Judicial
Nicolás Adriano Salume y exalcalde d’Aubuisson son demandados penalmente en Fiscalía General de la República
El Exalcalde d’Aubuisson otorgó ilegalmente a empresa de Salume, que no tenía permiso ambiental de funcionamiento, un contrato donde cobró más de US$1 millón de Dólares.
El Abogado especialista en Derecho Ambiental y Derecho Administrativo, Edgar Lemus, interpuso la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del exalcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, por los delitos de estafa (en grado de cómplice) y negociaciones ilícitas y contra Nicolás Adriano Salume Pacas, representante legal de la empresa PULSEM, que es administradora del botadero municipal del Puerto de La Libertad, por el delito de estafa, en perjuicio de las finanzas de la municipalidad de Santa Tecla, las cuales defraudaron por un monto superior a US $ 1 millón 300 mil Dólares.
Proceso de contratación amañado para favorecer a Salume.
De acuerdo al citado abogado, los hechos denunciados se suscitaron durante el año 2017, en el que el entonces Alcalde d’Aubuisson, juntamente con otros miembros del Concejo Municipal y varios empleados municipales, incluido el hermano del ex fiscal Raul Melara, crearon ilegalmente las condiciones para dejar de cumplir el contrato de “Servicios de disposición final de los desechos sólidos generados en el municipio de Santa Tecla”, el cual se encontraba vigente y obligaba a la municipalidad tecleña depositar la basura recolectada en el relleno sanitario de Nejapa, que si contaba con todos los permisos ambientales y la capacidad técnica autorizada por el MARN.
La forma adoptada para romper unilateralmente consistió en colocarse en mora por un monto aproximado de US $250 mil Dólares, que la Alcaldía no canceló a la compañía propietaria del Relleno de Nejapa. El exalcalde d’Aubuisson, por medio de la manipulación de procedimientos se inventó una Declaratoria de Urgencia y abrió un procedimiento de “Contratación directa” por el servicio de disposición final de la basura, el cual fue adjudicado a la empresa PULSEM, propiedad de Salume, el cual tendría vigencia entre el 31 de julio al 31 de diciembre de 2017, por un monto de US $ 867,875.47.
Adicionalmente durante el año 2018, para evitar que se pudieran conocer las anomalías en la contratación realizada de la empresa de Salume, se realizaron únicamente prórrogas el contrato, inclusive en exceso de las que permite la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Ante los múltiples signos de ilicitud, la Corte de Cuentas de la República recibió denuncia ciudadana que produjo la realización de un Examen Especial que fiscalizó el proceso de contratación Directa CD 07/2017 AMST efectuado por la Municipalidad de Santa Tecla, en el que Corte de Cuentas, determinó que la Alcaldía Municipal de Santa Tecla (AMST) incurrió en graves ilegalidades al otorgar el contrato a la empresa de Salume.
Auditoría efectuada por la Contraloría de la República que arrojó las irregularidades
cometidas por la AMST para adjudicar la empresa PULSEM, propiedad de Salume.
Entre las principales irregularidades por las que se solicita que se abra investigación en contra del Exalcalde Roberto d’aubuisson, se detectaron las siguientes:
- La Alcaldía de Santa Tecla deliberadamente dejó de pagar al proveedor del Servicio de disposición final de la basura, para romper el contrato.
- La Alcaldía de Santa Tecla emitió un calificativo de urgencia, seis días después de haber finalizado el supuesto hecho que produjo la emergencia.
- La resolución razonada emitida por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la municipalidad, para autorizar la contratación directa de la empresa de Salume, se firmó tres meses después de haberse formalizado el contrato de servicios.
Un contrato millonario para una empresa sin permiso de funcionamiento.
Para el licenciado Lemus, la comisión del delito de Estafa queda en total evidencia cuando la empresa PULSEM, propiedad de Salume, ante el requerimiento técnico consistente en comprobar que se cuenta con permiso ambiental de funcionamiento para el sitio de disposición ofertado, en lugar de presentar tal permiso (porque no lo poseía) muestra otro documento que no cumplía con los requisitos de los Arts. 19 y 20 inciso 2º de la Ley de Medio Ambiente; y pese a ello, se le otorgó el contrato.
Recuerda el profesional del derecho, que se comete Estafa cuando el oferente manifiesta que cumplirá con la entrega de un bien o servicio que cubre con ciertas condiciones legales y técnicas requeridas, pero que deliberadamente falsea la información, ofreciendo algo distinto. En el caso de este contrato, claramente existe la exigencia que la empresa contratada pueda brindar el servicio de disposición final de la basura en un sitio que cumpla con las condiciones legales y técnicas de acuerdo a las reglamentaciones en materia ambiental y sobre todo contar con el permiso ambiental de funcionamiento emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) con el que no contaba la empresa de Salume.
