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Ministerio de Salud no registra pacientes ventilados a causa de la COVID-19
Según el titular del Ministerio de Salud (Minsal), Francisco Alabi, no hay pacientes con ventilación mecánica en áreas hospitalarias a causa de la COVID-19.
El funcionario detalló que el promedio de casos diarios ronda los 10, de acuerdo con los resultados de las pruebas PCR que se analizan mediante los tamizajes comunitarios a escala nacional. «El dato exacto de ayer [domingo] es una cantidad bastante baja de casos. Pacientes en hospital, 10, no tenemos pacientes ventilados; un total de cinco pruebas PCR positivas en laboratorios nacionales y tres de antígenos en laboratorios privados», detalló el ministro Alabi.
Asimismo, en lo que va de enero (hasta ayer) se reportan siete días sin fallecidos por la enfermedad.
De igual manera, señaló que luego de haber experimentado un incremento de casos, actualmente se registra un marcado descenso de contagios, lo que demuestra la efectividad de las medidas de contención implementadas desde el principio de la pandemia.
A escala internacional, diferentes países han sido afectados por nuevas subvariantes de ómicron, como las de preocupación XBB.1.5 y BF., las cuales han generado incrementos en los casos e incluso aumentos en las muertes diarias por el virus, una situación muy alejada a la realidad que atraviesa El Salvador.
En tanto, el titular de Salud remarcó que el país tiene la capacidad de secuenciar la COVID-19 e identificar cuál o cuáles son las variantes o subvariantes que circulan en el territorio.
Esto ha sido posible gracias a las facultades que se le han conferido al Instituto Nacional de Salud (INS), el cual, a través del Laboratorio Nacional de Salud Pública, desarrolla este tipo de procesos.
«Ya tenemos análisis de secuenciación, ya no es necesario mandar las pruebas a Panamá o a Costa Rica», indicó Alabi en referencia a los laboratorios a los que se enviaban las muestras para secuenciar e identificar subvariantes.
Los resultados de la secuenciación que se está desarrollando se tendrán «muy pronto», explicó Alabi.
De igual manera, resaltó que en el país nueve de cada 10 salvadoreños tienen el esquema de dos dosis, lo que ha generado la protección contra la enfermedad; sin embargo, instó a la población a completar el esquema de las cuatro dosis que el Gobierno ha puesto a disposición.
Esta estrategia se ejecuta desde el 17 de febrero de 2021, cuando arribó al país el primer lote de vacunas. El Salvador recibió más de 50 lotes del biológico para proteger a la población.
Como lo ha indicado Alabi en ocasiones anteriores, a escala nacional se registran más de 11.3 millones de dosis aplicadas contra la COVID-19, de las cuales más de 4.6 millones corresponden a primeras aplicaciones y más de 4.3 millones a segundas dosis, mientras que el resto corresponde a terceras y cuartas dosis administradas tanto a salvadoreños como a extranjeros.
Entre las fortalezas que el país tiene se encuentra el renovado Centro Nacional de Biológicos (Cenabi), el cual permite mantener una cadena de frío óptima para las diferentes vacunas de la COVID-19 (y otras) que han llegado al país. Esto le permitió a El Salvador tener el reconocimiento de entidades como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El ministro de Salud también aseguró que se tienen las suficientes vacunas para aplicarle a la población que aún no ha completado su esquema o no ha recibido ninguna de las dosis requeridas.
«Hay suficientes vacunas y van a seguir llegando al territorio para tener esa protección», señaló.
Otra de las estrategias que se han implementado es la atención a través de la telemedicina que la población ha recibido mediante el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) 132, la cual ha brindado orientación a la población durante el tiempo de la pandemia.
El SEM ha sido clave en atención de la pandemia por la COVID-19 las 24 horas y los siete días a la semana. «Al marcar el número de emergencias, las opciones de llamado a las que la ciudadanía puede acceder son (1) reacciones alérgicas de la vacuna contra la COVID-19, (2) emergencias por la COVID-19, (3) emergencias médicas, (4) presencia de síntomas de viruela símica y (5) cita para vacunación contra la COVID-19», detalló el Ejecutivo en un comunicado.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador iniciaría a mediados o a finales de abril, la audiencia única abierta a 492 cabecillas de la Mara Salvatrucha por una serie de delitos que la Fiscalía General de la República les atribuye.
De forma virtual enfrentarán el juicio desde diferentes centros penales donde están detenidos desde hace varios años, mientras que otros fueron arrestados durante el régimen de excepción.
Fiscales contra el crimen organizado han documentado 37,402 delitos, consumados entre el 2012 y 2022. Entre los cabecillas que serán enjuiciados hay 24 que conformaron la ranfla histórica, 215 ranfleros y 253 corredores de programas.
El expediente con más de 37,000 folios, contiene agrupaciones ilícitas para todos, y se incluye otros delitos como homicidio agravado, desaparición de personas, extorsiones, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de droga, actos de terrorismo y rebelión.
Los miembros de la ranfla histórica, la mayoría están guardando detención en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, La Paz, otros cabecillas están recluidos en los penales de Izalco, Ciudad Barrios y Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
El ministerio público señala como principales responsables a los corredores de los 32 programas de la Mara Salvatrucha quienes están detenidos, también se procesa a cabecillas que han sido ubicados en otros países como México, Estados Unidos y Centroamérica.
En las indagaciones establecieron que para perpetrar los delitos utilizaron diversas estrategias y métodos, uno de ellos es el denominado «H1», el cual se basaba en asesinar a las personas y luego enterrarlas.
