Judicial
Fiscalía acusa a 1,739 pandilleros de 14 clicas de la MS a nivel nacional
La Fiscalía General de la República presentó, ante tribunales contra el crimen organizado, el segundo paquete de solicitudes para agrupar en una sola causa a 1,739 pandilleros de la MS, quienes pertenecen a 14 clicas que operaban en San Salvador, Santa Ana y San Miguel.
La institución pública informó que de los 1,739 mareros acusados, 637 pandilleros delinquían en San Marcos, Soyapango, Apopa, Mejicanos y San Salvador. De ese total, 104 pertenecían a la clica Santomas Locos Salvatruchos; 34 a la clica Alaska Criminal Locos Salvatruchos y 56 integraban la clica Delicias Buenos Criminales Locos Salvatruchos.
Otros 180 pertenecen al programa Centro de la clica City Paradise Locos Salvatruchos, 235 de la clica Centrales Locos Salvatruchos y 28 de la clica Altos Crazy Locos Salvatruchos.
«De la zona Paracentral, se pidió el agrupamiento de 61 imputados de la clica Centrales Locos Salvatruchos del Programa La Paz, que operaba en el distrito de San Francisco Chinameca del departamento de La Paz Oeste», indicó la Fiscalía.
La institución detalló que, en la zona oriental, presentaron otras tres solicitudes en contra 287 pandilleros, de los cuales, 85 imputados están vinculados a la clica Mirada Loca, 197 a la clica Molino locos Salvatruchos, y otros 5 mareros que pertenecen a la clica Guettos Criminal Locos Salvatruchos.
«De la zona occidental, se pidió el agrupamiento de 110 imputados de la clica Novena Locos Salvatruchos y en la zona central se requiere agrupar a 644 pandilleros, 106 de la clica Porteños Locos Salvatruchos, 126 de la clica Kaskajeras Locos Salvatruchos, 94 de la clica Villa Madrid Locos Salvatruchos y 318 de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos.
A todos los pandilleros se les procesará en una sola causa por agrupaciones ilícitas; el resto de los delitos que mantienen abiertos, seguirán el debido proceso paralelamente, señaló la FGR.
Este es el segundo paquete de acusaciones presentado por la Fiscalía ante Tribunales Contra el Crimen Organizado. Las primeras acusaciones fueron presentadas el pasado lunes 29 de abril contra 5 clicas.
📍Zona Central.
637 pandilleros que operaban en San Marcos, Soyapango, Apopa, Mejicanos y San Salvador serán agrupados en un solo proceso.
✅️235 de la Clica Centrales Locos Salvatruchos
✅️180 del Programa Centro y la clica City Paradise Locos Salvatruchos
✅104 terroristas… pic.twitter.com/RuxvgpdGrb— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 8, 2024
Ese lunes, la Fiscalía inició con la presentación de acusaciones en contra de las 230 clicas de la MS distribuidas en todo el país, en esa ocasión las estructuras operaban en La Libertad, San Salvador, San Vicente, San Miguel y Santa Ana.
El fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, explicó que seguirán presentando solicitudes de imposición de medidas hasta completar las 230 clicas, la acusación del 29 de abril, fue presentada contra de 1,589 pandilleros perteneciente a cinco clicas, que incluye a los Teclas Locos Salvatruchos en la que se procesará a 896 mareros.
«Con la presentación de estas solicitudes arrancan los procesos en contra de cada una de esas organizaciones criminales que operaban a un nivel local», indicó Delgado.
En el oriente se presentó la acusación contra 416 imputados pertenecientes a la clica Park View Locos Salvatruchos, quienes delinquían en San Miguel.
Mientras que, en San Salvador y San Vicente la acusación fue interpuesta contra 210 pandilleros. De los cuales 71 son de la clica Down Time y 139 de la clica Cristo Escalones Locos Salvatruchos.
La petición también se dirigió contra 67 imputados vinculados a la clica Pride Ganster Locos Salvatruchos del programa Chalchuapa, de Santa Ana.
El fiscal general explicó que, en esta fase, están preparando e iniciando cada uno de los procesos, en los cuales ya están presentando evidencias y cargos correspondientes a cada una de las organizaciones o clicas que componen la MS.
Hasta, el momento y luego de 25 meses del régimen de excepción las autoridades de Seguridad han llevado tras las rejas a más de 80,000 pandilleros y colaboradores.
REFORMAS
En julio de 2023 fueron aprobadas reformas a la Ley contra el Crimen Organizado para aumentar las penas para los jefes pandilleros y para agilizar los procesos penales por estructura delictiva, anulando los procedimientos individuales.
Desde entonces se estableció pena máxima para cabecillas: pasó de 45 a 60 años de prisión.
Ante, en marzo de 2022, los legisladores establecieron penas de entre 40 y 45 años de cárcel para los fundadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas. Antes de la reforma, la sentencia para los cabecillas era 6 a 9 años.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