El engaño cometido es tan evidente, que en el mes de mayo de 2018 y ante las denuncias interpuestas por los habitantes circunvencinos al Botadero Municipal del Puerto de La Libertad, que administra Salume, el Juzgado Ambiental de Santa Tecla ordena una inspección que demuestra que el Botadero está operando sin permisos ambientales fuera de su capacidad, que a esa fecha le permitía únicamente dar tratamiento a 40 toneladas diarias de basura; y sin embargo, solamente de la municipalidad de Santa Tecla, se encontraba recibiendo entre 250 a 300 toneladas diarias, a las que no podía dar adecuado tratamiento provocando por consecuencia: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
Informe Técnico en proceso judicial ambiental No. MC26-2/18
Es tan claro que la empresa PULSEM, mintió, que en el mes de junio de 2018, el Gerente General de la misma, René Fernando Colón Villalta, remite una solicitud al MARN, en la que hace clara referencia a que se cuenta únicamente con el permito para tratar 40 TONELADAS y para el resto del proyecto únicamente un permiso de construcción, que es con el que engañosamente obtuvieron el contrato con Santa Tecla.
Resolución del Juez Ambiental de Santa Tecla, de fecha 19 de junio de 2018
Expediente de medidas cautelares MC26-2/18
De acuerdo al denunciante, Colón Villalta, será denunciado como partícipe de los hechos y además se solicitará tanto al MARN como a FGR, que verifique la posible comisión de ilícitos como “tráfico de influencias” y “actos de corrupción” con los que presuntamente ha pretendido manipular información técnica al interior de la Cartera de Estado que rige todos los aspectos vinculados al medio ambiente. De manera que sean las instituciones quienes verifiquen la posibilidad de haberse cometido algún delito.
Botadero Municipal a pesar de contaminar, genera ganancias a Salume.
A pesar que en el mes de junio de 2018, el Juez Ambiental comprobó que el Botadero Municipal que administra la empresa de Salume, no contaba con permiso ambienta de funcionamiento para operar y le ordenó su tramitación, Salume siguió cobrando por medio de su empresa, a la Municipalidad de Santa Tecla, como si estaba cumpliendo con brindar adecuadamente el servicio de disposición final de la basura, al grado que al final del contrato y sus prórrogas, había cobrado más de $1 millón 300 mil Dólares por enterrar la basura en un sitio que no cumplía ni legal, ni técnicamente con las condiciones para hacer una verdadera disposición final de la basura.
El abogado ambientalista, expresa que por estas conductas le interpuso a la empresa de Salume una demanda de Daño Ambiental, la cual viene peleando desde finales del año 2019 y que recientemente que la Cámara Ambiental le dio la razón para proseguir con el proceso, de forma desleal el abogado Luis Elías Botto Zuñiga, a sabiendas que no procede interpuso un Recurso de Casación, únicamente para evitar que se pueda seguir con la tasación del daño ambiental que la empresa de Salume ha producido. Y sobre esto, señala que procederá de inmediato con una denuncia ante la Sección de Investigación Profesional, ante tan evidente conducta desprovista de lealtad y buena fe del abogado de Salume.
Lemus, cierra diciendo que en su caso, su cruzada principal es porque empresarios inescrupulosos no se sigan enriqueciendo a fuerza de realizar prácticas contrarias al medio ambiente, especialmente en una zona costera donde existen tantas proyecciones turísticas y que no se pueden perder por una actitud rácana de no cumplir con los requisitos para dar un adecuado tratamiento y disposición final a la basura y así incrementar ganancias.
Por último hizo ver que ésta no es la única denuncia que presentará contra Salume, ya que también ha identificado que presuntamente cometió los mismos actos defraudatorios en connivencia con el Exalcalde Neto Muyshondt, al ser contratado sin tener la capacidad, ni autorización para brindar el servicio de disposición final de la basura de San Salvador y en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) durante los gobiernos del FMLN, donde se le concedieron contratos, sin contar siempre con el permiso ambiental de funcionamiento.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
Judicial
Motorista que condujo en sentido contrario y amenazó con un corvo es condenado a trabajo comunitario
Hugo Antonio Flores Rivas, motorista de la ruta 106, fue condenado a un año de prisión por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de ser captado en video manejando en sentido contrario sobre una carretera en el departamento de La Libertad Oeste.
El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en la vía que conduce hacia Quezaltepeque. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Flores Rivas conduciendo de forma temeraria. Al notar que estaba siendo grabado, el imputado sacó un arma blanca tipo corvo y amenazó al ciudadano que lo filmaba.
Tras la difusión del video, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal ante el tribunal correspondiente. Durante la audiencia preliminar, el procesado aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez imponer una pena alternativa.
En lugar de cumplir el año de cárcel, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública, medida contemplada en la legislación salvadoreña para ciertos delitos y bajo condiciones específicas. Las autoridades no precisaron en qué consistirán las labores comunitarias que deberá realizar el condenado.