Los históricos niveles de seguridad pública en el país, como resultado de la implementación del Plan Control Territorial, reforzado con el rpegimen de excepción, han permitido que en la colonia Zacamil, al norte de la capital, se desarrollen diversas iniciativas de renovación urbana, incluyendo la intervención artística de los edificios en la zona conocida como la «gran manzana».
Dicho proyecto es desarrollado por la Fundación Custom Made Stories, con la finalidad de recuperar el sentido de comunidad y pertenencia a través de murales elaborados por artistas nacionales e internacionales.
Telma Chávez, líder comunitaria y residente de la zona, expresó que el proyecto ha impactado en gran manera a los residentes, desde la perspectiva de cómo era percibida la zona en lo visual.
«La fundación ve a la Zacamil como un punto de referencia, más que todo por las historias que se contaban anteriormente, de una zona roja, y en eso se enfoca bastante, en dar una transformación en el lugar», dijo.
Chávez indicó que cada uno de los artes realizados representan al entorno y a los pobladores. «Por ejemplo, en el edificio 108 el arte cuenta con 40 pines que se unen entre ellos, y que representan los 40 edificios. La idea del artista es cómo hacer la unión, porque aquí en la Zacamil existían barreras, porque residentes de diferentes edificios no tenían comunicación», explicó.
La fundación detalla en su sitio web que lo realizado en la colonia Zacamil ha permitido una regeneración urbana holística, con un enfoque multidisciplinar que reúne a una variada red de profesionales, entre ellos arquitectos, diseñadores urbanos, artistas, escritores e innovadores sociales, para desarrollar estrategias integrales que aborden las complejas necesidades de las comunidades urbanas.
«Nos centramos en mejorar los espacios públicos y las infraestructuras, facilitar el compromiso cultural, desarrollar servicios comunitarios esenciales», dijo.
Entre enero y marzo de 2026, al menos 26 cabecillas de pandillas fueron condenados en audiencia únicas abiertas, en juicios iniciados para los próximos dos años a estructuras con más de 500 terroristas.
Las sentencias son el resultado de las detenciones efectuadas por las fuerzas de seguridad en el marco del régimen de excepción instaurado en El Salvador el 27 de marzo de 2022 y que la Asamblea Legislativa ha prorrogado en 49 ocasiones.
Los tribunales contra el crimen organizado que funcionan en San Miguel, Santa Ana y San Salvador han impuesto condenas de 60 años de prisión a los cabecillas de clicas de la pandilla 18 y Mara Salvatrucha.
Los jueces han aplicado una enmienda que la Asamblea Legislativa aprobó en julio de 2023, a la Ley Contra el Crimen Organizado la cual ordena imponer condenas de 45 a 60 años de prisión a los cabecillas.
En las audiencias únicas, fiscales de varias unidades especializadas acusaron a los jefes de las células criminales por agrupaciones ilícitas un delito común aplicado por ser miembros de pandillas.
Pero a varios de esos cabecillas además de los 60 años de cárcel impuestos por su rango en las estructuras, los jueces los sentenciaron a penas que sobrepasan los 300 y 400 años por consumar extorsiones, homicidios, cometer delitos de posesión y tenencia de drogas, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, tráfico ilícito, limitación a la libre circulación, feminicidios, lavado de dinero y otros hechos de crimen organizado y realización compleja.
Los 26 cabecillas condenados forman parte de los más de 30 expedientes iniciados a estructuras de pandillas en el primer trimestre de 2026, al abrir las audiencias únicas esos procesos quedan activos en los próximos 24 meses la Fiscalía General de la República puede solicitar en cualquier momento a los jueces enjuiciar a los demás integrantes de las más de 30 estructuras.
Para lograr las condenas, el ministerio público acreditó con un perfil criminológico las características, función y rango que tenían, ya que a raíz de ese comportamiento criminal llegaron a ser jefes de pandilla y tener el control de una zona geográfica específica en la giraban órdenes, así como avalaron cometer delitos con su respectivo modus operandi.
Como encargados de grupos territoriales emitían instrucciones y sin su autorización ningún miembro de pandilla podía consumar un hecho delictivo, quienes violaban los códigos eran reprendidos y hasta fueron asesinados.
De las condenas de cabecillas, solo en San Salvador fueron sentenciados ocho jefes mareros. Uno de ellos es Mauricio Ernesto Anaya Cárcamo, cabecilla de la estructura Hollywood Ganster Revolucionarios, de la colonia Amatepec, Soyapango, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado le impuso 40 años por agrupaciones ilícitas.
También el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, impuso 45 años de prisión a Vladimir Antonio Guzmán Olmedo, alias «Drogo» y Edwin Giovanni Benítez Orellana, alias «Little Spi», cabecillas de la estructura Hollywood que delinquía en varios distritos de Chalatenango, por los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia o conducción ilegal de arma de fuego, así como posesión y tenencia de drogas.
El mismo tribunal condenó a 60 años de prisión a Carlos Javier Vásquez Amaya, por tener el rango de corredor de clica [mando operativo] de la estructura Saicos Locos Salvatruchos que estuvo delinquiendo en diferentes sectores del departamento de Cuscatlán.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a otros tres cabecillas de la estructura Peajes Locos Salvatruchos, que delinquieron en diversos distritos del departamento de La Paz y contaba con seis bases nacionales y una en el estado de Maryland, Estados Unidos.
A Juan Antonio Ulloa Torres, alias «Little Bad» quien era corredor de la clica; el juez le impuso 45 años, Edenilson Enrique Méndez Martínez, alias «El Soberbio»; y Rafael Anival Guatemala Arteaga, alias «Pride» encargados de la base uno y cuatro de la estructura, respectivamente, recibieron la misma p
