Judicial
Nicolás Adriano Salume y exalcalde d’Aubuisson son demandados penalmente en Fiscalía General de la República
El Exalcalde d’Aubuisson otorgó ilegalmente a empresa de Salume, que no tenía permiso ambiental de funcionamiento, un contrato donde cobró más de US$1 millón de Dólares.
El Abogado especialista en Derecho Ambiental y Derecho Administrativo, Edgar Lemus, interpuso la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del exalcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, por los delitos de estafa (en grado de cómplice) y negociaciones ilícitas y contra Nicolás Adriano Salume Pacas, representante legal de la empresa PULSEM, que es administradora del botadero municipal del Puerto de La Libertad, por el delito de estafa, en perjuicio de las finanzas de la municipalidad de Santa Tecla, las cuales defraudaron por un monto superior a US $ 1 millón 300 mil Dólares.
Proceso de contratación amañado para favorecer a Salume.
De acuerdo al citado abogado, los hechos denunciados se suscitaron durante el año 2017, en el que el entonces Alcalde d’Aubuisson, juntamente con otros miembros del Concejo Municipal y varios empleados municipales, incluido el hermano del ex fiscal Raul Melara, crearon ilegalmente las condiciones para dejar de cumplir el contrato de “Servicios de disposición final de los desechos sólidos generados en el municipio de Santa Tecla”, el cual se encontraba vigente y obligaba a la municipalidad tecleña depositar la basura recolectada en el relleno sanitario de Nejapa, que si contaba con todos los permisos ambientales y la capacidad técnica autorizada por el MARN.
La forma adoptada para romper unilateralmente consistió en colocarse en mora por un monto aproximado de US $250 mil Dólares, que la Alcaldía no canceló a la compañía propietaria del Relleno de Nejapa. El exalcalde d’Aubuisson, por medio de la manipulación de procedimientos se inventó una Declaratoria de Urgencia y abrió un procedimiento de “Contratación directa” por el servicio de disposición final de la basura, el cual fue adjudicado a la empresa PULSEM, propiedad de Salume, el cual tendría vigencia entre el 31 de julio al 31 de diciembre de 2017, por un monto de US $ 867,875.47.
Adicionalmente durante el año 2018, para evitar que se pudieran conocer las anomalías en la contratación realizada de la empresa de Salume, se realizaron únicamente prórrogas el contrato, inclusive en exceso de las que permite la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Ante los múltiples signos de ilicitud, la Corte de Cuentas de la República recibió denuncia ciudadana que produjo la realización de un Examen Especial que fiscalizó el proceso de contratación Directa CD 07/2017 AMST efectuado por la Municipalidad de Santa Tecla, en el que Corte de Cuentas, determinó que la Alcaldía Municipal de Santa Tecla (AMST) incurrió en graves ilegalidades al otorgar el contrato a la empresa de Salume.
Auditoría efectuada por la Contraloría de la República que arrojó las irregularidades
cometidas por la AMST para adjudicar la empresa PULSEM, propiedad de Salume.
Entre las principales irregularidades por las que se solicita que se abra investigación en contra del Exalcalde Roberto d’aubuisson, se detectaron las siguientes:
- La Alcaldía de Santa Tecla deliberadamente dejó de pagar al proveedor del Servicio de disposición final de la basura, para romper el contrato.
- La Alcaldía de Santa Tecla emitió un calificativo de urgencia, seis días después de haber finalizado el supuesto hecho que produjo la emergencia.
- La resolución razonada emitida por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la municipalidad, para autorizar la contratación directa de la empresa de Salume, se firmó tres meses después de haberse formalizado el contrato de servicios.
Un contrato millonario para una empresa sin permiso de funcionamiento.
Para el licenciado Lemus, la comisión del delito de Estafa queda en total evidencia cuando la empresa PULSEM, propiedad de Salume, ante el requerimiento técnico consistente en comprobar que se cuenta con permiso ambiental de funcionamiento para el sitio de disposición ofertado, en lugar de presentar tal permiso (porque no lo poseía) muestra otro documento que no cumplía con los requisitos de los Arts. 19 y 20 inciso 2º de la Ley de Medio Ambiente; y pese a ello, se le otorgó el contrato.
Recuerda el profesional del derecho, que se comete Estafa cuando el oferente manifiesta que cumplirá con la entrega de un bien o servicio que cubre con ciertas condiciones legales y técnicas requeridas, pero que deliberadamente falsea la información, ofreciendo algo distinto. En el caso de este contrato, claramente existe la exigencia que la empresa contratada pueda brindar el servicio de disposición final de la basura en un sitio que cumpla con las condiciones legales y técnicas de acuerdo a las reglamentaciones en materia ambiental y sobre todo contar con el permiso ambiental de funcionamiento emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) con el que no contaba la empresa de Salume.
