Sucesos
PNC decomisa 227,000 unidades de pirotécnicos prohibidos en ventas ilegales

Comerciantes con licencia vendiendo producto prohibido o mercadería legal a la venta en lugares no autorizados son las causas del cuantioso decomiso de pólvora que registra la Policía Nacional Civil (PNC) en todo el país.
Policías de la División de Armas y Explosivos (DAE), apoyados por equipos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), decomisaron más de 227,000 unidades de luces y cohetes pirotécnicos valorados en decenas de miles de dólares, ya sea porque se trataba de productos cuya fabricación está prohibida por la ley, o por estar a la venta en lugares no autorizados o porque quienes los comercializaban carecían de la respectiva licencia para hacerlo.
De acuerdo con el jefe de la DAE, subcomisionado Fausto Carranza, el grueso de las incautaciones se ha llevado a cabo en los departamentos de San Salvador con 130,086 unidades, Sonsonate con 44,709 y La Libertad con 36,616.
Entre la mercadería decomisada se hallan desde los denominados morteros “milpita” hasta el número 5, luces de bengala y estrellitas, pilicracker (giratorias y lanza chispas) y volcancitos.
Los agentes de la DAE realizaron la mayoría de las confiscaciones entre el 23 y 24 de diciembre en los alrededores del Mercado Central, excine Central y otros puntos de la capital, así como en las cabeceras de Sonsonate y Santa Tecla.
Sin embargo los decomisos iniciaron hace más de dos semanas por parte de las autoridades.
Otras incautaciones regulares de parte de la policía ocurrieron en los departamentos de Usulután, Cuscatlán y Ahuachapán, por estar a la venta en lugares no autorizados o porque se trataba de mercadería cuya fabricación y venta está penada por la ley con el agravante de que quienes lo hacían son comerciantes con licencia para expender producto legal.
Los dispositivos de verificación y decomiso de este tipo de mercadería son permanentes pero se acentúan durante los festejos de Navidad y Fin de Año.
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El Salvador extradita a ocho criminales buscados por delitos graves en cinco países

Al menos ocho personas, entre ciudadanos salvadoreños y extranjeros, han sido extraditadas en lo que va del año por delitos graves como feminicidio, abuso sexual infantil, homicidio, tráfico de personas, violencia contra la mujer y robo agravado, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Del 24 de enero al 19 de junio de 2025, El Salvador ha ejecutado extradiciones hacia Guatemala, Israel, Rusia, Estados Unidos y España, en respuesta a solicitudes judiciales internacionales. Uno de los casos más recientes es el del salvadoreño Julio Enrique Amaya Turcios, entregado a Guatemala por el feminicidio de su pareja ocurrido en 2014. Amaya fue detenido en Usulután el 5 de febrero.
Asimismo, el ciudadano israelí Eluzur Rumpler fue entregado a su país por acusaciones de abuso y violencia física contra menores en un centro educativo, entre 2009 y 2011. Rumpler fue capturado en diciembre de 2024 en Ahuachapán.
Por su parte, Boburmirzo Bogirov, originario de Uzbekistán, fue extraditado a Rusia por el delito de asesinato. Su detención se realizó en marzo de 2023, iniciando el proceso de verificación judicial para confirmar la ausencia de causas abiertas en territorio salvadoreño.
Estados Unidos ha recibido a tres salvadoreños requeridos por delitos sexuales. Gilberto Portillo Jovel fue reclamado por seis cargos de abuso sexual infantil cometidos en Nueva York entre 2007 y 2009, mientras que Gilberto Ernesto Gutiérrez enfrenta en Maryland más de 25 cargos por violación y abuso sexual ocurridos entre 2000 y 2003. En tanto, Kilmar Ábrego García fue extraditado por tráfico ilegal de personas y presunta pertenencia a la Mara Salvatrucha. Aunque un juez federal en Tennessee permitió que enfrentara el juicio en libertad, el Departamento de Justicia estadounidense apeló la medida.
También fue enviado a Guatemala Wilmer de Jesús Polanco Flores, acusado de homicidio culposo por un accidente de tránsito en 2018 que provocó una muerte en Jutiapa. Por otro lado, España recibió a René Oswaldo Sánchez, acusado por agresión sexual, robo con violencia y lesiones contra una mujer en 2019.
La Fiscalía ha reiterado su compromiso con la cooperación internacional en el combate al crimen transnacional, asegurando que se continuará colaborando con las autoridades de otros países para que los imputados enfrenten la justicia.