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Técnicas del MARN violan la Ley para conceder autorización a empresa de Salume
Tomado de La Noticia SV
Continúan los señalamientos en contra de la alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano y de personal técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por estar encaminando sus actuaciones con el fin de favorecer ilegalmente una empresa propiedad del Sr. Salume que administra el botadero municipal del Puerto de La Libertad.
De acuerdo a una fuente al interior de la municipalidad de Soyapango, la alcaldesa juntamente con familiares cercanos negociaron trasladar el contrato por la disposición final de la basura a favor de la empresa PULSEM, propiedad de Salume; esta negociación cuyos términos de fondo se desconocen al menos en parte del Concejo Municipal, se da al momento en que PULSEM ha sido cuestionada por haber estado brindando a otras municipalidades servicios fuera de la capacidad para recepción de basura que le fue autorizada por el MARN, durante los años 2017 y 2018.
El principal caso fue el de la municipalidad de Santa Tecla, que durante la administración del Exalcalde Roberto d’Aubuisson del partido ARENA, contrató la empresa PULSEM a pesar que ésta ocultó que solamente contaba con permiso para dar disposición final a 42 toneladas diarias de basura, cuando la alcaldía tecleña trasladaba unas 160 toneladas diaria de basura al sitio. Por estos hechos la Corte de Cuentas de la República (CCR) sancionó al Exalcalde y su concejo municipal por graves reparos patrimoniales. Sin embargo, a pesar de esa resolución la actual administración municipal de Santa Tecla no aplicó la ley de contrataciones del Estado, que establece la inhabilitación por cinco años a quienes invoquen hechos falsos para recibir contratos, sino que le brindó un nuevo contrato a Salume cuyo valor era casi $7 dólares más alto por tonelada de basura recibida que el otro ofertante.
Técnica del MARN pretende “brincarse” la ley.
La misma fuente informó a este medio que la empresa PULSEM, que en el año 2011 siendo Viceministra del MARN Lina Pohl, hoy prófuga de la justicia, recibió una modificación al permiso ambiental para pasar de relleno manual (20 toneladas de basura por día) a relleno semimecanizado (42 toneladas de basura por día) sin realizar un Estudio de Impacto Ambiental; ahora está a punto de ser favorecido por las técnicas ambientales María Fernanda González y Luisa María Cañas Villacorta, quienes pretenden emitir un dictamen técnico autorizando un aumento para pasar a recibir 1 mil toneladas diarias de basura, sin cumplir con los procedimientos que establece la Ley de Medio Ambiente.
Consultado el abogado ambientalista Edgar Lemus, sobre la procedencia y legalidad en las actuaciones del personal del MARN, manifestó que “ningún funcionario o autoridad está por encima de la ley y menos para favorecer los intereses particulares de un empresario, destacando que la Ley de Medio Ambiente requiere para la modificación de cualquier proyecto y especialmente los que tienen relación con el manejo, tratamiento y disposición final de la basura de la presentación de un formulario ambiental para que se generen los términos de referencia sobre los que se ha de producir el Estudio de Impacto Ambiental, mismo que debe ser dispuesto en consulta pública ante las comunidades que podrán verse afectadas por el proyecto o sus modificaciones. Por el contrario, acá el MARN no está protegiendo las comunidades y el medio ambiente, sino que se está saltando la ley para favorecer un negocio privado de Salume.”
