de Impacto Ambiental, mismo que debe ser dispuesto en consulta pública ante las comunidades que podrán verse afectadas por el proyecto o sus modificaciones. Por el contrario, acá el MARN no está protegiendo las comunidades y el medio ambiente, sino que se está saltando la ley para favorecer un negocio privado de Salume.”
El abogado Lemus también hizo de conocimiento que ha presentado una demanda ante la Sala de lo Constitucional para que evalúe si el permiso ambiental entregado a la empresa de Salume, con las modificaciones de los años 2011 y 2018 son o no legales, pues existían pruebas de incumplimientos de medidas ambientales y a pesar de eso fue autorizada por Lina Pohl, primero como viceministra y luego ministra del MARN. También cuestionó que las Directoras de Gestión Ambiental del MARN, primero Manlia Romero y luego Celina Monterrosa no hayan tomado en cuenta los informes y consultas ciudadanas que cuestionaban la autorización del relleno sanitario en la zona protegida del bosque Walter Thilo Deininger y la afectación de las reservas de agua superficiales y subterráneas de la zona. “Acá pueden haber hechos de corrupción por parte de exfuncionarios y tomando en cuenta la reforma penal que evita que tales hechos prescriban el abogado manifestó que presentará en los próximos días las denuncias correspondientes para que se investigue y se llegue a la verdad sobre la legitimidad o no de esas autorizaciones”. Concluyó.
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Fiscalía procesa a siete personas por estafa y uso de documentos falsos en perjuicio de institución financiera
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un operativo durante la madrugada que permitió la captura de siete personas acusadas de cometer delitos financieros en perjuicio de una institución financiera ubicada en la zona oriental del país.
Según el requerimiento fiscal, los imputados habrían operado mediante una estructura delictiva organizada que actuaba en diferentes fases. En la primera etapa, recolectaban documentos de identidad y elaboraban documentación falsa que posteriormente era presentada ante la entidad financiera. En una segunda fase, reclutaban personas para que facilitaran sus datos personales y colaboraran en la obtención de los créditos.
Posteriormente, los procesados se presentaban ante la institución simulando ser solicitantes legítimos de productos financieros, logrando así la aprobación de los financiamientos. Con esta modalidad, la Fiscalía establece que los imputados obtuvieron 19 créditos por un monto individual de $5,000, generando un perjuicio económico aproximado de $95,000.
De acuerdo con la investigación, parte del dinero era entregado a las personas que colaboraban con el esquema fraudulento, ya sea mediante el pago de una porción del crédito o con compensaciones económicas de hasta $100 por el uso de sus documentos personales.
Imputados y delitos atribuidos
Los detenidos son:
José Amílcar Flores
María Lorena Fuentes
Kenia Leticia Sánchez Fuentes
Carlos Alexis Sánchez Arevalo
Jessica Elizabeth Chicas Gutiérrez
Marvin Alexis Fuentes Flores
José Luis Ramos Díaz
La Fiscalía les atribuye los delitos de:
Falsedad ideológica
Uso y tenencia de documentos falsos
Estafa
Las capturas se realizaron en distintos sectores de los departamentos de San Miguel y La Unión, donde además se incautaron teléfonos celulares, documentos y otros elementos probatorios que serán incorporados al proceso penal.
Los imputados serán presentados ante los tribunales correspondientes en las próximas horas, donde la Fiscalía solicitará las medidas que conforme a derecho correspondan, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en el caso.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó hoy que han logrado la incautación de 375 kilos de cocaína, valorados comercialmente en un aproximado de $9.4 millones.
«La embarcación fue intervenida en la bocana del Río Jiboa, límite entre San Vicente y La Paz, donde fueron capturados dos sujetos: Ubaldo Reyes Juarez, salvadoreño y Rony Eduardo Morales Fajardo, guatemalteco», informó el ministro.
En esta misión participó la Sección Táctica Operativa de Reacción Marítima (STORM), que eficazmente logró neutralizar el avance del cargamento y su ruta criminal.
Durante el procedimiento también fueron incautados dos celulares y un GPS. La lancha provenía de Nicaragua y su destino era Guatemala, dijo Villatoro.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un pandillero de la Mara Salvatrucha, en el cantón Primavera, Santa Ana Centro.
Se trata de Víctor Hugo Cuellar Linares, de 51 años, un homeboy de la MS13.
Según las autoridades, el sujeto intentó ocultar los tatuajes que lo vinculaban con la pandilla con otros artísticos.
Sin embargo, «en nuestros registros aparece perfilado como miembro de la clica Criminal Little Cycos», detalló la institución en su cuenta de X.
Cuella Lineres será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas.
