Nacionales
La ONU mantiene el compromiso de cooperar con El Salvador para el Desarrollo Sostenible 2022-2026
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en El Salvador, junto con el Gobierno del presidente Nayib Bukele, trabaja en la implementación del marco de cooperación para el Desarrollo Sostenible 2022-2026, el cual está basado en tres estrategias claves, cuyo fin es obtener efectos positivos y significativos hasta 2030 en materia social, ambiental, de seguridad y económica.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, la ONU ha ejecutado múltiples proyectos de cooperación en El Salvador con el fin de mantener la armonía y la unión en el país, según lo aseguró la coordinadora residente de la organización en El Salvador y Belice, Birgit Gerstenberg.
De acuerdo con la diplomática, en principio, la misión buscaba consolidar la paz en el territorio; sin embargo, el esquema cambió debido a los diversos temas que se trataron en los Acuerdos de Paz, lo que dio la oportunidad a que la ONU formara parte de grandes pasos, como la creación de la Comisión de la Verdad, de reformas para un nuevo sistema electoral y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
«El conflicto armado empezó por una discordia en las elecciones de 1972, en donde las partes que se enfrentaron no estaban de acuerdo con los resultados finales. En ese momento, la reforma electoral fue muy importante, significó uno de los mayores logros para mantener la paz y, además, aseguró la realización de las primeras elecciones democráticas en El Salvador», recordó Gerstenberg.
Aseguró que, durante los últimos 30 años, la ONU no ha detenido la implementación de programas sociales en El Salvador, que además de garantizar la paz también buscan una transformación para crear una economía inclusiva, innovadora y sostenible, alcanzar la igualdad de género, la mitigación de los efectos del cambio climático la inclusión social, la erradicación de la violencia y la discriminación.
«Desde siempre ha habido un plan de desarrollo para El Salvador. Ha sido un compromiso firme que existe desde la firma de los Acuerdos de Paz», manifestó la diplomática.
Gerstenberg expuso que en la actualidad se han mantenido estrechas relaciones con los representantes de los diferentes gabinetes del Gobierno del presidente Bukele, con el propósito de crear un plan de cooperación efectiva que se acople a los objetivos trazados por el Ejecutivo, con el fin de alcanzarlos de una forma asertiva.
La primera prioridad estratégica de dicho proyecto es la transformación económica hacia un modelo inclusivo, ambiental y socialmente sostenible, resiliente e innovador.
Según el marco de cooperación de la ONU, esta primera estrategia traería en 2026 mayor acceso equitativo a educación, salud, servicios sociales y sistemas de protección social integral, lo que reduciría la pobreza multidimensional y las brechas de desigualdad en todas sus manifestaciones.
Asimismo, Gerstenberg afirmó que trabajan de la mano con el Estado en otras dos estrategias, que también se verán reflejadas en avances para el mismo año, la cuales son el alcance del bienestar, el goce de derechos y la inclusión social con énfasis en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, así como la paz sostenible, inclusiva e igualitaria para el ejercicio de la democracia y para el goce de una sociedad más segura y justa; esta última está siendo impulsada con la vicepresidencia de la república, liderada por Félix Ulloa.
«Tenemos en nuestro marco de cooperación con el Gobierno salvadoreño este tercer objetivo, que es la paz sostenible, inclusiva e igualitaria acompañada del desarrollo sostenible, el cual busca ocuparse de la estabilidad de las instituciones, de seguridad pública, de la protección de los derechos humanos; esto está en el centro de nuestro trabajo», explicó Gerstenberg.
De acuerdo con el Ejecutivo, el país todavía no alcanza la verdadera paz y la armonía buscadas una vez finalizó la guerra civil, pero se trabaja en ello.
Con el plan estratégico, la ONU y el Gobierno buscan mejorar la calidad de vida de los salvadoreños que aún viven en situaciones vulnerables. Asimismo, apoyar a las instituciones estatales para tener mayor resiliencia frente a desastres, a gestionar los riesgos y a combatir la corrupción fomentando la transparencia y la rendición de cuentas.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