El engaño cometido es tan evidente, que en el mes de mayo de 2018 y ante las denuncias interpuestas por los habitantes circunvencinos al Botadero Municipal del Puerto de La Libertad, que administra Salume, el Juzgado Ambiental de Santa Tecla ordena una inspección que demuestra que el Botadero está operando sin permisos ambientales fuera de su capacidad, que a esa fecha le permitía únicamente dar tratamiento a 40 toneladas diarias de basura; y sin embargo, solamente de la municipalidad de Santa Tecla, se encontraba recibiendo entre 250 a 300 toneladas diarias, a las que no podía dar adecuado tratamiento provocando por consecuencia: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
Informe Técnico en proceso judicial ambiental No. MC26-2/18
Es tan claro que la empresa PULSEM, mintió, que en el mes de junio de 2018, el Gerente General de la misma, René Fernando Colón Villalta, remite una solicitud al MARN, en la que hace clara referencia a que se cuenta únicamente con el permito para tratar 40 TONELADAS y para el resto del proyecto únicamente un permiso de construcción, que es con el que engañosamente obtuvieron el contrato con Santa Tecla.
Resolución del Juez Ambiental de Santa Tecla, de fecha 19 de junio de 2018
Expediente de medidas cautelares MC26-2/18
De acuerdo al denunciante, Colón Villalta, será denunciado como partícipe de los hechos y además se solicitará tanto al MARN como a FGR, que verifique la posible comisión de ilícitos como “tráfico de influencias” y “actos de corrupción” con los que presuntamente ha pretendido manipular información técnica al interior de la Cartera de Estado que rige todos los aspectos vinculados al medio ambiente. De manera que sean las instituciones quienes verifiquen la posibilidad de haberse cometido algún delito.
Botadero Municipal a pesar de contaminar, genera ganancias a Salume.
A pesar que en el mes de junio de 2018, el Juez Ambiental comprobó que el Botadero Municipal que administra la empresa de Salume, no contaba con permiso ambienta de funcionamiento para operar y le ordenó su tramitación, Salume siguió cobrando por medio de su empresa, a la Municipalidad de Santa Tecla, como si estaba cumpliendo con brindar adecuadamente el servicio de disposición final de la basura, al grado que al final del contrato y sus prórrogas, había cobrado más de $1 millón 300 mil Dólares por enterrar la basura en un sitio que no cumplía ni legal, ni técnicamente con las condiciones para hacer una verdadera disposición final de la basura.
El abogado ambientalista, expresa que por estas conductas le interpuso a la empresa de Salume una demanda de Daño Ambiental, la cual viene peleando desde finales del año 2019 y que recientemente que la Cámara Ambiental le dio la razón para proseguir con el proceso, de forma desleal el abogado Luis Elías Botto Zuñiga, a sabiendas que no procede interpuso un Recurso de Casación, únicamente para evitar que se pueda seguir con la tasación del daño ambiental que la empresa de Salume ha producido. Y sobre esto, señala que procederá de inmediato con una denuncia ante la Sección de Investigación Profesional, ante tan evidente conducta desprovista de lealtad y buena fe del abogado de Salume.
Lemus, cierra diciendo que en su caso, su cruzada principal es porque empresarios inescrupulosos no se sigan enriqueciendo a fuerza de realizar prácticas contrarias al medio ambiente, especialmente en una zona costera donde existen tantas proyecciones turísticas y que no se pueden perder por una actitud rácana de no cumplir con los requisitos para dar un adecuado tratamiento y disposición final a la basura y así incrementar ganancias.
Por último hizo ver que ésta no es la única denuncia que presentará contra Salume, ya que también ha identificado que presuntamente cometió los mismos actos defraudatorios en connivencia con el Exalcalde Neto Muyshondt, al ser contratado sin tener la capacidad, ni autorización para brindar el servicio de disposición final de la basura de San Salvador y en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) durante los gobiernos del FMLN, donde se le concedieron contratos, sin contar siempre con el permiso ambiental de funcionamiento.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
La Fiscalía General de la República presentó este viernes la solicitud de imposición de medidas en contra de 5 personas capturadas durante el cerco de seguridad de San Marcos, tras acusarlos de ser miembros de la MS.
Los sospechosos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas y han sido identificados como German Ismael Salazar Rodríguez, Marvin Daniel Mejía Fuentes, Jorge Luis Ramírez Merino, William Ernesto Ortiz Ramos y Óscar Aparicio Martínez Ventura.
«Todos pertenecen a las clicas San Marcos locos salvatruchos, San tomas locos salvatruchos y Octubres liros locos salvatruchos», aseguró la FGR.
La solicitud se presentó ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
La madrugada del lunes 28 de octubre, el presidente Nayib Bukele ordenó el despliegue de 2,000 soldados y 500 policías en la colonia 10 de Octubre, luego que la ciudadanía asegurara haber detectado a un grupo de presuntos pandilleros en el lugar.
«Inteligencia policial ha determinado que en la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, San Salvador Sur, se encuentra un grupo de pandilleros escondidos», escribió Bukele en su cuenta de X. Según el mandatario, con este despliegue buscan «extraer hasta el último pandillero que se encuentre en el área».
Bukele acompañó su publicación con un video de la formación de los militares y policías en el cuartel El Zapote, en San Salvador, y posteriormente el despliegue de las fuerzas de seguridad en las calles.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo por su parte: «vamos a seguir capturando a estos remanentes terroristas, con contundencia vamos a demostrarles que en este país el control del territorio le pertenece al Estado y a los salvadoreños de bien».
En cuanto al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, señaló: «Estamos estableciendo un cerco militar junto con la Policía Nacional Civil, la metodología es sabida, cercamos el lugar, y luego junto con la policía se extrae del sitio cercado aquellos delincuentes, de los cuales ya tenemos los archivos, los perfiles de ellos, que son los que se pueden encontrar en estos sectores», dijo.
