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Ministerio de Salud no registra pacientes ventilados a causa de la COVID-19
Según el titular del Ministerio de Salud (Minsal), Francisco Alabi, no hay pacientes con ventilación mecánica en áreas hospitalarias a causa de la COVID-19.
El funcionario detalló que el promedio de casos diarios ronda los 10, de acuerdo con los resultados de las pruebas PCR que se analizan mediante los tamizajes comunitarios a escala nacional. «El dato exacto de ayer [domingo] es una cantidad bastante baja de casos. Pacientes en hospital, 10, no tenemos pacientes ventilados; un total de cinco pruebas PCR positivas en laboratorios nacionales y tres de antígenos en laboratorios privados», detalló el ministro Alabi.
Asimismo, en lo que va de enero (hasta ayer) se reportan siete días sin fallecidos por la enfermedad.
De igual manera, señaló que luego de haber experimentado un incremento de casos, actualmente se registra un marcado descenso de contagios, lo que demuestra la efectividad de las medidas de contención implementadas desde el principio de la pandemia.
A escala internacional, diferentes países han sido afectados por nuevas subvariantes de ómicron, como las de preocupación XBB.1.5 y BF., las cuales han generado incrementos en los casos e incluso aumentos en las muertes diarias por el virus, una situación muy alejada a la realidad que atraviesa El Salvador.
En tanto, el titular de Salud remarcó que el país tiene la capacidad de secuenciar la COVID-19 e identificar cuál o cuáles son las variantes o subvariantes que circulan en el territorio.
Esto ha sido posible gracias a las facultades que se le han conferido al Instituto Nacional de Salud (INS), el cual, a través del Laboratorio Nacional de Salud Pública, desarrolla este tipo de procesos.
«Ya tenemos análisis de secuenciación, ya no es necesario mandar las pruebas a Panamá o a Costa Rica», indicó Alabi en referencia a los laboratorios a los que se enviaban las muestras para secuenciar e identificar subvariantes.
Los resultados de la secuenciación que se está desarrollando se tendrán «muy pronto», explicó Alabi.
De igual manera, resaltó que en el país nueve de cada 10 salvadoreños tienen el esquema de dos dosis, lo que ha generado la protección contra la enfermedad; sin embargo, instó a la población a completar el esquema de las cuatro dosis que el Gobierno ha puesto a disposición.
Esta estrategia se ejecuta desde el 17 de febrero de 2021, cuando arribó al país el primer lote de vacunas. El Salvador recibió más de 50 lotes del biológico para proteger a la población.
Como lo ha indicado Alabi en ocasiones anteriores, a escala nacional se registran más de 11.3 millones de dosis aplicadas contra la COVID-19, de las cuales más de 4.6 millones corresponden a primeras aplicaciones y más de 4.3 millones a segundas dosis, mientras que el resto corresponde a terceras y cuartas dosis administradas tanto a salvadoreños como a extranjeros.
Entre las fortalezas que el país tiene se encuentra el renovado Centro Nacional de Biológicos (Cenabi), el cual permite mantener una cadena de frío óptima para las diferentes vacunas de la COVID-19 (y otras) que han llegado al país. Esto le permitió a El Salvador tener el reconocimiento de entidades como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El ministro de Salud también aseguró que se tienen las suficientes vacunas para aplicarle a la población que aún no ha completado su esquema o no ha recibido ninguna de las dosis requeridas.
«Hay suficientes vacunas y van a seguir llegando al territorio para tener esa protección», señaló.
Otra de las estrategias que se han implementado es la atención a través de la telemedicina que la población ha recibido mediante el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) 132, la cual ha brindado orientación a la población durante el tiempo de la pandemia.
El SEM ha sido clave en atención de la pandemia por la COVID-19 las 24 horas y los siete días a la semana. «Al marcar el número de emergencias, las opciones de llamado a las que la ciudadanía puede acceder son (1) reacciones alérgicas de la vacuna contra la COVID-19, (2) emergencias por la COVID-19, (3) emergencias médicas, (4) presencia de síntomas de viruela símica y (5) cita para vacunación contra la COVID-19», detalló el Ejecutivo en un comunicado.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), destruyó un total de 85,224.93 gramos de droga, valorados en $333,786.85, como parte de sus acciones contra el narcotráfico.
