Judicial
Niegan medidas sustitutivas a exalcalde Ernesto Muyshondt por no cumplir requisitos
Foto: Centros Judiciales El Salvador
El Juzgado 8vo de Instrucción de San Salvador resolvió hoy que el exalcalde capitalino por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Ernesto Muyshondt García Prieto, se mantenga en prisión mientras continua el proceso en su contra.
La audiencia de revisión de medidas fue solicitada por el abogado defensor del imputado, debido a su condición de salud.
Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal determinó que el tratamiento médico puede ser recibido al interior del centro penal, por lo que el juzgado ordenó, además, que se le proporcione terapia psiquiátrica debido al cuadro de ansiedad que presenta actualmente.
Ante esto, el exfuncionario la emprendió en contra de sus abogados a quienes cuestionó de haberle ejercido una «pésima defensa».
«Este día he sido mal presentado, pesimamente presentado por mi defensa y no supieron explicar la gravedad de mi situación que estoy sufriendo», dijo el exalcalde al salir de la audiencia especial de revisión de medidas.
Cabe mencionar que Muyshondt, es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes.
Este caso comenzó a ser investigado por el Ministerio Público luego de un aviso que presentó la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, sobre una auditoría realizada en la Dirección Municipal para la Gestión de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador, donde se descubrió que se había retenido renta por $275,145, pero que no fue pagado en el Ministerio de Hacienda.
Cuando se hizo la audiencia inicial el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, decretó detención provisional para el alcalde y el extesorero de la alcaldía capitalina, Fernando Portillo Linares, mientras que a Francisco José Rivera Chacón, exrepresentante legal de la comuna le impusieron medidas alternas a la detención bajo pago de una fianza de $5,000.
En otro proceso Muyshondt, enfrentó una audiencia por retención indebida de $21,000, en calidad de representante legal de la empresa Agropecuaria Monte Grande S.A de C.V., con las multas e intereses terminó pagando $50,645.42 para ser sobreseído junto a su tío Francisco Enrique García Prieto Hirlemann, en el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
