Judicial
Nicolás Adriano Salume y exalcalde d’Aubuisson son demandados penalmente en Fiscalía General de la República
El Exalcalde d’Aubuisson otorgó ilegalmente a empresa de Salume, que no tenía permiso ambiental de funcionamiento, un contrato donde cobró más de US$1 millón de Dólares.
El Abogado especialista en Derecho Ambiental y Derecho Administrativo, Edgar Lemus, interpuso la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del exalcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, por los delitos de estafa (en grado de cómplice) y negociaciones ilícitas y contra Nicolás Adriano Salume Pacas, representante legal de la empresa PULSEM, que es administradora del botadero municipal del Puerto de La Libertad, por el delito de estafa, en perjuicio de las finanzas de la municipalidad de Santa Tecla, las cuales defraudaron por un monto superior a US $ 1 millón 300 mil Dólares.
Proceso de contratación amañado para favorecer a Salume.
De acuerdo al citado abogado, los hechos denunciados se suscitaron durante el año 2017, en el que el entonces Alcalde d’Aubuisson, juntamente con otros miembros del Concejo Municipal y varios empleados municipales, incluido el hermano del ex fiscal Raul Melara, crearon ilegalmente las condiciones para dejar de cumplir el contrato de “Servicios de disposición final de los desechos sólidos generados en el municipio de Santa Tecla”, el cual se encontraba vigente y obligaba a la municipalidad tecleña depositar la basura recolectada en el relleno sanitario de Nejapa, que si contaba con todos los permisos ambientales y la capacidad técnica autorizada por el MARN.
La forma adoptada para romper unilateralmente consistió en colocarse en mora por un monto aproximado de US $250 mil Dólares, que la Alcaldía no canceló a la compañía propietaria del Relleno de Nejapa. El exalcalde d’Aubuisson, por medio de la manipulación de procedimientos se inventó una Declaratoria de Urgencia y abrió un procedimiento de “Contratación directa” por el servicio de disposición final de la basura, el cual fue adjudicado a la empresa PULSEM, propiedad de Salume, el cual tendría vigencia entre el 31 de julio al 31 de diciembre de 2017, por un monto de US $ 867,875.47.
Adicionalmente durante el año 2018, para evitar que se pudieran conocer las anomalías en la contratación realizada de la empresa de Salume, se realizaron únicamente prórrogas el contrato, inclusive en exceso de las que permite la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Ante los múltiples signos de ilicitud, la Corte de Cuentas de la República recibió denuncia ciudadana que produjo la realización de un Examen Especial que fiscalizó el proceso de contratación Directa CD 07/2017 AMST efectuado por la Municipalidad de Santa Tecla, en el que Corte de Cuentas, determinó que la Alcaldía Municipal de Santa Tecla (AMST) incurrió en graves ilegalidades al otorgar el contrato a la empresa de Salume.
Auditoría efectuada por la Contraloría de la República que arrojó las irregularidades
cometidas por la AMST para adjudicar la empresa PULSEM, propiedad de Salume.
Entre las principales irregularidades por las que se solicita que se abra investigación en contra del Exalcalde Roberto d’aubuisson, se detectaron las siguientes:
- La Alcaldía de Santa Tecla deliberadamente dejó de pagar al proveedor del Servicio de disposición final de la basura, para romper el contrato.
- La Alcaldía de Santa Tecla emitió un calificativo de urgencia, seis días después de haber finalizado el supuesto hecho que produjo la emergencia.
- La resolución razonada emitida por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la municipalidad, para autorizar la contratación directa de la empresa de Salume, se firmó tres meses después de haberse formalizado el contrato de servicios.
Un contrato millonario para una empresa sin permiso de funcionamiento.
Para el licenciado Lemus, la comisión del delito de Estafa queda en total evidencia cuando la empresa PULSEM, propiedad de Salume, ante el requerimiento técnico consistente en comprobar que se cuenta con permiso ambiental de funcionamiento para el sitio de disposición ofertado, en lugar de presentar tal permiso (porque no lo poseía) muestra otro documento que no cumplía con los requisitos de los Arts. 19 y 20 inciso 2º de la Ley de Medio Ambiente; y pese a ello, se le otorgó el contrato.
Recuerda el profesional del derecho, que se comete Estafa cuando el oferente manifiesta que cumplirá con la entrega de un bien o servicio que cubre con ciertas condiciones legales y técnicas requeridas, pero que deliberadamente falsea la información, ofreciendo algo distinto. En el caso de este contrato, claramente existe la exigencia que la empresa contratada pueda brindar el servicio de disposición final de la basura en un sitio que cumpla con las condiciones legales y técnicas de acuerdo a las reglamentaciones en materia ambiental y sobre todo contar con el permiso ambiental de funcionamiento emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) con el que no contaba la empresa de Salume.
