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Malversación de fondos a la luz del día
Por Bessy Ríos, abogada.
Soyapango, Mejicanos y Apopa, estos tres municipios del gran San Salvador tienen en común que son considerados los grandes dormitorios de los obreros salvadoreños, lo cierto es que en estas ciudades estuvieron siendo por años rehenes de las pandillas y los liderazgos locales fueron de diferentes banderas y con la “ola cyan” todas cambiaron a favor del presidente Bukele, sucumbidos bajo el discurso que se dio en su momento que “el presidente necesita alcaldes y diputados” la popularidad del presidente coadyuvó a que esto se materializara, lamentablemente la gente en los territorios no valoró los candidatos, aún sabiendo que los propuestos para alcaldes no eran los más idóneos, y es que ir por una bandera no te hace un funcionario eficiente ni honesto, basta mencionar estos tres casos siendo el más emblemático el de una alcaldesa que se encuentra actualmente detenida y esperando proceso judicial por malversar fondos públicos.
Además una de las primeras decisiones de la bancada de gobierno, quienes llegaron muy sobrados a la Asamblea Legislativa, fue el retiro de los Fondos FODES porque fue cuestionada su forma de uso; ya que fueron pocos los municipios que destinaron ese dinero para realizar obras que impulsaran el desarrollo local, en realidad estos fondos pasaron a ser usados para pagar las obesas planillas, llenas de activistas afines al partido y alcalde que había ganado, esto no tiene discusión alguna, es una realidad que no podemos negar, al final las alcaldías se volvieron centros de trabajo con gente ineficiente y poco productiva.
En algunos municipios la alcaldía es el único lugar para tener un “trabajo formal” claro me refiero a aquella alejadas de las urbes, son estas las que más han sufrido con el retiro del FODES.
Pero esa realidad de la falta de sostenibilidad de ciertos municipios no es el caso de Soyapango, Apopa y Mejicanos en estos tenemos una combinación de mala administración y malversación de fondos, estas tres municipalidades han demostrado su ineficiencia principalmente en el tema de recolección de desechos sólidos, ha sido más visible está situación en los últimos meses debido a la queja de la población que reside ahí y que ha denunciado la falta de recolección lo que trae un daño ambiental de alto impacto por las enfermedades que acarrea tener estos municipios como grandes basureros a cielo abierto.
Junto a lo anterior tenemos los comunicados de la empresa contratada en las tres alcaldía, MIDES que habla de falta de pago y deudas millonarias, pero la narrativa desde las comunas es entre otras, que el personal está en paro, que los camiones están arruinados o que pronto resolverán, ninguna asume su responsabilidad con esto, y al final del día esto tiene nombre y es malversación de fondos, ya que en el recibo todos pagamos una partida que se llama precisamente “disposición de desechos sólidos” quien sepa medianamente de administración pública sabe que si se crea una partida para determinado destino y se recolectan fondos públicos para ello deben destinarse para eso mismo, si la comuna los destina para otro gasto como “fiestas patronales o pago de salarios” eso es un delito y no hay vuelta atrás no hay atenuantes.
Es en este punto que otro actor nos queda debiendo, el ente llamado a controlar la utilización de los fondos públicos por los funcionarios de turno en el poder, la Corte de Cuentas de la República, como siempre no ha hecho nada al respecto, se han dedicado a sacar comunicados de investigación de otras administraciones, “a investigar a los mismos de siempre”, en un aparente coqueteo que busca la reelección de la actual triada que dirige esa institución.
Saque sus conclusiones, pero personalmente observo que a pesar de que está claro la malversación de fondos, que estas alcaldías son sostenibles y que no se le ha pagado a la empresa que ha sido contratada para este fin incluso comunas como Apopa hasta hicieron una contratación directa de emergencia con tal de no cumplir el adeudado, lo mas terrible es que la Corte de Cuentas sigue guardando silencio.
Lo evidente no necesita lentes y se observa sin ser vidente que es más fácil que se sancione a la empresa que a las comunas por el daño ambiental y a la salud pública que produce la falta de recolección…
¿y Ud. Si fuera esa empresa cumpliría el contrato a pesar de que le deban más de 10 meses?
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