Según informaron las autoridades, la droga fue decomisada en distintos procedimientos realizados en Santa Ana, San Miguel y San Salvador.
Los casos corresponden a procesos en los que los responsables ya cumplen condenas en prisión, mientras que otros aún enfrentan procesos judiciales por el delito de tráfico ilícito.
Durante el procedimiento, la droga fue clasificada en 83,712.07 gramos de marihuana, 13 plantas de marihuana, 1,487.51 gramos de cocaína y 25.35 gramos de metanfetamina.
La reserva estratégica de bitcóin (BTC) de El Salvador sigue creciendo y ha alcanzado las 7,637 monedas, consolidando una tendencia de acumulación que se ha mantenido constante en el tiempo. De acuerdo con los datos más recientes, el portafolio soberano ha sumado 30 bitcoines en el último mes, como parte de la estrategia de compras periódicas impulsada por el Gobierno.
Con el precio del bitcóin superando los $76,000, el valor estimado de esta reserva asciende actualmente a $584 millones. Este crecimiento refleja no solo el aumento en la cantidad de BTC en posesión del país, sino también el impacto del comportamiento del mercado sobre el valor total del portafolio.
La acumulación ha sido posible gracias a una política de largo plazo basada, en gran medida, en la compra de un BTC por día. Esta estrategia se ha mantenido incluso en contextos de volatilidad, y ha sido complementada con adquisiciones de mayor volumen durante caídas del precio, lo que permite optimizar los puntos de entrada.
Entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de abril de 2026, El Salvador ha incorporado aproximadamente 1,633 bitcoines a su reserva nacional, lo que evidencia una aceleración en el ritmo de acumulación en los últimos meses. Este enfoque ha posicionado al país como uno de los mayores compradores soberanos de BTC a nivel global, destacando por realizar adquisiciones directas en el mercado, en contraste con otros Estados cuyas tenencias provienen principalmente de decomisos.
Desde la Oficina Nacional del Bitcoin se ha reiterado que esta política responde a una visión de largo plazo, orientada a posicionar a El Salvador dentro de la economía digital global. La estrategia no solo se centra en la acumulación del activo, sino también en el desarrollo de un ecosistema que incluye regulación, educación y atracción de inversión.
Con una reserva que supera los 7,600 bitcoines y un valor por encima de los $584 millones, El Salvador continúa consolidando su apuesta por el bitcóin como activo estratégico, en un contexto internacional donde crece el interés institucional y la competencia por liderar la adopción de tecnologías financieras emergentes.
Una estructura que delinquió como grupo de extermio en diferentes distritos de La Unión y parte de San Miguel, fue condenada a penas de hasta 204 años de prisión.
La resolución fue emitida durante la vista pública desarrollada en el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), el grupo integrado por 30 personas se autodenominada el diablo de cordoncillo, y delinquió entre 2018 y 2020, en los distritos de San Alejo, Yayantique, El Carmen; y San Antonio Silva, de San Miguel.
«Estos sujetos eran financiados por personas originarias de San Alejo y Yayantique que residían en los Estados Unidos y les pagaban para matar a pandilleros, colaboradores de pandillas y civiles», detalla el reporte de la Fiscalía.
De acuerdo con las investigaciones, esta estructura criminal asesinó a una persona y participó en la planeación de nueve homicidios en los distritos de San Alejo y Yayantique, ambos de La Unión.
Entre las personas condenadas están el cabecilla del grupo de exterminio, el segundo jefe al mando, un pagador, 14 ejecutores y 12 colaboradores.
El cabecilla del grupo identificado como Efraín Gutiérrez fue condenado a 204 años de prisión por un homicidio agravado, siete casos de proposición y conspiración para cometer homicidio agravado, tráfico ilícito, tenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego y organizaciones terroristas.
En tanto, Juan Diego Marchante Quintanilla y Érick Hernández fueron condenados a 87 años de cárcel por un homicidio agravado, proposición y conspiración para cometer homicidio agravado, tenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego, tráfico ilícito y organizaciones terroristas.
Por similares delitos fueron sentenciados Ramón Francisco Díaz Ayala, a 77 años de cárcel; Adrián Hernández Ortiz, a 72; y Jorge Luis Flores a 69.
El resto fueron condenados a penas menores y en el juicio estuvieron presentes 27 de los 30 imputados.
