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La ONU mantiene el compromiso de cooperar con El Salvador para el Desarrollo Sostenible 2022-2026
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en El Salvador, junto con el Gobierno del presidente Nayib Bukele, trabaja en la implementación del marco de cooperación para el Desarrollo Sostenible 2022-2026, el cual está basado en tres estrategias claves, cuyo fin es obtener efectos positivos y significativos hasta 2030 en materia social, ambiental, de seguridad y económica.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, la ONU ha ejecutado múltiples proyectos de cooperación en El Salvador con el fin de mantener la armonía y la unión en el país, según lo aseguró la coordinadora residente de la organización en El Salvador y Belice, Birgit Gerstenberg.
De acuerdo con la diplomática, en principio, la misión buscaba consolidar la paz en el territorio; sin embargo, el esquema cambió debido a los diversos temas que se trataron en los Acuerdos de Paz, lo que dio la oportunidad a que la ONU formara parte de grandes pasos, como la creación de la Comisión de la Verdad, de reformas para un nuevo sistema electoral y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
«El conflicto armado empezó por una discordia en las elecciones de 1972, en donde las partes que se enfrentaron no estaban de acuerdo con los resultados finales. En ese momento, la reforma electoral fue muy importante, significó uno de los mayores logros para mantener la paz y, además, aseguró la realización de las primeras elecciones democráticas en El Salvador», recordó Gerstenberg.
Aseguró que, durante los últimos 30 años, la ONU no ha detenido la implementación de programas sociales en El Salvador, que además de garantizar la paz también buscan una transformación para crear una economía inclusiva, innovadora y sostenible, alcanzar la igualdad de género, la mitigación de los efectos del cambio climático la inclusión social, la erradicación de la violencia y la discriminación.
«Desde siempre ha habido un plan de desarrollo para El Salvador. Ha sido un compromiso firme que existe desde la firma de los Acuerdos de Paz», manifestó la diplomática.
Gerstenberg expuso que en la actualidad se han mantenido estrechas relaciones con los representantes de los diferentes gabinetes del Gobierno del presidente Bukele, con el propósito de crear un plan de cooperación efectiva que se acople a los objetivos trazados por el Ejecutivo, con el fin de alcanzarlos de una forma asertiva.
La primera prioridad estratégica de dicho proyecto es la transformación económica hacia un modelo inclusivo, ambiental y socialmente sostenible, resiliente e innovador.
Según el marco de cooperación de la ONU, esta primera estrategia traería en 2026 mayor acceso equitativo a educación, salud, servicios sociales y sistemas de protección social integral, lo que reduciría la pobreza multidimensional y las brechas de desigualdad en todas sus manifestaciones.
Asimismo, Gerstenberg afirmó que trabajan de la mano con el Estado en otras dos estrategias, que también se verán reflejadas en avances para el mismo año, la cuales son el alcance del bienestar, el goce de derechos y la inclusión social con énfasis en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, así como la paz sostenible, inclusiva e igualitaria para el ejercicio de la democracia y para el goce de una sociedad más segura y justa; esta última está siendo impulsada con la vicepresidencia de la república, liderada por Félix Ulloa.
«Tenemos en nuestro marco de cooperación con el Gobierno salvadoreño este tercer objetivo, que es la paz sostenible, inclusiva e igualitaria acompañada del desarrollo sostenible, el cual busca ocuparse de la estabilidad de las instituciones, de seguridad pública, de la protección de los derechos humanos; esto está en el centro de nuestro trabajo», explicó Gerstenberg.
De acuerdo con el Ejecutivo, el país todavía no alcanza la verdadera paz y la armonía buscadas una vez finalizó la guerra civil, pero se trabaja en ello.
Con el plan estratégico, la ONU y el Gobierno buscan mejorar la calidad de vida de los salvadoreños que aún viven en situaciones vulnerables. Asimismo, apoyar a las instituciones estatales para tener mayor resiliencia frente a desastres, a gestionar los riesgos y a combatir la corrupción fomentando la transparencia y la rendición de cuentas.
El Plan Control Territorial y el régimen de excepción, medidas implementadas bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele, han permitido una reducción sostenida de los índices de criminalidad en El Salvador a lo largo de los últimos años. Los resultados reflejan una mejora progresiva en materia de seguridad pública, posicionando al país además, como el más seguro de la región.
Dichos datos reflejan una disminución de 36.7 puntos, equivalente a una reducción del 96.6 % en la tasa de homicidios, comparada con el 2019 cuando la tasa fue de 38.
El resultado más bajo se registra en 2025, considerado el año más seguro en la historia de El Salvador, pues finalizó con tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes y 0 % de impunidad en el delito de homicidio.
Para 2024, El Salvador cerró con 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes, ya que solo se registraron 114 homicidios. Mientras que en 2023 el país finalizó con una tasa de 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes.
En 2022, la tasa bajó a 7.8, reflejando una reducción significativa respecto a 2021, que cerró con 18.1. Fue precisamente en ese período cuando se instauró el régimen de excepción, una medida que otorgó a las autoridades mayores herramientas legales y operativas para desarticular a las estructuras delictivas y disminuir su accionar criminal.
Para 2020, la tasa de homicidios en el país fue de 21.2, y en 2019 era de 38.0 por cada 100,000 habitantes.
Las cifras actuales contrastan con los registros de años anteriores, bajo administraciones del FMLN y ARENA, cuando los índices de violencia eran considerablemente más altos. En 2018, El Salvador registró más de 3,300 homicidios, finalizando con una tasa de 53.1 por cada 100,000 habitantes. En 2017, la tasa fue de 83, y en 2016 alcanzó los 84.1 homicidios por cada 100,000 habitantes. La cifra más alta se registró en 2015: tasa de 106.3, y ese fue considerado el año más violento en la historia del país.