El engaño cometido es tan evidente, que en el mes de mayo de 2018 y ante las denuncias interpuestas por los habitantes circunvencinos al Botadero Municipal del Puerto de La Libertad, que administra Salume, el Juzgado Ambiental de Santa Tecla ordena una inspección que demuestra que el Botadero está operando sin permisos ambientales fuera de su capacidad, que a esa fecha le permitía únicamente dar tratamiento a 40 toneladas diarias de basura; y sin embargo, solamente de la municipalidad de Santa Tecla, se encontraba recibiendo entre 250 a 300 toneladas diarias, a las que no podía dar adecuado tratamiento provocando por consecuencia: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
Informe Técnico en proceso judicial ambiental No. MC26-2/18
Es tan claro que la empresa PULSEM, mintió, que en el mes de junio de 2018, el Gerente General de la misma, René Fernando Colón Villalta, remite una solicitud al MARN, en la que hace clara referencia a que se cuenta únicamente con el permito para tratar 40 TONELADAS y para el resto del proyecto únicamente un permiso de construcción, que es con el que engañosamente obtuvieron el contrato con Santa Tecla.
Resolución del Juez Ambiental de Santa Tecla, de fecha 19 de junio de 2018
Expediente de medidas cautelares MC26-2/18
De acuerdo al denunciante, Colón Villalta, será denunciado como partícipe de los hechos y además se solicitará tanto al MARN como a FGR, que verifique la posible comisión de ilícitos como “tráfico de influencias” y “actos de corrupción” con los que presuntamente ha pretendido manipular información técnica al interior de la Cartera de Estado que rige todos los aspectos vinculados al medio ambiente. De manera que sean las instituciones quienes verifiquen la posibilidad de haberse cometido algún delito.
Botadero Municipal a pesar de contaminar, genera ganancias a Salume.
A pesar que en el mes de junio de 2018, el Juez Ambiental comprobó que el Botadero Municipal que administra la empresa de Salume, no contaba con permiso ambienta de funcionamiento para operar y le ordenó su tramitación, Salume siguió cobrando por medio de su empresa, a la Municipalidad de Santa Tecla, como si estaba cumpliendo con brindar adecuadamente el servicio de disposición final de la basura, al grado que al final del contrato y sus prórrogas, había cobrado más de $1 millón 300 mil Dólares por enterrar la basura en un sitio que no cumplía ni legal, ni técnicamente con las condiciones para hacer una verdadera disposición final de la basura.
El abogado ambientalista, expresa que por estas conductas le interpuso a la empresa de Salume una demanda de Daño Ambiental, la cual viene peleando desde finales del año 2019 y que recientemente que la Cámara Ambiental le dio la razón para proseguir con el proceso, de forma desleal el abogado Luis Elías Botto Zuñiga, a sabiendas que no procede interpuso un Recurso de Casación, únicamente para evitar que se pueda seguir con la tasación del daño ambiental que la empresa de Salume ha producido. Y sobre esto, señala que procederá de inmediato con una denuncia ante la Sección de Investigación Profesional, ante tan evidente conducta desprovista de lealtad y buena fe del abogado de Salume.
Lemus, cierra diciendo que en su caso, su cruzada principal es porque empresarios inescrupulosos no se sigan enriqueciendo a fuerza de realizar prácticas contrarias al medio ambiente, especialmente en una zona costera donde existen tantas proyecciones turísticas y que no se pueden perder por una actitud rácana de no cumplir con los requisitos para dar un adecuado tratamiento y disposición final a la basura y así incrementar ganancias.
Por último hizo ver que ésta no es la única denuncia que presentará contra Salume, ya que también ha identificado que presuntamente cometió los mismos actos defraudatorios en connivencia con el Exalcalde Neto Muyshondt, al ser contratado sin tener la capacidad, ni autorización para brindar el servicio de disposición final de la basura de San Salvador y en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) durante los gobiernos del FMLN, donde se le concedieron contratos, sin contar siempre con el permiso ambiental de funcionamiento.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de cárcel por haber abusado sexualmente de una menor de edad en repetidas ocasiones, en el 2023.
«Este sujeto aprovechó que la menor estaba jugando con otras niñas y tenía la puerta de su casa abierta, cuando la víctima estuvo un momento a solas Pérez ingresó a la casa y la violó», detalló la FGR en su cuenta oficial de X.
De acuerdo con las autoridades, al siguiente día ingreso nuevamente a la vivienda de la niña y abusó de ella, la amenazó y la golpeó en la cara para que no contara lo sucedido.
La fiscalía detalló que por estos hechos fue sentenciado a 20 años de prisión, la cual fue impuesta por el Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
