Nacionales
La ONU mantiene el compromiso de cooperar con El Salvador para el Desarrollo Sostenible 2022-2026
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en El Salvador, junto con el Gobierno del presidente Nayib Bukele, trabaja en la implementación del marco de cooperación para el Desarrollo Sostenible 2022-2026, el cual está basado en tres estrategias claves, cuyo fin es obtener efectos positivos y significativos hasta 2030 en materia social, ambiental, de seguridad y económica.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, la ONU ha ejecutado múltiples proyectos de cooperación en El Salvador con el fin de mantener la armonía y la unión en el país, según lo aseguró la coordinadora residente de la organización en El Salvador y Belice, Birgit Gerstenberg.
De acuerdo con la diplomática, en principio, la misión buscaba consolidar la paz en el territorio; sin embargo, el esquema cambió debido a los diversos temas que se trataron en los Acuerdos de Paz, lo que dio la oportunidad a que la ONU formara parte de grandes pasos, como la creación de la Comisión de la Verdad, de reformas para un nuevo sistema electoral y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
«El conflicto armado empezó por una discordia en las elecciones de 1972, en donde las partes que se enfrentaron no estaban de acuerdo con los resultados finales. En ese momento, la reforma electoral fue muy importante, significó uno de los mayores logros para mantener la paz y, además, aseguró la realización de las primeras elecciones democráticas en El Salvador», recordó Gerstenberg.
Aseguró que, durante los últimos 30 años, la ONU no ha detenido la implementación de programas sociales en El Salvador, que además de garantizar la paz también buscan una transformación para crear una economía inclusiva, innovadora y sostenible, alcanzar la igualdad de género, la mitigación de los efectos del cambio climático la inclusión social, la erradicación de la violencia y la discriminación.
«Desde siempre ha habido un plan de desarrollo para El Salvador. Ha sido un compromiso firme que existe desde la firma de los Acuerdos de Paz», manifestó la diplomática.
Gerstenberg expuso que en la actualidad se han mantenido estrechas relaciones con los representantes de los diferentes gabinetes del Gobierno del presidente Bukele, con el propósito de crear un plan de cooperación efectiva que se acople a los objetivos trazados por el Ejecutivo, con el fin de alcanzarlos de una forma asertiva.
La primera prioridad estratégica de dicho proyecto es la transformación económica hacia un modelo inclusivo, ambiental y socialmente sostenible, resiliente e innovador.
Según el marco de cooperación de la ONU, esta primera estrategia traería en 2026 mayor acceso equitativo a educación, salud, servicios sociales y sistemas de protección social integral, lo que reduciría la pobreza multidimensional y las brechas de desigualdad en todas sus manifestaciones.
Asimismo, Gerstenberg afirmó que trabajan de la mano con el Estado en otras dos estrategias, que también se verán reflejadas en avances para el mismo año, la cuales son el alcance del bienestar, el goce de derechos y la inclusión social con énfasis en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, así como la paz sostenible, inclusiva e igualitaria para el ejercicio de la democracia y para el goce de una sociedad más segura y justa; esta última está siendo impulsada con la vicepresidencia de la república, liderada por Félix Ulloa.
«Tenemos en nuestro marco de cooperación con el Gobierno salvadoreño este tercer objetivo, que es la paz sostenible, inclusiva e igualitaria acompañada del desarrollo sostenible, el cual busca ocuparse de la estabilidad de las instituciones, de seguridad pública, de la protección de los derechos humanos; esto está en el centro de nuestro trabajo», explicó Gerstenberg.
De acuerdo con el Ejecutivo, el país todavía no alcanza la verdadera paz y la armonía buscadas una vez finalizó la guerra civil, pero se trabaja en ello.
Con el plan estratégico, la ONU y el Gobierno buscan mejorar la calidad de vida de los salvadoreños que aún viven en situaciones vulnerables. Asimismo, apoyar a las instituciones estatales para tener mayor resiliencia frente a desastres, a gestionar los riesgos y a combatir la corrupción fomentando la transparencia y la rendición de cuentas.
Economia
Comisión de Hacienda emite dictamen favorable a nueva amnistía fiscal vigente hasta el 11 de diciembre de 2026
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos y multas adeudadas, con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026.
El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, explicó que la medida pretende dar oportunidades a quienes cumplen con sus pagos, pero que por alguna razón no han podido solventar sus compromisos con el fisco. “El Estado tiene claro que la economía no se incrementa por multas o intereses, sino que el impacto mayor corresponde a los impuestos propios”, afirmó. La amnistía permitirá regularizar deudas ante Impuestos Internos, Aduanas y el Tribunal de Apelaciones sin pagar intereses, recargos ni multas por mora, aunque los impuestos originales sí deberán cancelarse.
El beneficio también alcanzará a personas con procesos en la Fiscalía General de la República, cobros judiciales y recargos sobre multas de tránsito o de otras instituciones públicas (excepto municipalidades). Los contribuyentes podrán optar por un plan de pagos con una primera cuota del 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales sucesivas. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y se reactivarán los recargos originales.
La última amnistía, aprobada el 15 de octubre de 2025, benefició a 56,195 contribuyentes. De la recaudación obtenida, el 71 % correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes. La iniciativa aún debe ser aprobada por el pleno legislativo para convertirse en ley.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.
Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.
Judicial
Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.