En tan solo 19 días, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador tiene un registro de 405 incendios, entre forestales, en vehículos, viviendas, en maleza y en basureros. La incidencia es alta y representa un incremento del 46%, comparado con el mismo periodo del 1 al 19 de enero de 2025.
«Los incendios de maleza seca, forestales o en interfaz suelen tener origen en el factor humano. Por ello, hacemos un llamado a la población a evitar fogatas y no arrojar colillas de cigarro, a fin de prevenir incendios y proteger el entorno natural», instó el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, quien advierte que los riesgos aumentan con los vientos.
De acuerdo al informe la instittución, entre el 1 y el 19 de enero del presente año, han registrado 267 incendios en maleza, 71 incendios estructurales, 39 en basureros, 18 incendios en vehículos y 10 forestales. Todos suman 405 emergencias.
Sumado al riesgo, la Dirección de Protección Civil alertó sobre el ingreso de vientos nortes a nivel nacional. Entre las recomendaciones brindadas por la institución está el evitar hacer fogatas, cocinar con leña al aire libre o quemar basura, especialmente cuando existan condiciones de ráfagas de viento. Para emergencias piden llamar al número 913.
Según el reporte de Protección Civil, las condiciones de viento se mantendrán haste el viernes y se debe a la presencia del frente frío No. 29 e ingresos de masas de viento polares, lo cual unido a la época seca aumenta el riesgo de incendios.
El guatemalteco Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, falleció el 19 de enero de 2026 mientras se encontraba privado de libertad en un centro penitenciario de El Salvador, donde enfrentaba cargos por estafa agravada y extorsión agravada en contra de una empresa de telecomunicaciones que opera en varios países de América Latina. La muerte ocurrió en el Hospital Nacional San Juan de Dios, en esta capital, debido a un sangrado del tubo digestivo, según informes preliminares de las autoridades médicas y penitenciarias.
De acuerdo con un oficio oficial emitido por el Centro Penitenciario, dirigido al Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, Gaitán Paredes fue trasladado de emergencia al hospital el 18 de enero con síntomas de hipotensión y desequilibrio electrolítico. Al día siguiente, se confirmó su deceso.
Las autoridades penitenciarias notificaron inmediatamente a las instancias correspondientes, incluyendo la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.
Gaitán Paredes, originario de Guatemala, se encontraba en situación de procesado en El Salvador. Los cargos en su contra incluían estafa agravada en perjuicio de entidades como Terra Tower Corp, TBS Management S.A., Continental Tower El Salvador Limitada de Capital Variable, Collocation Technologies El Salvador Limitada de Capital Variable, DT Holdings Inc. y Tierras Nacionales Ltda. de C.V.
Además, enfrentaba acusaciones de extorsión agravada contra una abogada y el empresario Jorge Alberto Francisco Hernández. El caso de Gaitán Paredes está vinculado a una red más amplia de presuntos delitos financieros transnacionales en Centroamérica.
En Guatemala, donde fue detenido inicialmente en marzo de 2025 en el Preventivo de la Zona 18 (Mariscal Zavala), se le asociaba con un «cártel financiero» que involucra fraude millonario y blanqueo de capitales, en colaboración con socios de fondos de inversión como TPG Peppertree. Estas actividades habrían afectado empresas en Guatemala y El Salvador, generando desempleo y pérdidas económicas significativas.
Durante su detención en Guatemala, pendiente de extradición a El Salvador, surgieron alertas sobre un posible plan de fuga. Fuentes de inteligencia penitenciaria reportaron pagos mensuales de hasta 5,000 dólares a estructuras criminales para protección interna y preparación de evasión. En mayo de 2025, se encontró un celular de alta gama en su celda durante una requisa, y en agosto y septiembre del mismo año, órdenes judiciales de traslado a otra prisión fueron ignoradas por motivos de seguridad. Gaitán Paredes contaba con privilegios como visitas familiares y acceso a abogados, lo que generó preocupaciones sobre posibles irregularidades en el sistema penitenciario guatemalteco. Autoridades anónimas exigieron investigaciones y medidas para prevenir fugas, destacando el riesgo para la integridad del sistema.
Fue extraditado a El Salvador el pasado septiembre, donde continuó su proceso judicial hasta su fallecimiento.
El caso con más imputados
Gaitán estaba siendo procesado junto a su hijo del mismo nombre, quien aún permanece en Guatemala, y junto a tres estadounidenses ejecutivos del fondo TPG Peppertree: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri.
Sobre los extranjeros pesan orden de captura internacional solicitadas a INTERPOL, emitidas por tribunales en El Salvador.
La empresa TPG Pepertree mantiene una fuerte disputa con la empresa Terra Towers por el control de Continental Towers. El caso los llevó a un arbitraje polémico en Nueva York, el cual finalmente finalizó sin darle la razón a ninguna de las partes.
Continental Towers ha denunciado irregularidades en el arbitraje, como violaciones de confidencialidad, manipulación de testimonios y filtraciones intencionales por parte de TPG Peppertree, que habrían sido utilizadas para presionar en procesos judiciales latinoamericanos.
El Ministerio Público guatemalteco ha advertido que el uso de arbitrajes para influir en causas penales podría constituir obstrucción de justicia. Se designó un interventor judicial para proteger activos de Continental Towers en Guatemala, y las investigaciones continúan con cooperación regional para esclarecer los delitos financieros involucrados.
