El diputado desaforado del partido ARENA, Alberto Romero, fue trasladado al centro penitenciario de Santa Ana, anteriormente se encontraba recluido en bartolinas de la División de Seguridad Fronteriza de la Policía Nacional Civil (PNC), informó este jueves la Dirección General de Centros Penales.

«El Grupo de Operaciones Penitenciarias (GOPE), realiza el traslado del diputado Alberto Romero, desde las bartolinas de la División de Seguridad Fronteriza de la PNC hacia la Penitenciaría Occidental», dio a conocer esta tarde la institución.

Las autoridades penitenciarias indicaron también que el legislador «permanecerá en ese centro penal, mientras continúa la etapa de instrucción, según la orden emitida por el juez del caso».

El pasado 14 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR), presentó el requerimiento contra Alberto Romero quien es acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.

Las investigaciones fiscales señalan que Romero tuvo un incremento patrimonial de $1,162,388.05 que no ha podido justificar. Estas irregularidades llevaron a la institución a presentar una solicitud de ante juicio ante la Asamblea Legislativa el pasado 23 de agosto, pues esta condición le permite a la institución despojar al arenero del fuero constitucional y procesarlo en los respectivos tribunales como cualquier ciudadano.

Con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de los juzgados, la Asamblea Legislativa reformó, con 62 votos, la Ley Orgánica para la creación, conversión, y supresión de sedes judiciales en los municipios de Atiquizaya, Tejutla, San Sebastián y San Francisco Gotera.

Las enmiendas se realizaron a solicitud de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y para garantizar un sistema efectivo que contribuya al fortalecimiento del Estado de derecho.

“El objetivo de estas disposiciones es redistribuir los recursos con los que ya cuenta el Órgano Judicial y así generar un ahorro para el Estado”, explicó la diputada Evelyn Merlos.

Las reformas incluyen la creación del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San Francisco Gotera, que tendrá las competencias para conocer procesos y diligencias laborales y los regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil.

Mientras que el Juzgado de Primera Instancia de Tejutla se convertirá en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de Chalatenango con residencia en la ciudad de Tejutla y el Juzgado Segundo de Paz de del mismo municipio se convertiría en el Juzgado de Instrucción con la competencia para conocer de los procesos y diligencias que le remitan los Juzgados de Paz de los municipios de Tejutla, La Palma, Nueva Concepción, San lgnacio, Agua Caliente, La Reina, Citalá y El Paraíso.

Asimismo, el Juzgado Segundo de Paz de Atiquizaya pasará a ser el Juzgado Segundo de Instrucción de Ahuachapán y el Juzgado Primero de Paz de Atiquizaya cambiaría su nominación a Juzgado de Paz de Atiquizaya.

Otra enmienda contempla la conversión del Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San Vicente y la supresión del Juzgado Segundo de Paz de San Sebastián.

La legisladora Merlos aclaró que ninguno de los empleados de los juzgados perderá su trabajo debido a estas modificaciones.

“Los jueces y personal de los juzgados convertidos y suprimidos mantendrán su plaza y salarios. Gozarán de todas las prestaciones que poseen como empleados del Órgano Judicial, ya que serán reubicados en tribunales de la misma localidad”, sostuvo la parlamentaria.

Andrea Nicole C. A., fue enviada a la etapa de instrucción con prisión preventiva por el delito de estafa, luego de que una pareja la denunciara por no cumplir con los servicios contratados para su boda.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2022, cuando la pareja contactó a Andrea Nicole a través de un perfil en redes sociales con el nombre de «Estrella de David». La mujer ofreció sus servicios de organización de eventos a un precio accesible, por lo que la pareja decidió contratarla.

El acuerdo incluía la renta de un local, comida, bebida, inmobiliaria y sonido para una fiesta de bodas con capacidad para 300 personas. El costo total fue de 2 mil 250 dólares.

El 10 de junio del 2022, La pareja pagó 250 dólares en efectivo para reservar el local y el resto en seis cuotas de 375 dólares. Andrea Nicole les proporcionó la cuenta bancaria de Walter Orlando G. A. para realizar las transferencias.

En junio de 2022, la acusada ofreció un descuento de 2 dólares a 50 platos de comida si depositaba el 25% del resto del dinero. La pareja accedió y realizó una transferencia de 625 dólares a la cuenta de Walter Orlando.

Posteriormente, Andrea ofreció, agregar diferente cristalería por la cantidad de 600 dólares, a lo cual accedió, por lo que, proporcionó la cuenta bancaria de Néstor Astul B. A., y realizó una transferencia por 250 dólares.

En los siguientes meses, la pareja continuó realizando las transferencias según lo previsto. Sin embargo, cuando llegó el día de la boda, Andrea se comunicó con la pareja para informarles que ya no podría brindarles los servicios contratados.

La pareja interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República. El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó la prisión preventiva para Andrea Nicole y Walter Orlando, acusados de estafa.