Judicial
FGR dice que Mecafé y su familia, cercana al prófugo Mauricio Funes, se enriquecieron ilícitamente con $3 millones
El empresario Miguel Menéndez Avelar, «Mecafé», expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco.) y amigo personal del prófugo Mauricio Funes, enfrenta junto a su esposa y dos hijas, la última audiencia del juicio civil por enriquecimiento ilícito de $3,035,337.41.
Fiscales de la Unidad Anticorrupción en los alegatos finales han pedido a los magistrados de la Cámara Primera de lo Civil que los condene al finalizar la audiencia probatoria.
La Fiscalía General de la República ha solicitado que «Mecafé» regrese al Estado $2,823,281.11 que es la cantidad con la que se enriqueció ilícitamente y que fue detectada a través de 16 irregularidades consistentes en depósitos por medio de cheques y efectivo, inversiones, adquisición de cuatro vehículos, pago de tarjetas de crédito, adquisición de inmuebles y pago de préstamos.
Su esposa, Fátima Yanira Henríquez de Menéndez, debe regresar $59,760.95, por tres irregularidades y sus hijas, Fátima Yanira Menéndez de Baires, $128,833.43, mientras que Andrea Vanessa Menéndez Henríquez, $23,461.92.
Uno de los fiscales dijo a los magistrados que «el peritaje financiero hecho por los dos peritos acredita que el señor Menéndez Avelar y su grupo familiar han tenido un incremento patrimonial no justificado».
Según los fiscales «Mecafé» y su grupo familiar gastaban más de lo que generaban de ingresos. «El total de ingresos no era suficiente para cubrir su estilo de vida», dijo el fiscal en su exposición final.
Han presentado como prueba la declaración jurada de patrimonio que Menéndez Avelar presentó en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), certificación de la resolución de Corte Plena cuando ordenó iniciar el juicio civil, documentación bancaria sobre productos financieros de los demandados, documentación sobre los vehículos obtenidos y los peritajes financieros.
El juicio civil fue iniciado el 7 de enero de 2020, cuando Menéndez Avelar y su grupo familiar fueron demandados inicialmente por supuesto enriquecimiento ilícito de $2,366,950.18, pero con el peritaje financiero contable el monto se incrementó a $3,035,337.18.
La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia les encontrara 29 irregularidades que no pudieron desvanecer y ese monto de dinero es señalado por la Fiscalía como un incremento patrimonial no justificado que no pudieron desvirtuar, según expuso un fiscal a los magistrados.
La Fiscalía ha solicitado que a los demandados se les aplique la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos vigente desde el año 1959 que señala un régimen sancionatorio de multas para restituir al Estado lo que se ha adquirido indebidamente.
Los fiscales de la Unidad Anticorrupción han pedido que se tome en cuenta el artículo 20 de la normativa para que cuando la sentencia sea condenatoria, los responsables sin causa justa sean sancionados a restituir al Estado lo que hubieren adquirido indebidamente.
Además, debe hacerse valer el artículo 21 de dicha ley, para que el funcionario o empleado que sea encontrado culpable quedara inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante diez años.
Acerca del autor
Un peligroso pandillero sonrió al escuchar su condena a ocho años de cárcel por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación en perjuicio de una víctima protegida, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), en las últimas horas.
Se trata de Juan Carlos Salguero Sermeño, quien fue arrestado el año pasado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
El informe precisó que, el primero de abril de 2022, Sermeño se acercó a la víctima cuando esta llegaba del trabajo y le dijo que ya no querían verlo en la zona porque lo matarían. Sin embargo, la víctima ingresó rápidamente a su vivienda.
Instantes después, Sermeño y otros miembros de una estructura terrorista tocaron la puerta, exigiéndole que saliera. La víctima escuchó que los sujetos estaban en el techo de su vivienda, por lo que llamó al sistema de emergencia 911 de la PNC y cinco minutos después los sujetos huyeron.
Al llegar los agentes policiales, auxiliaron a la víctima, quien abandonó su vivienda dejando en ella sus pertenencias. El 22 de agosto de ese mismo año, Sermeño fue detenido mediante una orden administrativa después de que la víctima lo reconoció en fotografías.
Finalmente, tras el desfile de pruebas, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Juan Carlos Salguero Sermeño a 08 años de prisión por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación.
Acerca del autor
El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador condenó el jueves 25 de mayo a Aurelio Wilfredo Vásquez a 12 años de prisión por robar a clientes de bancos. Vásquez fue condenado a 10 años por robo agravado en perjuicio de dos víctimas y dos años más por agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía determinó que Vásquez formaba parte de una estructura criminal dedicada al robo contra clientes de bancos. La banda delinquía en San Miguel, La Unión, Santa Ana y Chalatenango.
Los delincuentes visitaban las agencias bancarias para identificar a las personas que hacían retiros de grandes sumas de dinero. Luego las seguían y en la vía pública les robaban. En ocasiones las seguían hasta sus casas.
La estructura fue investigada desde el 2015 y se desarticuló en el 2018. Vásquez fue el líder de una célula de esa estructura y se encargaba de manejar los vehículos para seguir a las víctimas y después robarles.
Vásquez ya está purgando una pena de 10 años por violación, mientras que los otros miembros de la banda ya fueron condenados en otros juzgados.
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El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador se desarrolla la audiencia de vista pública en contra de Sandra Jeaneth Monterrosa y Wilson Oswaldo Anaya acusados de los delitos de trata de personas agravada en modalidad de servidumbre, trabajo forzado y esclavitud.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos por los cuales Monterrosa y Anaya son señalados ocurrieron en Mejicanos entre los años 2013 hasta abril de 2021 cuando obligaron a cuatro víctimas a realizar trabajos domésticos sin remuneración. Las víctimas lograron escapar.
La institución reveló que las víctimas también eran obligadas por los imputados a vender mercadería en las calles y si no cumplían con lo ordenado por la pareja les aplicaban severos castigos físicos.
Según fuentes fiscales, las víctimas «trabajaban para los imputados, pero eran sometidas a trabajos forzados, es decir, sin ningún tipo de remuneración y los obligaban a ejecutar todo tipo de trabajos y si no los realizaban correcta a criterio de ellos los golpeaban y sometían, los maltrataban física y psicológicamente con golpes extremos».
La misma fuente agregó que las víctimas estaban «sometidas en la vivienda y no las dejaban salir».
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