El abogado Lemus también hizo de conocimiento que ha presentado una demanda ante la Sala de lo Constitucional para que evalúe si el permiso ambiental entregado a la empresa de Salume, con las modificaciones de los años 2011 y 2018 son o no legales, pues existían pruebas de incumplimientos de medidas ambientales y a pesar de eso fue autorizada por Lina Pohl, primero como viceministra y luego ministra del MARN. También cuestionó que las Directoras de Gestión Ambiental del MARN, primero Manlia Romero y luego Celina Monterrosa no hayan tomado en cuenta los informes y consultas ciudadanas que cuestionaban la autorización del relleno sanitario en la zona protegida del bosque Walter Thilo Deininger y la afectación de las reservas de agua superficiales y subterráneas de la zona. “Acá pueden haber hechos de corrupción por parte de exfuncionarios y tomando en cuenta la reforma penal que evita que tales hechos prescriban el abogado manifestó que presentará en los próximos días las denuncias correspondientes para que se investigue y se llegue a la verdad sobre la legitimidad o no de esas autorizaciones”. Concluyó.
Una rastra se vio involucrada en un accidente de tránsito la mañana de este viernes sobre la calle El Ángel, en la carretera antigua a Nejapa, en el departamento de San Salvador.
De acuerdo con información preliminar, el conductor habría perdido el control del vehículo pesado tras quedarse dormido al volante, lo que provocó que la unidad se saliera de la vía y terminara precipitándose a una quebrada ubicada a un costado de la carretera.
Las circunstancias del percance continúan bajo verificación, mientras las autoridades correspondientes realizan las diligencias necesarias en la zona.
Varias personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado este viernes sobre la carretera Panamericana, a la altura del kilómetro 20, donde varios vehículos se vieron involucrados en una colisión.
De acuerdo con información preliminar, el percance habría ocurrido cuando uno de los conductores no respetó el derecho de paso al incorporarse desde un retorno, lo que provocó el impacto y una reacción en cadena entre los automotores que circulaban por la zona.
Las autoridades y cuerpos de socorro atendieron la emergencia, mientras se desarrollaban las labores correspondientes en el sector afectado.
Las autoridades de seguridad informaron que han capturado a los implicados en los 28 homicidios registrados entre el 1 de enero y el 3 de junio de este año. Según datos del Gabinete de Seguridad, los detenidos ya enfrentan procesos judiciales por los delitos de homicidio y feminicidio.
De acuerdo con las autoridades, las labores de inteligencia y las investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional Civil (PNC) permitieron esclarecer cada uno de los casos y ubicar a los responsables.
Entre los detenidos figura Fernando Javier Rivera Moreno, de 28 años, señalado como responsable de un homicidio ocurrido el 9 de mayo en Tamanique, La Libertad Costa. Según la investigación, el hecho se habría originado por una disputa relacionada con dinero procedente de la venta de droga. La víctima falleció a causa de lesiones provocadas con arma blanca, mientras que el imputado es procesado por homicidio.
Otro de los casos reportados corresponde a Sigfredo Antonio Mena Vásquez, de 35 años, capturado el 8 de mayo por un homicidio cometido un día antes en Coatepeque, Santa Ana. Según las investigaciones, el crimen ocurrió tras una discusión derivada de conflictos previos entre el imputado y la víctima.
Asimismo, las autoridades informaron sobre la captura de Maynor Humberto García Flores, acusado de homicidio agravado en perjuicio de una mujer. El hecho ocurrió el 30 de abril en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
Entre los casos destacados también se encuentra la detención de Diego Antonio Santos Villanueva, quien fue arrestado cuando presuntamente intentaba huir hacia Guatemala tras el asesinato de Isabela Hernández, de 28 años, en Santa Ana.
Las autoridades también reportaron la captura de José Ricardo Romero Chávez y Cecilia Elizabeth Palacios por su presunta participación en el homicidio de una mujer de 35 años. La víctima desapareció el 23 de febrero luego de realizar trámites personales en Usulután. Posteriormente, durante las investigaciones, la Policía localizó pertenencias de la mujer en un predio del caserío San Mauricio, en Tecapán. Según el reporte oficial, Cecilia Elizabeth Palacios confesó la participación de ambos en el crimen.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha reiterado en diversas ocasiones que las autoridades mantienen una política de persecución penal contra quienes cometan delitos contra la vida, con el objetivo de evitar la impunidad en estos casos.
