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Ministerio de Salud no registra pacientes ventilados a causa de la COVID-19
Según el titular del Ministerio de Salud (Minsal), Francisco Alabi, no hay pacientes con ventilación mecánica en áreas hospitalarias a causa de la COVID-19.
El funcionario detalló que el promedio de casos diarios ronda los 10, de acuerdo con los resultados de las pruebas PCR que se analizan mediante los tamizajes comunitarios a escala nacional. «El dato exacto de ayer [domingo] es una cantidad bastante baja de casos. Pacientes en hospital, 10, no tenemos pacientes ventilados; un total de cinco pruebas PCR positivas en laboratorios nacionales y tres de antígenos en laboratorios privados», detalló el ministro Alabi.
Asimismo, en lo que va de enero (hasta ayer) se reportan siete días sin fallecidos por la enfermedad.
De igual manera, señaló que luego de haber experimentado un incremento de casos, actualmente se registra un marcado descenso de contagios, lo que demuestra la efectividad de las medidas de contención implementadas desde el principio de la pandemia.
A escala internacional, diferentes países han sido afectados por nuevas subvariantes de ómicron, como las de preocupación XBB.1.5 y BF., las cuales han generado incrementos en los casos e incluso aumentos en las muertes diarias por el virus, una situación muy alejada a la realidad que atraviesa El Salvador.
En tanto, el titular de Salud remarcó que el país tiene la capacidad de secuenciar la COVID-19 e identificar cuál o cuáles son las variantes o subvariantes que circulan en el territorio.
Esto ha sido posible gracias a las facultades que se le han conferido al Instituto Nacional de Salud (INS), el cual, a través del Laboratorio Nacional de Salud Pública, desarrolla este tipo de procesos.
«Ya tenemos análisis de secuenciación, ya no es necesario mandar las pruebas a Panamá o a Costa Rica», indicó Alabi en referencia a los laboratorios a los que se enviaban las muestras para secuenciar e identificar subvariantes.
Los resultados de la secuenciación que se está desarrollando se tendrán «muy pronto», explicó Alabi.
De igual manera, resaltó que en el país nueve de cada 10 salvadoreños tienen el esquema de dos dosis, lo que ha generado la protección contra la enfermedad; sin embargo, instó a la población a completar el esquema de las cuatro dosis que el Gobierno ha puesto a disposición.
Esta estrategia se ejecuta desde el 17 de febrero de 2021, cuando arribó al país el primer lote de vacunas. El Salvador recibió más de 50 lotes del biológico para proteger a la población.
Como lo ha indicado Alabi en ocasiones anteriores, a escala nacional se registran más de 11.3 millones de dosis aplicadas contra la COVID-19, de las cuales más de 4.6 millones corresponden a primeras aplicaciones y más de 4.3 millones a segundas dosis, mientras que el resto corresponde a terceras y cuartas dosis administradas tanto a salvadoreños como a extranjeros.
Entre las fortalezas que el país tiene se encuentra el renovado Centro Nacional de Biológicos (Cenabi), el cual permite mantener una cadena de frío óptima para las diferentes vacunas de la COVID-19 (y otras) que han llegado al país. Esto le permitió a El Salvador tener el reconocimiento de entidades como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El ministro de Salud también aseguró que se tienen las suficientes vacunas para aplicarle a la población que aún no ha completado su esquema o no ha recibido ninguna de las dosis requeridas.
«Hay suficientes vacunas y van a seguir llegando al territorio para tener esa protección», señaló.
Otra de las estrategias que se han implementado es la atención a través de la telemedicina que la población ha recibido mediante el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) 132, la cual ha brindado orientación a la población durante el tiempo de la pandemia.
El SEM ha sido clave en atención de la pandemia por la COVID-19 las 24 horas y los siete días a la semana. «Al marcar el número de emergencias, las opciones de llamado a las que la ciudadanía puede acceder son (1) reacciones alérgicas de la vacuna contra la COVID-19, (2) emergencias por la COVID-19, (3) emergencias médicas, (4) presencia de síntomas de viruela símica y (5) cita para vacunación contra la COVID-19», detalló el Ejecutivo en un comunicado.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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