Judicial
FGR dice que Mecafé y su familia, cercana al prófugo Mauricio Funes, se enriquecieron ilícitamente con $3 millones
El empresario Miguel Menéndez Avelar, «Mecafé», expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco.) y amigo personal del prófugo Mauricio Funes, enfrenta junto a su esposa y dos hijas, la última audiencia del juicio civil por enriquecimiento ilícito de $3,035,337.41.
Fiscales de la Unidad Anticorrupción en los alegatos finales han pedido a los magistrados de la Cámara Primera de lo Civil que los condene al finalizar la audiencia probatoria.
La Fiscalía General de la República ha solicitado que «Mecafé» regrese al Estado $2,823,281.11 que es la cantidad con la que se enriqueció ilícitamente y que fue detectada a través de 16 irregularidades consistentes en depósitos por medio de cheques y efectivo, inversiones, adquisición de cuatro vehículos, pago de tarjetas de crédito, adquisición de inmuebles y pago de préstamos.
Su esposa, Fátima Yanira Henríquez de Menéndez, debe regresar $59,760.95, por tres irregularidades y sus hijas, Fátima Yanira Menéndez de Baires, $128,833.43, mientras que Andrea Vanessa Menéndez Henríquez, $23,461.92.
Uno de los fiscales dijo a los magistrados que «el peritaje financiero hecho por los dos peritos acredita que el señor Menéndez Avelar y su grupo familiar han tenido un incremento patrimonial no justificado».
Según los fiscales «Mecafé» y su grupo familiar gastaban más de lo que generaban de ingresos. «El total de ingresos no era suficiente para cubrir su estilo de vida», dijo el fiscal en su exposición final.
Han presentado como prueba la declaración jurada de patrimonio que Menéndez Avelar presentó en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), certificación de la resolución de Corte Plena cuando ordenó iniciar el juicio civil, documentación bancaria sobre productos financieros de los demandados, documentación sobre los vehículos obtenidos y los peritajes financieros.
El juicio civil fue iniciado el 7 de enero de 2020, cuando Menéndez Avelar y su grupo familiar fueron demandados inicialmente por supuesto enriquecimiento ilícito de $2,366,950.18, pero con el peritaje financiero contable el monto se incrementó a $3,035,337.18.
La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia les encontrara 29 irregularidades que no pudieron desvanecer y ese monto de dinero es señalado por la Fiscalía como un incremento patrimonial no justificado que no pudieron desvirtuar, según expuso un fiscal a los magistrados.
La Fiscalía ha solicitado que a los demandados se les aplique la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos vigente desde el año 1959 que señala un régimen sancionatorio de multas para restituir al Estado lo que se ha adquirido indebidamente.
Los fiscales de la Unidad Anticorrupción han pedido que se tome en cuenta el artículo 20 de la normativa para que cuando la sentencia sea condenatoria, los responsables sin causa justa sean sancionados a restituir al Estado lo que hubieren adquirido indebidamente.
Además, debe hacerse valer el artículo 21 de dicha ley, para que el funcionario o empleado que sea encontrado culpable quedara inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante diez años.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
