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La ONU mantiene el compromiso de cooperar con El Salvador para el Desarrollo Sostenible 2022-2026
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en El Salvador, junto con el Gobierno del presidente Nayib Bukele, trabaja en la implementación del marco de cooperación para el Desarrollo Sostenible 2022-2026, el cual está basado en tres estrategias claves, cuyo fin es obtener efectos positivos y significativos hasta 2030 en materia social, ambiental, de seguridad y económica.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, la ONU ha ejecutado múltiples proyectos de cooperación en El Salvador con el fin de mantener la armonía y la unión en el país, según lo aseguró la coordinadora residente de la organización en El Salvador y Belice, Birgit Gerstenberg.
De acuerdo con la diplomática, en principio, la misión buscaba consolidar la paz en el territorio; sin embargo, el esquema cambió debido a los diversos temas que se trataron en los Acuerdos de Paz, lo que dio la oportunidad a que la ONU formara parte de grandes pasos, como la creación de la Comisión de la Verdad, de reformas para un nuevo sistema electoral y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
«El conflicto armado empezó por una discordia en las elecciones de 1972, en donde las partes que se enfrentaron no estaban de acuerdo con los resultados finales. En ese momento, la reforma electoral fue muy importante, significó uno de los mayores logros para mantener la paz y, además, aseguró la realización de las primeras elecciones democráticas en El Salvador», recordó Gerstenberg.
Aseguró que, durante los últimos 30 años, la ONU no ha detenido la implementación de programas sociales en El Salvador, que además de garantizar la paz también buscan una transformación para crear una economía inclusiva, innovadora y sostenible, alcanzar la igualdad de género, la mitigación de los efectos del cambio climático la inclusión social, la erradicación de la violencia y la discriminación.
«Desde siempre ha habido un plan de desarrollo para El Salvador. Ha sido un compromiso firme que existe desde la firma de los Acuerdos de Paz», manifestó la diplomática.
Gerstenberg expuso que en la actualidad se han mantenido estrechas relaciones con los representantes de los diferentes gabinetes del Gobierno del presidente Bukele, con el propósito de crear un plan de cooperación efectiva que se acople a los objetivos trazados por el Ejecutivo, con el fin de alcanzarlos de una forma asertiva.
La primera prioridad estratégica de dicho proyecto es la transformación económica hacia un modelo inclusivo, ambiental y socialmente sostenible, resiliente e innovador.
Según el marco de cooperación de la ONU, esta primera estrategia traería en 2026 mayor acceso equitativo a educación, salud, servicios sociales y sistemas de protección social integral, lo que reduciría la pobreza multidimensional y las brechas de desigualdad en todas sus manifestaciones.
Asimismo, Gerstenberg afirmó que trabajan de la mano con el Estado en otras dos estrategias, que también se verán reflejadas en avances para el mismo año, la cuales son el alcance del bienestar, el goce de derechos y la inclusión social con énfasis en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, así como la paz sostenible, inclusiva e igualitaria para el ejercicio de la democracia y para el goce de una sociedad más segura y justa; esta última está siendo impulsada con la vicepresidencia de la república, liderada por Félix Ulloa.
«Tenemos en nuestro marco de cooperación con el Gobierno salvadoreño este tercer objetivo, que es la paz sostenible, inclusiva e igualitaria acompañada del desarrollo sostenible, el cual busca ocuparse de la estabilidad de las instituciones, de seguridad pública, de la protección de los derechos humanos; esto está en el centro de nuestro trabajo», explicó Gerstenberg.
De acuerdo con el Ejecutivo, el país todavía no alcanza la verdadera paz y la armonía buscadas una vez finalizó la guerra civil, pero se trabaja en ello.
Con el plan estratégico, la ONU y el Gobierno buscan mejorar la calidad de vida de los salvadoreños que aún viven en situaciones vulnerables. Asimismo, apoyar a las instituciones estatales para tener mayor resiliencia frente a desastres, a gestionar los riesgos y a combatir la corrupción fomentando la transparencia y la rendición de cuentas.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
