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La ONU mantiene el compromiso de cooperar con El Salvador para el Desarrollo Sostenible 2022-2026
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en El Salvador, junto con el Gobierno del presidente Nayib Bukele, trabaja en la implementación del marco de cooperación para el Desarrollo Sostenible 2022-2026, el cual está basado en tres estrategias claves, cuyo fin es obtener efectos positivos y significativos hasta 2030 en materia social, ambiental, de seguridad y económica.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, la ONU ha ejecutado múltiples proyectos de cooperación en El Salvador con el fin de mantener la armonía y la unión en el país, según lo aseguró la coordinadora residente de la organización en El Salvador y Belice, Birgit Gerstenberg.
De acuerdo con la diplomática, en principio, la misión buscaba consolidar la paz en el territorio; sin embargo, el esquema cambió debido a los diversos temas que se trataron en los Acuerdos de Paz, lo que dio la oportunidad a que la ONU formara parte de grandes pasos, como la creación de la Comisión de la Verdad, de reformas para un nuevo sistema electoral y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
«El conflicto armado empezó por una discordia en las elecciones de 1972, en donde las partes que se enfrentaron no estaban de acuerdo con los resultados finales. En ese momento, la reforma electoral fue muy importante, significó uno de los mayores logros para mantener la paz y, además, aseguró la realización de las primeras elecciones democráticas en El Salvador», recordó Gerstenberg.
Aseguró que, durante los últimos 30 años, la ONU no ha detenido la implementación de programas sociales en El Salvador, que además de garantizar la paz también buscan una transformación para crear una economía inclusiva, innovadora y sostenible, alcanzar la igualdad de género, la mitigación de los efectos del cambio climático la inclusión social, la erradicación de la violencia y la discriminación.
«Desde siempre ha habido un plan de desarrollo para El Salvador. Ha sido un compromiso firme que existe desde la firma de los Acuerdos de Paz», manifestó la diplomática.
Gerstenberg expuso que en la actualidad se han mantenido estrechas relaciones con los representantes de los diferentes gabinetes del Gobierno del presidente Bukele, con el propósito de crear un plan de cooperación efectiva que se acople a los objetivos trazados por el Ejecutivo, con el fin de alcanzarlos de una forma asertiva.
La primera prioridad estratégica de dicho proyecto es la transformación económica hacia un modelo inclusivo, ambiental y socialmente sostenible, resiliente e innovador.
Según el marco de cooperación de la ONU, esta primera estrategia traería en 2026 mayor acceso equitativo a educación, salud, servicios sociales y sistemas de protección social integral, lo que reduciría la pobreza multidimensional y las brechas de desigualdad en todas sus manifestaciones.
Asimismo, Gerstenberg afirmó que trabajan de la mano con el Estado en otras dos estrategias, que también se verán reflejadas en avances para el mismo año, la cuales son el alcance del bienestar, el goce de derechos y la inclusión social con énfasis en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, así como la paz sostenible, inclusiva e igualitaria para el ejercicio de la democracia y para el goce de una sociedad más segura y justa; esta última está siendo impulsada con la vicepresidencia de la república, liderada por Félix Ulloa.
«Tenemos en nuestro marco de cooperación con el Gobierno salvadoreño este tercer objetivo, que es la paz sostenible, inclusiva e igualitaria acompañada del desarrollo sostenible, el cual busca ocuparse de la estabilidad de las instituciones, de seguridad pública, de la protección de los derechos humanos; esto está en el centro de nuestro trabajo», explicó Gerstenberg.
De acuerdo con el Ejecutivo, el país todavía no alcanza la verdadera paz y la armonía buscadas una vez finalizó la guerra civil, pero se trabaja en ello.
Con el plan estratégico, la ONU y el Gobierno buscan mejorar la calidad de vida de los salvadoreños que aún viven en situaciones vulnerables. Asimismo, apoyar a las instituciones estatales para tener mayor resiliencia frente a desastres, a gestionar los riesgos y a combatir la corrupción fomentando la transparencia y la rendición de cuentas.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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